MALVERSAN EN BAJA CALIFORNIA 122 MILLONES DE PESOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN

Anticipos de 19.5 millones de pesos a una compañía de tecnología que no entregó equipo completo en Ensenada; contratos no autorizados por 70 millones de pesos junto a la desaparición de equipo policiaco valuado en 2.3 millones de pesos en Tijuana y pagos excedentes por medio millón de pesos en la compra de patrullas, una de las cuales “desarrolla funciones distintas a la policía” en Tecate, son algunos hallazgos de la Auditoría de Fiscalización Superior en la aplicación que hicieron los municipios de Baja California con los recursos del Subsemun en 2013    

En conjunto, Alberto Capella Ibarra, Bartolomé Lam Canto, Francisco Castro Trenti y Raúl Cuevas Salgado, secretarios de seguridad pública de Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada, respectivamente, malversaron más de 122 millones de pesos de recursos federales entregados a sus dependencias en 2013, de acuerdo a informes de la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF).

Las auditorías arrojaron 93 observaciones no solventadas debido a irregularidades en el manejo de los recursos públicos, 30 recomendaciones y 47 promociones de responsabilidad administrativa sancionatorias, en el desempeño de los titulares de seguridad pública en el último año, todos en administraciones del PRI.

De acuerdo a documentos del ente fiscalizador, apenas se pudieron recuperar 8.4 millones de pesos detectados entre faltantes de bienes, pagos improcedentes o en exceso, falta de autorización de erogaciones e inadecuada aplicación de sanciones por incumplimiento.

Se trata de los recursos del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun) distribuidos a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, adscrito a su vez a la Secretaría de Gobernación.

Los objetivos de estos recursos van desde el equipamiento y capacitación de las policías municipales, el mejoramiento de infraestructura de las corporaciones hasta el desarrollo de políticas públicas para la prevención social del delito.

Tan solo en 2013, se aprobaron 4 mil 559 millones de pesos de asignación presupuestal para Subsemun, los cuales fueron distribuidos en 251 municipios del país.

De ahí, Tijuana recibió más de 95 millones de pesos, Ensenada otros 75 millones de pesos, mientras que Tecate y Rosarito obtuvieron 10 millones de pesos, cada uno.

Por su parte, en la revisión de la cuenta pública 2013, la Auditoría Superior de Fiscalización seleccionó muestras del universo de fondos de estos cuatro municipios, que fueron desde el 72.9 por ciento, en el caso de Ensenada, hasta el 95.6 por ciento, como se hizo en Playas de Rosarito.

En aspectos técnicos, otras observaciones realizadas por la Auditoría, incluyen la falta de transparencia en informar el destino de los recursos tanto a la ciudadanía como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la falta de control interno para evitar la corrupción y el fraude dentro de las corporaciones.

EN TIJUANA, DESAPARECEN MILLONES DE PESOS EN EQUIPO POLICÍACO

En 2013, Alberto Capella Ibarra cumplió su cuarto año como secretario de seguridad pública en Tijuana. Primero, ocupó el cargo de 2007 a 2008 en la alcaldía de Jorge Ramos. Luego, acompañó al priista Carlos Bustamante en su paso por la administración de 2010 a 2013 y junto a él, partió el último día de noviembre.  

Desde enero de 2014, es secretario de seguridad pública en Morelos, identificado como el estado más violento de México de acuerdo al más reciente estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

De acuerdo a la verificación de los recursos del Subsemun, realizada por la ASF, se auditó el 86 por ciento de los recursos. De los 95 millones de pesos, se tomó una muestra de 81 millones 834 mil pesos.

La Auditoría emitió 18 observaciones por irregularidades en la aplicación del recurso en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Tijuana, las cuales fueron reportadas y entregadas en su informe anual a la Cámara de Diputados.

En uno de los casos, la SSPM contrató servicios de consultoría en temas de violencia infantil con un prestador que tiene un giro de servicios inmobiliarios.

 Además, adquirió bienes y servicios mediante adjudicación directa por 70 millones 121 mil 700 pesos, monto superior al establecido en la normativa para no ser concursado. De esta cantidad, 31 millones 926 mil 500 pesos debieron adjudicarse por medio de licitación pública y 32 millones 117 mil 400 pesos por invitación a cuando menos tres proveedores.

