EL INFIERNO EN LOS PENALES

Corrupción, represión, abusos contra los reos, escasa calidad de los alimentos, servicios médicos deficientes, inseguridad, malos tratos y castigos por parte del personal, son algunas de las condiciones que prevalecen en la mayoría de los penales del país y que pudieron provocar el motín en una de las Islas Marías.

Judith Valenzuela

El motín en las Islas Marías estaba predestinado a suceder. Y las autoridades penitenciarias conocían del riesgo a través de un informe entregado a finales de diciembre pasado a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, en donde se detalla la deplorable condición en que viven los internos de este penal federal.

Ubicadas en el Océano Pacífico, a 176 kilómetros de las costas mazatlecas, las Islas Marías fueron escenario, hace una semana, de una revuelta de aproximadamente 650 internos, que hasta hoy arroja, según cifras oficiales, un saldo de siete custodios y siete internos lesionados (de los cuales cinco continúan internados en Mazatlán), 50 prófugos y la evacuación de alrededor de 150 trabajadores de este centro de reclusión.

Perteneciente al estado de Nayarit, este complejo carcelario se alberga en la isla llamada María Madre desde hace poco más de un siglo, distribuido en once campamentos a lo largo de su territorio, que jurídicamente obedece a un mando federal.

El hermetismo de las autoridades carcelarias sobre la revuelta es evidente. No se han dado a conocer las causas del disturbio, como tampoco se publicaron los resultados de la Primera Encuesta a Población en Reclusión del Sistema Penitenciario Federal, elaborada por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), a encargo de la propia SSP y en la que se enumeran los principales “focos rojos” de los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso), principalmente el de Islas Marías.

La encuesta se levantó entre 821 internos sentenciados de ocho ceferesos: el del Altiplano en el Estado de México; el de Occidente en Jalisco, el Norponiente en Sinaloa, así como los ubicados dentro de la Colonia Penal Federal Islas Marías (cuatro para varones: Morelos, Laguna del Toro, Aserradero y Bugambilias y uno para mujeres: Rehilete).

Según el estudio, “los centros del Complejo Penitenciario Islas Marías presentan, en general, las evaluaciones más bajas del sistema penitenciario federal” en lo que se refiere a la disponibilidad de agua, calidad de los alimentos, servicio médico, condición de los dormitorios, ropa, seguridad, trato y castigos por parte del personal, así como en comunicación telefónica y visitas familiares.

Alimentos, medicina y visitas familiares

El informe detalla que poco más de la mitad de los internos en los centros federales considera que los alimentos que reciben son insuficientes en cantidad y calidad: “La mayor insatisfacción se da en los centros del Complejo Penitenciario de Islas Marías (que) puede deberse al gran número de comidas que cada cocina de la isla tiene que preparar. En uno de los centros, por ejemplo, se preparan cerca de dos mil comidas tres veces al día. Ello dificulta el control de calidad de los alimentos, incluido el control de la higiene de los mismos”.

En relación a las condiciones en los dormitorios, en las islas “se registraron las situaciones de mayor inconformidad por el número de internos/as con quien comparten el dormitorio, apuntando que el espacio es insuficiente y/o inadecuado para albergar a dicha población. En este centro hay quienes comparten dormitorios de 4, 12, 22, 50, 100 y hasta 200 reclusos”.

Con respecto al acceso al agua para beber, cerca de la mitad de los encuestados dijo que no está suficientemente potabilizada, lo que les ocasiona infecciones intestinales; mientras que para el aseo personal, es escasa y no estaba bastante limpia o desalinizada, por lo que les producía daños en la piel.

En lo que se refiere a la atención por parte de los servicios de salud, la mayoría (un 88 por ciento) se muestra satisfecho con la atención de tipo preventivo como chequeos generales o vacunas. Sin embargo, “preocupa de manera especial el tiempo que demoran en obtener atención médica cuando la solicitan”, señala el estudio, y añade que “mientras en Occidente demoran entre dos horas y cinco días; en Altiplano, Norponiente y en Islas Marías tardan un mes o más en recibirla”.

El resultado de las encuestas refiere que “la mayoría de los internos enfrentan importantes dificultades para recibir visitas, especialmente los de Islas Marías, en donde cerca del 90 por ciento de los internos nunca las ha recibido”. Uno de los principales obstáculos es la falta de dinero. Para visitarlos, “sus familias tienen que recorrer grandes distancias y pagar entre mil o poco más de cinco mil pesos en alojamiento y alimentos”.

“Para poder visitarlos, añade el informe, su familia tendría que costear el traslado hasta Mazatlán y después tendría que asumir los costos de su estancia en la isla durante una semana. El Complejo Penitenciario asume solamente el costo del traslado en barco desde Mazatlán hasta las islas y el del regreso. Para muchos internos esto hace imposible la visita de sus familiares durante todo el tiempo que dure su condena”.

