Joaquín Navarro Quijada, ex alcalde de Álamos junto con el ex director de Oomapas, recibió sanción económica y administrativa
Después
de 8 meses de un proceso que iniciara el pasado 3 de enero, finalmente
el Ayuntamiento de Álamos hizo pública el día de ayer la resolución del
caso:
El ex
presidente Joaquín Navarro Quijada y el ex director de Oomapas Juan
Bedoya Ocaranza, fueron notificados por escrito de hacerse acreedores a
una sanción económica mancomunada por el orden de los $6,886,913.00, así
como la imposibilidad de ejercer cargo público por 6 años para el
primero y 10 años para el segundo respectivamente. Aunado a lo anterior
Bedoya fue condenado a la inmediata devolución de la cantidad de
$1,221,432.00.
Eso lo afirmó Julio César Mc Gahey
Rodríguez, contralor municipal, quien en entrevista exclusiva con este
rotativo expresó que las sanciones van en el sentido de que se declaró
complicidad al Dr. Navarro ya que sabía de las irregularidades que había
en las obras; dentro del expediente, manifestó, hay un oficio de la
Conagua dirigido a él donde se le informa que se tiene que devolver la
cantidad de poco más de dos millones por irregularidades en el manejo de
los fondos federales, y se hizo caso omiso a esta orden misma que quedó
sin solventarse. Si no hubiera habido complicidad se hubiera solventado
en su momento, pero no lo hizo.
Expresó que parte del proceso inició
cuando Cabildo ordenó que se hiciera una auditoría externa para que esto
estuviera checado por profesionales a fin de ver las condiciones en que
se recibía la administración, el chequeo fue general y se detectaron
irregularidades tanto en Oomapas como en Tesorería.
Parte de las mismas apuntó el
funcionario, fue el realizar una obra con recursos del ayuntamiento y al
llegar los recursos federales empatar un contrato para recibir el
dinero.
En caso de que Bedoya y Navarro no
estuvieran conformes con los resultados, el asunto pasará al tribunal de
lo contencioso administrativo donde se seguirán desahogando pruebas. En
esta fase Contraloría Municipal no tiene una responsabilidad directa
pero estará al tanto de que se le dé seguimiento al proceso.
Los pagos de las sanciones se harán vía
Hacienda, mediante un crédito fiscal, reiteró el contralor: “El artículo
70 de la ley de responsabilidad de los servidores públicos para los
municipios es muy claro, aseguró Mc Gahey, marca que cuando haya una
sanción económica que venga por daño patrimonial o enriquecimiento
ilícito, el pago de la sanción será en dos tantos, en este caso ya no
estamos hablando de poco más de 8 millones de sanción sino de 16
millones pasaditos.
Lo penal es algo paralelo y ajeno a la
Contraloría, el proceso sigue adelante en el Ministerio Público, la
síndico está al pendiente y pasados los tiempos legales y desahogadas
las pruebas se emitirá un veredicto.
La intención de haber abierto este
proceso fue el de dar transparencia al actuar de la presente
administración, más que ser una “cacería de brujas” se quiso sentar un
precedente para que en el proceder de los actuales y futuros los
funcionarios se tenga en cuenta que se debe trabajar con honestidad y
responderle a la sociedad como se merece, finalizó.
(DIARIO DEL YAQUI/ Juan Vidal Castillo /Viernes, 30 Agosto 2013 00:34)
No hay comentarios:
Publicar un comentario