Una de las
empresas españolas que mayor expansión ha tenido en América Latina es Grupo
Essentium, que mediante sus subsidiarias ha conseguido millonarios contratos en
México, Venezuela, Panamá y Brasil. La presidenta de ese consorcio, Susana
Monje, ha aparecido en algunas de las tramas de corrupción más sonadas en su
país, pero eso no evitó que, en México, recibiera concesiones hospitalarias y
contratos con Pemex y BBVA-Bancomer.
MADRID (Proceso).-
Susana Monje, la presidenta del consorcio de la construcción Grupo Essentium,
es una ejecutiva que nació en Asturias pero creció e hizo su carrera
profesional en Barcelona, donde demostró que sabe moverse en los círculos del
poder y que el éxito de sus negocios está directamente vinculado a los favores
que recibe de la clase política para obtener proyectos de obra pública. Así lo
hace en España y en el extranjero.
En su país echa mano
de sus amigos socialistas o del Partido Popular (PP), aunque parece que sus
lazos más estrechos los tiene con un destacado miembro de Convergencia
Democrática de Cataluña (CDC), la principal corriente de Convergencia i Unió
(CiU), el partido gobernante en Cataluña.
En CDC hizo
mancuerna con el exdiputado Oriol Pujol Ferrusola, hijo del patriarca de la
política catalana, el expresidente Jordi Pujol Soley. En la actualidad ambos
viven las horas más bajas de su dinastía, acosados por investigaciones de
corrupción.
Pujol Ferrusola tuvo
que renunciar a su acta de diputado al Parlament catalán en julio pasado, un
año después de que la justicia lo imputara por tráfico de influencias y cohecho
para manipular un contrato de servicio de la Generalitat de Cataluña. La
posición de Pujol Ferrusola le permitió a Monje sortear prácticamente cualquier
obstáculo.
Monje ocupó otro
cargo. Cuando Sandro Rosell ocupó la presidencia del Futbol Club Barcelona
(FCB) en julio de 2010, la nombró como responsable de la tesorería del Barça,
uno de los equipos más ricos del mundo.
Esa posición también
le permite acceder a casi cualquier despacho. “Si eres de la directiva del
Barça, ¿dime quién no te recibe una llamada?, o ¿quién no atiende una petición
suya, en España y en cualquier otro país? Y eso, para los negocios privados de
esos ejecutivos que están en la Primera Liga, es como oro molido”, explica un
abogado que trabaja para un club español, y habla a condición del anonimato.
Como sea, los
nombres de Monje y de sus sociedades –que tienen un origen familiar– no están
exentos de escándalos: A su empresa Assignia Infraestructuras se le vincula con
el caso Bárcenas. Supuestamente es una de las sociedades que financió al PP a
cambio de contratos. El nombre de Monje también salió a relucir en la operación
Campeón, referida antes, por sus vínculos con Oriol Pujol.
En este último
asunto se le indaga por presuntas relaciones financieras en el extranjero con
Oriol Pujol. Sin embargo, la presidenta de Essentium manifestó al diario
digital El Confidencial que no conocía ni había coincidido con Pujol.
Asimismo, Essentium
y la filial Assignia Infraestructuras aparecieron en las investigaciones
iniciadas por el Ministerio de Economía que derivaron en la intervención del
Banco Madrid –filial de Banca Privat d’Andorra–, porque supuestamente pagaron
millonarias comisiones ilegales a la élite política del gobierno de Hugo Chávez
para conseguir importantes adjudicaciones en Venezuela.
LA SECESIONISTA
Un informe de la
policía española fechado el 12 de octubre de 2012 (Proceso tiene una copia)
contiene la conclusión de las investigaciones sobre el “plan independentista”
en Cataluña puesto en marcha en 2011. En el expediente se señala a Monje como
una de las principales “colaboracionistas” con la estrategia del grupo político
de los Pujol y del delfín del patriarca, Artur Mas, actual presidente de
Cataluña.
De acuerdo con esa
nota informativa, Monje, en su calidad de tesorera del Barça, fue la
responsable de realizar “tareas de propaganda”, con la compra de casi 100 mil
cartulinas que se distribuyeron en las gradas del estadio Camp Nou entre los
asistentes a un partido contra el Real Madrid, para que formaran un enorme
mosaico con la senyera –la bandera catalana que es símbolo del soberanismo.
Pese a formar parte
de ese plan para independizar a Cataluña, la empresaria es tan pragmática que
también participó en las reuniones con empresarios que solía encabezar el rey
Juan Carlos I antes de su abdicación.
