*Los conjuntos bloquearon los escurrimientos de agua en la
desembocadura del río de la Sabana, sostiene. Responsabiliza a
autoridades federales, estatales y municipales por las inundaciones. Fue
López Rosas quien como alcalde de Acapulco cambió el uso de suelo en
esa parte, dice
Daniel Velázquez
Las autoridades federales, estatales y municipales son responsables
de la contingencia que se vive en el puerto, porque toleraron o fueron
omisas ante obras irregulares cercanas a la desembocadura del río de La
Sabana, expusieron representantes del Consejo Municipal Ciudadano de
Acapulco.
En conferencia de prensa en un restaurante California, el presidente del organismo, Humberto Díaz Díaz explicó que ante la contingencia causada por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, el Consejo sesionó de manera extraordinaria el miércoles y concluyó con algunas “propuestas de carácter inmediato”.
En la conferencia expusieron que el problema de las inundaciones en la zona Diamante es porque no se respetaron las restricciones del Plan Director de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana aprobado en 2001, y responsabilizaron a la administración 2002-2005, que encabezó el ex alcalde Alberto López Rosas, de autorizar cambios de uso de suelo al otro lado del río de La Sabana.
Díaz Díaz presentó un fragmento del mapa del Plan de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Acapulco –el cual dijo fue avalado por 70 asociaciones civiles que coincidieron en el uso de suelo para esa zona– para ubicar el área donde se presentaron las inundaciones, y expuso que el problema radica en que no se respetaron ni se construyeron los cauces pluviales del plan.
Indicó que cuatro canales pluviales escurren de los cerros que se ubican a un costado del río de La Sabana y en 2001, cuando de aprobó el Plan “propusimos se hicieran grandes avenidas primarias y junto a ellas se hicieran los canales pluviales ya encauzados para tener las obras de infraestructura que requería la ciudad, ¿qué es lo que ha sucedido?, que se han desarrollado conjuntos habitacionales en los que el ayuntamiento de Acapulco en su oportunidad no les marcó el derecho de vía de la calle para que precisamente ahí se hicieran esos canales pluviales”.
Dijo que desde el cielo se observa que en las unidades habitacionales no hay cauces para que escurra el agua, por lo que están bloqueados “por omisión de la autoridad o por abuso de los desarrolladores particulares”.
Agregó que las inundaciones no son porque se cambió el uso de suelo de agrícola a habitacional y comercial, sino porque no se respetó el derecho de vía para construir los cauces pluviales que escurren al río de La Sabana.
Díaz dijo que el Consejo no busca culpables y por eso presentaron sus propuestas, porque “se tiene que ver para adelante, no estamos tratando de culpar a nadie”.
Cuando se planteó que fue en el trienio de Zeferino Torreblanca como alcalde (1999-2002) cuando se cambió el uso de suelo en la zona, Díaz dijo que fue en el de López Rosas (2002-2005).
El presidente de la asociación de Protección Ecológica Subacuá-tica, Ramiro Gómez Pardillo, presentó un acta de Cabildo en la que se aprobó el cambio de uso de suelo para el desarrollo habitacional Campestre La Laguna, “que fue el detonante”.
El documento fue avalado por los perredistas López Rosas, la secretaria general María de la Luz Núñez Ramos, el síndico Marcial Rodríguez, los regidores Alejan-drina Javier Santiago, Wulfrano Salgado Romero, Norberto Refu-gio Chamú, José Luis Morales Torres, Juana Esteban Arroyo, German Farías, Juan Calixto, Ninfa Luna, Jacinto Ortiz, Juan Francisco Ramírez Ramírez, Alejandro Campos Tabares, los priistas Rodolfo Escobar Ávila, Mateo López Castillo, y de Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, Oscar Meza Celis
Los que no aprobaron el cambio de uso de suelo fueron el síndico Fernando Donoso, los regidores Rubén Padilla Fierro, Nicasio Prudencio Elacio, María de Lourdes Ramírez Terán, todos perredistas; los priistas Rogelio Villanueva, Hipólita Aurora Olmedo; del PVEM Alejandro Carabias Icaza, Juan González Nava, Guadalupe Perea Pineda, y de Movimiento Ciudadano antes Convergencia, Mario Ramos del Carmen y María de los Ángeles González Adame, y del PAN Guido Rentería Rojas.
El uso de suelo del río de La Sabana hacia la montaña, en el tramo Cayaco-Llano Largo, es de uso habitacional y comercial, y del río hacia la laguna de Tres Palos es de uso agrícola, precisó Díaz Díaz.
Gómez Pardillo señaló que las afectaciones causadas en los desarrollos ubicados del río hacia la montaña se deben a que las empresas constructoras como Geo y otras “no respetaron el Plan Director y las autoridades municipales no vigilaron el estricto respeto al Plan Director”.
Díaz consideró que las afectaciones en la zona que tiene uso habitacional y comercial se debieron a las condiciones climáticas y a que no se respetaron los cauces de los escurrimientos naturales.
