Proceso
Guerrero.- Tecpan de
Galeana, municipio de la Costa Grande de Guerrero, es otra de las regiones del
país incendiadas por la violencia del narcotráfico. Sicarios al servicio de los
hermanos Beltrán Leyva o de “La Familia Michoacana”, de “Los Caballeros Templarios”
o del cártel del Golfo, tienen sometidos y aterrados a los habitantes de varias
comunidades y pueblos, muchos de ellos abandonados ya y reducidos a cenizas.
Pero el problema se agrava porque, según constató “Proceso” en un recorrido por
la zona, a las agresiones del crimen organizado se suman las del Ejército…
La violencia
desatada por grupos del crimen organizado que pretenden el control de la Costa
Grande y de la Tierra Caliente de Guerrero –zonas estratégicas para la
producción y trasiego de estupefacientes– cobró al menos 925 vidas en esta
entidad durante 2012, según un recuento del diario “Reforma”.
De acuerdo con
fuentes policiales, el cártel de los Beltrán Leyva tendría el control de cinco
de las siete regiones en que se divide Guerrero, por conducto de grupos más
pequeños como el Cártel Independiente de Acapulco, “Los Rojos” y “Guerreros
Unidos”. En Tierra Caliente y en la Costa Grande los Beltrán se aliaron con
otro grupo de la delincuencia para disputarse el territorio con “La Familia Michoacana”,
“Los Caballeros Templarios” y el cártel del Golfo.
Sólo en el tramo
carretero que va de Coyuca de Benítez a Zihuatanejo, el semanario “El Sur”, en
su edición del pasado 31 de diciembre, contabilizó 56 ejecutados, muchos de
ellos con narcomensajes.
En la región de la
sierra, donde muchos crímenes no se reportan, se generalizó el desplazamiento
de comunidades amenazadas por grupos de la delincuencia organizada.
En Tecpan de Galeana
al menos 20 comunidades han sido abandonadas, según informa el activista
Leopoldo Soberanis, quien guía a “Proceso” en un recorrido por seis pueblos
abandonados: La Palapa, Huamilito, Cuaulotal, El Banco, Ojo de Agua y La
Ciénega.
El camino de
terracería por el que se llega a los caseríos abandonados está bordeado de pastizales
de más de un metro de altura. “Es la prueba del abandono. Hasta hace dos años
por aquí pastaba ganado fino; cada día se recolectaban hasta 10 mil litros de
leche y a la semana unos 300 becerros de engorda se trasportaban hasta Tecpan
para su venta”, recuerda Soberanis.
El éxodo estuvo
precedido de una docena de asesinatos y éstos a su vez de apariciones
esporádicas de cuando menos 60 hombres encapuchados, vestidos con trajes de
corte militar o de color negro y provistos de armas de grueso calibre, que se
paseaban amenazantes por los pueblos.
“Al principio
invitaban a la gente a que se fueran con ellos, y cuando vieron que nadie
quería, comenzaron a amenazar. Le pedían a la gente que se saliera de los
pueblos, y empezaron a matar gente”, narra uno de los guías del recorrido.
Según la información
recabada por Soberanis, los pistoleros “son gente de Crescenciano ‘Chano’
Arreola Salto, y son ‘Caballeros Templarios’” que operan con Alberto Bravo, ‘El
Gavilán’, y son financiados “con dinero del narcotráfico, secuestros y
extorsiones”.
Cuenta el activista
que los sicarios suelen llegar de improviso a las comunidades, reúnen a los
habitantes y les exigen un pago mensual de 200 pesos por casa y mil por
comercio.
Les piden además que
se unan a su grupo delictivo “o de lo contrario tienen que abandonar sus casas
y propiedades, incluyendo ganado; a los pobladores no los dejan sacar nada, ni
siquiera sus documentos personales”.
RECORRIDO POR LA DESTRUCCIÓN
El recorrido por los
pueblos abandonados deprime. En La Palapa los primeros en huir fueron los
encargados de la caseta telefónica. La gente de “Chano” Arreola llamaba para
amenazar y exigir cuotas.
