DESTAPA ESTADOS UNIDOS CLOACAS EN MÉXICO Y SINALOA

Miguel Ángel Vega

Casi 50 mil dólares habría recibido el director de Servicios Aéreos de Sinaloa, Mauricio Camarena Delgado, por insistir e influir para que la empresa BizJet International fuera la que realizara todo tipo de servicios de mantenimiento y reparación para la flota aérea de Sinaloa, revela un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). De acuerdo con el archivo 12-CR-61CVE del DOJ, Camarena Delgado habría recibido 18 mil dólares en noviembre de 2008 vía transferencia electrónica desde un banco de Nueva York a uno de Van Nuys, en California, y en octubre de 2009 le entregaron dos cheques más, estos en persona: uno por 22 mil 912 con 38 centavos y el otro por 6 mil 417 con 44 centavos. Ambas cantidades fueron en dólares. Estas últimas sumas Camarena Delgado las recibió por garantizar que BizJet International, que tiene sus instalaciones en la ciudad de Tulsa, en Oklahoma, fuera la empresa encargada de realizar negociaciones con el Gobierno del Estado de Sinaloa, las cuales les habrían redituado ingresos por varios cientos de miles de dólares. La decisión de Camarena Delgado por recomendar a BizJet para que fuera la empresa delegada para dar servicios de mantenimiento y reparación a aeronaves de Sinaloa se hizo aún sabiendo que esa empresa también daba servicios de mantenimiento a la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, que en noviembre del 2008 sufriera un percance, luego que uno de sus aviones cayera un pleno centro de la Ciudad de México y provocara la muerte del entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. Aun cuando la Procuraduría General de la República (PGR) no ha determinado si BizJet fue la empresa encargada de dar mantenimiento a la nave en que viajaba Mouriño, o el helicóptero en que viajaba el otro secretario de gobernación, Francisco Blake Mora, que también murió en un percance aéreo y cuya nave se desplomó en noviembre del 2011. Jay Holtmeier, abogado de la firma Wilmerhale, que representa a BizJet, precisó por su parte que BizJet no fue la empresa responsable de dar mantenimiento a las aeronaves en que murieron Mouriño o Blake Mora “No tenemos registro de que BizJet haya hecho algún tipo de servicio a aeronaves que se hayan accidentado en México”, dijo Holtmeier a Ríodoce. Ni el FBI en Washington, ni el Departamento de Justicia pudieron confirmar si Bizjet, al sobornar a funcionarios de la Policía Federal Preventiva, o a un coronel de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, o al director de Servicios Aéreos de Sinaloa, se les exigió exclusividad para que solo esa empresa brindara labores de mantenimiento y reparación en las aeronaves de los organismos arriba descritos. De haber sido ese el caso, BizJet habría sido la empresa de dar mantenimiento a tres aeronaves presidenciales que se desplomaron en un periodo de seis años. “Esta es una investigación en curso que realiza el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por lo que no podemos detallar si el soborno de BizJet a los organismos descritos incluía exclusividad”, dijo a Ríodoce Lindsay Godwin, vocera del FBI en Washington. La bomba El miércoles 14 de marzo, el DOJ emitió un comunicado de prensa donde acusa a la empresa estadounidense BizJet, de haber sobornado a un grupo de funcionarios federales de México y del estado de Sinaloa, para que fuera esa empresa la encargada de dar mantenimiento a toda la flota aérea de la Policía Federal Preventiva, General de Transportes Aéreos Presidenciales y a la Flota Aérea del Gobierno de Sinaloa. Los sobornos habrían ocurrido entre el 2004 y el 2010, precisa un documento del DOJ, del cual Ríodoce obtuvo copias. Lo curioso del caso es que no fue la empresa BizJet quien sugirió la idea del soborno, que en Estados Unidos es considerado un delito federal y es castigado con cárcel, sino que fueron los funcionarios mexicanos, del DF y de Sinaloa quienes “pidieron” una comisión como parte de garantizar el trabajo a esa empresa. Historia de un soborno Según precisa el archivo, el 16 de noviembre del 2005, directivos de BizJet sostuvieron una reunión a puertas cerrada en sus oficinas de Tulsa, en el estado de Oklahoma, para discutir una petición que habrían solicitado clientes de la Ciudad de México, otro más en Sinaloa, y una más en Panamá, quienes pedían una “comisión” de entre 30 mil y 40 mil dólares para continuar trabajando con ellos, de