Sobresale la adquisición e instalación de un gimnasio urbano por 2 millones 863 mil 800 pesos que, de acuerdo al informe de la ASF, “no presenta argumentos para su justificación”. Y no solo eso, la SSMP pagó al proveedor una cifra superior a los ofrecidos por proveedor nacional y uno de Estados Unidos.

Este gimnasio, el cual ni siquiera se construyó, estaba proyectado –de acuerdo al contrato– en un terreno propiedad de la Comisión Nacional del Agua, del cual “el municipio carece del contrato de arrendamiento correspondiente”.

La auditoría señala también que se incumplió este contrato de adquisición e instalación del gimnasio urbano, pero no se aplicó la pena de 286 mil 400 pesos al proveedor por no cumplir con los términos pactados.

Incluso, en verificaciones físicas realizadas por personal de la Auditoría, “no fue localizado un equipo por 2 millones 331 mil pesos en el sitio donde se debía instalar ni en el almacén”, se detalla en la recomendación 13-C-02000-02-0555-01-016.

De la misma forma, “el municipio adquirió equipo de cómputo por 243 mil 600 pesos, que a la fecha de la auditoría no estaba en operación”. Además, fue localizado un equipo adquirido con recursos del fondo se encontraba en un almacén que no es propiedad del municipio”.

Como conclusiones de la auditoría, se señalaron un “inadecuado control de las actividades que realizan las áreas”, la “inexistencia o deficiente control en la recepción, manejo y custodia de bienes de consumo, muebles e inmuebles” y se giraron once promociones de responsabilidad administrativa sancionatorias a funcionarios.

En el caso de Tijuana, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formuló y remitió al municipio el pliego de observaciones para su solvencia en los términos de la ley.

TECATE: EL MÁS IRREGULAR

A pesar que Tecate recibió uno de los menores fondos de Subsemun, apenas 10 millones de pesos, y se auditó el 89 por ciento, es decir, 8 millones 924 mil 300 pesos, fue el municipio que más observaciones recibió con un total de 31.

De entrada, la ASF detectó la realización de pagos “en conceptos cuyo destino se desconoce”, en parte porque no se abrió una cuenta específica para los recursos del Subsemun. Para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, la Contraloría Municipal de Tecate integró el expediente SUBSEMUN/001-2013/CONTRA/2014.

En 2013, Javier Urbalejo Cinco cumplió su último año como alcalde de Tecate y Bartolomé Lam Canto terminó su periodo de tres años, pero solo para ser ratificado director de Seguridad Pública Municipal por el actual alcalde César Moreno. Lam Canto continúa en el cargo.

Como lo documentó ZETA en junio de 2014, Urbalejo Cinco transfirió 42 millones de pesos a varios contratistas en los últimos ocho días de su negocio, obras que, en su mayoría, no se realizaron.

De ahí que por los delitos de fraude, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y negociaciones ilícitas fueron denunciados el ex alcalde Javier Urbalejo Cinco y el ex tesorero Ricardo Sánchez Delgado, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) bajo el número de expediente 1788/14/208/AP.

Entre las más graves irregularidades detectadas por el ente federal, está que 6 millones 328 mil pesos de las erogaciones realizadas en bienes muebles e inmuebles, no fueron registrados como activos del Ayuntamiento de Tecate ni reconocidos en su patrimonio.

La ASF informa de un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 567 mil 948 pesos, detectados en exceso de pago en la adquisición de camionetas tipo pick up doble cabina y en Infraestructura Pública.

Estos conceptos no están autorizados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Surgieron, además, diversas irregularidades en los contratos para la adquisición de cinco patrullas y de equipamiento para la Atención de la Violencia Familiar y de Género, como la falta de evidencia de la publicación de la licitación, ni del acta de fallo que fundamente los criterios de contratación.

Una de las cinco patrullas tipo pick up “desarrolla funciones distintas a las de la policía municipal”, indica el informe y ninguno de los vehículos cuentan con los componentes requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Irregularidades similares se detectaron en la compra de 34 chalecos antibalas, ya que la Dirección de Seguridad Pública pagó al proveedor el anticipo correspondiente, pero no se presentó la fianza requerida.

