Todo parece indicar que con
el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, y de
su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como amplia mayoría en
el Congreso de la Unión y el Senado de la República, el gobierno de Estados
Unidos apretará la cuña para evitar que el Gobierno Federal decrete el Golfo de
California, como parte del territorio nacional, siempre en la mira de las
políticas expansionistas de Washington.
En el Artículo 27 de la
Constitución Política Mexicana, el cual establece la propiedad de las tierras y
las aguas en el país, las aguas del Golfo de California, no se contemplan como
territorio propio y soberano, así como algunas Islas y zonas del Delta del Río
Colorado, siempre ambicionado por el vecino del norte.
En la lucha por reclamar el
también llamado Mar de Cortés, hay suficientes precedentes.
El año pasado, el diputado
federal de Morena por Baja California, Roberto Jiménez, propuso una iniciativa
de ley para incorporar como territorio soberano esta zona del país, considerada
también patrimonio natural de la humanidad por la variedad de sus recursos
naturales.
Sin embargo, la iniciativa de
ley fue enviada a la congeladora, al igual que la que propuso el panista Marco
Antonio Peyrot Solís en el año 2008.
Desde la época del presidente
Luis Echeverría Álvarez, todo intento del gobierno mexicano por declarar aguas
territoriales al Golfo de California ha sufrido un revés de las políticas
norteamericanas que, de acuerdo con archivos históricos, intentaron comprar a
México al presidente Benito Juárez.
Aunque no se concretó la
venta, desde mediados del siglo XIX, Estados Unidos obtuvo el “derecho de vía”
por todo el Mar de Cortés, y actualmente es considerado como “aguas
internacionales”.
En 1975, Echeverría, logró
que la Cámara de Diputados aprobara modificaciones al Artículo 27 de la
Constitución Política Mexicana, la cual hasta ahora no consigna como territorio
soberano, y decretó la Zona Económica Exclusiva Mexicana, que abarca 200 millas
náuticas mar adentro desde el litoral del país, pero solo para explotación de
sus recursos marítimos.
El portal California Hoy, en
un artículo publicado en mayo pasado, advierte que las políticas públicas
decretadas en los últimos años por México, así como el sinnúmero de
conservacionistas extranjeros enfocados en la península de Baja California,
sobre todo de origen estadounidense, son la “cabeza de playa” para allanar el
camino a Washington, en su afán de expoliar los recursos naturales, así como la
“entrega pacífica” de una zona altamente rica y que hoy por hoy goza un estatus
de conservación alto.
Y es que 7 de diciembre de
2016, según datos recabados por Metrópoli, por decreto del presidente Enrique
Peña Nieto, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el documento
que establece como “Zona de Salvaguarda denominada Golfo de
California-Península de Baja California-Pacífico Subcaliforniano”.
En teoría, este decreto es
para “prohibir las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, y
que la incorporación de las mismas, será hecha por decreto presidencial,
fundado en los dictámenes técnicos que para tal efecto se emitan”.
Sin embargo, una crítica
reiterativa a este decreto, es que en realidad lo que plantea el Estado
Mexicano es “proteger” las grandes reservas de petróleo, gas natural y recursos
minerales que existen en la zona para un futuro próximo, en el entendido que
las reformas en materia energética permitiría a la industria extractiva
extranjera implantar sus intereses en la región de Baja California
LOS INDICIOS DE FIN DE SEXENIO
El pasado mes de febrero, la
Secretaría de Marina Armada de México (Semar) publicó un artículo en inglés y
español en su portal firmado por el Capitán de Navío, Carlos Alejandro Sanz
Aguilar, quien detalló la materia jurídica y legal en torno al Golfo de
California.
Sanz, con un amplio
currículum en materia naval, es jefe del Doctorado en Administración Marítima y
Portuaria en el Centro de Estudios Superiores Navales.
En su ensayo señala
puntualmente:
“El hecho se que el Golgo de
California no sea reconocido a nivel internacional, en su totalidad, con el
régimen de aguas interiores o territoriales mexicanas, limita al Estado
mexicano a no tener plena y total soberanía sobre este espacio marítimo; por
ello, es importante acotar jurisdicción e incrementar la presencia de todas las
instituciones nacionales en dicha área”.
Y además se refiere el
problema con el vecino del norte.
“Como se aprecia, este es un
problema real, ya que con el régimen actual que presenta el espacio del Golfo
de California, concibe la posibilidad de que sus aguas sean utilizadas para
fines contrarios a la seguridad del país, sin que el gobierno mexicano pueda
impedirlo, debido al carácter internacional que se otorga a dicha zona
marítima”.
“Además, al mantenerse
alejada la península de Baja California del resto del territorio, y si a eso se
añade su proximidad con California (Estados Unidos), y el potencial expansivo
de esa región, se podrían discernir ciertos intereses de ese país en un futuro.
Por lo cual, México debe buscar tener plena y total soberanía sobre esta área”,
sentencia el estudio del experto naval.
El capitán de navío, por lo
tanto, detalla en su extenso artículo la necesidad jurídica de que México lleve
a la Convención del Mar de la Organización de las Nacionles Unidas (ONU) la
propuesta para anexar este mar territorial que se mantiene en la indefinición
legal.
LA RIQUEZA DEL GOLFO Y LA PENÍNSULA
En el estudio que realizó el
Capitán de Navío, Carlos Alejandro Sanz Aguilar y publicado por la Marina, se
explica la relevancia no solo ecológica de la región, declarada como ya se
dijo, como “Zona de Salvaguarda” por el presidente Enrique Peña Nieto, sino
también la económica nacional en materia de pesca, acuacultura y turismo.
“En la región, existen
alrededor de 40 municipios correspondientes a los cuatro estados costeros (Baja
California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa); la población total de los
estados, es de casi 10 millones (INEGI, 2015) que se concentra en dichos
municipios costeros. Existe una especialización regional de pesca de escama y
sal en la península de Baja California; captura y cultivo de camarón en Sonora
y Sinaloa; agricultura (trigo, sorgo, caña de azúcar, arroz, legumbres) en el
sur de Sonora y norte de Sinaloa, y en algunas porciones de la península; y ganadería
en el norte de Sonora”, transcribe el capitán.
Este sistema de
especialización regional, tiene una estrecha dependencia con el mercado de los
Estados Unidos, y en menor proporción con el resto del país.
En la zona costera se
realizan diversas actividades económicas, como la pesca industrial, la pesca
ribereña, pesca deportiva, turismo y acuacultura.
Además la región cuenta con
decenas de áreas naturales protegidas y que en reiterados intentos de parte de
corporaciones extranjeras han intentado expoliar los recursos hídricos y
minerales, bajo esquemas de exploración tóxica que afectaría severamente los
ecosistemas.
En abril de este año, un
tribunal colegiado dejó en firme un amparo otorgado una empresa minera
estadounidense con capital mexicano denominado “Don Diego”, el cual pretende
extraer fosfatos de Bahía Magdalena, ubicada del lado del Pacífico, pero
también dentro de la zona exclusiva económica y además protegida por ser sitio
de especies marinas en peligro de extinción.
Aunque desde el Gobierno de
Estados Unidos, no se ha manifestado públicamente la intención de reclamar o
acotar al Estado Mexicano en su intención de reclamar al Golfo de California,
los especialistas señalan de no hacerlo, se correría el riesgo de una agresiva
política expansionista de parte de Washington, bajo la égida de Donald Trump
(EL PORTAL DE LA NOTICIA/ METROPOLIMX.COM/16 DE AGOSTO
2018)
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