Sin una
propuesta técnica, financiera y legal, el proyecto que liderara Carolina
Aubanel para la edificación de un ambicioso zócalo, corre el riesgo de ser
frenado. Estimado en una inversión de mil 200 millones de pesos, cuyo 40 por
ciento lo aportaría el Estado y 60% la inversión primada, solo el Gobierno
Federal y el estatal le han invertido 130 millones de pesos. Por la situación
nacional en 2015, el gobierno de Peña Nieto podría no entregar más recursos.
“Lo único cierto es que ya no se le puede meter más recurso público”, sentencia
Manuel Guevara, de la SIDUE
Carente de una
propuesta sustentable técnica, financiera y legal, la cual tendría que
presentar para el 27 de febrero de 2014, el Patronato 11 de Julio pone en
riesgo el proyecto original del Zócalo que promueve para Tijuana.
A casi siete años de
haberse conformado como asociación civil, teniendo como uno de sus objetivos
principales el colaborar con instituciones públicas y privadas para la
realización de tal objeto, es hora que el organismo no cuenta con una propuesta
concreta que permita concesionar a particulares la continuidad de la obra.
Por ello, aunque
solo de palabra, pidieron a la administración de Francisco Vega de Lamadrid una
prórroga de un mes, tiempo considerado por el Gobierno del Estado como
insuficiente para un estudio de tal magnitud, por ello les otorgará medio año,
no obstante considerar que el aplazamiento impactará en el desarrollo de la
obra.
Además, el proyecto
enfrenta otra amenaza: un posible recorte del 50 por ciento en el presupuesto
federal programado para 2015, el cual se tasó en 100 millones de pesos.
La Federación ya
advirtió al Estado esa posibilidad, lo que hace más apremiante la participación
privada en la ejecución de la segunda fase del plan, caso contrario la torre
emblemática, preconcebida en 10 pisos, la cual quedará en cuatro.
Y aunque el
Patronato 11 de Julio sostiene que existe un amplio interés de la iniciativa
privada, hasta la fecha no tiene definido a ningún postor para invertir en la
controvertida obra, la cual, para variar, nuevamente enfrenta el embate de
grupos ambientalistas opositores a su ejecución en el Parque Benito Juárez.
PROYECTO SIN POSTORES
Vincular la
ejecución del Zócalo a personas, organismos, entidades e instituciones públicas
o privadas, es una de las tareas para las que fue conformado el Patronato 11 de
Julio, y aunque su tesorero, Enrique Mier y Terán, afirma que de parte del
sector empresarial existe mucho interés en el proyecto, carece de una propuesta
concreta.
Algo que no preocupa
al organismo, para el que “no existe un plazo perentorio” en el desarrollo de
la obra, anotó Mier y Terán.
Constituido el 19 de
noviembre de 2008, en más de seis años el Patronato no ha logrado concretar una
oferta de inversión, su argumento para no cumplir con este objetivo es “no
tener algo concreto” para ofrecer a los posibles oferentes del proyecto.
A punto de concluir
la primera fase del proyecto con una inversión pública de 200 millones de
pesos, el Patronato considera es el momento para invitar a la iniciativa
privada, pues ahora sí podrán ver “que es algo serio”, dijo.
Mier y Terán hizo
hincapié en lo complejo de acudir a cada uno de los corporativos a promover el
proyecto para atraer la inversión privada.
“Necesitamos
hacerles un planteamiento integral (a los interesados), decirles lo invertido y
lo que se necesita que invertir, cuál es el proyecto y a qué se obligan para
continuarlo, y cuál es el retorno de inversión que podrían tener”, enumeró.
Esa es la propuesta
del Patronato para motivar el planteamiento de ofertas por quienes, a su decir,
ya han mostrado un deseo de participar, prospectos de los que se reservaron nombres.
La única inversión
privada asegurada es la de Teléfonos de México, empresa que comprometió la
instalación de una biblioteca virtual para uso público, sin estar interesada en
invertir en el proyecto del Zócalo 11 de Julio.
LOS RIESGOS DE LA DEMORA
La administración de
Francisco Vega de Lamadrid fijó para el 27 de febrero de 2015 la fecha límite
para la presentación de las propuestas de Asociaciones Público-Privadas (APP),
rubro en el que entraría el Zócalo 11 de Julio, si contara con la participación
de particulares.
Tener empresas
apostándole al proyecto significaría la continuidad ininterrumpida del proyecto
de construcción, pero no es el caso, no a una semana de vencerse el plazo para
la presentación de una proposición.
Por ello, la semana
pasada el Patronato 11 de Julio solicitó verbalmente una prórroga, con todo y
que Enrique Mier y Terán, tesorero del organismo, sostiene: “No hay un plazo
fijo para presentar catálogo de interesados”. El promotor estimó como suficiente
un plazo de uno a dos meses para tener una propuesta que presentar al Gobierno
del Estado.
Y aunque la
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), a cargo
de Manuel Guevara, está a la espera de recibir la petición por escrito, ya contempla
el concederle seis meses para que el Patronato cumpla con su cometido.