El informe de la
policía española está fechado en octubre de 2012, el mes en que el entonces
monarca realizó una visita oficial a la India con una comitiva de ejecutivos de
una veintena de empresas –entre ellas Assignia Infraestructuras– para promover
las inversiones en España y las adjudicaciones a consorcios hispanos en aquel
país.
El informe señala
que Valentín Monje Tuñón, padre de la empresaria y constructor de un imperio
comercial, tiene antecedentes penales por estafa, falsedad y apropiación
indebida, pero lo cataloga como un “hábil conseguidor de gangas, gracias al uso
de información privilegiada obtenida de sus relaciones con determinados
políticos de distintos signos”.
En marzo de 2014, el
periodista Manuel Cerdán dio a conocer en El Confidencial que suman 20 procesos
policiales y judiciales contra Monje Tuñón, la mayoría correspondientes a
denuncias presentadas en Madrid, País Vasco, Valencia y Cataluña.
Los procedimientos
contra este potentado se extienden de 1984 a 2002. De hecho, el 30 de enero de
1998 ingresó a la prisión de Barcelona por un delito de estafa en relación con
una causa seguida en el Juzgado de Instrucción número 17 de aquella ciudad. No
obstante, sólo permaneció recluido cuatro meses y quedó en libertad el 30 de
mayo de aquel año.
Respecto de las
relaciones políticas, el informe policial menciona a José Blanco, uno de los
hombres más cercanos al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y
quien ocupó el Ministerio de Fomento, posición desde la que ayudó a los Monje a
adquirir la Constructora Hispánica del empresario Alfonso García Pozuelo, a
quien luego le escamotearon el pago.
García Pozuelo cayó
en desgracia porque el juez Baltasar Garzón lo citó como parte de la trama
Gürtel, el otro proceso de investigación contra la cúpula del PP y de
constructores españoles.
En ese contexto,
según publicó el periodista Manuel Cerdán, Blanco citó a García Pozuelo a
mediados de 2009 para reprocharle que hubiese financiado al PP mediante grandes
sumas que entregó a Francisco Correa, el cabecilla de la trama corrupta, cuando
había obtenido suculentos contratos de obra por parte del gobierno socialista.
Entonces le planteó
que lo mejor que podía hacer era “vender Constructora Hispánica”, y que él le
acercaría compradores. Los interesados fueron los Monje, quienes finalmente
adquirieron esa sociedad, que cambió su nombre por el de Assignia Infraestructuras.
El informe asienta
que, en el “plan independentista”, Susana Monje debía “conseguir presionar al
antiguo propietario de Hispánica, con el argumento de que no le pagarán la
deuda pendiente y pactada con la compra, si antes no denuncia a los dirigentes
del PP a los que sobornaba para conseguir obras, lo que dio lugar a ser
imputado en el sumario Gürtel, con especial interés en el antiguo tesorero Luis
Bárcenas”.
Los investigadores
advierten que Monje pretendía que “la desesperación por cobrar lleve finalmente
(a García Pozuelo) a aceptar el paso de denunciar los pagos realizados, con el
consiguiente escándalo mediático”.
Contrasta que, a
pesar de su afinidad con el secesionismo de Cataluña, Monje abrió oficinas en
Madrid y se rodeó de influyentes políticos del PP y del PSOE como lobistas de
Assignia Infraestructura, para echar mano de sus contactos y conocimientos del
entramado político.
Cerdán identificó
que para el área de negocio sanitario contrató, de entre las filas del PP, a
Manuel Lamela, quien fue director de Gabinete de Rodrigo Rato (exvicepresidente
económico de José María Aznar y exsecretario general del Fondo Monetario
Internacional) y exconsejero de Transporte y Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Contrató a Luis
Vicente Moro, exdelegado del gobierno central en Melilla. También incluyó en su
nómina a Carlos Velasco de Mingo, excoordinador financiero federal del PSOE, y
a José Antonio Alonso Conesa, diputado socialista durante dos legislaturas y
exalcalde de Cartagena.
A raíz de la crisis
en España y la sensible baja en inversión de obra pública, Grupo Essentium
incrementó sus esfuerzos de internacionalización y diversificación de
actividades, concentrándose en la infraestructura petrolera.
Así, las
subsidiarias del grupo arribaron a 25 países, incluidos algunos de África. En
América llegaron a Venezuela, Panamá, Brasil y México, que desde 2013 se
convirtió en una de sus mayores apuestas –unos meses después de la llegada de
Enrique Peña Nieto al poder.
