sábado, 14 de enero de 2017

JOSÉ LUIS, 64 AÑOS (20 DE ELLOS EN EU): “HA PASADO POR AÑOS. TRUMP RETOMA DONDE OBAMA SE QUEDÓ…”


En la ciudad de Los Ángeles los migrantes, muchos de ellos jornaleros, temen que con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos aumenten las deportaciones y que no sean respetados sus derechos. Asimismo, desde las elecciones presidenciales de noviembre pasado, trabajadores migrantes han sufrido de un aumento en los casos de acoso y agresión por parte de personas aparentemente partidarias de un sentimiento anti-inmigrante, que según el LA Weekley, es auspiciado por la retórica del republicano que está reforzando el vigilantismo en contra de los jornaleros en todo el país.

Jason McGahan, con fotos de Ted Soqui. Especial para SinEmbargo

Ciudad de México, 14 de enero (LA Weekley).- Un lunes por la tarde, dos semanas después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Ubaldo Hernández, trabajador de 67 años originario de Guatemala, estaba esperando conseguir trabajo en el Centro de Empleo de la Comunidad de Hollywood, en California, cuando notó que un hombre que estaba en la acera de enfrente tomaba fotos. Luego advirtió que el individuo comenzó a caminar hacia el Centro de Empleo, mismo que está situado en una zona cercada al margen de un camino que se halla detrás de un Home Depot.

Hernández estaba sentado junto con otros dos trabajadores en una mesa de picnic al aire libre. Técnicamente el Centro está cerrado los días lunes, cuando el coordinador del sitio tiene el día libre. Pero la desaceleración laboral de la temporada de invierno en la ciudad de Los Ángeles comenzó a principios de este año, y Hernández y los otros, que no habían trabajado en días, vinieron y abrieron la oficina por cuenta propia.

Al principio, Hernández pensó que permanecer en el Centro, a pesar de la remota oportunidad de conseguir trabajo, estaba a punto de rendir frutos. Pensaba que el hombre que cruzaba la calle debía ser un posible empleador.

“Les dije a mis compañeros: ‘Mira, viene a contratar trabajadores para una labor'”, recuerda Hernández.

El hombre era alto y blanco, con rayas grises en el cabello. Pasó junto a los obreros, sin reconocerlos, y se dirigió directamente al remolque de construcción que funge como la oficina del Centro de Empleos. Dado que el coordinador del sitio estaba de asueto, nadie estaba en la oficina. Así que Hernández se acercó a la puerta para ver si podía ayudarlo en algo.

El oriundo de Guatemala dijo que vio al individuo inclinándose sobre las hojas de asistencia del día que se encontraban en la oficina. También refirió que usaba su teléfono celular para fotografiar los nombres de los jornaleros. De acuerdo con Hernández, cuando el hombre se dio cuenta de que había sido descubierto, salió de la oficina, pasando justo enfrente de él, para luego soltarse a correr y abordar una furgoneta en la avenida Fernwood. Entonces el conductor del vehículo que lo esperaba se alejó rápidamente.

Según otros trabajadores que se encontraban en el Centro ese día, la placa trasera de la camioneta estaba cubierta con un trozo de papel.

Hernández dice que se quedó inmóvil en su lugar. Hace más de 20 años huyó del conflicto armado en Guatemala que mató a cientos de miles en los años setenta, ochenta y noventa. Estaba sacudido y su instinto le dijo que el intruso era un policía encubierto.
El coordinador del sitio, Danny Chávez, convenció a Hernández de que la policía de Los Ángeles no se comporta así y que el intruso no era un oficial. Tanto Chávez como el director del Centro dijeron creer que el hombre y el conductor probablemente eran vigilantes anti-inmigración en una misión de espionaje.

JORNALEROS: LA CARA DE LA MIGRACIÓN



Un migrante busca empleo en el Sunset Boulevard de la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Foto: Ted Soqui, LA Weekley.

