Académicos,
políticos, especialistas en seguridad y organizaciones de la sociedad civil
coinciden en que el nuevo impulso que ha tomado la iniciativa de Ley de
Seguridad Interior se debe a las crecientes protestas sociales. La propuesta,
presentada por el PRI, faculta a las Fuerzas Armadas para suplir
responsabilidades que hasta ahora han sido de las policías del país. El pasado
martes, Peña Nieto celebró el avance de las discusiones de la iniciativa de
Seguridad Interior en el Congreso; mientras que diversos sectores la ven con
recelo y desconfianza.
El
1 de enero un aumento en el precio de la gasolina en hasta un 20 por ciento fue
recibido con descontento entre la población. Las protestas se extendieron a
casi todos los estados y ante la inconformidad, el Presidente Enrique Peña
Nieto ha asegurado que la medida fue tomada ante el incremento de los precios
internacionales del combustible. Sin embargo, analistas y críticos ven en los
impuestos la verdadera causa.
El
Presidente Enrique Peña Nieto impulsa la iniciativa de ley de Seguridad
Interior, pese al rechazo de diversos sectores. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro
Ciudad
de México, 21 de enero (SinEmbargo).- Durante la ceremonia de entrega de
menciones honoríficas a las unidades del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de
México, celebrada el martes pasado, el Presidente Enrique Peña Nieto se
congratuló por el análisis de cuatro iniciativas de la Ley de Seguridad
Interior. La medida dará luz verde al Ejército en las calles para frenar las
protestas, advirtieron políticos de oposición y diversos sectores de la
sociedad.
El
27 de octubre, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó a través
del jefe de su bancada, el Diputado César Camacho Quiróz, la iniciativa de la
Ley de Seguridad Interior.
Sin
lograr avances en el periodo de sesiones que finalizó el 15 de diciembre, la
iniciativa volvió a cobrar impulso este enero durante el auge de las protestas
contra el “gasolinazo”. El presidente del Senado y Senador del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), Pablo Escudero Morales, afirmó el pasado 11 de
enero que el contenido de la iniciativa de Ley estaría listo en 30 días.
Para
distintos sectores, el contenido de la propuesta es un intento del Gobierno
federal para mermar el descontento social en las calles.
“Hoy
estamos viendo una de las consecuencias más sentidas de la Reforma Energética,
el alza en los precios de la gasolina. Los grupos en el poder entienden que los
descontentos irán incrementando. Entonces, pretenden tener una capacidad
represiva que sofoque, o de antemano intimide a toda inconformidad y protesta
social”, dijo José Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos
Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL).
México
requiere un líder fuerte que encare a Trump: académicos; Peña llega doblegado,
afirman
Diversos
grupos apuntaron que la discusión de esta Ley gana celeridad conforme las
protestas por el gasolinazo se extienden en el país.
El
1 de enero los precios para las gasolinas se fijaron en 15.99 pesos para la
Magna, 17.79 la Premium y 17.05 para el Diésel; incrementos de 14.2 por ciento,
20.1 por ciento y 16.5 por ciento, de forma respectiva.
Decenas
de protestas fueron registradas en todo el país. Y grupos de trabajadores como
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Alianza de
Trabajadores Públicos de la Salud, Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas
Petroleros, entre otros, decidieron el 7 de enero impulsar las protestas
venideras contra el gasolinazo.
Édgar
Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y
Democracia A.C. (IMDHD), apuntó que hay una preocupación entre la clase
política por las movilizaciones sociales.
Alertó
que el proceso de consultas y foros, organizados por el Congreso de la Unión
para discutir la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, no ha incluido a
cabalidad la participación de voces contrarias a la propuesta.
Uno
de los académicos que sí ha tenido la oportunidad de expresar una opinión
crítica en estos espacios es Javier Oliva, profesor investigador en la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
El
académico explicó que “el enfoque erróneo en las iniciativas que no comparto es
suponer que se trata de legislar a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad
pública. El enfoque debería preguntarse cuándo vamos a tener corporaciones
policiales locales eficientes y confiables”.
En
la propuesta de la iniciativa presentada por el PRI, el artículo 19 prevé que
las Fuerzas Armadas sólo intervendrán una vez que la fuerzas federales sean
insuficientes, y lo harán cuando el Presidente realice una declaratoria de
Protección de la Seguridad Interior.
Además,
en el artículo 2 de esa Ley detalla que en la conducción de las Acciones de
Orden Interno y de Seguridad Interior se observarán varios principios, como del
uso legítimo de la fuerza.
Este
es entendido como: “La utilización de técnicas, tácticas, métodos, armamento y
protocolos que realiza el personal de las Fuerzas Armadas y federales, para
controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o
agresiva grave”.
