AYOTZINAPA, Gro.,
(proceso.com.mx).- Familiares de cinco hombres desaparecidos pidieron al
presidente del Congreso estatal, Bernardo Ortega Jiménez, que le pida a sus
hermanos, identificados como líderes del grupo criminal “Los Ardillos”, que
liberen a las víctimas.
Los familiares
acusaron al legislador y coordinador de la fracción parlamentaria del PRD de
proteger a sus hermanos Celso y Antonio Ortega Jiménez, identificados por el
gobierno federal como jefes de una banda criminal que opera en el municipio de
Quechultenango, ubicado en la región Centro de la entidad.
Los familiares de
las víctimas identifican a los líderes de este grupo delictivo como los
responsables de la retención y desaparición de los cinco hombres.
El pasado 26 de
noviembre, un grupo armado se llevó por la fuerza a cinco hombres, entre ellos
un empresario constructor y dos arquitectos que ejecutaban un proyecto del
programa Escuelas de Calidad en una zona marginada del municipio de Chilapa de
Álvarez.
El hecho se registró
en las inmediaciones del poblado de El Jagüey, colindante con el municipio de
Quechultenango, donde sicarios al servicio de “Los Ardillos” y “Los Rojos”
mantienen una confrontación que se ha recrudecido en los últimos días y ha
dejado durante este año al menos 18 personas desaparecidas y varios homicidios.
Las víctimas fueron
identificadas con los nombres de: Vicente Apreza García, Jesús Romero Mujica y
Mario Montiel Ferrer, ambos procedentes del municipio de Cuautla, Morelos; así
como los hermanos Hugo y Alejandro Díaz Navarro, comerciantes originarios de
Chilapa.
José Díaz Navarro,
hermano de Hugo y Alejandro, acudió acompañado de familiares a la normal de
Ayotzinapa , donde el nuncio apostólico en México, Christopher Pierre, ofició
una misa en la normal para tratar de aliviar el dolor de los padres de los
estudiantes que siguen desaparecidos.
Los familiares de
los desaparecidos de Chilapa pidieron al jerarca católico que intervenga para
que las autoridades reduzcan la violencia en dicho municipio, donde también fue
ejecutado y enterrado en una fosa clandestina el sacerdote de origen ugandés
John Ssenyondo.
José Díaz reprochó
la indolencia gubernamental frente al caso de los cinco desaparecidos y aseguró
que el presidente del Congreso de Guerrero está interviniendo ante autoridades
federales para proteger a sus hermanos.
A casi un mes de
este hecho, el gobierno federal no ha implementado un operativo en el municipio
de Quechultenango, a pesar de que los familiares de las víctimas ubicaron dos
casas de seguridad donde fue llevada la camioneta en la que viajaban los cinco
desaparecidos.
(PROCESO/ EZEQUIEL
FLORES CONTRERAS/ 22 DE DICIEMBRE DE 2014)
No hay comentarios:
Publicar un comentario