Varios organizadores de jornaleros de la ciudad de Los Ángeles han dicho que el incidente en el Centro de Empleo de la Comunidad de Hollywood es parte de una reacción en contra de los trabajadores que se suscitó desde las elecciones presidenciales.

El Presidente electo Donald Trump ha prometido deportar de los Estados Unidos hasta 3 millones de inmigrantes. Asimismo, su retórica incitativa -como cuando aseguró que los mexicanos son traficantes de drogas, asesinos y violadores- está reforzando el vigilantismo en contra de los jornaleros en todo el país. Pese a que no todos los trabajadores son indocumentados, muchos lo son, y la visibilidad que proviene del acto de buscar trabajo en lugares públicos hace que sean objeto de desacuerdos sobre la aplicación de la Ley Federal de Inmigración.

“Ellos son la cara visible de la cuestión de la migración”, dijo al LA Weekley Víctor Narro, director del proyecto del Centro Laboral de la Universidad de California (UCLA, por sus siglas en inglés), quien ayudó a fundar centros de apoyo a jornaleros en Los Ángeles a finales de los años noventa. “Ellos están ahí afuera en público, lo que los convierte en objetivos fáciles para el sentimiento anti-inmigrante, y realmente están al frente del debate sobre el tema de la inmigración en este país”, ahondó.

La mayoría de las amenazas y actos de intimidación están dirigidos a los trabajadores más vulnerables, aquellos que no están afiliados a un centro de jornaleros y que se reúnen informalmente en las esquinas. Los organizadores de esta clase de trabajadores han observado un aumento en el sentimiento anti-inmigrante en los días posteriores de las elecciones presidenciales: en el Fashion District de Los Ángeles, dos hombres a bordo de un automóvil se detuvieron en una esquina para fotografiar y amenazar a unos jornaleros encargados de cargar y descargar camiones de entrega de mercancías; en Cypress Park, unas personas amenazaron a gritos a unos trabajadores reunidos en la entrada de un Home Depot; y en Hollywood, inmediatamente después de las elecciones, un pasajero de un automóvil que transitaba por el Sunset Boulevard le escupió a un grupo de obreros migrantes.

Ubaldo Hernández, un constructor y hábil comerciante que ha venido al Centro de jornaleros durante 15 años, dice que nunca ha visto nada parecido. Tres semanas después de encontrarse con aquél hombre que fotografiaba las hojas de asistencia, aún se sentía afligido. “Hay gente loca, drogada, cosas así, que con anterioridad entró [al Centro de Empleos]”, dijo el migrante al LA Weekley. “Pero los racistas que vienen a investigar nombres, nunca”, recalcó.

La ciudad de Los Ángeles financia siete centros de jornaleros en toda la ciudad, mismos que se alzan como un recuerdo de la amarga controversia migratoria de finales de los años noventa en California. En 1994, el entonces Gobernador Pete Wilson abogó por la medida conocida como Proposición 187, que tras ser aprobada, prohibía a nivel estatal el acceso a servicios municipales -tales como el cuidado de la salud y la educación pública gratuita- a personas sin documentos. En contraste con esta política de exclusión, los centros de jornaleros, con el respaldo de la ciudad, fueron creados para proporcionar a los trabajadores capacitación y estabilidad, un medio de vida más seguro y sano que el que le es ofrecido a los trabajadores que se reúnen en las calles esperando conseguir empleo.

En los últimos años, las ordenanzas locales y los esfuerzos encausados a criminalizar a los jornaleros en California han sido impugnados en un tribunal federal y considerados inconstitucionales. Como consecuencia, hoy en día la la Primera Enmienda de la Carta Magna le confiere a estos trabajadores el derecho para congregarse en áreas públicas con la finalidad de conseguir empleo. Sin embargo, los centros de jornaleros están bajo una mayor amenaza: desde su fundación luchan para mantenerse a flote en términos financieros.

El Instituto de Educación Popular del Sur de California (IDEPSCA, por sus siglas en inglés), una organización miembro de la Red Organizadora de Trabajadores del Día Nacional, opera cuatro centros de jornaleros en Los Ángeles y representa a casi mil trabajadores en los centros de Wilmington, Cypress Park y Hollywood. Sus directores creen que el aumento de la actividad de los vigilantes y los actos de intimidación en contra de los jornaleros presagia un aumento de los esfuerzos del Gobierno por violar los derechos de los jornaleros.

