La pregunta, si así se resuelve el problema, encierra un dilema
Raymundo Riva Palacio
Exasperados. Así están los residentes del Distrito Federal que viven
desde hace 10 días en una ciudad estrangulada, y los padres de familia
en Oaxaca cuyos hijos no han podido tomar clases. También los
comerciantes de la capital que han perdido casi mil millones de pesos,
los empresarios mexicanos que ven titubeante al presidente Enrique Peña
Nieto y se sienten decepcionados, y los medios estadounidenses que,
espejo del pensamiento de los inversionistas, señalan que si el gobierno
y el Congreso dominado por el PRI no pueden aprobar una ley secundaria
de la Reforma Educativa porque los maestros disidentes del sindicato
nacional tomaron por asalto el corazón de la Ciudad de México, ¿cómo
podrán aprobar los cambios constitucionales que quiere en la aún más
compleja reforma energética?
Están exasperados porque ni el Gobierno federal ni el del Distrito Federal, en cuyo territorio se galvaniza la inconformidad, oyen el creciente clamor para usen la fuerza y rompan el cerco de los maestros en plazas, avenidas e instituciones. La pregunta si así se resuelve el problema, encierra un dilema. Hay una exigencia creciente para que los gobiernos federal y el local cumplan con su responsabilidad y dejen de optar por la gobernanza -la capacidad de un gobierno y los agentes políticos de tomar y aplicar decisiones que procuren el bien común-, con lo que han evitado hasta ahora que escale que se desborde la confrontación con la CNTE en las calles de la Ciudad de México.
La ocupan quienes convencidos de que la Ley del Servicio Nacional Docente Profesional los afecta como maestros y trabajadores, protestan contra ella, y quienes la usan como pretexto para fines ulteriores. La Sección 22 de Oaxaca, cabeza de la protesta, es un ejemplo del juego de fuerzas e intereses alrededor de un movimiento que rebasa al magisterio. Históricamente, los líderes de esa sección han estado vinculados con grupos radicales, y varios, como su anterior jefe, Enrique Rueda, pertenecían al EPR.
Los maestros disidentes de Guerrero y Michoacán también tienen vasos comunicantes con la guerrilla y con otras organizaciones afines, como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Algunos de sus miembros cargan explosivos y bombas en la Ciudad de México, y por su pasado, no se puede dudar de su determinación a utilizarlos. Otros grupos se han sumado a la movilización, como los anarquistas que actuaron en los disturbios del 1 de diciembre pasado, con quienes comparten la agenda de derrocar al Presidente. Ese horizonte, planteado por el EPR en varios comunicados desde mayo del año pasado, puede no ajustarse a la realidad nacional –donde falta una ruptura en las élites que favorecieran esa hipótesos-, pero esos grupos están convencidos de que el tiempo para la insurrección tocó la puerta.
De haber actuado con la fuerza en días pasados, es probable que en estos momentos la crítica fuera a los gobiernos por haber hecho uso de la fuerza que, aunque legítima y legal de la autoridad, no tienen consenso público ni político para emplearla. Los dos gobiernos tienen planes de contingencia para utilizarla, pero no parece haber, hasta ahora, ninguna decisión para emplearla en condiciones que no sean en estricta defensa propia, y en extrema urgencia. El costo político lo pagan todos los días, por la falta de un acuerdo nacional sobre el uso de la fuerza, que se origina en la matanza de Tlatelolco en 1968 y termina la fase de liquidación de ese derecho de la autoridad al ser cesado el jefe de la policía del Distrito Federal, David Garay, por el presidente Ernesto Zedillo en 1987, porque al actuar en defensa de ciudadanos que eran agredidos por maestros de la CNTE, los dispersó de manera violenta.
