Ayer en estas Historias de
Reporteros le conté cómo se fueron gestando las primeras negociaciones del
paquete de leyes anticorrupción, hasta el momento en que el PRI con sus aliados
del Verde mostraban todas las resistencias posibles, y eso lo supieron exhibir
PAN-PRD y las organizaciones de la sociedad civil involucradas en la discusión,
para hacerles pagar un costo político que empezó a reflejarse en sus encuestas
de la elección de junio.
Ante ello, el PRI dio el
bandazo y su postura cambió dramáticamente. Querían desarmar el discurso de sus
opositores. No se acercaron al PAN ni al PRD, sino a las organizaciones de la
sociedad civil. Y les ofrecieron una aritmética simple: si quieren que se
aprueben esta semana 5 de las 7 leyes, las apoyamos con nuestros votos; si
quieren las 7 de un jalón, nos vemos después de las elecciones y es “juego
nuevo” en la negociación que ya está tan avanzada.
En esta oferta, PRI y Verde
estaban también acompañados por una veintena de senadores panistas. Así que
bloque original PAN-PRD-ONG dejó de serlo. El PAN se dividió entre los más
cercanos al dirigente Anaya y los agrupados en torno al presidente del Senado
Roberto Gil. A Anaya le conviene que el PRI quede como el malo de la película
de la corrupción, porque de eso tratan sus exitosos spots que lo han puesto en
la carrera presidencial. A Gil no le conviene un Anaya tan fuerte, así que los
suyos se acercaron más al PRI. Y las ONG también. Vieron que el PRI tenía los
votos y tenía la voluntad, pero había puntos aún donde negociar:
Las organizaciones evaluaron
que estaban muy bien armadas 4 de las 5 leyes que ofrecía el PRI (Ley General
del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley Orgánica del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal).
Pero...
La quinta, la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, era una versión descafeinada de la 3 de 3
que restringía la información accesible al público de las declaraciones
patrimonial, de intereses y fiscal.
Para la sociedad civil, si
bien la redacción de todo el paquete garantizaba que a largo plazo ni hubiera
necesidad de hacer públicas estas declaraciones (porque habría órganos
independientes y ciudadanos encargados de cruzar los datos para verificar su
veracidad) surgía un tema de imagen: explicar a los más de 600 mil ciudadanos
que firmaron la iniciativa 3 de 3 que era aceptable una propuesta del PRI que
mantendría muchos datos ocultos.
El dilema dividió a las ONG.
Unas prefirieron amarrar un avance sustancial aunque incompleto y otras
quisieron ir por todo el paquete (la 3 de 3 con todos los documentos públicos,
y las dos leyes que no estaban entre las 5: las reformas al Código Penal y la
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República).
Cuando parecía que el bloque
PRI-PVEM y parte del PAN, con el apoyo de algunas organizaciones, iría hacia
adelante con 5 de las 7, difundieron lo que aprobarían: cuatro leyes completas
pero poco conocidas y una 3 de 3, la más popular de todas, la que es
referencia, incompleta.
Ahí entró un nuevo factor: en
los medios de comunicación y en las redes sociales hubo un rechazo automático.
Las ONG escucharon a su propio “electorado” y se alinearon en contra de la
propuesta que tenía la mayor posibilidad de ser aprobada. Y se fracturó la
negociación.
La ley 3 de 3, que empezó
uniendo a todos, terminó separándolos. Y nada se aprobó.
Al final, PAN y PRD echaron
la culpa al PRI de proteger a los corruptos. El PRI reviró recordándoles que
ellos, juntos, tendrían los votos para aprobar las leyes anticorrupción si
quisieran. Y las ONG les recordaron a Emilio Gamboa y Raúl Cervantes del PRI,
Pablo Escudero del Verde, Roberto Gil y Ernesto Cordero del PAN, Miguel Barbosa
y Armando Ríos Peter del PRD… que ninguno ha presentado su 3 de 3.
(EL DEBATE/ Carlos Loret de Mola/ 04 DE
MAYO 2016)
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