“Independientemente de quién ganó [la elección], sabíamos que teníamos que estar preparados para combatir detenciones y deportaciones”, dijo al LA Weekley Maegan Ortiz, director ejecutivo de IDEPSCA. “Lo nuevo es la escala y lo agresivo que es […]. Desde la medianoche del 9 de noviembre hasta el Día de la Inauguración [que será el próximo 20 de enero], se trata realmente de prepararse para los peores escenarios”, explicó.

Los jornaleros están en el otro extremo del espectro de la inmigración de los denominados “Dreamers” (“Soñadores”), que son los jóvenes protegidos por la acción ejecutiva del Presidente Obama conocida como Acción Diferida por el Arribo de la Niñez (DACA, por sus sigla en inglés).

Los “soñadores” a menudo son bien asimilados en la cultura estadounidense -muchos llegaron a estados Unidos siendo muy pequeños- y son activistas visibles, ya sea en los campus universitarios o en las protestas organizadas. Más de 740 mil “soñadores” han obtenido su estatus legal temporal desde 2012, pero los jornaleros han permanecido en el limbo. Al igual que millones de otros inmigrantes que viven y trabajan en el vecino país sin contar con antecedentes penales, los jornaleros no son ni objetivos prioritarios de eliminación ni beneficiarios principales de la reforma de Obama.

“Creo que uno de los retos es que los jornaleros no son inmigrantes sexy”, dijo Maegan Ortiz. “No son el ‘soñador’ educado en la universidad, el hijo de inmigrantes, o más recientemente, parte de la narrativa de mantener a las familias unidas. La mayoría de los jornaleros no encajan perfectamente en esa narrativa. Muchos son hombres que han dejado a sus respectivas familias en su país de origen”, señaló.

Media hora antes del amanecer de un sábado, los trabajadores del Centro Comunitario de Empleo de Cypress Park se muestran taciturnos. Luchando contra la oscuridad, la fatiga y el frío del viento, resguardan sus manos en los bolsillos de las chaquetas mientras las capuchas de sus pesadas sudaderas de algodón establecen el contorno alrededor de sus rostros.

Cada hombre firma su nombre en la hoja de asistencia y toma una boleta de un rollo. Cada uno, a su vez, rompe su billete por la mitad, dejando caer una parte del papel dentro de un bote vacío para el café que se encuentra sobre una mesa, y metiendo la otra parte en los bolsillos de sus respectivos pantalones de trabajo. Muchas de estas personas tomaron dos autobuses para llegar al Centro, trasladándose desde lugares como South Gate, Compton o Bell, donde viven en casas modestas o en refugios.



La rifa de trabajo a las 6:30 horas en el Centro Comunitario de Empleos de Cypress Park de la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Foto: Ted Soqui, LA Weekley.

La lluvia y el frío de diciembre hacen que los trabajos al aire libre sean menos abundantes, y esta escasez de trabajo es su principal preocupación -más que el multimillonario polarizador que será juramentado como Presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de este año-.

Donald Trump es como el rumor de una tormenta -el “huracán Trump”, como lo llamó un trabajador mexicano-. La sensación de ansiedad está ahí, pero los trabajadores tienen tormentas más inmediatas a la intemperie, como el aguacero del día anterior, que empapó el suelo, convirtiéndose en la mañana más fría de la temporada.

La llamada a la rifa, la rifa de trabajo, llega justo a tiempo, a las 6:30 horas de ese mismo sábado. El coordinador del centro, un joven activista llamado Luis Rivas, llama a los jornaleros expresando “¡Rifa! ¡Rifa! ¡Rifa!”. Entonces ocho hombres cubiertos con gorras y sudaderas se enloquecen y forman una línea al pie de la valla de entrada al Centro.

