Desde su puesta en libertad en agosto último, tras pasar
casi 29 años en la cárcel, nadie sabe dónde está Rafael Caro Quintero. Y
el excapo, sobre quien se ha desplegado una nueva búsqueda con miras a
extraditarlo a Estados Unidos, se queja del acoso al que, sostiene, lo
tienen sometido. En cartas enviadas a Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel
Osorio Chong y Jesús Murillo Karam, así como en otro escrito enviado a
la CNDH, el jefe del desaparecido Cártel de Guadalajara afirma haber
saldado ya sus cuentas con la justicia y dice que México no debería
ceder al ánimo “de venganza” de Washington. En resumen, pide paz.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Con la extradición a Estados Unidos
como horizonte, Rafael Caro Quintero le pidió al presidente Enrique Peña
Nieto no dejarse presionar por el ánimo de “venganza y revancha” de
Washington a raíz del asesinato del exagente de la DEA Enrique Kiki Camarena Salazar.
“Lo que tenía que pagar ya lo saldé”, dice el exjefe del desaparecido
Cártel de Guadalajara en una carta firmada por él y que sus abogados
entregaron a la Secretaría Particular de la Presidencia de la República
el pasado 19 de noviembre y dirigida también al secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a su perseguidor, el
procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
Declarado prófugo desde el pasado 6 de noviembre, cuando cuatro
ministros de la Suprema Corte de Justicia revirtieron el amparo que tres
meses antes lo había liberado, Caro Quintero le pide también al Poder
Judicial que no se someta a “las presiones y designios” de Washington,
luego de haber cedido y anulado su liberación.
Caro Quintero –por conducto de sus representantes legales– hizo llegar a Proceso
una copia del escrito dirigido al gobierno mexicano así como la queja
que presentó la semana pasada ante la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) por la persecución de la cual, dice, han sido objeto él y
su familia por parte de las autoridades mexicanas “instadas por Estados
Unidos”, desde su salida de prisión el pasado 9 de agosto, en uno de
los casos que marcaron el primer año del gobierno de Peña Nieto.
La madrugada de ese día el excapo abandonó el penal en compañía de
una parte de su equipo de abogados sin que ningún funcionario de México o
representante del gobierno de Estados Unidos lo impidiera, pese a que
las autoridades de los dos países sabían desde semanas antes que la
justicia mexicana lo dejaría en libertad.
En ese momento el Ministerio Público pudo haber solicitado su
retención si el propósito era mantenerlo en prisión con el argumento de
una nueva investigación en su contra, como ahora argumenta el gobierno
de Estados Unidos, dice su defensa desplegada en Guadalajara y en el
Distrito Federal.
Su liberación provocó una alegada sorpresa de los dos gobiernos, pero
sobre todo hizo que se revisara y quedara en entredicho la versión
oficial de México y Estados Unidos sobre el asesinato, en febrero de
1985, de Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Alvear,
informante pagado por la DEA.
Aprovechando su condición de piloto de la entonces Secretaría de
Agricultura y Recursos Hidráulicos, Zavala vendía al agente
estadunidense información sobre los cultivos de droga en el país.
La duda la pusieron los propios excompañeros de Camarena, entre ellos
el encargado de la investigación del doble asesinato, Héctor Berrellez.
Éste asegura que el homicidio se debió a que Camarena se enteró de las
relaciones del Cártel de Guadalajara con la CIA como parte de la trama
del Irán-Contras, la ilegal operación internacional del gobierno
estadunidense para financiar a la contrarrevolución en Nicaragua (Proceso 1928).
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1935, ya en circulación)
/30 de noviembre de 2013)
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