La
iniciativa de Ley de Seguridad Interior faculta a los militares para hacer uso
de la fuerza. Foto: María José Martínez, Cuartoscuro
Para
Cortez, estos mecanismos planteados por esta iniciativa son un brinco al
artículo 29 de la Constitución en el que se detalla el proceso de declaratoria
de un estado de excepción.
Así,
el Presidente en vez de declarar un estado de excepción para suspender
garantías individuales, le bastaría hacer una declaratoria de Protección a la
seguridad Interior.
“Es
una posibilidad sin el costo de tener que declarar al artículo 29. En vez de
declarar un estado excepción controlado, prefieren recurrir a las Fuerzas
Armadas sin tener que pagar un costo [político]”, dijo Cortez.
Sobre
este punto, abundó Oliva, en México un estado de excepción es considerado un
fracaso político por no poder llevar seguridad a un lugar determinado. Mientras
que en otros países se mantiene durante largos periodos de tiempo.
“Te
pongo un ejemplo, Francia va vivir después de las elecciones presidenciales de
la segunda vuelta un año y medio en estado de excepción como resultado de los
ataques terroristas. Aquí en México con mucha frecuencia las agendas de los
políticos se anteponen a la sociedad. Qué político va reconocer que necesita un
estado de excepción”, detalló el profesor de la UNAM.
MILITARES EN FUERO CIVIL
Con
iniciativa de Ley de Seguridad Nacional, militares podrán intervenir cuando el
Presidente lo requiera. Foto: Cuartoscuro
Alfredo
Basurto Román, Diputado federal por el Partido Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), detalló que el problema de la inseguridad en México no se va
resolver con la presencia de los militares en las calles.
El
20 de diciembre se llevó a cabo la 41 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad
Pública en la que el Presidente Enrique Peña Nieto detalló que 105 de los 122
capos que fueron objetivos para ser naturalizados al principio de su
administración ya no eran un peligro.
Ese
mismo mensaje lo repitió este martes 17 de enero cuando condecoraba a las
Fuerzas Armadas, a quienes reconoció su labor en las tareas de combate contra
el crimen organizado.
Sin
embargo, la violencia derivada del combate frontal al narco ha marcado la
última década del país.
“Si
se modifica la ley qué vas a hacer, vas a enfrentar de manera encarnizada, y
más cruel el crimen organizado, y el problema se va agravar, no estamos de
acuerdo”, detalló el Diputado.
Entre
diciembre del 2006 y diciembre del 2015, han sido asesinadas 186 mil 297
personas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI).
“Los
soldados no están capacitados para realizar labores de seguridad pública, las,
mucho menos para manejar una crisis de protestas. Lo peor es que las propuestas
de las iniciativas hablan de que será un mando militar y no civil el que va
asumir el control”, dijo el Diputado por el Partido Movimiento Ciudadano (MC)
Víctor Sánchez Orozco.
De
acuerdo con el legislador de MC, esta iniciativa sería una más para empoderar
al Ejército. El 21 de abril la Cámara de Diputados aprobó una ampliación al
Código Militar. De tal suerte que la justicia castrense podría incluir a
civiles.
“Se
creó un código penal de procedimientos militares. Se habló de que civiles
fueran citados a tribunales militares, y de cateos a domicilios de civiles.
Todo eso viola los derechos humanos y sin embargo en el Senado se aprobó”, dijo
Sánchez.
Por
su parte, en marzo del año pasado el intento de expedir un reglamento para el
artículo 29 constitucional también prendió las alarmas de que habría una
suspensión desmesurada de garantías individuales si el Presidente de la
República lo deseaba.
El
dictamen del reglamento fue aprobado en la comisión de Gobernación de la Cámara
de Diputados y, luego, congelado en la comisión de Derechos Humanos.
“Peña
Nieto es un testarudo diciendo que va a dar marcha atrás al gasolinazo. Él
quiere modificar el artículo 29 constitucional para dar un Estado de Emergencia
y a la vez darle funciones al Ejército [con la ley de Seguridad Interior]. Con
una manifestación puede decretar suspensión de garantías y a quién metería en
ese lugar, al Ejército”, dijo Basurto, quien es miembro de la Comisión de
Defensa Nacional.
Por
su parte, el Partido de la Revolución Democrática ha dicho que no aprobará una
Ley de Seguridad Interior al vapor.
El
Diputado federal Guadalupe Acosta Naranjo consideró que el Ejército debe volver
a los cuarteles de forma paulatina. Sin embargo, esta iniciativa de ley
pretende que las Fuerzas Armadas se queden en las calles de forma permanente,
dijo.
(SIN
EMBARGO.MX/ JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ /ENERO 21, 2017 - 9:50 PM)
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