TRUMP COMPLICA LA CIRCUNSTANCIA DE LOS JORNALEROS Y MIGRANTES

Cuando Home Depot quería construir una tienda en Cypress Park en 2001, la ciudad de Los Ángeles condicionó su aprobación, en parte, a un centro de jornaleros en el lugar. El Centro está conformado por dos remolques de construcción y un conjunto de muebles al aire libre situados en una de las esquinas que se encuentran en la parte posterior del estacionamiento del Home Depot, fuera de la vista del público. El Centro, pues, se halla en un cruce desolado de la ciudad, a la sombra del puente Golden Gate Freeway, en la orilla oriental del río de la ciudad de Los Ángeles, cerca de las vías del ferrocarril.

Los jornaleros en dicha ciudad son una especie de imagen inversa del blanco votante de la clase trabajadora que votó por Trump, pero que al igual que ellos, a menudo operan en los márgenes de la sociedad, excluidos del diálogo urbano. Los trabajadores migrantes y algunos estadounidenses que han sido dejados a su suerte -y que culpan a los inmigrantes de robarse los empleos-, se cruzan en este camino. Sin embargo, aunque los jornaleros también creen que su situación está empeorando, tienen un culpable diferente.

“Las cosas se están poniendo más difíciles desde Trump”, dijo Pablo Cruz de 53 años de edad, jornalero y residente permanente de Estados Unidos nacido en México. “Sus partidarios nos ven como de otro color, una raza diferente, y nos tratan de manera diferente”, comentó al LA Weekley.

Luis Rivas, el coordinador de ese Centro de Empleo, introduce su mano en el bote para el café y saca uno de los talones que los trabajadores depositaron previamente; luego llama al número 378. Entonces el hombre con el boleto ganador se adelanta y lo entrega a Rivas, quien escribe el nombre del obrero en una pizarra. Rivas repite la misma acción tres veces hasta que la rifa concluye. Para las demás personas que no consiguieron trabajo ese sábado, la espera comienza.

Por su parte, los cuatro ganadores de la rifa asumen tareas de limpieza. “Ustedes ven a los hombres barriendo, [entonces] saben que llegan tarde”, dice Reynaldo Carachure, de 36 años, uno de media docena de miembros del Centro que llegó poco después de la rifa.

A partir de la primera luz de la mañana, una camioneta se introducirá en el lote y el conductor solicitará ayuda para arreglar una fuga en el techo o construir un muro de contención, plantar un jardín, volver a conectar un sistema de alarma o remodelar una cocina. Los ganadores de la rifa obtienen los primeros encargos, a menos de que el empleador solicite a un trabajador en específico. La paga varía dependiendo del trabajo, pero para trabajos manuales de este tipo, el salario inicial es de 15 dólares por hora. Algunos de estos hombres han aprendido oficios de construcción y pueden construir una casa desde sus cimientos.

José Luis Muñoz, de 64 años, es uno de esos trabajadores, un inmigrante de la Ciudad de México cuya habilidad como constructor ha hecho que los hombres del Centro lo tengan en alta estima. Pero Muñoz llegó tarde a la rifa de ese día, por lo que tiene mucho tiempo para matar. Mientras espera, no es tímido compartiendo su opinión acerca de Donald Trump: “No le tengo miedo, y no lo respeto, así que… ¿qué me importa lo que diga?”, profiere.

Muñoz es uno de los muchos trabajadores del Centro que se encuentran entre los cincuenta y sesenta años de edad y que han sido jornaleros en Los Ángeles por más de 20 años. Colectivamente, tienen un recuerdo enciclopédico de la política de inmigración en dicha ciudad estadounidense.



En la imagen, José Luis Muñoz quien se ha desempeñado como jornalero por cerca de 20 años. Foto: Ted Soqui, LA Weekley.

Raúl Mendoza, de 53 años, nació en Acapulco, México, y vive al Este de Los Ángeles. Dice que desde finales de los ochenta los agentes de inmigración solían atacar la tienda de alquiler U-Haul que se ubica en la avenida Fletcher Drive, en Atwater Village. También dice que la policía local solía multar a los jornaleros que buscaban trabajo. “Nos dijeron que teníamos que seguir caminando o que nos darían una multa por obstruir el tránsito”, mencionó.

