Entre las
omisiones al cuidado al ambiente, el acopio y almacenamiento de residuos
biológico-infecciosos presenta un importante retraso en su tratamiento de forma
regular. En su mayoría, los que generan este material -clínicas, farmacias,
spas, entre otros- no respetan lineamientos ambientales
Ante la ausencia de
cantidades exactas, se calcula que solo el 40 por ciento de residuos
médico-hospitalarios generados en Baja California tienen como fin último, la
incineración o la trituración. Se desconoce qué es lo que pasa con el 60%
restante.
El problema
sanitario en la entidad, se da porque que no existen acciones eficaces
implementadas por instituciones perseguidoras de delitos ambientales y
sanitarios, para evitar que empresas
generadoras de estos desechos no respeten el marco jurídico que existe para
eliminar sus residuos.
Partiendo de que no
hay un registro confiable sobre cuantos hospitales, clínicas, spas y farmacias
operan actualmente, calcular las cantidades que desechan solo es posible
tomando en cuenta los números de empresas dedicadas al tratamiento final de los
desechos.
En Baja California,
solo dos empresas cuentan con certificación de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (SEMARNAT): Lavandería Industrial Maypa y Técnicos
Medioambientales Winco. Entre estas dos no logran tratar ni el 50% de lo que,
según estimaciones conservadoras, se genera anualmente en Baja California.
“Hay muchos médicos,
dentistas y hasta hospitales que realmente no hacen una disposición correcta de
los residuos, ¿qué harán con ellos? No sabemos, pero no tienen ningún contrato
con ninguna de las dos empresas, por lo tanto, pues quién sabe qué harán con
los residuos”, expresa Marcelo Hinojosa Ornelas, directivo de Maypa.
Esta empresa tiene
alrededor de 2 mil contratos en la región, mientras que Winco presta el
servicio a mil 500 establecimientos del giro.
La poca coordinación
entre las dependencias gubernamentales es otro factor determinante en el bajo
control de los generadores. La falta de comunicación se refleja cuando la
Secretaría de Salud Pública desconoce que hay empresas en la zona dedicadas a
la incineración del producto en cuestión.
Otro ejemplo es que
la Unidad de Operaciones Sanitarias de la dependencia ha registrado en su
padrón 5 mil 171 establecimientos “prestadores de servicio de atención médica”,
que necesariamente desechan residuos biológico-infecciosos, y al mismo tiempo,
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) tiene registro de
solo 937 empresas generadoras, a las que verifica año con año.
Es decir, los 3 mil
500 contratos que tienen las empresas autorizadas no alcanzan a cubrir los 5
mil 171 establecimientos registrados en el Sector Salud, sin incluir en el
cálculo los que no cuentan con registro sanitario y no reportan sus desechos.
LAS REGLAS DE OPERACIÓN
La Norma Oficial
Mexicana 087 ordena las medidas de protección y salud ambiental en el manejo de
residuos biológico-infecciosos (RPBI), que también son definidos en el
documento.
En resumen, este
tipo de desechos se consideran como tal, por estar en un material “hospedero
susceptible” como lo es una aguja, un algodón, una gasa u otro recipiente que
haya tenido contacto con un agente biológico de riesgo, y sea capaz de
trasladarlo a un ser humano. La sangre, los cultivos, tejidos, órganos y partes
humanas que se extirpan durante cualquier procedimiento médico, entran dentro
de los llamados RPBI.
La norma también
especifica características de los recipientes que deben utilizarse para el
acopio y traslado de los residuos y separa los establecimientos susceptibles a
revisión en tres tipos. No solo entran instituciones médicas como hospitales,
todo tipo de clínicas, laboratorios o farmacias; también se etiquetan
establecimientos de tatuajes, spas, acupunturistas y demás giros cuyo trabajo
esté relacionado con el manejo de sustancias biológicas e intervenciones en
cuerpos humanos.
