Tipificado en el
artículo 390 del Código Penal, la extorsión se define como “al que sin derecho
obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro
para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial”.
La pena: “Se le
aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días de
multa”.
Sin embargo en 2011
y ante el crecimiento en la comisión del delito de extorsión por la vía
telefónica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó aumentar en una
mitad la pena a quien cometa el delito de extorsión por vía telefónica –como se
establece en el Código Penal del Distrito Federal-.
Aparte hay otras
consideraciones para incrementar la penalidad dependiendo del origen del
extorsionador: si se trata de una asociación delictuosa, de un servidor o ex
servidor público, de un miembro o ex miembro de corporación policíaca alguna o
de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo a las
cifras del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad,
diariamente durante 2013 se cometieron 21 extorsiones. El promedio mensual de
enero de 2013 a enero de 2014 fue de 670 extorsiones en México.
Las cifras de Inegi
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía) no son muy distintas. La tasa
de extorsiones en el año 2013 fue de 23.6 por ciento en la República Mexicana.
Y relacionado al año anterior, en el 2012, el 94 por ciento del total de las
extorsiones fueron realizadas por vía telefónica.
El mismo Inegi
detalla que en 2013 se cometieron 33.1 millones de delitos de los cuales
resultaron 22.4 millones de víctimas. De hecho aclaran la comisión de 1.5
delitos por víctima, mientras que en 2012 esa estadística era de 1.3 delitos
por víctima. Y el aumento de la criminalidad entre 2012 y 2013, el Inegi lo
justifica así: “El incremento en la tasa de delitos en 2013 frente a los años
anteriores se debe, principalmente, al aumento de los delitos como el robo o
asalto en la calle o en el transporte público, y la extorsión”.
Lo que no nos dice
ni el Inegi, ni la PGR, ni Procuraduría Estatal o Fiscalía alguna, a ciencia
cierta, matemática exacta y justicia pronta, son cuántos extorsionadores están
en prisión por extorsionar a los mexicanos. Siendo que el delito de extorsión
va al alza, fuera de esporádicas campañas mediáticas, cuando la alerta por
extorsión es roja o alta, no hay por parte del Gobierno Federal de Enrique Peña
Nieto una política para disminuir la comisión de este delito y poner a salvo el
patrimonio, el golpeado patrimonio de todos los mexicanos.
Hace unos días el
jefe de una importante empresa mexicana recibió una llamada a su número de
celular. El emisor le ordenó de entrada que escuchara la grabación que le
pondría. Ahí fue que, en medio de la crisis psicológica y de inseguridad, el
hombre identificó como la voz de su hijo a quien pedía auxilio al padre y le
informaba que había sido “levantado” por unos hombres.
La grabación fue
interrumpida y el hombre le dijo que debía depositar 50 mil pesos a una cuenta
de banco si quería ver a su familiar sano y salvo. Ante la premura de la
petición, se le explicó al delincuente que se encontraba en tránsito y que sólo
contaba con 20 mil pesos en ese momento.
El criminal aceptó
la oferta. Dando instrucciones por celular condujo a su víctima a un banco. Le
proporcionó el número de cuenta en una sucursal de Bancomer. Le dictó los
dígitos y le dio el nombre de una mujer que es la titular de la cuenta. El
extorsionado hizo lo que le ordenaron. Todavía escuchaba la voz de su hijo
pidiendo auxilio ante la toma forzada de su persona.
Cómo el extorsionado
solo tenía un teléfono, no podía hacer comunicación con sus familiares o amigos
para verificar que su hijo, en efecto, había sido tomado rehén de un
extorsionador.
La víctima entró a
la sucursal del banco. Llegó a la fila frente a la caja de atención y se saltó
a todos los clientes que esperaban su turno. Alguien protestó y le gritó que
debía hacer fila pero el hombre -igualmente exaltado- explicó que su hijo
estaba en peligro y que debía hacer la operación financiera cuanto antes. A los
clientes que escucharon la situación les llamó la atención la congoja del
hombre y le permitieron pasar hasta adelante; los empleados del banco no se
inmutaron. Ni siquiera llamaron al gerente, al jefe o al encargado para
notificar que en esos momentos una acción ilegal estaba sucediendo.
