Rubén Duarte Rodríguez / Dossier Politico
Montada con toda la
fuerza de la maquinaria del Estado, con los tres niveles de gobierno actuando
en forma coordinada, con el ejército y los cuerpos policíacos colaborando entre
sí y los medios de comunicación totalmente inclinados hacia un solo lado: el
oficial, la “guerra sucia” siguió avanzando, dejando una cauda siniestra de
cadáveres, desaparecidos y presos políticos que jamás fueron reconocidos como
tales y a quienes se dio el trato de delincuentes comunes.
La desaparición
forzosa de personas es considerada actualmente como un delito de lesa
humanidad. De acuerdo con la definición más aceptada, los desaparecidos son
personas secuestradas, privadas de su libertad y mantenidas ocultas ilegalmente
por el Estado a causa de sus opiniones o preferencias políticas. Se les
mantiene en cárceles clandestinas donde son sometidos a torturas físicas y
psicológicas, así como a todo tipo de tratos inhumanos y degradantes. En muchas
ocasiones, los desaparecidos son asesinados y sus cuerpos jamás aparecen.
Durante 30 años esta
fue una práctica común del gobierno mexicano, que en nada se diferencia de la
aplicada por las dictaduras militares de centro y sudamérica. Cinco
ex-presidentes de la república –Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo,
Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce
de León– ordenaron, encubrieron o toleraron el secuestro de miles de personas
por el ejército, la Dirección Federal de Seguridad, la “Brigada Blanca” y otros
órganos de represión. Durante ese largo período, se calcula que por lo menos
mil 350 personas permanecieron presas ilegalmente en cárceles clandestinas, sin
juicio ni posibilidad de defensa legal alguna, en violación a todos sus
derechos humanos.
Gracias a los
esfuerzos de organizaciones como el Comité Eureka, presidido por Rosario Ibarra
de Piedra, se logró la liberación de 148 ex-desaparecidos.
La apertura de los
archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) condujo a la
publicación, por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de la
lista inicial de 482 desaparecidos de la “guerra sucia”, que se ubica en los
años 70 y principios de los 80, los cuales después aumentaron hasta llegar a
542. Este solo hecho ignora intencionalmente la existencia de más desaparecidos
durante los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y
Ernesto Zedillo.
Lo más grave es que
Vicente Fox jamás castigó a los culpables y en cambio, habló de la “necesidad
de no mirar al pasado, olvidar el rencor y perdonar.”[1]
En su documento
“Balance de la situación de los derechos humanos en el primer año de gobierno
de la administración foxista”, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez (PRODH)[2] denuncia que los grupos de poder no fueron llamados a rendir
cuentas por su responsabilidad en las violaciones cometidas.
Al respecto, en el
texto se evidencian claramente los graves problemas estructurales en torno al
sistema de procuración e impartición de justicia, en el que están implicados
miembros del ejército mexicano que siguen gozando de completa impunidad, y se
denota la tendencia del gobierno federal de continuar supeditando la justicia
civil a la castrense, en detrimento del reconocimiento pleno de la inocencia y
la adecuada reparación del daño, la cual no se reduce a una indemnización, sino
que incluye además el reconocimiento público de las violaciones cometidas por
parte de estas autoridades, la presentación de disculpas y la garantía de que
crímenes como estos no volverán a ocurrir.
“Este último punto
de tensión entre el espacio civil y el militar, tiene una vinculación estrecha
con la continuidad que el gobierno foxista ha otorgado a la tendencia de
militarizar los ámbitos de competencia y responsabilidad civil, línea que ha
tenido su manifestación más álgida en el hecho de que el Ejecutivo haya
designado a un militar –el general Rafael Macedo de la Concha- como responsable
de la Procuraduría General de la República (PGR). Esta actitud del Ejecutivo
desconoce además las advertencias y recomendaciones que tanto organismos
nacionales como internacionales hemos vertido al respecto de los riesgos que
esto implica para el avance de los derechos humanos”[3], explicaba el PRODH.
Más adelante, al
abordar el tema de las desapariciones forzadas, reconocían como un paso
positivo la reforma al Código Penal contra la desaparición forzada, para la
sanción de los ejecutores de este delito, aprobada por el gobierno de Fox. Sin
embargo, la creación de la fiscalía para investigar los casos de desapariciones
a cargo de Ignacio Carrillo Prieto no mostró mayores avances para encausar a
los ex presidentes y a miembros de sus respectivos gabinetes, a militares
activos y en retiro, a policías y ex policías, agentes de la desaparecida
Dirección Federal de Seguridad, jefes de la Policía Judicial Federal, del
Distrito Federal y del Estado de México, personal que perteneció al Servicio
Secreto y a la División de Investigaciones para la Prevención de la
Delincuencia, y civiles que figuran en la lista de los presuntos autores
materiales e intelectuales de la desaparición, tortura y muerte de varios
cientos de personas.
