“Lo que Peña Nieto autorizó con la
aprobación de dichos decretos fue eliminar la “prohibición que había para la
entrega de permisos de extracción de agua”. Foto: Cuartoscuro
Entretenida como está una
mayoría de la sociedad mexicana en la campaña electoral, especialmente en sus
formas espectaculares como los debates entre aspirantes a gobernar el país, y
entretenidos en otro de los shows más importantes de la vida moderna, como son
los Mundiales de futbol, a los mexicanos nos están pasando desapercibidos asuntos
esenciales como es el destino de las aguas nacionales.
En efecto, mientras se
concentra la mirada en las campañas electorales y en el Mundial, el presidente
Enrique Peña Nieto utilizó la figura legal de los decretos para modificar el
estatuto de las vedas existentes sobre 40 por ciento de las cuencas del país,
que contienen 55 por ciento de las aguas superficiales de la nación.
En el marco del Día Mundial
del Medio Ambiente el pasado 5 de junio, Peña Nieto anunció la firma de diez
decretos que modificaron un estatus de veda que existía sobre 300 cuencas
hidrológicas de las 756 que existen en el país. En ese 40 por ciento de las
cuencas escurre 55 por ciento de las aguas superficiales del país.
En términos sucintos, lo que
Peña Nieto autorizó con la aprobación de dichos decretos fue eliminar la
“prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua” en
esas cuencas con el pretexto de que servirían para establecer reservas de agua
para áreas naturales protegidas y la naturaleza para los próximos 50 años. Para
tratar de legitimar su decisión, el mandatario se hizo acompañar de una
organización no gubernamental internacional: World Wildlife Fund la cual
aplaudió la decisión presidencial. El presidente de esta ONG en México, Jorge
Rickards, se animó a declarar lo siguiente: “Estos decretos representan una
visión de futuro que evitará la grave sobre explotación, contaminación y
escasez que vivimos en muchos otros ríos del país”.
Pero en lugar de promover la
protección de las aguas nacionales, como intentaron justificar el presidente
Peña Nieto y el representante de esta ONG internacional, los diez decretos que
levantan la veda sobre estas diez cuencas de agua, abren la puerta para que 55
por ciento del vital líquido se utilice para fines lucrativos, ya sea
privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores
empresariales municipales o entregando concesiones de agua para las distintas
empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística, o inmobiliaria.
Esa es una de las principales
conclusiones de la coalición Agua para Todos donde confluyen “pueblos
originarios, organizaciones sociales, trabajadores, sistemas comunitarios de
gestión del agua e investigadores comprometidos con la construcción del buen
gobierno del agua y el territorio (las cuencas)”.
En un primer análisis de la
decisión ejecutiva de Peña Nieto del pasado 5 de junio, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el 6 de junio, la coalición Agua para Todos encontró
que “estos decretos van a permitir a la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
garantizar los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras,
petroleras y privatizadoras de sistemas urbanos de agua, a costa de los
derechos de los pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales y los
sectores populares urbanos”.
Los decretos del ejecutivo
federal favorecen los trasvases de agua a gran escala como los que ocurren o
están diseñados en varios megaproyectos hidráulicos: el sistema Cutzamala del
estado de México a la Ciudad de México; Monterrey VI que prevé trasvase del
agua del río Pánuco a Monterrey, o la presa y acueducto El Zapotillo que
pretende trasvasar aguas del río Verde de Los Altos de Jalisco al complejo
industrial de El Bajío de Guanajuato.
Los trasvases de agua de una
cuenca a otra, según explican los especialistas, son uno de los casos más
evidentes de despojos de bienes comunes. En este caso, se despoja el agua de
las comunidades indígenas o agrarias que han cuidado y protegido este bien
común para que de pronto, mediante agresivos proyectos de “desarrollo”, se les
expropie ese bien para llevarlo a grandes áreas urbanas.
Pero además, la coalición
Agua para Todos estimó que los decretos de levantamiento de veda anunciados por
Peña Nieto el 5 de junio, podrían poner en riesgo hasta 50 mil concesiones sin
título actualizado o vigente de comunidades indígenas o núcleos agrarios,
quienes tenían “las dotaciones del líquido por decreto presidencial, pero esta
figura cambió en la ley de Aguas Nacionales y no las renovaron”.
No hay que ser un genio para
prever hacia donde se dirigen los cuerpos de agua con las nuevas concesiones
previstas: hacia todas las actividades extractivas como minería, explotaciones
energéticas, fracking, hidroeléctricas, actividades industriales, desarrollos
turísticos e inmobiliarios.
Por sus consecuencias, estos
decretos ejecutivos son el equivalente a una “reforma estructural” en materia
de agua, pero sin pasar por el poder Legislativo, sólo utilizando facultades
del poder Ejecutivo.
Visto en conjunto, estos
decretos de levantamiento de veda de utilización de aguas en 300 de las 756
cuencas que existen en el país, significan la “joya de la corona” de las
reformas estructurales de Peña Nieto, pues implican dirigir el principal
recurso y bien común de los mexicanos no a la satisfacción para la reproducción
de la vida, sino para alimentar las distintas dinámicas de acumulación de
capital que predominan ahora en México. Desde ahora podemos vaticinar el
fracaso de esta política estatal y la defensa de pueblos, comunidades y barrios
de sus recursos.
(SIN EMBARGO/ RUBÉN MARTÍN/ JUNIO 17, 2018, 12:00AM)
Periodista desde 1991. Fundador del
diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales
y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador.
Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es
doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo:
rubenmartinmartin@gmail.com
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