Además, seis de estos chalecos “no tienen los bordados reglamentarios que debieron ser colocados como distintivo de la Policía Municipal”.

En conclusión, “el municipio no realizó una gestión eficiente de los recursos del subsidio, conforme a la normativa que regula su ejercicio y en general no cumplió todos sus objetivos”, detalló el informe.

ENSENADA, DESPILFARRO EN TECNOLOGÍA NO ENTREGADA

Al igual que Javier Urbalejo, Enrique Pelayo, ex alcalde de Ensenada, fue denunciado ante la PGJE por tráfico de influencias, negociaciones ilícitas, abuso de autoridad y coalición de servidores públicos, bajo el expediente número 1329/14/311/AP.

Ensenada recibió 75 millones 636 mil pesos de fondos del Subsemun en 2013, de los cuales 55 millones 140 mil pesos fueron auditados, el 73 por ciento. Sin embargo, la Auditoría detectó un probable daño o perjuicio por 19.5 millones de pesos, es decir el 37 por ciento de la totalidad de recursos que recibió la ciudad porteña.

Lo anterior porque en visitas de la ASF a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y al Centro de Operaciones, se constató que no fue entregado el total de adquisiciones, las cuales incluían “sistemas de seguridad y vigilancia de alta capacidad y amplia cobertura (software y hardware), equipamiento móvil, equipamiento fijo y centro de datos”.

Y es que en 2013, la Dirección de Seguridad Pública Municipal firmó un contrato con la empresa “Eisberg Tecnología Aplicada” por un monto de 39 millones de pesos –más de la mitad de los recursos para Subsemun– para poner en marcha el programa “Blindaje digital metropolitano” en su fase tres.

A cargo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se encontraba el general Raúl Cuevas Salgado, quien antes fue director de la Policía Ministerial del Estado.

En total, fueron 19 las observaciones emitidas por el organismo fiscalizador y ocho promociones de responsabilidad administrativa sancionatorias.

Las irregularidades incluyen la falta de reintegro de recursos no ejercidos a la Tesorería de la Federación y la no cancelación de dos cuentas bancarias específicas para la administración de los recursos del Subsemun. 

La AFS informó de la falta de evidencia de los resultados de las evaluaciones sobre el número de policías aprobados y no acreditados, para las cuales se destinaron 372 mil pesos.

“Con la revisión del cuarto informe trimestral reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se constató que no existe congruencia de las cifras entre el Formato Único sobre Aplicaciones de Recursos Federales y el Informe de Cumplimiento de Metas del ejercicio 2013”, precisa el documento de la AFS.

Para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos en estos casos, la Sindicatura Municipal de Ensenada, abrió el expediente número SF/DSMP/14/39.

Al sumar los montos en que se detectaron irregularidades en las dependencias de seguridad pública de Tijuana, Ensenada y Tecate, se alcanza un monto de 122 millones 486 mil 500 pesos.

ROSARITO: SIN REGISTRO DE PROVEEDORES NI PROPUESTAS

En Playas de Rosarito, el más pequeño de los municipios en Baja California, se ejercieron 10 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2013, de los cuales fueron auditados 9 millones 552 mil pesos, el 95.6 por ciento.

Las primeras observaciones realizadas por la Auditoría en su informe, está el hallazgo de una camioneta adquirida considerada como “pérdida total” por incendio, de la cual la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Rosarito, “no realizó los registros contables correspondientes para darla de baja”.

De 2010 a 2013, Javier Robles Aguirre fungió como presidente municipal de Playas de Rosarito. Fue a mediados de junio que nombró a Francisco Castro Trenti como director de seguridad pública, para relevar al mayor Magdaleno Vázquez.

Castro Trenti fue denunciado de ordenar privaciones ilegales de la libertad, violar el proceso de detenciones, cometer abuso de autoridad y negligencia. A días de abandonar el cargo de Seguridad Pública en Rosarito, fue nombrado subprocurador de Zona Costa de la Procuraduría de Derechos Humanos en Baja California.