El padre del menor
“levantado” depositó en la cuenta de la mujer la suma que acordó con los
criminales. Salió del banco y, aun al teléfono, les dijo que ya había hecho el
depósito. Los delincuentes le dieron otras instrucciones y el hombre cortó la
comunicación. Finalmente pudo hablar a su casa, con su hijo que se encontraba a
salvo. De hecho nunca había sido privado de su libertad. El secuestro exprés
había sido una extorsión ya clásica en el México de hoy.
Los abogados le
aconsejaron al empresario presentar dos denuncias. Una local y una federal.
Finalmente tenía el número de cuenta, el nombre de la titular de la cuenta
bancaria –la que cobraría el dinero producto de la extorsión- y el número
telefónico del cual se comunicaron para timarle y sacarle, con la amenaza sobre
la integridad de su hijo, una suma de dinero.
Cuando proporcionó a
las autoridades el número telefónico –que por cierto era local-, el número de
cuenta, el nombre de la titular, le dijeron que no era la primera vez que esos
datos de celular, esa cuenta y esa mujer eran denunciados. Pero que no podían
hacer mucho pues investigando la línea de celular, la comunicación salía del
Penal de Santa Martha Acatitla ubicado en la delegación Ixtapalapa en el Distrito
Federal.
En su estado de
origen le dijeron al hombre que el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte
Alejandro Rubido ya estaba enterado. Que le habían solicitado en otras
ocasiones que diera de baja ese y otros celulares denunciados como propiedad de
extorsionadores en el Penal de Santa Martha, en la penitenciaría de Guadalajara
y hasta en una de Tamaulipas. Que los teléfonos eran locales, de distintas
ciudades. Que también habían pedido a la autoridad federal que investigara esa
y otras cuentas de banco con todo y sus titulares, donde otras víctimas habían
depositado las sumas requeridas en la extorsión.
Pero a la fecha nada
ha pasado. Los celulares en poder de las autoridades siguen vigentes. La mujer
que debió entregar información personal para abrir una cuenta sigue libre y los
extorsionadores presos en penales inseguros para el ciudadano común, no son
juzgados por este otro delito.
La extorsión sigue
sucediendo a lo largo y ancho de México.
21 personas al día
son extorsionadas, el 94 por ciento de ellas por la vía telefónica. La
extorsión, uno de los delitos con mayor y alarmante alza en los últimos años,
ha resultado redituable para todos. Para los criminales que están en prisión
que continúan su vida delincuencial y generan recursos para sus familiares y
socios en el exterior de las cárceles. Para los bancos que abren las cuentas a
estos criminales y se hacen todos los días de efectivo en sus bóvedas. Para las
autoridades que proveen impunidad tanto en penitenciarías –los custodios y
funcionarios que por algún acuerdo introducen los aparatos celulares-, los
policías que voltean a otro lado, los investigadores que no investigan.
A propósito de la
ley anti lavado de dinero se hicieron reformas para que la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público estuviera más al pendiente de las transacciones
financieras de los mexicanos, y requerir las contribuciones cuando estas fuesen
omitidas por los registrados –y aquellos que no, también- en su padrón de
contribuyentes.
La intromisión de
funcionarios de Hacienda en cuentas de empresas y particulares mexicanos, se
anotó en la reforma como “discrepancia fiscal”, lo que significa que la
Hacienda Pública puede investigar las cuentas de banco, de crédito y de
inversiones financieras de todos los mexicanos, registrados o no ante el SAT.
Además que puede
obtener información de las cuentas a partir de terceros, tal vez siguiendo una
compra en un mercado, en una tienda, en una automotriz. Por ejemplo, Usted
tiene una cuenta donde le depositan su sueldo, de esa cuenta Usted compra un
carro por un valor superior a lo que en un año ha ganado, esa discrepancia “le
salta” a Hacienda y a partir de la información de la automotriz, revisa sus
estados financieros, si detectan depósitos económicos adicionales a los de su
sueldo, entonces le requerirán para saber el origen y por qué no ha pagado
impuestos sobre los mismos. Usted tendrá un periodo para justificar las
transacciones y, en caso de confirmarse la discrepancia, deberá pagar a
Hacienda los impuestos generados entre los cobrado y lo pagado. En caso que no
esté inscrito como contribuyente, deberá inscribirse y pagar. Así de fácil.