Cuando se preguntó cuál es la responsabilidad en que incurrieron los directores responsables de obra al validar esos desarrollos habitacionalesa, el presidente del Colegio de Ingenieros-Arquitec-tos del estado, Arturo de la O Manzo, dijo que se debe considerar que hubo “corresponsabilidad, no tan sólo del gobierno estatal y municipal también de los inversionistas y los particulares”.
Gómez Pardillo dijo que hay responsabilidad de la federación, porque Conagua es la responsable de los cauces pluviales, la Semarnat autoriza el manifiesto de impacto ambiental, además del estado y municipio y los directores responsables de obra son “la colita” en la cadena.
Al insistir en que los directores responsables de obra son quienes conocen el terreno y debieron haber alertado que las empresas desarrolladoras no cumplían con los lineamientos del Plan Director o negarse a colaborar en esas obras, Gómez Pardillo dijo que así como se cuestiona al consejo por lo que hicieron los directores de obra, así debería cuestionarse a las autoridades federales y estatales, y se quejó de que él ha hecho denuncias a las que no se les da cobertura en los medios.
Otro integrante agregó que los directores que firmaron las obras que se desarrollaron en esa zona fueron expulsados de los colegios, pero que son “solapados” por las autoridades, “que les permiten firmar y les autorizan licencias de construcción y esa es corrupción de las autoridades municipales”.
Las propuestas
Al inicio de la conferencia entregaron un escrito de cuatro
cuartillas en el que señalan las fragilidades y deficiencias de la
ciudad y las acciones que las autoridades deben aplicar de manera
inmediata, a corto y largo plazo.
Entre las 17 acciones inmediatas que proponen está la “suspensión de obras no prioritarias” como el macrotúnel, los pasos elevados en la Costera y la ampliación del paso elevado Bicente-nario, y “reasignar” ese dinero para las obras de emergencia urbana recientes.
Implementar un programa emergente de desazolve y reconstrucción de canales en el río de La Sabana, rehabilitar y terminar el desarrollo inmobiliario San Agustín como opción de reubicación territorial, y desarrollar la zona habitacional en Pedregoso.
Además de “detectar y corregir las fallas del diseño y de la construcción del Acabús en la Costera y en la avenida Cuauhtémoc”, e implementar normas que obliguen a los desarrolladores a utilizar materiales o técnicas que permitan la filtración de agua al subsuelo.
Asimismo, implementar “una campaña turística emergente” para el puerto para la temporada vacacional de invierno.
Entre las acciones de corto plazo que propusieron están el encauzamiento de ríos y arroyos; la construcción de grandes canales pluviales en la zona de Cayaco y Llano Largo, que desfoguen al río de La Sabana; construcción de conexiones directas del río de La Sabana hacía la laguna de Tres Palos y hacia la laguna Negra de Puerto Marqués; la modificación del distribuir vial de la glorieta de Puerto Marqués e implementar obras de protección a instalaciones estratégicas como los servicios de agua potable, drenaje, teléfono y energía eléctrica.
Las acciones a largo plazo que plantearon son obras de protección al río de La Sabana y protección de zonas de fragilidad en carreteras federales.
El Consejo Municipal Ciudadano de Acapulco de Juárez expuso que entre las fragilidades de la ciudad se halla que el sistema de protección civil “no está profesionalizado”; los escurrimientos naturales hacia el río de la Sabana han sido bloqueados por “unidades habitacionales o asentamientos irregulares”, el territorio está impermeabilizado con construcciones que impiden la filtración de agua al subsuelo y la zona Diamante y La Sabana son consideradas zonas bajas sujetas a inundaciones.
Entre las seis deficiencias de la ciudad que enumeraron en su escrito los integrantes del Consejo Municipal Ciudadano de Acapulco de Juárez están que “los desarrolladores de conjuntos habitacionales no cumplieron con las restricciones indicadas en el Plan Director para respetar los derechos de vía establecidos que permitieran liberar los cauces y arroyos para conducir las aguas pluviales en la forma más conveniente hacía el río de La Sabana y vasos comunicantes”.
Otras de las deficiencias es que las autoridades no realizan obras de prevención sino “obras de ocurrencia”; el drenaje pluvial del aeropuerto está tapado, hay ausencia o deficiencia de la red de drenaje; falta de desazolve en los canales pluviales del norte y oriente de la ciudad; asentamientos irregulares que desechan basura a los escurrimientos de agua.
A la conferencia asistieron el presidente de la asociación civil Acapulco, Abraham Ramos Gutiérrez; Manuel Delgado de la Plataforma Política de Profesionistas de Guerrero; Rodolfo Martínez Manzano, de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios; Iván Márquez Romeo, de la Comunidad Politécnica de Acapulco; Isaac Reyes Carbajal, de la Cámara Mexicana de la Construcción, delegación Guerrero; Jesús Elpidio Cortez Badillo, del Colegio de Arquitectos de Guerrero; Maximino Martínez Reyes, del Colegio de Ingenieros Arquitectos del estado de Guerrero; Francisco Cabrera, de la Academia Nacional de Arquitectura; el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, José Ángel Mucico Casarrubias; el presidente del Colegio de Ingenieros-Arquitectos del estado de Guerrero, Arturo de la O Manzo; Ramiro Gómez, de Ecoprogramados, y Teresita de Jesús Lopezvictoria, de Culturgro.
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