En relación al acceso a la información, casi el 80 por ciento de los encuestados de los ocho centros señalaron que a pesar de realizar llamadas a sus familias, carecen de privacidad durante la conversación; mientras que la totalidad de los encarcelados no tienen acceso a periódicos, la mayoría puede leer un libro, aunque estos se encuentran en mal estado y solo pueden consultarlos dentro de las bibliotecas o de manera esporádica.

Maltrato, castigos y pérdida de identidad

Las encuestas documentan que “una tercera parte de los internos dijo haber sufrido golpes en la institución por parte de custodios o de otros internos, principalmente al momento de ingresar, cuando son golpeados en una especie de ritual de bienvenida”.

Varios internos refirieron que “ahí inicia lo que ellos viven como un proceso de pérdida de identidad, pues se les hace saber que han dejado de existir como personas con un nombre y que, en adelante, solo son un número que deberá acatar ciegamente las reglas. Sin embargo, estas no necesariamente coinciden con el reglamento de la institución sino que son las que impone, muchas veces de manera arbitraria y discrecional, el personal de custodia”.

Más de la mitad de los internos e internas han sufrido malos tratos, amenazas, insultos y humillaciones y han sido castigados entre una y tres veces durante el último año con el aplazamiento de llamadas de sus familiares, el aislamiento por más de 20 días y la suspensión de estímulos y actividades.

Procesos ilegales

Otros hallazgos que arroja el estudio son que “la gran mayoría de internos son traslados a los centros federales sin su consentimiento y que sus derechos son trasgredidos a lo largo del proceso, desde la detención hasta que se dicta la sentencia”.

Por ejemplo, “el 80 por ciento de los internos en Islas Marías afirmó que aceptó o solicitó su traslado a cambio de reducir su condena, estar con sus familiares o disponer de mayor libertad de movimiento en la Isla”. Pero la mayoría dice haber sido engañado, pues no les cumplieron ninguna de las condiciones ofrecidas.

En este sentido, “el 91.7 por ciento de los sentenciados que no fueron arrestados en flagrancia dijo que no le mostraron una orden de aprehensión” y “el 57.2 por ciento denunció haber sido golpeados durante la detención y llevados a cuarteles militares, agencias estatales, separos y casas clandestinas, antes de ser llevados a la agencia del Ministerio Público”.

Los datos sugieren que el derecho a una defensa adecuada no se cumple ni en forma ni en fondo, agrega el estudio, ya que la mitad de los encuestados dijo no tener abogado al rendir declaración en la Agencia del Ministerio Público, que su abogado no les aconsejaba antes de las audiencias, no les explicaba lo que pasaba durante las mismas ni de los resultados de los procesos, además de que “los jueces están ausentes durante las audiencias”. El 75 por ciento dijo nunca haber hablado con el o la juez”.

Inseguridad, corrupción y drogas

En el rubro de seguridad dentro de los penales, la mayoría señaló que se sienten muy seguros o relativamente seguros, no así para los hombres y mujeres recluidos en Islas Marías, en donde los porcentajes sobre el sentimiento de inseguridad son significativamente más elevados (hasta tres veces más).

Un promedio del 32 por ciento de los encuestados afirmó que existe corrupción y consumo de drogas dentro de los penales federales. De este porcentaje, más de la mitad (58 por ciento)  dijeron que son los propios custodios quienes las introducen a los centros. A la pregunta de si en la institución se consumen drogas, 36 por ciento de los internos en Altiplano, 46 en Occidente, 20 en Norponiente, 56 en Islas y 34 por ciento en Rehilete, señalaron que sí se consumen drogas en la institución.

La necesidad de contar con actividades laborales se puso de manifiesto al preguntarle al 62 por ciento del total de los internos que no realizan esta clase de actividades, si les gustaría poder hacerlo, a lo que un 87 por ciento respondió que desearían poder realizar algún trabajo, pero que no lo hacían porque la institución no se los proporciona.

Edad y origen

Algo digno de hacer notar es que el grupo de edad mayoritario, tanto para hombres como para mujeres, es el de 31 a 40 años, que en ambos casos representa a más de la tercera parte de la población. Sin embargo, en términos proporcionales, es mayor el grupo de hombres presos entre los 31 y los 50 años (65.5 por ciento), mientras que entre las mujeres es el de 21 a 40 años (66.3 por ciento).

Con respecto al lugar de origen, los presos hombres son originarios de la Ciudad de México, Sinaloa, Chihuahua, Veracruz y Michoacán, mientras que las mujeres provienen de la Ciudad de México, Veracruz, Sinaloa, Sonora y Guerrero.

(RIODOCE.COM.MX/Judith Valenzuela/11 DE FEBRERO 2013)