lo contrario “cambiarían sus servicios a otra compañía”. Estos empleados eran el agente de ventas para el área de México y Latinoamérica, el supervisor de ventas, el administrador de ventas y el gerente de ventas de BizJet, todos ellos laboraron para esa empresa entre el 2004 y el 2010. Luego de analizar las propuestas y el potencial de hacer negocio con la Policía Federal Preventiva, con la Flota Presidencial Mexicana y con el Gobierno de Sinaloa y el de Panamá, los vendedores de BizJet consideraron que era viable la comisión ya que, sería más lo que ellos ganarían ya que cobrarían un poco más de lo normal. Así fue como el 6 de junio del 2006 los empleados de BizJet ofrecieron la primera “mordida”, esta para el oficial aeronáutico de Panamá, a quien ofrecieron 10 mil dólares por garantizarle que su país contrataría los servicios de mantenimiento para toda su flota aérea. El 28 de septiembre del 2006, un coronel del Ejército Mexicano asignado a la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales llamó a uno de los directivos de BizJet para exigirle su comisión por haber “influido” para que el Gobierno de México contratara los servicios de mantenimiento de esa compañía. Catorce meses más tarde, el 31 de octubre del 2007, los ejecutivos de ventas de BizJet hicieron una transferencia bancaria por 30 mil dólares a una empresa fantasma que habría creado el gerente de ventas en la ciudad de Van Nuys, en California, para facilitar las transacciones y dar el dinero acordado al coronel de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, “por haberles asegurado el servicio para la flota presidencial. El 21 de noviembre del 2008 los ejecutivos de Bizjet nuevamente hicieron una transferencia electrónica por 18 mil dólares, esta vez de un banco en Nueva York para la empresa fantasma de Van Nuys, dinero que serviría para pagar la “comisión” del director de Servicios Aéreos de Sinaloa, Mauricio Camarena Delgado –conocido entre sus amigos como el Capi— “por asegurarles los servicios de mantenimiento para toda la flota aérea del estado de Sinaloa”. Los sobornos continuaron y el 1 de diciembre del 2008 Bizjet pagó 50 mil dólares por garantizar el servicio para mantener en buenas condiciones a la flota presidencial aérea del gobierno de Felipe Calderón Apenas un mes antes, Camilo Mouriño había perecido en un accidente aéreo en pleno centro de la Ciudad de México, cuando viajaba en un avión que pudo haber sido revisado, reparado y “mantenido en buenas condiciones” por BizJet. El 11 de noviembre del 2011 falleció otro secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, aunque no se ha logrado precisar si BizJet continuaba ofreciendo servicios de mantenimiento para la Flota aérea Presidencial. Lo cierto es que el 6 de abril del 2009 BizJet ofreció uno de sus más grandes sobornos, este para la Policía Federal Preventiva mexicana, el cual ascendía a los 176 mil dólares, entregados a varios funcionarios de esa dependencia, según el documento, “por asegurar el contrato con la empresa estadounidense”. Todavía el 6 de octubre del 2009 BizJet entregó otro monto más a los funcionarios de la Policía Federal Preventiva, este por 210 mil dólares, por asegurar que el servicio de mantenimiento de toda su flota de aviones y helicópteros fuera hecho por esa compañía estadounidense. Estos pagos se hicieron mediante una transferencia electrónica. Pero no todo acabó ahí, pues el 27 de octubre del 2009 Bizjet entregó dos cheques a Camarena Delgado, uno por 22 mil 912 con 38 centavos y otro por 6 mil 417 con 44 centavos, por haber terminado de asegurar la exclusividad para los servicios de mantenimiento de la flota aérea de Sinaloa, que depende del despacho del Ejecutivo del Estado, que entonces era encabezado por Jesús Aguilar Padilla. La justicia tiene precio BizJet International aceptó haber incurrido en el delito de soborno el 14 de marzo pasado, por lo que acordó acceder a una serie de peticiones que le hizo una corte federal del Distrito Norte de Oklahoma, incluido el pago de una multa por 11 millones 800 mil dólares, por “incurrir en violaciones previstas en la Ley de Prácticas Corruptas (FCPA) al sobornar a funcionarios de Gobierno en México, entre ellos dos elementos del Ejército Mexicano”. “Los pagos que fueron autorizados por BizJet son ilegales en nuestro país y nosotros las descubrimos a través de una serie de irregularidades que notamos en esa empresa”, dijo. Lanny