En El Banco, la que
fuera casa de Alejandro Acosta llama la atención. En la puerta de entrada una
silla de bebé quemada da cuenta de la tragedia.
Una breve inspección
deja claro que el incendio se inició en el fondo de la vivienda, lúgubre en su
interior, donde el piso de cerámica reventó. En otras habitaciones sólo
quedaron los tambores de metal de las camas. En un cuarto yacen desperdigados
juguetes de bebé tiznados. En el área de la estancia no hay rastros de muebles
y en la cocina sólo quedan algunos utensilios achicharrados.
Uno de los guías
precisa que Alejandro y su familia huyeron antes del incendio. “Cuando él
regresó a recuperar sus cosas y vio su casa quemada se volvió loco. Ahora está
en un sanatorio en la Ciudad de México”.
En La Ciénega,
manchones cenicientos y pilares ennegrecidos señalan que ahí antes había casas.
De otras casas sólo quedó la obra negra, como la de doña Rufina Rangel Orozco.
Ella fue de las últimas en abandonar La Ciénega. Fue el 24 de marzo de 2012.
Huyó en una camioneta de pasajeros que llegó por los pocos que quedaban en el pueblo.
Pasó una noche con sus hijos en San Luis La Loma y después regresó para
rescatar sus pertenencias, pero encontró todo quemado.
Entrevistada en San
Luis La Loma, doña Rufina cuenta que había decidido permanecer en La Ciénega
porque entre el 15 y el 16 de marzo los sicarios se llevaron al señor
Crescencio Hernández y a un joven de nombre Román. “Como yo acompañaba a las
familias en los rezos en los que pedíamos a Dios que aparecieran esos señores,
no quería dejarlas solas, hasta que un día nos dijeron que ya teníamos que
irnos y me quedé solamente con lo que traía puesto”.
Los cuerpos de Román
y Crescencio aparecieron después en el campo; el del segundo, devorado por los
zopilotes, recuerda Luis Rey Pineda.
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
Algunas viviendas
abandonadas también fueron allanadas por soldados, apunta Soberanis, quien ha
recibido quejas de pobladores que descubrieron a soldados en la rapiña.
“En Huamilito,
Francisco García Soberanis fue a la casa abandonada de su hijo, José García
Ayvar, asesinado mientras ordeñaba, el 14 de julio de 2011. Cuando llegó vio a
soldados que cargaban un camión militar con la estufa, el refrigerador,
colchones, ventiladores y demás propiedades de su familia. Don Francisco
reclamó y de inmediato bajaron las cosas. Ésa es una de las quejas de la gente
de la sierra, que no sólo los delincuentes, sino también los soldados, han
allanado las casas abandonadas y las han vaciado; es común ver camiones
militares cargados de muebles; si acaso los tapan con lonas verdes.”
La rapiña es uno de
los abusos cometidos por el Ejército en esta región. Detenciones arbitrarias,
golpes, allanamientos, cateos ilegales, robos, agresiones físicas, tortura y
ejecuciones extrajudiciales son algunas de las quejas integradas en 60
expedientes abiertos contra miembros de las Fuerzas Armadas en la región por la
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero
(“Contralínea”, 14 de octubre de 2012).
Entre los casos más
graves está la presunta ejecución extrajudicial de seis hombres que fueron
sacados de una fiesta familiar en el poblado de El Tule, el 1 de septiembre de
2012. Una de las víctimas, Jorge Granados Ávila, tenía 16 años; tres más –Héber
Granados García, Bulmaro Granados Sánchez y José Olea López– tenían 17; José
Carlos Atlixco Isidra tenía 23 y Joaquín Granados Vargas 37; este último estaba
paralítico.
Los seis fueron
llevados a un paraje de una ranchería conocida como El Guayabo. Para llegar a
ese punto se necesita abrir por lo menos dos portones para ganado, caminar entre
la maleza y sortear un riachuelo.
