México, D.F.-
Policías municipales de San Fernando, Tamaulipas, estuvieron involucrados en la
muerte de migrantes hallados en fosas clandestinas en 2010 al realizar labores
de “halconeo, intercepción de personas y omisión en su deber en la observancia
de delitos cometidos por miembros de un grupo criminal, informó la Procuraduría
General de la República (PGR) a National Security Archive en el documento que
difunde el semanario Proceso.
Entre el 22 y 23 de
agosto del 2010, 72 migrantes de Centro y Sudamérica fueron asesinados en San
Fernando,Tamaulipas, por integrantes del crimen organizado con, ahora se sabe,
la colusión de varios policías. Un año después, en abril de 2011, al menos 193
personas fueron encontradas en fosas clandestinas en el mismo municipio. Estos
casos son similares al ocurrido la noche del 26 de septiembre en Iguala,
Guerrero, cuando policías municipales, coludidos con el crimen organizado,
desaparecieron a 43 normalistas, de los cuales uno ha sido hallado sin vida, y
asesinaron a otros tres.
“En base a [sic] las
declaraciones de los siguientes inculpados […] quienes refieren participación
de los elementos de la Policía Municipal de San Fernando, desde cubrir labores
de halconeo, intercepción de personas y omisión en su deber en la observancia
de delitos cometidos por miembros de una organización criminal citando además
que recibían pago por parte de esta organización criminal”, dice una nota
informativa de la PGR difundida el pasado 10 de diciembre a National Security
Archive.
De acuerdo con la
investigación realizada por Proceso, la cual ya circula en su más reciente
edición, el capítulo México de la organización estadounidense National Security
Archive logró que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección
de Datos (IFAI) pidiera a la Procuraduría General de la República desclasificar
los documentos sobre la matanza de 72 migrantes.
Los documentos
desclasificados que refiere el semanario revelan, entre otras cosas, un modus
operandi similar al del pasado 26 de septiembre en Iguala. “En uno y otro caso
los policías actuaron en colusión con grupos delincuenciales”, dice la nota
firmada por la periodista Marcela Turati.
Uno de los
documentos oficiales sobre las masacres ocurridas en San Fernando que la
Procuraduría General de la República (PGR) fue forzada a desclasificar, pone de
manifiesto la historia repetida en Iguala: policías municipales al servicio de
la delincuencia, participaron en las desapariciones de personas cuyos cadáveres
fueron encontrados en fosas clandestinas.
La nota informativa
desclasificada, cuya copia obtuvo Proceso, contiene las declaraciones de nueve
presuntos integrantes de ese grupo. Uno de ellos, Álvaro Alba Terrazas, “El
Junior”, expuso:
“Sé que los policías
y tránsitos (sic) de San Fernando ayudan a una organización criminal, porque en
lugar de que cuando detienen a la gente (sic) se la lleven al pentágono, es
decir a la cárcel municipal, se los entregan a los sicarios. El mero bueno es
un policía viejito y otro que se llama Óscar Jaramillo, quienes reciben dinero
de la organización para colaborar”.
De acuerdo con la
información, la PGR reservó la información por 12 años, sin embargo la
organización estadounidense National Security Archive se inconformó ante el
IFAI. Tras evaluar el caso, el instituto ordenó a la Procuraduría hacer
públicos los documentos. El miércoles 10 de diciembre, la dependencia entregó
una tarjeta informativa elaborada en la entonces SIEDO que contiene un resumen
de las primeras declaraciones de los detenidos.
En uno de los
extractos, siete de los detenidos admiten la participación de elementos de la
Policía Municipal de San Fernando que iba “desde cubrir labores de halconeo,
intercepción de personas y omisión en su deber en la observancia de delitos
cometidos por miembros de la organización delictiva, citando además que
recibían pago por parte de esa organización criminal”.
(ZOCALO/ SIN
EMBARGO/ 22/12/2014 - 04:17 PM)
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