A. Breuer, asistente del procurador general de Estados Unidos. Aun cuando el comunicado de prensa señala al Gobierno de Sonora como parte de las administraciones sobornadas, en el archivo judicial del DOJ no se menciona a esa entidad. El acuerdo es que Estados Unidos aplazará el juicio contra BizJet durante tres años, con la intención de no afectarlos en sus operaciones. También la empresa accedió a cooperar en toda investigación futura que se haga en torno a los supuestos sobornos, y a implementar todo tipo de medidas junto al Gobierno federal para que en el futuro no se incurra en ese tipo de prácticas. De cumplir BizJet con estos acuerdos, el Departamento de Justicia desechará toda información criminal al termino del acuerdo, aunque por lo pronto buscará no afectarla en lo absoluto, en parte por su disposición para cooperar en el caso y por el pago de 11.8 millones de dólares que accedió a pagar. Algo similar ha ocurrido en juicios contra prominentes figuras del narcotráfico. Tal es el caso Benjamín Arellano Félix, quien luego de ser el capo más buscado a finales de los noventas, pagó cien millones de dólares a cambio de una sentencia menor a los 25 años de cárcel. Osiel Cárdenas Guillén, fundador del cártel del Golfo, soltó 50 millones de dólares, e igualmente fue sentenciado a 25 años de prisión durante un juicio que se realizó a puertas cerradas. Otro caso se cubrió con dólares cuando la DEA y el DOJ descubrieron que a mediados del 2006 las transferencias electrónicas entre casas de cambio en Sinaloa y el Banco Wachovia ascendían a más de 420 mil millones de dólares, lo cual significaban una de las más grandes operaciones de lavado de dinero. Lo único que tuvo que hacer Wachovia para quedar libre de toda culpa fue aceptar que el Gobierno estadounidense le decomisara 110 millones de dólares “de transacciones relacionadas con el tráfico de drogas”, y el cobro de una multa por 50 millones de dólares, “por no monitorear dinero que podía o sería utilizado para financiar el tráfico de droga”. Así ocurría ahora con BizJet: su inculpabilidad le ha costado 11.8 millones de dólares. Pero seguirá operando. Datos duros del expediente 12-CR-61CVE —El 16 de noviembre del 2005, directivos de BizJet sostienen una reunión a puerta cerrada en sus oficinas de Tulsa, Oklahoma, para analizar los sobornos. —El 31 de octubre del 2007, los ejecutivos de ventas de BizJet realizan una transferencia bancaria por 30 mil dólares a una empresa fantasma que habría creado el gerente de ventas en la ciudad de Van Nuys. —El 21 de noviembre del 2008, los ejecutivos de Bizjet nuevamente hacen una transferencia electrónica por 18 mil dólares, esta vez de un banco en Nueva York, dinero que serviría para pagar la “comisión” del director de Servicios Aéreos de Sinaloa, Mauricio Camarena Delgado. —El 1 de diciembre del 2008, Bizjet paga 50 mil dólares por garantizar el servicio para mantener en buenas condiciones a la flota presidencial aérea del gobierno de Felipe Calderón. —El 6 de abril del 2009, BizJet ofrece uno de sus más grandes sobornos, este para la Policía Federal Preventiva mexicana, el cual ascendía a los 176 mil dólares. —El 6 de octubre del 2009, BizJet entrega otro monto más a los funcionarios de la Policía Federal Preventiva, este por 210 mil dólares. —El miércoles 14 de marzo la empresa acepta que incurrió en el delito de soborno. Los dispendiosos aviones de Millán, Aguilar y Malova Vuelos turbulentos Alejandro Sicairos Con precisión nadie sabe cuánto le ha costado a los sinaloenses el ostentoso transporte aéreo de los gobernadores, pero se trata de millones de pesos en compra y operación de aviones y helicópteros, y el mantenimiento de estos, inmersos de tratos oscuros que nunca son detectados por los radares anticorrupción. Con Juan Millán Lizárraga, en el periodo 1999-2004, era común que el avión oficial se utilizara para viajes privados de familiares, amigos, periodistas, transportar al mandatario a asuntos ajenos a la agenda oficial o hasta para llevar a distintos lugares del país platillos de diferentes restaurantes de mariscos. En el gobierno de Jesús Aguilar Padilla (2005-2010) la bitácora de vuelos se convirtió en secreto de Estado, pero el gran negocio se hizo con el mantenimiento de las aeronaves, según pone al descubierto la investigación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hace en torno al funcionamiento de la empresa Bizjet Internacional Sales and Support Inc. En