Además de la
prórroga, la dependencia aportará abogados, técnicos y ayudará en los estudios
de costo beneficio (social, técnico, legal), para luego abocarse a la búsqueda
de acuerdos financieros que complementen la inversión gubernamental del
proyecto, “lo que lleva un plazo de seis meses”.
Pero ante la
posibilidad de un recorte del presupuesto público y la no certeza del recurso
privado en su desarrollo, la obra podría limitar su dimensión proyectada o, de
plano, suspenderse.
Tan solo “el frenar
la obra implica que en esos seis meses va a haber necesidad de ajustar sus
alcances”, advirtió el titular de SIDUE.
Afirmó ser de la
idea de intentar todo esfuerzo posible para, en ese lapso, hacer viable el
zócalo con su plaza como un símbolo de la ciudad, no obstante, calificó el
proyecto en conjunto como “bastante ambicioso”.
Por eso,
“considerando las condiciones financieras del país y de la iniciativa privada,
en ese periodo se tendrá que tomar una decisión de otro nivel”, subrayó. Esto
es, que la obra sea de menor dimensión.
De no presentarse
propuesta sustentable de inversión privada, y concluido el plazo de seis meses,
el gobierno de Kiko Vega tendrá que decidir si hace un lado al Patronato 11 de
Julio en la promoción de la obra, o les da una nueva prórroga.
EL PROYECTO
De origen, el
proyecto del zócalo estima una inversión de mil 200 millones de pesos, 40% de
origen público y 60% de inversión privada.
A la fecha solo se
han aplicado recursos provenientes de la Federación y del Estado.
Su arranque se
anunció en noviembre de 2009, pero no fue hasta julio de 2013 cuando la
Federación canalizó una primera aportación de 100 millones de pesos, cantidad
que el gobierno de Baja California complementó con 30 millones de pesos más
para el desarrollo de la primera etapa de la obra, consistente en la
edificación de un multiforo al aire libre y del Instituto de la Cultura de
Tijuana, fase a punto de concluir.
En 2014, la
Federación reforzó la inversión con 100 millones de pesos más, recursos
destinados a la edificación de la torre emblema, obra ya concursada y a punto
de iniciar.
Pero esa cantidad
solo permite asegurar la edificación de cuatro de los diez pisos del edificio
de 7 mil 350 metros cuadrados, proyectado como símbolo de todo el concepto, y
en el cual se pretende ubicar miradores, la biblioteca digital y pantallas
gigantes.
Terminar un edificio
como el planeado requiere aplicar una
inversión adicional de 150 a 200 millones de pesos más, estimó el
titular de SIDUE, Manuel Guevara.
Para 2015, la
Federación etiquetó 100 millones de pesos para ser aplicados en el
estacionamiento, plaza, “a lo mejor loa aplicamos en la torre, es algo que
tenemos que decidir”, anotó el funcionario, para luego añadir: “Aunque el
Gobierno Federal ya advirtió que podría recortar 50 de esos 100 millones
prometidos”.
Por ello hay que
redimensionar el proyecto, o concretar la inversión privada de una vez por
todas, asentó Manuel Guevara.
Y remató: “Lo único
cierto es que ya no se le puede meter más recurso público”.
OBSTACULIZAN PROYECTO
En enero de esto
año, los opositores a la construcción del Zócalo 11 de Julio volvieron a
instalar sus campamentos en el Parque Benito Juárez, en una franca muestra del
rechazo a la obra.
Quienes habían sido
retirados durante el gobierno de Carlos Bustamante volvieron a apostarse en el
área pública, justo donde se prevé el levantamiento de la torre emblema, “lo
cual representa un obstáculo para el proyecto”, anotó el titular de la SIDUE.
Al grupo liderado
por Sabino Arellano se sumaron otras agrupaciones que manifiestan su repudio a
la obra, con un plantón frente a Palacio Municipal.
Legalmente
intentaron con demandas y amparos frenar la obra, pero al no lograrlo,
actualmente recurren a instancias internacionales, “aunque solo sea para dejar
constancia de que un espacio público pretende ser utilizado como privado, sin
el consentimiento de los ciudadanos”, apuntó Eliseo Sandoval, del Comité Pro
Defensa del Parque Benito Juárez.
Ante el retorno de
los detractores del zócalo, Enrique Mier y Terán opina: “Es muy raro que ahora,
cuando van a comenzar las elecciones, despierten otra vez, es un año de
elecciones y ya saben que eso funcionó en otras ocasiones, hay que recordar que
ya tenemos un diputado y un senador cuya bandera fue esa (oponerse a la obra)”.
Los calificó como “malos mexicanos y tijuanenses”, al estorbar en el proyecto.
Finalmente, reiteró
que quienes están en el Patronato no van a participar en el negocio, “no somos
inversionistas, no vamos a hacernos ricos en esto, solo estamos dispuestos a
trabajar gratuitamente para tener algo que identifique a los tijuanenses”. Aunque su trabajo
aún está por verse.
(SEMANARIO ZETA/
REPORTAJEZ/ Isabel Mercado Juarez / 24
de Febrero del 2015 a las 15:52:00)
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