MÉXICO, D.F.
(apro).- El pasado lunes 15 el abogado Luis Pérez de Acha y el director de
Artículo 19, Darío Ramírez, entregaron al Sistema de Administración Tributaria
(SAT) un escrito con una petición expresa: “confirmar si la información fiscal
que se desprende de la declaración de impuestos de 2010 hecha por Angélica
Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, es verdadera”.
El asesor legal de
las organizaciones Mexicanos Primero y Causa en Común explicó que el propósito
de dicha gestión es aclarar todo lo relacionado con la “Casa Blanca”, luego de
que el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño Mayer, dio por
cerrado el asunto. “Ya se aclaró lo que se tenía que aclarar”, dijo hace unos
días.
Sin embargo, Pérez
de Acha no piensa lo mismo y, junto con Darío Ramírez, buscan transparentar la
adquisición del inmueble.
“No podemos dar los
casos por cerrados. Puede estar cerrado mediáticamente, pero no legalmente”,
sobre todo, porque existe la sospecha de tráfico de influencias y corrupción”,
dice el litigante.
En la solicitud
presentada al SAT exponen que ante “indicios de que se cometieron delitos”,
dicho organismo es la institución que puede “verificar si fueron pagados en
tiempo y forma los impuestos correspondientes al ingreso de 130 millones de
pesos que, de acuerdo con su declaración recibió Angélica Rivera; también, si
las fechas, retenciones y tipo de declaración reportados en la documentación
que hizo pública son verdaderos”.
Pérez de Acha prevé
que el SAT se negará a atender la petición apelando al secreto fiscal, pero
“sostenemos que el secreto fiscal no existe en este caso porque la señora
publicó su declaración, y por el hecho de ser pública ya no es secreta”, señaló
en entrevista.
Además, dice que la
solicitud no es para conseguir los documentos que “no hayan sido ya dados por
Angélica Rivera”. Lo que buscan es, reitera, que el Servicio de Administración
Tributaria “confirme que esta información es verdadera o no”.
De acuerdo con el
abogado, la necesidad de conocer esa información es porque, al igual que la
duda que se generó por el supuesto pago de 130 millones por su trabajo como
actriz de televisión, Rivera muestra documentos sobre el pago de impuestos,
pero “son fotocopias” y “no cuadra en la misma información fiscal con la
información pública que dio la señora”.
Asimismo adelantó
que ante un escenario con la negativa del SAT, prepararía un juicio de amparo
ante los tribunales federales para avanzar legalmente hasta llegar a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la envergadura del tema y porque la
“pareja presidencial está involucrada y está en suerte su prestigio, si no su
inocencia”.
“Nadie puede apuntar
una inocencia cuando todos los elementos le apuntan en contra”, insistió Pérez
de Acha.
Aunque el abogado
consideró que Rivera “terminó siendo de alguna forma víctima de un
establishment podrido del sistema político mexicano”, sí tiene obligaciones qué
cumplir. Contrario al argumento de que al tener un cargo honorario en el DIF,
pues no recibe salario, no está obligada a hacer pública su declaración
patrimonial, hay legislación que sí la obligaría.
De acuerdo con el
convenio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la corrupción,
“para efectos de los tratados internacionales, son funcionarios públicos
aquellos que ocupen cualquier puesto, aunque no cobren”, por lo que la
justificación de Presidencia “carece de sustento jurídico”, subrayó el profesor
de la Escuela Libre de Derecho.
(PROCESO/ LA
REDACCIÓN/ 16 DE DICIEMBRE DE 2014)
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