José Luis Muñoz también dijo que en 2008 algunos funcionarios federales de inmigración allanaron un puesto de tacos cerca de su casa en Compton. Los clientes y el dueño fueron arrestados, dice. “Eso ha estado pasando por años. Trump sólo está reanudando desde donde Obama lo dejó”, dijo a LA Weekley.

Para volverse miembro del Centro de jornaleros, un trabajador debe proporcionar alguna prueba de identificación y residencia -una carta de refugio en el caso de personas sin hogar- y aceptar seguir las reglas: no consumir alcohol o drogas; no pelear; respetar la rifa y terminar con cada trabajo asignado. Cabe destacar que los centros llevan registros de los trabajadores que tienen una formación especializada -como fontaneros, techadores, electricistas-. También, los centros se aseguran de que los empleadores mantengan su palabra luego de las negociaciones.

La estructura y los valores de los centros son atractivos para los trabajadores de más edad, que cuentan con más experiencia, y que se resienten con los jóvenes esquineros, quienes rara vez se afilian a uno de los centros y compiten por el trabajo aceptando menores retribuciones. “Allí es la ley de la selva”, dice Reynaldo, de 64 años, quien no dio su apellido por temor a ser deportado. “El más fuerte empuja su camino y consigue el trabajo”, explicó.

Los centros tienden a estar localizados fuera de la vista mientras que los trabajadores en la esquina gozan de mayor visibilidad. El problema es que en las esquinas cada hombre se vale por sí mismo.

Una tarde, en la entrada del Home Depot de Cypress Park, una pickup se detuvo y los “esquineros” se amontonaron. Ellos pedían 100 dólares por un día de trabajo, luego pidieron 80. Mientras tanto, el hombre de la camioneta insistía en pagar sólo 70 dólares. Para cuando el camión comenzó a alejarse, dos jornaleros ya estaban a bordo.

“Ellos ven a muchos de nosotros, así que nos pagan poco”, dice Crispín Morelos, de 61 años, originario de Puebla, México, quien observó cómo el camión se iba. “No queremos perder la oportunidad de trabajo, así que vamos incluso por lo barato”, ahondó.

El jefe de la policía de Los Ángeles, Charlie Beck, ha distanciado a su departamento de las políticas federales de inmigración, pues sostiene que su trabajo no es operar junto con el Departamento de Seguridad Nacional en un esfuerzo por generar más deportaciones. Una orden especial de 1979, firmada por el entonces jefe de la policía Daryl Gates, prohíbe a la policía local detener a una persona con la finalidad de preguntar acerca de su estatus migratorio.

En la ciudad de Los Ángeles las jurisdicciones son claras. “No nos importa el estatus migratorio de las personas”, dice Guillermo Galvan, portavoz de la División de Hollenbeck del departamento de policía local, que recientemente realizó un foro comunitario sobre el tema en Boyle Heights. “Queremos que la gente se sienta cómoda para presentarse y reportar un crimen, pero no hacemos cumplir la Ley de Inmigración”, sustentó el gendarme.

Bajo la administración del Jefe Beck, el departamento también dejó de entregar a los agentes federales a aquellas personas detenidas por delitos poco graves -y que no ameritan deportación-.

Sin embargo, los defensores de los inmigrantes en Los Ángeles se preguntan qué pasará si Trump redefine lo que es un delito que amerita la deportación. Desde 2015, debido al Programa de Cumplimiento de Prioridades (PEP, por sus siglas en inglés) del Presidente Obama, una política que permite el intercambio de datos entre dependencias, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha tenido acceso irrestricto a las bases de datos de aplicación de la Ley local.

En ese sentido, lo que el Presidente Obama estableció como una prioridad para el ICE, para que ésta pudiera deportar a las personas detenidas por crímenes graves, con Donald Trump el sentido podría cambiar, siendo que cualquier inmigrante arrestado por cualquier crimen sea tildado como “extranjero criminal” y que por tanto pueda ser deportado.

