sábado, 4 de febrero de 2012

RESCATAN A MUJERES CENTROAMERICANOS DE BURDEL EN CHIAPAS


Las mujeres eran obligadas a prostituirse en el bar “El Conquistador” o de lo contrario las entregarían a migración. En el operativo realizado por agentes de la PGJ del Estado se detuvo a una persona

Entre las mujeres rescatadas se encuentran tres de nacionalidad mexicana.

Chiapas • Agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado rescataron a 13 centroamericanas y mexicanas que eran obligadas a consumir bebidas embriagantes y prostituirse bajo amenazas de entregarlas a migración, en el interior del bar “El Conquistador” del municipio de Teopisca.

De acuerdo a la Procuraduría General de Justicia del Estado rescataron a cinco mujeres de nacionalidad guatemalteca, tres hondureñas, una salvadoreña, una nicaragüense y tres mexicanas.

Durante el operativo de rescate, fue detenida la encargada del bar, Mauri Díaz Rivera, quien de acuerdo al testimonio de las víctimas las coaccionaban a ejercer la prostitución, cubriendo una cuota para el uso de los cuartos que se encontraban al interior del inmueble. Las mujeres no podían salir sin la autorización de los propietarios del burdel.

Al rendir su declaración, las centroamericanas aseguraron que los propietarios de “El Conquistador” las tenían amenazadas con denunciarlas al Instituto Nacional de Migración en el caso de que no acataran las órdenes que les daban.

En los próximos días, Mauri Díaz Rivera será consignada por los delitos de Trata de Personas, Lenocinio y Corrupción de Menores, por lo que en breve será recluida en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 5, con sede en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

De igual forma, la Procuraduría de Chiapas a través de la Fiscalía de Distrito Altos ya investiga a dicho lugar toda vez que se detectó la presencia de menores de edad consumiendo bebidas embriagantes.

Las víctimas fueron asistidas por la Dirección General de Servicios a la comunidad de la Fiscalía de Derechos Humanos, en estricto apego al Protocolo de Atención y Protección a las Víctimas y Testigos de Trata de Personas, que cuenta con el respaldo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y el Consejo Estatal de Derechos Humanos.

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