En México, además de
construir y gestionar hospitales (como el de Ixtapaluca), el consorcio
consiguió un contrato por 29.5 millones de euros con Pemex en junio de 2013,
para edificar plataformas y delinear la logística en pozos de extracción de
petróleo en la zona de Villahermosa, Tabasco.
En el sector
privado, en 2013 obtuvo un contrato para remodelar 16 sucursales de
BBVA-Bancomer en Guadalajara, Jalisco.
INFLUYENTISMO
El 31 de mayo de
2013, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz emitió un auto judicial
pidiéndole a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) española
toda la información relacionada con las donaciones ilegales hechas al Partido
Popular (PP) a cambio de contratos públicos.
Esta causa abierta
–parte de los llamados “Papeles de Bárcenas”, que es la mayor trama de
corrupción política en España por la Contabilidad B del PP– enlistaba una
treintena de empresas involucradas, una de las cuales es Assignia
Infraestructuras, S.A.
En dicha solicitud
se pedía a la Agencia Tributaria la declaración de operaciones de las
sociedades señaladas. El juez Ruz emitió un requerimiento para que también las
sociedades enlistadas presentaran la documentación de las concesiones y
adjudicaciones públicas que hayan recibido, tanto como licitantes individuales
o como Unión Temporal de Empresas (UTE).
La Unidad de Delitos
Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional fue la encargada de
hacer cumplir la orden
Así, las cosas se le
volvieron a complicar al grupo de los Monje, porque fue identificado en el
informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de
Capitales (Sepblac) sobre Banco Madrid, filial española de la Banca Privat
d’Andorra (BPA), institución intervenida por el Banco de España.
El Sepblac intervino
Banco Madrid cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos denunció que
BPA es una entidad que blanquea dinero para el crimen organizado.
Derivado de otro
informe de inteligencia de la policía española, fechado en junio de 2013, se
señala que Grupo Essentium y su filial Assignia Infraestructuras pagaron
comisiones ilegales a altos funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y
Nicolás Maduro para conseguir adjudicaciones públicas en Venezuela.
Coincidentemente,
son los mismos altos cargos venezolanos que recibieron fondos opacos a través
de Banco Madrid.
El informe español
identifica entre los clientes de la filial española de BPA al viceministro de
Energía de Venezuela, Nervis Gerardo Villalobos; al viceministro de Desarrollo
Eléctrico, Javier Alvarado Ochoa; y al empresario de seguros Omar Farías,
próximo al equipo de Chávez y a quien se atribuyen operaciones turbias del
régimen en el exterior.
Igualmente se
incluye a Carlos Luis Aguilera Borjas, exdirector de Seguridad del régimen, en
quien la investigación española centra su examen por la relación de Aguilera
con las empresas españolas que en 2008 recibieron la adjudicación de la obra de
remodelación de una línea del metro de Caracas: las compañías CAF, Cobra y
Constructora Hispánica (entonces propiedad de García Pozuelo)
El diario El Mundo
señaló a otro miembro del aparato de Seguridad de Chávez como cliente de BM, el
exviceministro Alcides Rondón, y a Francisco Rafael Jiménez Villarroel,
exfuncionario de la petrolera gubernamental PDVSA, cuando era dirigida por
Rafael Ramírez.
El informe policial,
fechado en junio de 2013 –que se dio a conocer a la par del estallido del
escándalo BPA-Banco Madrid, difundido por El Confidencial–, asevera que “el
Grupo Essentium ha logrado sorprendentemente en plena crisis recibir fuertes
inyecciones de capital de origen difuso, con lo que se expande en los mercados
internacionales (su cartera de pedidos ascendía en junio de 2013 a mil 400
millones de euros, 75% de los cuales proceden del exterior).
El documento señala
que el espectacular crecimiento de Essentium es consecuencia de los contratos
que la tesorera del Barça logró en Venezuela a través de “un capítulo de
adjudicaciones de emergencia implantado por Hugo Chávez, que se utilizó para
financiar proyectos energéticos y sociales calificados como ‘urgentes’ con
miles de millones de dólares procedentes de la exportación de petróleo, sin ser
sometidos a ningún tipo de controles”.
(PROCESO /
REPORTAJE ESPECIAL/ ALEJANDRO GUTIÉRREZ/
11 DE JUNIO DE 2015)
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