Se ordenan de
acuerdo al giro, a la capacidad de atención, si cuentan o no con banco de
sangre, a los análisis e intervenciones
que realicen diariamente; pero sobre todo a la cantidad de desechos mensuales.
SOLO DOS AUTORIZADAS
Por otra parte, son
prestadores de servicios ambientales los que recogen los residuos en las instalaciones de los generadores para
darles un final ideal: almacenarlos y posteriormente incinerarlos o
triturarlos.
Oficialmente, Maypa
es la única empresa que cuenta con tres autorizaciones para el acopio,
tratamiento e incineración, actualmente con 2 mil 360 contratos en la entidad,
de acuerdo al director general, Marcelo Hinojosa.
Por su lado, Técnicos
Medioambientales Winco cuenta con autorización para el tratamiento de los
también llamados desechos médico-hospitalarios y, mes con mes, dan disposición
final a unas 55 toneladas en Baja California.
Marcelo Hinojosa, de
Maypa, comenta haber observado las
omisiones de las autoridades gubernamentales, así como de empresas generadoras
que estarían cometiendo delitos ambientales en la entidad, pero se negó a
revelar nombres y detalles.
“Hay de todo,
consultorios, dentistas, hospitales, tatuajes, spas, farmacias, pero no hay una
información sustentada y actual de cuántos generadores hay en realidad”, anota.
Además, ellos
suponen que el padrón de 5 mil 666 establecimientos que la Secretaría de Salud
contempla queda corto, y que junto a PROFEPA, no se verifica la totalidad de
los establecimientos.
“(Los generadores)
Nos dicen ‘no, lo mandamos con otro amigo que tiene permiso’, o sea, ponen mil
cosas, o que los mandan al Hospital General, y eso no se puede hacer. Como
generador la obligación es disponerlo a una empresa y saber qué pasa, de dónde
sale, y hasta el momento en que se destruye. Si no lo haces estás mal”,
manifiesta Hinojosa.
Asegura que por año,
200 generadores prefieren suspender los contratos, “dicen: ‘aquí no revisan, yo
no necesito’”.
El problema
principal, de acuerdo a su dicho, son los establecimientos más pequeños, que
piensan que por generar pocas cantidades, no deben someterse a la normatividad.
Explica que no
denuncia porque “a nosotros no nos corresponde, lo que nos corresponde es decir
a la autoridad, y ellos no tienen inspectores porque no hay presupuesto, esa es
la respuesta que nos dan”, insiste.
“EN BC NO HAY INCINERADORES”: SECRETARÍA DE SALUD
Evaristo Ruiz
Palafox, jefe de Operaciones Sanitarias de la Secretaría de Salud del Estado,
afirma que como autoridad identificada en la NOM-087, a la secretaría también
le corresponde llevar a cabo verificaciones sanitarias para constatar que los
generadores realicen disposiciones periódicas con empresas autorizadas.
Pero carecen de
información propia, por lo que utilizan datos oficiales de la SEMARNAT para
cumplir con dicha responsabilidad.
Según refiere, en la
entidad no hay empresas que eliminen los residuos médicos y hospitalarios vía
incineración, cuando según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, está validada para hacerse cargo de dos mil toneladas anualmente.
Solo el año pasado
incineró poco más de 20 toneladas de RPBI y esterilizó ocho, todo con
autorizaciones vigentes desde 2006.
SE PASAN LA BOLITA
Gustavo Almaraz,
delegado de la PROFEPA, dijo que las 937 empresas generadoras que tienen
registradas en su padrón cumplen a la hora de ser verificadas, y rechazó que el
rezago llegue al grado que asegura el directivo de Maypa.
Cuestionado sobre
los hechos relatados por el directivo de Maypa, Almaraz declaró: “No estoy de
acuerdo, por qué no denuncian, es su responsabilidad como empresa comprometida
con el medio ambiente, su responsabilidad es denunciar, si ellos ya tienen
información de qué empresas no dan disposición final”.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ/ Saúl Alejandro Ramírez/ 23 de Febrero del 2015 a las 12:00:00)
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