Pero con todo y su
intromisión fiscal legal, la Secretaría de Hacienda no es capaz de poner un
alto a los extorsionadores que utilizan, por regla general y modus operandi, a
las instituciones financieras para que las víctimas realicen los pagos
solicitados. Todos los días, mexicanos están siendo extorsionados y la
autoridad, el Gobierno Federal, el de Enrique Peña en la Presidencia, Jesús
Murillo en la Procuraduría, Miguel Osorio en Gobernación y Monte Alejandro
Rubido en la Comisión Nacional de seguridad, no han definido una estrategia
integral para disminuir la extorsión y poner a los extorsionadores tras las
rejas y a los que ya están ahí, sumarles juicios.
El mismo aparato del
Estado contribuye con los delincuentes. Como los extorsionadores están
prisioneros y todo lo ordenan con amenazas por la vía celular, la autoridad no
ha logrado determinar el camino de la información que se les hace llegar sobre
sus víctimas. Se suponen muchas rutas:
Desde los padrones
electorales que están a la venta y dónde se pueden obtener los datos como
dirección y teléfono de familias completas, pasando por los registros de las
licencias para conducir en los Estados de la República, donde los
automovilistas deben incluir en los formatos el nombre de una persona y el
número telefónico donde se le puede localizar en caso de emergencia. Los hijos
normalmente anotan los datos de los padres, las esposas a sus esposos, los
maridos a sus mujeres. Y con esa información a la venta en el mundo criminal,
se entrega la seguridad de las familias.
La falta de candados
para la protección de la información, y la poca investigación respecto la venta
de esta información, crean un clima de corrupción e impunidad que está
vulnerando a las familias mexicanas. Lo mismo cuando se tramita el pasaporte
mexicano, una beca, un crédito, o cuando se contrata un servicio público.
Siempre el gobierno tiene los datos de los ciudadanos que cumplen con la ley.
Nunca los de los criminales.
De esta manera el
negocio de la extorsión beneficia a las familias de los criminales, salpica al
gobierno y vulnera a la sociedad.
La Secretaría de
Seguridad Pública de Baja California ha gastado desde 2009, unos 48 millones de
pesos, para colocar inhibidores de telefonía celular en los penales que
administra en Tijuana, Ensenada, Mexicali y El Hongo. Es decir, si un custodio
llegase a introducir, ilegalmente por supuesto, un teléfono celular a un
reclusorio, no se puede utilizar en el interior, pues los aparatos adquiridos
por la Secretaría bloquean las señales de estos dispositivos móviles.
El problema es que
solo Baja California como entidad federativa cuenta con este sistema para
bloquear la señal y solo permitir la comunicación de los presos por medio de
teléfonos públicos. Ningún otro estado ha gastado un peso en esto, y de los
penales federales sólo dos cuentan con un sistema de bloqueo de señal de
telefonía, el de Nayarit y el de Tamaulipas, ambos de máxima seguridad. Vaya,
ni el penal de Puente Grande en Jalisco ni el que está en Almoloya de Juárez,
Estado de México, cuentan con un sistema de bloqueo para impedir que los
prisioneras tengan comunicaciones criminales hacia el exterior de los penales.
El incremento en las
extorsiones que hacen notar tanto el Inegi como el Observatorio Nacional
Ciudadano debería ser la base para la elaboración de un programa de combate que
incluya medidas como la que acabo de anotar. Pero en este país donde el
gobierno provee impunidad a los delincuentes,
las familias deben encontrar la forma de ponerse a buen resguardo ante una
autoridad que, con su sospechosa inacción o probable corrupción, las vulnera.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJES/ADELA NAVARRO BELLO / 25 DE FEBRERO DEL 2015 A LAS 10:49:12)
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