CHILPANCINGO, Gro. (apro).-
Pobladores de 23 comunidades de cuatro municipios que conforman la ruta minera
y de la heroína en la Sierra y la región Centro de la entidad, confirmaron la
creación de un nuevo grupo de autodefensa ante el vacío de autoridad que existe
en esta franja dominada por el narcotráfico.
La reciente expresión armada
surgida ayer en la comunidad de Puerto General Nicolás Bravo (Filo de
Caballos), está avalada por comisarios municipales de pueblos de Heliodoro
Castillo (Tlacotepec); Leonardo Bravo (Chichihualco), Eduardo Neri (Zumpango) y
Chilpancingo.
Actualmente, esta zona de la
entidad donde se produce la mayor cantidad de heroína en el país y se encuentra
el cinturón de oro del Río Mezcala, es disputada por el cartel del Sur,
afincado en Chichihualco y dirigido por Isaac Navarrete Celis “El Señor de la
I” y la banda que lidera Onésimo Marquina “El Necho”, cuyo bastión está en
Tlacotepec, indican reportes oficiales.
Al respecto, el presidente de
la Unión de Comisarios de la Sierra, David Barragán López, originario de la
comunidad de Los Morros, municipio de Eduardo Neri, denunció públicamente que
este es el resultado de la desatención del gobierno federal y estatal a los
gritos de auxilio de los pobladores de la principal zona productora de
enervantes de México.
Explicó que la nueva guardia
comunitaria denominada Policía Ciudadana de Autodefensa está conformada por 300
hombres armados y que van a instalar retenes desde la comunidad de Xochipala
hasta Filo de Caballos, la ruta que conecta la región Centro con la Sierra de
la entidad.
“Se trata que las familias
caminen bien, haya seguridad para los transportistas y los pueblos vivan en paz
sin el temor de que gente ajena va a venir a desplazarnos de nuestros pueblos”,
expresó Barragán López.
El líder visible de la
autodefensa de los pueblos de la Sierra aseguró que “van a trabajar de manera
independiente a las autoridades de los tres niveles y el Ejercito, así como de
otras expresiones armadas que existen en la zona y remató:
“Si el gobierno
definitivamente nos ha dejado así, somos nosotros los que nos vamos a defender
como podamos”, advirtió el comisario.
Barragán López recordó que la
semana pasada se registraron varios enfrentamientos en los poblados de Izotepec
y Corralitos entre grupos armados que dejaron un saldo oficial de cuatro
personas muertas, así como el decomiso de dos patrullas clonadas del Ejército.
Previamente, los habitantes
de esta zona habían solicitado ayuda al gobierno de Héctor Astudillo Flores, pero
las autoridades fueron omisas, acusaron las víctimas.
Por ello, los comisarios de
las poblaciones que abarcan los cuatro municipios de la Sierra y la región
Centro, decidieron tomar las armas para defender su vida, la integridad de las
comunidades y sus bienes materiales, indicaron.
LA LEY PARA DESARMAR COMUNITARIAS
Desde abril de 2017, el
gobernador Astudillo envió una iniciativa de decreto al Congreso local con el
propósito de reformar la Constitución estatal para desarmar e impedir que las
guardias comunitarias sigan desempeñando funciones de seguridad como prevenir,
investigar y castigar delitos mediante esquemas internos de justicia popular.
De esta manera, el mandatario
pretende inhabilitar no solo a los grupos de autodefensa que acusó de estar
infiltrados por el narco, sino también a la Policía Comunitaria de la
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), que operan en la
región de Costa Chica y la Montaña.
Así como contrarrestar el
efecto expansivo de los grupos de autodefensa que fueron alentados, armados y
equipados por el exgobernador Ángel Aguirre Rivero y actualmente siguen
proliferando en las siete regiones ante el vacío de autoridad de esta entidad
colapsada por la narcoviolencia, impunidad y corrupción gubernamental.
No obstante, el decreto de
reforma constitucional enviado por Astudillo, se mantiene congelada en la
comisión de Asuntos Constitucionales, que encabeza el diputado local priista
Cuauhtémoc Salado Romero.
Desde el año pasado, el
mandatario estatal admitió públicamente que las guardias comunitarias que
operan en las siete regiones de la entidad están infiltradas por el narco.
Un informe elaborado por la
administración de Astudillo, publicado por Apro en julio de 2017, indica que
algunos grupos de autodefensa son “paramilitares vinculados con el narco” y
entre ellos señala a la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de
Guerrero (UPOEG) –que opera en Acapulco y las regiones de Costa Chica, Centro y
la Sierra–, La Tecampanera de Teloloapan, El Movimiento Adrián Castrejón de
Apaxtla, Paz y Justicia de Chilapa, Movimiento por la Paz de San Miguel
Totolapan, y las guardias comunitarias que tienen presencia en la franja minera
del río Mezcala y la Sierra de Guerrero.
Hasta el momento, el gobierno
estatal no ha fijado una postura ante el surgimiento de una nueva expresión
armada en la Sierra de Guerrero donde el narco controla las empresas mineras y
la producción y trasiego de heroína.
(PROCESO /EZEQUIEL FLORES CONTRERAS , 19 JUNIO, 2018)
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