Desde entonces, el hermano del embajador de México en Argentina, Fernando Castro Trenti ha mantenido un perfil bajo.

La cuenta pública correspondiente a 2013, presenta diversas anomalías en el área de “vehículos y equipo de transporte”, informa la AFS, ya que no coincide con los registros contables correspondientes a las adquisiciones realizadas.

Como fue el caso de Tecate, Playas de Rosarito no registró al proveedor de sus seis camionetas adaptadas como patrullas y de uniformes para policías, ni siquiera había una propuesta económica de otros participantes.

Según se constató en dos contratos revisados por la ASF.

Además, en el contrato para la compra de uniformes para el personal de policía y con la inspección física, “se constató que la entidad carece de un control de inventarios actualizado en el cual se identifiquen los bienes recibidos y entregados al personal”, explica el informe.

De la revisión a la cuenta pública 2013, se emitieron 25 recomendaciones y 15 promociones de responsabilidad administrativa sancionatorias. En su mayoría, debido a deficiencias en el procedimiento de contratación y adquisición, así como adjudicaciones fuera de norma.

Al respecto, la Contraloría Municipal de Playas de Rosarito, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CC/724/2014/VI, con lo que se solventa lo observado.

El auditor superior de Fiscalización del Estado, Manuel Montenegro explicó a ZETA que estas observaciones, que ya fueron entregadas a la Cámara de Diputados, durante el informe que rindió la ASF, también se encuentran en proceso de ser turnadas al Congreso de Baja California.

Ahí, será turno de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, cuyo presidente es el diputado local Olimpo Hernández, revisar las recomendaciones que el OFSBC realizó en las cuentas públicas de Subsemun durante el ejercicio 2013.

De acuerdo a Montenegro, los expedientes continúan en integración, será hasta abril cuando el Congreso discuta los resultados que evidencian la malversación de millones de pesos del gasto público entregado por el gobierno federal.

SE BUSCAN POR HOMICIDIO

Alrededor de las ocho de la noche del miércoles 25 de febrero, en el interior de los abarrotes Cinthya, negocio ubicado entre las calles Paseo del Valle y Privada Alcatraz de la colonia Villas del Campo -en el distrito de La Presa Rural  en Tijuana-, fue asesinado a balazos Edwin Jonathan Torres Medina.

Como el agresor fue José Rodolfo Tapia Tapia alias “El Pastor o “El Apá”, propietario de la tienda, originalmente se manejó como un asaltante muerto. Sin embargo, las primeras indagatorias indican que previo al asesinato, Tapia, presunto proveedor de enervantes,  y Torres, vendedor de droga al menudeo, discutían por una deuda de 7 mil pesos por drogas.

Anteriormente, poco antes de la medianoche del 24 de febrero, Julio César Orozco Torres y Francisco Alejandro Vázquez Ponce, balearon en su casa a Marco Antonio Mendoza Martínez, en la delegación La Presa.

Los hombres fueron capturados en un retén mientras huían, y en sus declaraciones explicaron que un sujeto de nombre Alfonso les había llamado y les pagaría por “golpear a unas personas porque se habían metido con su esposa”, a quien identificaron como “La Letty”.

Aseguraron que fue Alfonso el que tumbó la puerta y les señaló a quién debían atacar, que lo conocen porque “tira droga en la plaza El Tigre” y les iba  a pagar 2 mil pesos.

En cuanto a los muertos la madrugada del miércoles 25 de febrero en la colonia Lázaro Cárdenas, Delegación Playas de Tijuana, la mujer asesinada fue identificada solo como “La Gata”, y el hombre como Arturo Macías Zamora; con lesiones resultó José Ángel Aguirre González.

El sobreviviente señaló como responsable del ataque a Carlos Antonio Uribe Cardiel “El Toño”, quien después de discutir  con Arturo Macías, los atacó a balazos.

De acuerdo a las áreas de inteligencia del Grupo Coordinación, todos los implicados en esta última balacera habían sido detenidos previamente por temas de droga o posesión de armas.

(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Inés García Ramos/   02 de Marzo del 2015 a las 12:00:02)