el actual sexenio que preside Mario López Valdez se ha documentado que aeronaves oficiales se utilizan para transportar a la familia y amigos de colaboradores del gobernador a eventos sociales, mientras que el escándalo mayor lo constituyó la compra de un avión Falcon 20F, sin ser justificada su adquisición. De acuerdo con las cuentas públicas de los sexenios de Millán y Aguilar, estos habrían gastado alrededor de 500 mil dólares al año solamente en el concepto de mantenimiento del equipo resguardado en el hangar del Gobierno de Sinaloa, sin tomar en cuenta pago de servicios aeroportuarios, suministros y pago de pilotos. Con dos aviones y tres helicópteros a su servicio, Mario López Valdez también se ha excedido en el gasto por mantenimiento de la flota aérea estatal. Datos turnados a la Auditoría Superior del Estado revelan que durante 2011, en los meses en que todavía no era adquirido el avión nuevo, erogaba 380 mil dólares, alrededor de 5 millones de pesos, en el rubro de mantenimiento. El itinerario que siguen los vuelos del gobernador en turno es un asunto bajo reserva porque, alega el despacho del Ejecutivo, va involucrada en el tema la seguridad del mandatario y de los funcionarios del Gabinete. Sin embargo, los escuetos datos a los que Ríodoce tuvo acceso son ofensivos: solo para mantener en buenas condiciones los aviones y helicópteros del gobernador de 2005 a 2011, más de cien millones de pesos. Auditores del Congreso del Estado consideran que otra cantidad similar debió erogarse en ese mismo lapso para el pago de honorarios a pilotos, jefe de servicios aéreos, cubrir los derechos de pista y combustibles y refacciones. Viajeros frecuentes Uno de los tantos datos blindados del sexenio de Juan Millán es el concerniente al uso de las aeronaves del Gobierno. Reacio a rendir cuentas, el entonces gobernador hizo todo un misterio del periplo de sus vuelos. Personal del hangar del Gobierno de Sinaloa da cuenta de frecuentes viajes imprevistos de Millán, en el avión oficial, con destino a Los Cabos, Tijuana, San Diego y Tucson. La esposa e hijos se trasladan a San Diego, Tucson, Acapulco y Ciudad de México. En helicóptero toda la familia se movía habitualmente hacia Mazatlán, Altata y otros destinos turísticos locales. En el rastreo de la bitácora se menciona que el avión de Gobierno realizaba al menos dos viajes cada mes para transportar platillos preparados con mariscos a diferentes partes del país. Era la carta de establecimientos como Los Arcos o El Mamucas que en lugares lejanos se servía a diputados, gobernadores, presidente de la República, gente de la farándula y amigos de Juan Millán. También voló con bastante asiduidad a Los Mochis. “Cada vez que al gober se le antojaba comer en El Farallón se iba para allá solo o con su comitiva o familia”, recuerda un trabajador del hangar de Gobierno. Los tenues registros sobre costos de mantenimiento de aviones y helicópteros del Gobierno estatal mencionan que fluctuaron entre los 350 mil y los 450 mil dólares por año. Cuando a mediados de 2001 estuvo a punto de desplomarse el avión oficial al cubrir el trayecto Culiacán-Mazatlán, Millán Lizárraga optó por reducir las horas de vuelo de la aeronave. En el caso del sexenio de Jesús Aguilar Padilla los informes son contradictorios. Aunque durante el periodo que ejerció el cargo acostumbraba usar vuelos comerciales para viajes fuera de Sinaloa, los gastos de mantenimiento del equipo aéreo del Gobierno crecieron una cifra que varía entre los 450 mil y 500 mil dólares al mes. El estado de las naves era supervisado por personal que el entonces responsable de la transportación aérea del gobernador, el capitán Mauricio Camarena Delgado, contrataba para luego pedir los servicios de Bizjet Internacional Sales and Support Inc. Desde el inicio hasta el final de su sexenio, Aguilar Padilla mantuvo como avión del Gobierno de Sinaloa un Rockwell 690B Turbo Commander que recibía chequeos semanales y mantenimiento cada mes. La información disponible menciona nada más lo que se pagó a Bizjet, pero no la inversión total para el funcionamiento de la aeronave. Al acabar el sexenio de Aguilar, el Rockwell 690B registraba 11 mil horas de vuelo y, de acuerdo con el dictamen que presentó Camarena Delgado, ratificado por Malova como jefe de Transportación Aérea del Gobierno del Estado, “presentaba un desgaste físico que implicaba riesgos durante la navegación”. El avión caro de Malova Recién