Los cuerpos de los
hombres aparecieron cerca de una ladera. De acuerdo con los primeros peritajes,
los seis fueron torturados. Los agresores se ensañaron con el hombre
paralítico. Cuatro murieron de disparos en el pecho y dos en la cabeza, hechos
a no más de cinco metros de distancia.
En El Tule, Solfina
Vargas, madre de Joaquín Granados, dice de él: “Hacía ocho años que estaba en
una silla de ruedas por un accidente; no le hacía males a nadie, no podía
defenderse ni con un garrote”.
Antonia Ayvar Ureña,
abuela de Jorge Granados Ávila, quien el 16 de septiembre de 2012 cumpliría 17
años, agrega: “Los guachos (soldados) llegaron y preguntaron los nombres de los
que estaban en la casa. Había más hombres pero nomás se llevaron a los seis.
Cuando el gobierno (soldados) se llevaba a mi niño yo traté de arrebatárselos
pero me empujaron con sus armas”.
Otro caso reciente
es el de Jorge Luis García, a quien se llevaron preso después de pescar
camarones. “Los camarones quedaron tirados en el camino, pero los guachos
dijeron que traiba armas y explosivos y que manejaba una camioneta. Así hay
mucha gente inocente en la cárcel, por eso nunca pensamos que a los muchachos
los iban a matar”, dice Solfina.
Las mujeres cuentan
que desde hace cuatro años la comunidad de El Tule se ha visto particularmente
acosada por miembros del 19 Batallón de Infantería.
“Llegan a las casas
y se roban lo que quieren, hasta los trapeadores”, denuncia doña Graciela.
“Esperemos que con este nuevo gobierno (de Enrique Peña Nieto) se corrijan las
cosas porque ya nos cansamos. Ahí tengo mi machete y si se vuelven a meter a
robar a mi casa por lo menos uno (soldado) me llevo, aunque después me lleven a
mí”.
Antonia Ayvar dice
que el 11 de septiembre se encontró con un par de vehículos militares llenos de
soldados en el río. “Les grité: ‘¡Asesinos!’ Me contestaron: ‘Señora, cálmese
si no quiere que le pase lo mismo’. Pero yo les seguí gritando porque tenía que
maltratarlos. Ya no me importa nada si me quitaron lo que yo más quería en la
vida, mi criatura. No tengo miedo”.
ACUSACIONES PUNTUALES
En la región los
señalamientos contra mandos militares por su presunta colusión con los jefes
del narcotráfico no son nuevos. En diciembre de 2008 aparecieron narcomantas en
Petatlán, La Unión y Acapulco, en las que se acusaba al entonces comandante del
19 Batallón de Infantería, Víctor Manuel González Trejo, y a un tal mayor
Palma, de proteger a Rogaciano Alba y de proporcionar soldados para “catear
casas, desaparecer personas y matar gente”.
El 10 de septiembre,
convocados por Leopoldo Soberanis, los habitantes de San Luis La Loma –uno de
los poblados más grandes del municipio de Tecpan, localidad popularmente
conocida como “San Luis La Goma” porque es paso obligado de los productores de
goma de opio– decidieron bloquear la carretera Acapulco-Zihuatanejo para
protestar por los atropellos cometidos por el Ejército.
Una de las personas
que protestó ese día es Karina Serna Rodríguez, mujer morena, alta y de voz
fuerte, originaria de San Luis La Loma y que dice estar dispuesta a lo que sea con
tal de saber qué pasó realmente con su esposo, Raúl Magaña Otero.
Temprano en la
mañana del 22 de enero de 2012, tras escuchar que llamaban a la puerta, Raúl,
de oficio mecánico, fue a abrirla: unos 20 soldados del 19 Batallón de
Infantería entraron violentamente a su casa, “la revisaron toda, hasta las
almohadas, y se robaron lo que pudieron, hasta ropa interior de hombre y de
mujer”, asegura Karina.
Mientras un grupo de
militares saqueaba la casa, otros golpeaban a Raúl delante de Karina y sus tres
hijos, de 16, 10 y 8 años. “Toda la gente se dio cuenta porque nosotros
gritábamos; lo golpeaban en todo el cuerpo, le pusieron la cabeza entre las
ramas de un árbol de naranjo y lo jalaban de los pies, lo golpearon hasta las
10 de la mañana y vomitaba sangre; a la casa llegaron más soldados; en total
conté 36”.