Uno de los principales asesores de Trump en materia de inmigración, el secretario de gobierno del estado de Kansas Kris Kobach, reveló accidentalmente que existe la idea de redefinir lo que se entiende por un “extranjero criminal”. Durante una reunión en noviembre con el Presidente electo, Kobach fue fotografiado sosteniendo un documento en el que incluía sus recomendaciones al ICE, mismas que dejaban entrever su idea de redefinir dicho concepto.

Jessica Karp Bansal, abogada que representa a unos inmigrantes en una demanda colectiva contra el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, dice que la discreción sobre el tipo de crimen que garantiza la transferencia de custodia de las policías al ICE recae en el Presidente. “Trump heredará esa maquinaria”, dice Bansal. “Podría cambiar esas prioridades, podría empezar a emitir detenciones para cualquiera que sea arrestado por cualquier razón”, comentó en entrevista con el LA Weekley.

Bajo la propuesta de Kobach, violaciones tan menores como vender comida en la calle sin permiso -o incluso congregarse a la entrada de un Home Depot para buscar trabajo- podrían convertirse en ofensas deportables, refirió Maegan Ortiz, director ejecutivo del Instituto de Educación Popular del Sur de California. “La discusión es que sólo los delincuentes serán objetivo [de deportación]”, mencionó. “Pero ¿quién decide?”, terminó cuestionando.

El Instituto está preparando clínicas legales para apoyar a los miembros de los centros de jornaleros que están en riesgo de ser arrestados y deportados. Como parte de la capacitación, los miembros son enseñados a documentar los incidentes de intimidación y acoso que sufren los trabajadores. También, IDEPSCA está organizando talleres de traumatología para los trabajadores y sus respectivas familias. Por primera vez en su historia, el Instituto se está preparando para el peor escenario: ataques dirigidos a las esquinas donde los jornaleros se reúnen para buscar trabajo.

Además, los centros están tratando de satisfacer el aumento de la necesidad de sus servicios en un momento en que los recortes significativos de financiación han reducido su presupuesto a la mitad. En 2013, los siete centros de jornaleros de Los Ángeles estaban compartiendo un presupuesto anual de 1.5 millones de dólares provenientes de fuentes locales y federales. Hoy en día, el presupuesto anual de los centros es de hasta 750 mil dólares que proviene exclusivamente del fondo general de la ciudad.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos ha retenido de Los Ángeles millones de dólares en ingresos federales desde 2014 debido a las decisiones económicas que tomó la ciudad durante los años de recesión económica de 2007 a 2010. De acuerdo con funcionarios locales, la ciudad desvió dinero federal designado para mejoras de construcción con ladrillos y mortero para gastarlo en servicios. Además, cuando el Gobierno federal castigó a la ciudad reteniendo fondos, los centros de jornaleros se quedaron sin ingresos durante casi dos meses, teniendo que deshacerse de personal y estando a punto de cerrar.

Finalmente, la ciudad metió las manos para cubrir los recortes y mantener a flote a los centros de jornaleros. Cada año, desde entonces, ha sido una lucha por la supervivencia hasta la última hora de las negociaciones presupuestarias, explicó Guadalupe García, gerente administrativo del programa de jornaleros de IDEPSCA.

“En este punto está más muerto que vivo”, dice Violeta Donis, de 45 años, una empleada doméstica de Guatemala y miembro del centro de Hollywood, describiendo cómo los recortes de fondos han afectado la vitalidad del centro. “Antes, era más activo, se promocionaba más”, indicó.

A pesar de que los días combativos posteriores a las elecciones presidenciales ya pasaron, los centros de jornaleros aún están expectantes de los legisladores del estado de Louisiana, quienes se preparan para enfrentar la amenaza de deportación de Trump.