tomó posesión del cargo cuando a Mario López Valdez se le ocurrió comprar un avión nuevo para transportarse dentro y fuera de Sinaloa. Sin licitar el proceso y violentando las leyes correspondientes, en marzo de 2011 inició los trámites para adquirir una aeronave usada al proveedor Western Wings Corp, con sede en Oregon, Estados Unidos, a un costo cercano a los 33 millones de pesos. Sin embargo, luego de meses de mantener ocultos los detalles de la transacción, hasta octubre de 2011 y por presiones del Congreso del Estado que lo llamó a rendir cuentas, se supo que el avión Falcon 20F, modelo 1986, tuvo un costo de 1.8 millones de dólares, pero también fue necesario equiparlo y hacerle reparaciones con una inversión de 977 mil dólares. En total, con base a la información existente en el portal de Transparencia del Gobierno de Sinaloa, el avión costó al erario público 32 millones 659 mil 400 pesos. Aún más, en 2011, año en que se compró el avión nuevo, el Gobierno de Sinaloa pagó por mantenimiento del equipo aéreo 380 mil dólares, sin ser ya la compañía Bizjet la que proporcionó estos servicios. Todavía no amainaban las sospechas que generó la compra, al inicio del sexenio malovista, de 90 camionetas equipadas, por un monto de más de 50 millones —operación que benefició a Leonardo Nalo Félix, “padre empresarial” del gobernador— cuando la Auditoría Superior del Estado agregó nuevas dudas a las compras hechas por el nuevo gobernador. La ASE procedió a abrir una investigación ante la negativa del Gobierno estatal por clarificar la compra del Falcon 20F, indagatoria que concluyó a inicios del mes en curso con una revelación: más que compra de oportunidad de la aeronave, como lo justificó en su momento el gobernador, se alteraron los costos en la adquisición del jet ejecutivo para Malova. Quedó al descubierto, según la ASE, que López Valdez compró un avión igual o más inseguro que el que ya tenía el Gobierno del Estado, pues tuvo que invertirle 977 mil dólares para equiparlo y dejarlo en condiciones de navegación sin riesgos. Además hubo precipitación en la operación de compra ya que el Comité de Adquisiciones sesionó el 18 de marzo de 2011 y el día 22 del mismo mes fue comprado el avión, autorizando esa misma fecha el quitamiento y remozamiento (pintura y reparación de interiores) del jet para Malova. El enredo es colosal. El informe de gastos que presentó el Gobierno señala la compra de equipo, entre estos los sistemas, FMS, Radar, RVSM, TCAS, que se suponía ya traía el avión nuevo. Y el Gobierno del Estado se justifica en que fue el CPA Mauricio Camarena Delgado, jefe de Transportación Aérea del despacho del gobernador, el mismo que es acusado de recibir sobornos de Bizjet, quien aconsejó la compra del Falcon 20F, porque el avión que usaron Juan Millán y Jesús Aguilar era viejo y peligroso. Escándalos en el aire 22 de marzo de 2011. En una operación fast track, el Gobierno de Sinaloa compra un avión alegando que lo adquirió a precios de ganga: 1.8 millones de dólares. Luego se supo que el costo del avión superó 2.7 millones de dólares. 19 de agosto de 2011. Un helicóptero del Gobierno del Estado se desploma sobre el lecho del río San Lorenzo al intentar salvar a personas atrapadas en una creciente del afluente. Un rescatista y una mujer mueren. Se presume que las naves oficiales registraron fallas por el deficiente mantenimiento. 16 de septiembre de 2011. Se rompe el secreto del avión para Malova al darse a conocer la compra del Falcón 20F, modelo 1986. 21 de septiembre de 2011. La Auditoría Superior del Estado exige al gobernador el expediente de la compra del avión y le abre una investigación. 22 de noviembre de 2011. El diario El Debate publica una fotografía de una hija del secretario general de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, y dos amigas de esta, usando el helicóptero oficial para trasladarse a Los Mochis a una fiesta. 6 de marzo de 2012. La ASE informa que conforme al análisis de la cuenta pública del Gobierno del Estado de 2011, no se justificaba la compra del avión para Malova porque la aeronave ya existente se hallaba en excelentes condiciones para seguir volando. 13 de marzo de 2012. El Departamento de Justicia de Estados Unidos da a conocer que la empresa Bizjet Internacional sobornó al jefe de Transportación Aérea del Gobierno de Sinaloa, Mauricio Camarena Delgado, con tal de ganar contrato de mantenimiento de la flota aérea oficial.