A las 10 de la
mañana los militares se llevaron a Raúl rumbo a Zihuatanejo, pero antes pasaron
al 19 Batallón, en Petatlán. El 24 de enero Karina pudo ver a su marido en la
subdelegación de la PGR en Zihuatanejo. “Estaba todo golpeado y me dijo que
orinaba y defecaba sangre; me regresé a San Luis y en la noche me entero por la
televisión que mi marido se había suicidado en el Cereso de Zihuatanejo”.
La versión oficial
reproducida por medios locales asegura que Magaña fue detenido el 22 de enero
por efectivos militares en calles de Tecpan de Galeana con armas de uso
exclusivo del Ejército, que ingresó a las 13:00 horas al Centro de Readaptación
Social y a las 19:30 lo descubrieron ahorcado “con una cuerda de hamaca” en los
baños del penal.
Karina cuenta que su
exigencia de verdad y justicia le ha acarreado represalias. Su familia es
constantemente vigilada, automóviles con personas desconocidas los siguen,
reciben llamadas anónimas amenazantes y la peor parte la ha llevado su hijo
mayor, de 16 años, también mecánico.
“Un día llegó a la
casa con la camioneta chocada. Una Hummer le pasó por encima; donde lo veían,
los guachos lo agarraban y le preguntaban por gente armada. Lo peor ocurrió
cuando empezó a recibir llamadas a su celular, le decían que su papá no estaba
muerto, que lo estaba esperando en Zihuatanejo, que fuera por él; en varias
ocasiones tuve que pedir ayuda para sacar a mi hijo del panteón: Llegaba a la
tumba de su papá y rascaba y rascaba con las uñas, decía que estaba vivo”,
confía Karina, quien al hablar de su hijo por primera vez en la charla toma
aire para no llorar.
Karina, quien era
ama de casa y ahora tiene que trabajar para mantener a sus hijos, no oculta su
coraje contra el ex presidente Felipe Calderón, al que responsabiliza de la
muerte de su marido por poner a los militares al frente de la guerra contra el
narcotráfico.
“¿Quién es Felipe
Calderón para ordenar a los guachos entrar a mi casa y llevarse a mi marido?
Claro, él está ahora muy tranquilo con sus hijos y su mujer cuidados por
guaruras que pagamos los mexicanos con nuestros impuestos. Si me lo pusieran
enfrente, me daría por bien servida si le planto dos cachetadas.”
SEÑALAN CORRUPCIÓN POLICIACA EN GUERRERO
Ante el ofrecimiento
del Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, de reforzar el Operativo Guerrero
Seguro (OGS), representantes de organizaciones civiles señalaron que no ha
funcionado, pues fue puesto en marcha desde el año pasado y aun así ocurrió el
levantamiento.
Para los activistas
Manuel Olivares de la Serna, secretario técnico de la Red Guerrerense, y
Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la
Montaña Tlachinollan, algunos agentes de corporaciones de Seguridad federal,
estatal y municipal están coludidas con agrupaciones del crimen organizado, por
lo cual no se tiene los resultados.
“Estuvo el Operativo
Guerrero Seguro a mitad del año pasado en Ayutla y los resultados pues han sido
totalmente nulos”, sentenció Rosales Sierra.
“El programa de
Guerrero Seguro está únicamente enfocado a garantizar cierta seguridad en los
lugares turísticos, no a la población en general”.
“No hay resultados y
por eso precisamente la población considera incluso que hay complicidad de los
diferentes cuerpos policiacos o militares con algún grupo de la delincuencia
organizada porque realmente no da resultados claros este programa”, sostuvo
Olivares de la Serna.
El abogado de
Tlachinollan cuestionó al Gobierno estatal cómo es que un grupo de personas
civiles pudieron contrarrestar a la delincuencia organizada en un par de días,
mientras las fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal no lo hicieron.