“Se trata pues, de
violencia institucional, de una política represiva de Estado. En ese sentido,
resulta poco alentador que el presidente Fox insista en que las violaciones a
los derechos humanos de los desaparecidos son atribuibles a individuos y que
será necesario evitar juicios generales a instituciones. Su voluntad política
se ve limitada al ser incapaz de reconocer que estas desapariciones forzadas
fueron una política de Estado”[4], razonaba el PRODH.
El propio doctor
Carrillo Prieto, “Fiscal especial para la atención de hechos probablemente
constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por
servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y
políticos del pasado” (nombre oficial de su puesto), definió durante su
presentación en el auditorio México de la PGR, el 4 de enero de 2002, los
alcances de la encomienda presidencial, en los siguientes términos:
“Un Fiscal Especial
que se encargará de concentrar y conocer las investigaciones, de integrar las
averiguaciones previas que se inicien con motivo de las denuncias o querellas
formuladas por hechos probablemente constitutivos de delitos federales,
cometidos por servidores públicos, así como de perseguir los delitos que
resulten, ante los tribunales competentes... actuará animado en todo tiempo por
el espíritu de justicia, que no por el de venganza, evitando calificaciones
colectivas o institucionales que no caben en nuestro sistema jurídico. Este
Fiscal ha exigido plena autonomía técnica y operativa; y ha reclamado los
necesarios apoyos institucionales, se me han asegurado ambos y en estas
condiciones he aceptado esta trascendente tarea... mirará en todo tiempo por el imperio de la
justicia, mediante los instrumentos e instituciones del derecho, sin
compromisos ni ataduras que le desvíen, convencido de que sólo en las palabras
de la ley, que es expresión de la voluntad común, puede encontrarse justicia
para todos. Y que su causa no requiere
de continuas proclamas y pronunciamientos, sino de información objetiva a la
ciudadanía, para ir al encuentro de las verdades históricas que reclama la
salud de la República”.[5]
Al final del llamado
“gobierno de la alternancia, los resultados en éste, como en muchos otros
aspectos de su política errática, fueron nulos y la fiscalía de Carrillo Prieto
fue un fiasco absoluto.
Aumento exponencial
de desapariciones forzosas con Calderón
En un informes
presentado el 5 de junio de 2013 “Enfrentarse a una pesadilla: Desapariciones
en México”, Amnistía Internacional (AI)[6] señaló que México tiene más de 700
casos de desaparición forzada sin resolver, que datan de la “guerra sucia”
(1960-1980), “cuando las víctimas eran detenidas por la policía o las fuerzas
de seguridad durante operaciones de contrainsurgencia lanzadas contra pequeños
grupos armados en varios estados. Estos casos nunca se han esclarecido y los
responsables no han comparecido ante la justicia” expone el documento.
La organización
internacional defensora de los derechos humanos, considera que “al no
investigarse de forma íntegra y eficaz estas graves violaciones de derechos
humanos,
se transmite
claramente a los actuales autores de desapariciones –ya sean agentes del Estado
o bandas criminales– que la desaparición es un delito que no tiene
repercusiones para quien lo comete”[7].
En otra parte del
informe, se consigna que “en 2003, Amnistía Internacional documentó las
constantes desapariciones y homicidios de mujeres que desde hacía un decenio
afectaban a Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. En 2009, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos falló contra México por no impedir ni
castigar el secuestro y homicidio de tres mujeres jóvenes en el caso del Campo
Algodonero. Pese a que se han tomado algunas medidas para impedir y castigar la
violencia de género, persisten las desapariciones de mujeres y niñas, y muchos
autores de estos actos siguen gozando de impunidad”.
Pero en el sexenio
calderonista, la práctica de la desaparición de personas llegó a niveles nunca
vistos ni imaginados, en el marco de la demencial política de la “guerra contra
el narcotráfico”: Entre 2006 y 2012, se
registró en México a “más de 26.000 personas como desaparecidas o no
localizadas. No está claro cuántas continúan desaparecidas actualmente. Algunas
son víctimas de desapariciones forzadas en las que hay funcionarios públicos
implicados. Otras han sido privadas de su libertad por particulares o bandas
delictivas”.[8]
Lo peor de todo es
que “A pesar del número escalofriante, las autoridades han fracasado de manera
sistemática en investigar y aclarar la gran mayoría de los casos, incluso los
muchos cientos de desapariciones en las que hay evidencia de detención o
privación de la libertad por parte de agentes del Estado o bandas de
delincuentes. El fracaso sistemático por parte de las autoridades federales y
estatales de tomar en serio las crecientes denuncias de desapariciones ha
contribuido a crear un clima de tolerancia hacia estos crímenes”[9], denuncia
AI.
[1] Periódico
La Jornada de la ciudad de México, edición del 27 de junio de 2001.
[2] Página de
internet del PRODH: www.sjsocial.org/PRODH/default.htm
[3] Ibíd.
[4] Ibíd.
[5] Página de
internet de la PGR: www.pgr.gob.mx
[6]
http://amnistia.org.mx/publico/informedesaparicion.pdf.pdf
[7] Ibíd.
[8] Ibíd.
[9] Ibíd.
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