LAS 22 EMPLEADAS DE LA GUARDERÍA ABC SÍ CUMPLIERON CON SU DEBER Y OBLIGACIONES: JUEZ FEDERAL

Por considerar que las 22 empleadas de la guardería ABC sí cumplieron con su deber y obligaciones, un juez federal negó las órdenes de aprehensión en su contra que le solicitó la Procuraduría General de la República (PGR), informo el portal de noticias Ejecentral.

Así, el juez Tercero de Distrito con sede en Hermosillo, Sonora, dio un revés a la PGR que pretendía someter a juicio a las mujeres acusándolas de homicidio culposo por omisión; lesiones culposas (que no ponen en peligro la vida) y lesiones culposas por omisión (lesiones que ponen en peligro la vida).

Sin embargo, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, titular de la oficina jurisdiccional, consideró que los dictámenes periciales señalan como los verdaderos responsables, por las omisiones en que incurrieron, a los dueños de la guardería, arrendatarios de la bodega contigua perteneciente a la Secretaría de Hacienda del Estado y autoridades, tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como de Protección Civil Estatal y Municipal.

“Contrario a lo expuesto por la representación social, del material probatorio integrado a la averiguación previa consignada, se advirtió que las indiciadas, en mayor o menor medida, sí llevaron a cabo acciones de evacuación y salvamento de muchos de los infantes que estaban bajo su cuidado, pero que no pudieron desalojar a la totalidad de ellos, por la rápida propagación del fuego, rapidez ocasionada, según dictámenes periciales, por la falta de medidas preventivas en la construcción del establecimiento habilitado como guardería”, concluyó el juez.

La PGR puede recurrir este fallo ante un tribunal y en unos meses se definiría si se confirma o no la resolución del juez. La Procuraduría también puede regresar el expediente al Ministerio Público que lo integró, para que lo perfeccione y lo consigne con pruebas suficientes para obtener las órdenes de captura, pero se trata de una investigación que desde hace seis años tiene en sus manos y en la que los padres de los 49 pequeños muertos y las decenas de lesionados exigen hasta la fecha justicia.

El incendio en la guardería ABC, subrogada por el IMSS a particulares, ocurrió el 5 de junio de 2009, en la ciudad de Hermosillo. Las llamas iniciaron en una bodega de la Secretaría de Hacienda del estado, contigua al lugar en el que se encontraron los menores, a donde se propagó. El caso es considerado aún no resuelto.

PGR SIN PRUEBAS

El pasado 6 de agosto, la Procuraduría ejerció acción penal en contra de 22 empleadas de la guardería, integrándose en el expediente 125/2015, que fue turnado al Juzgado Tercero de Distrito de Hermosillo, quien este viernes resolvió negar las órdenes de captura, informó en un comunicado el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“En su argumentación, el Ministerio Público de la Federación consideró que las empleadas de la guardería tenían el deber de cuidar por la integridad física de todos los infantes, deber al cual faltaron injustificadamente el día de los acontecimientos, pues no llevaron a cabo acciones tendientes a preservar su integridad física, procurando la evacuación de todos ellos”, detalló el juez en su resolución.

En sus conclusiones y tras analizar las pruebas ofrecidas, Ruiz del Hoyo Chávez consideró que por el contrario, los dictámenes periciales mostraban la inocencia de las 22 empleadas y que éstas hicieron todo lo que estuvo a su alcance para salvar a los pequeños.

“En uno de los dictámenes periciales incluso, se concluyó que: ‘toda medida o elemento de seguridad o de prevención con que se contara en la guardería ABC, habría sido rebasada sin existir posibilidad de haber controlado el incendio o evacuado a un número mayor de los menores que se encontraban en su interior…’.

“Del resultado de los propios dictámenes periciales, se establecieron omisiones a cargo de los dueños de la Guardería, arrendatarios de la bodega contigua perteneciente a la Secretaría de Hacienda del Estado y autoridades, tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social, como de Protección Civil Estatal y Municipal, no destacando omisión alguna a cargo de los empleados de la Institución educativa”, expuso el juez Ruiz.

Para el juez, los dictámenes periciales que incluyó la PGR en la consignación, son la prueba que derrumban sus propios argumentos:

“Las empleadas indiciadas no faltaron a su deber de cuidado, respecto de la integridad física de los infantes, como lo dispone el artículo 7º del Código Penal Federal, ya que si bien tenían el deber jurídico de garantizarlo, a criterio del Juez sí cumplieron con el deber de actuar para ello, derivado de su calidad de garantes de la integridad física de los menores, con independencia de que, dada la mecánica de los hechos, les fue imposible real y físicamente hacer más, pues las circunstancias que rodearon al fatal acontecimiento, en este caso, el incendio que culminó con la muerte de 49 infantes, fueron de tal magnitud, que no permitieron que llevaran a cabo el desalojo de todos los menores que se encontraban en la guardería”.

(RIODOCE/ REDACCION/ 21 agosto, 2015)