“Hay complicidades,
hay un marco que permiten, las mismas autoridades, las mismas instituciones
permiten que la delincuencia organizada ande ahí”, acusó Rosales Sierra.
Por su parte, la
regidora de la Comisión de Salud en el municipio de Ayutla de los Libres, Ana
Bertha Cortes Salgado, reconoció que la inseguridad ha afectado en la
operatividad del hospital de esa localidad.
“No tenemos más que
un ginecólogo, un cirujano, un pediatra y un anestesiólogo, pero apenas el día
de ayer me enteré que el anestesiólogo ya no va a firmar contrato por la
inseguridad que se está viviendo en Ayutla.
PUEBLOS SE ARMAN CONTRA CRIMEN
Debido a la
incapacidad del Gobierno de Guerrero para dar seguridad a la ciudadanía, otros
municipios de la Región Costa Chica podrían levantarse en armas, advirtieron
ayer organismos no gubernamentales.
San Marcos,
Florencio Villarreal, Juan R. Escudero, Marquelia, Tlacoachistlahuaca y San
Luis Acatlán son los municipios considerados como focos rojos en esa zona de la
entidad por las ONG, aunque sin descartar que en otras regiones se tengan más
brotes.
El secretario
técnico de la Red Guerrerense, Manuel Olivares de la Serna, recordó que desde
hace 17 años la Policía Comunitaria se formó ante la necesidad de
autoprotección.
“Esto es un ejemplo
que puede ampliarse a otros municipios de Guerrero. De alguna manera pudiera
ser tomado en otros municipios del estado como una alternativa ante la gran
inseguridad que se vive”, señaló Olivares de la Serna.
El abogado del
Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo
Rosales Sierra, criticó las políticas del gobernador Ángel Aguirre, ya que no
es la primera vez que durante esta administración la ciudadanía toma las armas
para defenderse del crimen organizado.
“Vemos que esto se
puede replicar si el Estado no lleva a cabo una reforma estructural de las
policías, no depura sus cuerpos policiacos que tienen vínculos con el crimen
organizado”, sostuvo el dirigente de Tlachinollan.
Los activistas
coincidieron en que los pobladores de las localidades afectadas por el crimen
organizado pudieran tomar el modelo de la Policía Comunitaria y el sistema de
justicia comunitario ante la indefensión.
Igualmente
criticaron que las autoridades no tienen una estrategia clara para el combate a
la delincuencia organizada.
Por lo anterior
hicieron un llamado a aquellas localidades a organizarse y alzar la voz hacia
las autoridades gubernamentales.
“Aquí en Guerrero
las comunidades están demostrado que el narco, que la delincuencia organizada
no es invencible, que no se les debe de tener miedo siempre y cuando la
población se organice”, dijo Rosales Sierra.
“Reforma” publicó
que en dos municipios de la Costa Chica de Guerrero un grupo de pobladores tomó
las armas, montó retenes y ordenó toques de queda para contener al crimen
organizado.
Este grupo civil
armado, en el cual participan unos 800 pobladores con escopetas y rifles de
bajo calibre, ha detenido, tan sólo esta semana, a 37 presuntos delincuentes
dedicados a la extorsión y el secuestro en las comunidades de Ayutla de los
Libres y Tecoanapa.
Según los pobladores
de estos municipios, los detenidos serán juzgados en una asamblea popular de
acuerdo con sus usos y costumbres.
Ayer, una comitiva
del Gobierno estatal se reunió en Ayutla con las autoridades locales y la
ciudadanía para acordar los nuevos mecanismos de seguridad para que las
corporaciones de seguridad retomen el control.
“No es posible que
los presidentes municipales digan que no les compete garantizar la integridad
física de las personas y que traten de hacerse a un lado.
“Tampoco es correcto
que el Gobernador mismo esté pues saludando, felicitando esta iniciativa de la
ciudadanía”, criticó el secretario técnico de la Red Guerrerense.
ZOCALO DE SALTILLO/ PROCESO/ 13/01/2013
- 04:05 AM
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