Líder campesino revela que deforestan la
zona y les cobran piso; autoridades de Seguridad Pública desconocen los reportes
de los poblador
Foto: Noroeste
Pobladores de la sierra
rosarense denunciaron la presencia de un grupo armado que amedrenta a la gente
para que se salga de sus pueblos y poder realizar actividades ilícitas, entre
ellas la deforestación.
“Hay muchas quejas, esto ya
tronó: de la sierra reportan que esa gente hace y deshace; corta madera cuando
quiere, como sea, y además agarra cosas que no son de él. Quiere cobrar piso a
los campesinos de allá, esa es la queja que yo traigo a grandes rasgos”,
expresó Víctor N., líder del Movimiento 11 de Septiembre de los Pueblos de la
Sierra del Municipio de Rosario.
Quien se hace llamar el
“Tigre de la Sierra”, por su labor en defensa de los campesinos, pide la
intervención del comandante de la Tercera Región Militar, Carlos Ramón Carrillo
del Villar.
El quejoso, que acudió a esta
redacción, señaló que este problema tiene varios años desde la comunidad de
Chilillos hacia arriba, donde se ha sembrado el miedo y la gente se ha
desplazado en buena medida a la cabecera municipal.
“Llega el momento en que se
rompe el tarro; se rompió la taza, aquí ya es un problema personal y además
público porque entonces, si yo ayudo a la agente, y yo la estoy liderando,
quiere decir que el 'Líder Serreño' le vino guango, entonces yo le voy a
demostrar que no, no digo soy el que más, pero yo protejo a los campesinos de
la sierra”, manifestó Víctor Ávila.
En cambio, el director de
Seguridad Pública, Abdon Caravantes Hernández, dice no tener ningún reporte al
respecto, e invitó a los inconformes a interponer denuncia ante la Fiscalía.
“No, no ha llegado a nosotros
todavía el reporte, pero directamente la Fiscalía es la que se encarga ahí de
presentar la investigación”, respondió al ser cuestionado sobre estas
acusaciones.
En cuanto a la situación de
seguridad en la zona serrana, donde el año pasado hubo una ola de éxodos
forzados y asesinatos, se limitó a decir que está “tranquila”.
De acuerdo con el Movimiento
Amplio Social Sinaloense (MASS), en 2018 hubo desplazamientos colectivos debido
a las disputas de grupos armados en los límites con el estado de Durango, sobre
todo de la comunidad minera de La Rastra. A la fecha, al menos 16 familias no
han podido retornar y viven en Mazatlán.
(NOROESTE / REDACCIÓN/22/01/2019 | 12:49 AM)
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