El Concejal de Los Ángeles, Gil Cedillo, un partidario de los centros de jornaleros a los que se refiere como “salas de contratación contemporánea”, reconoce que el tema de la financiación es una lucha anual. “Ha sido realmente problemático”, comentó al LA Weekley. “Pero nosotros en la ciudad estamos comprometidos a proteger la financiación de esos centros y legalmente a proteger a todos los inmigrantes en la ciudad”, aseveró.

En una mañana del pasado mes de diciembre, en la esquina trasera del estacionamiento del Home Depot en Cypress Park, los organizadores de los jornaleros convocaron una sesión de capacitación sobre qué hacer en caso de que la inmigración pague una visita domiciliaria. La capacitación requirió de voluntarios y un grupo de cuatro jornaleros realizó un ejercicio de rol.

Lloyd Johnston, de 61 años, residente del refugio Bell al Sur de Los Ángeles, jugó el papel de agente de inmigración y su tarea era convencer a los otros tres trabajadores de que le abrieran las puertas del Centro de Empleo. El juego de roles era sencillo, pero los obreros de la audiencia estaban atentos y no todos reían.

Un trabajador levantó la mano e hizo una pregunta. El facilitador de la Red Organizadora del Día Nacional de Trabajadores le respondió en español: “Puedes pedir una orden, pero recuerda que el ICE es capaz de decir o hacer cualquier cosa para ganar entrada. No abras la puerta, no los dejes entrar”, aconsejó.

Inclusive cuatro jóvenes esquineros se acercaron, portando gorras de béisbol y zapatillas viejas. Se sentaron apiñados en la acera detrás de la última fila de asientos, separados de los miembros del Centro pero escuchando la presentación.

Los jornaleros son el sector de inmigrantes más propenso a ser el blanco durante la administración Trump, refirieron los defensores legales del Centro de Los Ángeles. Pero también pueden estar entre los más preparados para defenderse, comentaron.

LAS PERSONAS TIENEN DERECHOS A PESAR DE SU ESTATUS MIGRANTE



En la imagen, Raúl Mendoza, quien fue testigo de varios operativos de detención en contra de migrantes en la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Foto: Ted Soqui, LA Weekley.

La Red de Organización de Trabajadores del Día Nacional (NDLON, por sus siglas en inglés) ha tomado un papel de liderazgo en la lucha contra el uso de la policía y de los sheriffs como agentes de deportación de primera línea, dice Chris Newman, director legal y abogado general del grupo. NDLON ha dirigido la campaña para lograr que el Presidente Obama termine su programa de comunidades seguras, lo que permitió a la policía local hacer cumplir la Ley de Inmigración y dejar que el ICE asignara personal de tiempo completo a las cárceles del condado de Los Ángeles.

“Las personas, independientemente de su estatus migratorio, tienen el derecho de la Primera Enmienda de buscar trabajo en espacios protegidos por la Constitución, como las aceras”, dice Newman. “Cualquier agencia gubernamental, ya sea a nivel local o a través de agentes federales del ICE, que intente violar esos derechos, probablemente los enfrentaremos en cortes federales si es necesario”, expresó en entrevista con el LA Weekley.

En los centros de jornaleros del Instituto de Educación Popular del Sur de California hay dos apuestas seguras para la primavera: una es que el trabajo aumentará cuando la lluvia se detenga; la otra es que el sentimiento de ansiedad con Trump en la Casa Blanca no desaparece.

“Hemos organizado boicots y protestas, cuyos efectos se sintieron”, dice Raúl Mendoza, miembro del Centro de Cypress Park. Él dice que el clima anti-inmigrante en Los Ángeles ha cambiado para bien y no piensa que la elección de Trump hará una diferencia. “Tal vez en otros estados la elección de Trump hará una diferencia, pero no aquí, en Los Ángeles”, aseguró. En su opinión, la ciudad luchará.

“Es política, tiene que complacer a cierta clase de gente”, dijo Mendoza. “Hay mucha gente que nos apoya también, ya hemos pasado por esto”, finalizó.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA WEEKLEY


(SIN EMBARGO.MX/ REDACCIÓN / ENERO 14, 2017 - 4:00 PM)

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