LA GUERRA OCULTA DE MÉXICO CONTRA EL TERROR

Las acciones antiterroristas que desde 2001 emprendieron los gobiernos federales de México permanecen inaccesibles a los ciudadanos

 

Nydia Egremy /Javier Oliva

México, D.F.- Cada año el Comité Contra el Terrorismo de Naciones Unidas (CCT) recibe un informe de las medidas emprendidas el Gobierno Federal mexicano. Corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) concentrar las manifestaciones de cada dependencia para entregarlas a la ONU. Desde 2006, esos informes se clasificaron como reservados hasta por 12 años -el máximo permitido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental-. Con esa decisión, al menos hasta el año 2018, se conocerán las políticas antiterroristas que emprendieron las anteriores administraciones.

En noviembre de 2008 se solicitó conocer los informes al CCT de 2006 y 2007. En su respuesta, la SRE alegó la “inexistencia” del primer documento y que el otro estaba en curso de entregarse a la ONU. Por vía propia se accedió al informe de 2006, ya en poder del CCT, y se constató que en su portada ostenta el Sello del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el número de registro S/2006/447. Una breve nota de la entonces jefa del CCT Ellen Margrethe Loj, acusaba recibo del reporte mexicano.

El documento contiene las detalladas respuestas del Gobierno mexicano al riguroso cuestionario que formula el CCT. En general, describe el avance en reformas fiscales, migratorias y judiciales así como la cooperación exterior para contener y eliminar el terrorismo global. También detalla las iniciativas que enviará al Legislativo para inhibir la actuación de terroristas en México e impedir que crucen la frontera hacia EU. 

Sin obstáculos

Por ejemplo, el punto 1.5 pide que explique en qué fase va la reforma legal a la que México se comprometió en su cuarto informe para penalizar el terrorismo como una seria “ofensa”. La respuesta indica que el proceso se mantiene y que sólo a un individuo sospechoso de terrorismo se le negaría fianza por la “seriedad de la ofensa”.  También explica que la Constitución prohíbe confiscar activos a terroristas, aunque advierte que “hay mecanismos para congelar fondos, a solicitud de otro país, con base en la existencia de acuerdos bilaterales y multilaterales”. 

Y declara que “México combate el financiamiento al terrorismo a través de la Fuerza de Tarea de Acción Financiera; el Grupo Egmont de unidades de inteligencia financiera; el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífica, y el Comité Interamericano Contra el Terrorismo”. 

Con respecto a los avances en la ley anticrimen, el documento indica que el 25 de octubre de 2005 sometió al Senado una iniciativa con previsiones del Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro –entre otras-. Agrega que no hubo “ningún obstáculo” para la propuesta de reforma y que no podía estimar en cuánto tiempo sería aprobada tal iniciativa.

Ese detallado informe al CCT sobre las actividades antiterroristas del Estado mexicano no llegó al conocimiento de los ciudadanos ni los subsecuentes reportes de porque se decidió clasificarlos como reservados por 12 años. 

Tampoco se conocen los detalles que ilustran las decisiones y acciones del Gobierno mexicano en el seno del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de Estados Americanos. En 2009 México presidió ese Comité y adoptó la Declaración sobre la Seguridad y Controles Fronterizos en la Lucha contra el Terrorismo. 

El impacto en México

En lo externo, se profundizó el compromiso de una seguridad regional con Estados Unidos. La creación del Comando Norte (NorthCom), la efímera existencia del Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), así como una serie de compromisos continentales liderados por ese país, implicaron para México una presión importante para al menos, adecuar sus políticas, estructuras, leyes y presupuestos.

Sin duda, la medida más evidente, fue la creación de la Ley de Seguridad Nacional, en el sexenio de Vicente Fox. Esta norma, con todo y sus limitaciones, es un marco de referencia a propósito de las prioridades de México tanto internas como externas en la materia. Con el paso del tiempo y la involución del crimen organizado, éste se convirtió en uno de los principales antagonismos al Estado mexicano.

Dadas las características del sistema político mexicano y la naturaleza de la comunidad de inteligencia, las Fuerzas Armadas, también adquirieron una papel más visible y protagónico en asuntos y tareas referentes a la seguridad nacional, esto derivado a su vez, del incremento en el rol de las Fuerzas Armadas en varias partes del mundo, para hacerle frente al terrorismo y al ya mencionado crimen organizado. 

 

(VANGUARDIA/ Nydia Egremy /Javier Oliva / 15 de Septiembre 2013)