Los incentivos sobre el uso legítimo de la fuerza del Gobierno han estado volteados durante todos estos años, sin que nadie actuara para revertir los efectos perversos que tendrían. Vivimos lo que construimos. Hoy, el único recurso que tiene la autoridad contra la protesta callejera es la persuasión por la vía política, o mantener la degradación de la vida social en la capital hasta que la exasperación obligue a acciones extremas. Los grupos radicales en la movilización de los maestros están llevando al límite a los gobiernos y probando su capacidad política para evitar que las policías sean las que diriman el conflicto. Sus acciones, quizás no se han dado cuenta, le están regresando al gobierno la legitimidad del uso de la fuerza, lo que deben celebrar los grupos insurgentes dentro del creciente movimiento, pero que no pueden, salvo lamentar, los maestros que quieren genuinamente mejorar la calidad de la educación.
rrivapalacio@ejecentral.com
twitter: @rivapa
Están exasperados porque ni el Gobierno federal ni el del Distrito Federal, en cuyo territorio se galvaniza la inconformidad, oyen el creciente clamor para usen la fuerza y rompan el cerco de los maestros en plazas, avenidas e instituciones. La pregunta si así se resuelve el problema, encierra un dilema. Hay una exigencia creciente para que los gobiernos federal y el local cumplan con su responsabilidad y dejen de optar por la gobernanza -la capacidad de un gobierno y los agentes políticos de tomar y aplicar decisiones que procuren el bien común-, con lo que han evitado hasta ahora que escale que se desborde la confrontación con la CNTE en las calles de la Ciudad de México.
La ocupan quienes convencidos de que la Ley del Servicio Nacional Docente Profesional los afecta como maestros y trabajadores, protestan contra ella, y quienes la usan como pretexto para fines ulteriores. La Sección 22 de Oaxaca, cabeza de la protesta, es un ejemplo del juego de fuerzas e intereses alrededor de un movimiento que rebasa al magisterio. Históricamente, los líderes de esa sección han estado vinculados con grupos radicales, y varios, como su anterior jefe, Enrique Rueda, pertenecían al EPR.
Los maestros disidentes de Guerrero y Michoacán también tienen vasos comunicantes con la guerrilla y con otras organizaciones afines, como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Algunos de sus miembros cargan explosivos y bombas en la Ciudad de México, y por su pasado, no se puede dudar de su determinación a utilizarlos. Otros grupos se han sumado a la movilización, como los anarquistas que actuaron en los disturbios del 1 de diciembre pasado, con quienes comparten la agenda de derrocar al Presidente. Ese horizonte, planteado por el EPR en varios comunicados desde mayo del año pasado, puede no ajustarse a la realidad nacional –donde falta una ruptura en las élites que favorecieran esa hipótesos-, pero esos grupos están convencidos de que el tiempo para la insurrección tocó la puerta.
De haber actuado con la fuerza en días pasados, es probable que en estos momentos la crítica fuera a los gobiernos por haber hecho uso de la fuerza que, aunque legítima y legal de la autoridad, no tienen consenso público ni político para emplearla. Los dos gobiernos tienen planes de contingencia para utilizarla, pero no parece haber, hasta ahora, ninguna decisión para emplearla en condiciones que no sean en estricta defensa propia, y en extrema urgencia. El costo político lo pagan todos los días, por la falta de un acuerdo nacional sobre el uso de la fuerza, que se origina en la matanza de Tlatelolco en 1968 y termina la fase de liquidación de ese derecho de la autoridad al ser cesado el jefe de la policía del Distrito Federal, David Garay, por el presidente Ernesto Zedillo en 1987, porque al actuar en defensa de ciudadanos que eran agredidos por maestros de la CNTE, los dispersó de manera violenta.
Los incentivos sobre el uso legítimo de la fuerza del Gobierno han estado volteados durante todos estos años, sin que nadie actuara para revertir los efectos perversos que tendrían. Vivimos lo que construimos. Hoy, el único recurso que tiene la autoridad contra la protesta callejera es la persuasión por la vía política, o mantener la degradación de la vida social en la capital hasta que la exasperación obligue a acciones extremas. Los grupos radicales en la movilización de los maestros están llevando al límite a los gobiernos y probando su capacidad política para evitar que las policías sean las que diriman el conflicto. Sus acciones, quizás no se han dado cuenta, le están regresando al gobierno la legitimidad del uso de la fuerza, lo que deben celebrar los grupos insurgentes dentro del creciente movimiento, pero que no pueden, salvo lamentar, los maestros que quieren genuinamente mejorar la calidad de la educación.
rrivapalacio@ejecentral.com
twitter: @rivapa
(ZOCALO/ Columna de Raymundo Riva Palacio/ 30 de Agosto 2013)
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