martes, 25 de diciembre de 2012

CARRETERAS CHUECAS EN SINALOA



Tráfico de influencias, amenazas, fraudes y corrupción en la licitación de obras

Alejandro Sicairos  
Lejos de verlo como un crédito que endeudó como nunca antes a Sinaloa, las compañías constructoras en contubernio con funcionarios estatales divisaron los 2 mil 600 millones de pesos como un impresionante botín a disputar.

En la barahúnda por repartirse la “piñata” malovista ni siquiera les preocupó dejar huellas en las actas de fallo que delatan carreteras mochas, aplastamiento de los presupuestos más baratos y amenazas a competidores. Los contratistas saben que en el desgobierno pueden hacer eso y más.

Una de las obras financiadas con la megadeuda por 2 mil 600 millones de pesos, que en agosto de 2011 contrató el gobernador Mario López Valdez, es la rehabilitación de la carretera Limoncito-5 Hermanos, municipio de Navolato, en un tramo de 14 kilómetros 140 metros. En realidad se reconstruyeron solo 13 kilómetros con los mismos 22 millones 566 mil 750 pesos con 47 centavos que fueron autorizados para reparar todo ese tramo.

Para otorgársela a la empresa Agregados, Maquinaria y Construcción S.A. de C.V., el Comité de Licitación desplazó 12 propuestas de constructoras que la harían más barata. La número uno, planteada por Construcciones y Pavimentos Asfálticos S.A. de C.V. ofrecía realizar la obra con 2 millones 404 mil 996 pesos menos.

La de la empresa ganadora fue la propuesta 13, la última, según el acta de fallo del concurso de licitación SDUOP-C-LP-CAR-064-2011. Con argumentos endebles, tan ligeros como no señalar fechas para disponer de la maquinaria requerida, se eliminó a una docena de postulantes. Finalmente, nada más cuatro de los doce solicitantes desplazados firmaron el dictamen.

Este y otros casos afloran en la investigación que llevó a cabo el Consejo Ciudadano para la Vigilancia y Transparencia en Sinaloa y que orilló a este organismo a negarse a avalarle a Mario López Valdez el incorrecto uso del dinero del supercrédito.

A pesar de que el CCVTS mantiene bajo reserva el expediente que da cuenta de las múltiples irregularidades en el proceso de licitación y realización de las 552 obras programadas a realizarse con los 2 mil 600 millones de pesos, una investigación propia de Ríodoce ubicó algunas de las anormalidades ya consumadas.

Son la licitación, asignación y ejecución de obras en carreteras y caminos las que de inicio estuvieron marcadas por el favoritismo. Ello se agravó luego con “arreglos” que funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas hicieron con las constructoras para que los tramos a rehabilitar o a construir fueran más cortos de lo establecido en la convocatoria y acta de licitación.

De acuerdo con estimaciones del consejo fiscalizador que el mismo gobernador creó para sancionar el ejercicio del supercrédito, al menos el 20 por ciento de los trabajos asignados en el área de comunicaciones se realizaron en longitudes menores a las previstas en los contratos.

También hubo amenazas a empresarios de la construcción para que permitieran los malos manejos que se dieron en los procedimientos de licitación. En el transcurso de la publicación de la convocatoria y al momento del fallo se coaccionó a las compañías inconformes con vetarlas en otros concursos de obras si se inconformaban contra la correspondiente acta de asignación.

El caso Medif

A la compañía Medif Constructora S.A. de C.V. no le significó ninguna dificultad obtener el mayor monto de recursos otorgado por el Gobierno de Sinaloa dentro de la aplicación del megacrédito. Es la que más obra ganó, con 149 millones 130 mil 495 pesos con 70 centavos.

Es la constructora que pavimenta el tramo El Salado-El Álamo, el antiguo camino de terracería que una y otra vez han recorrido el Ejército y las Fuerzas Federales al considerarlo dentro del territorio del cártel de Sinaloa.

En febrero de 2010, elementos de la Marina tomaron por asalto la finca que la familia Zambada Niebla tiene en la comunidad El Álamo, poblado donde topa la primera etapa de la carretera que el Gobierno del Estado está pavimentando. A raíz de aquel operativo, la exesposa de Ismael el Mayo Zambada, Rosario Niebla, denunció que los soldados se llevaron artículos personales y tumbaron todo lo que se encontraba a su paso.

En esta obra que se realiza con dinero del préstamo adquirido por Malova, de acuerdo con constructores consultados, operó el factor miedo. A los que intentaron hacer propuestas para competir contra Medif se les advirtió que era peligroso no solo contravenir al principal postor sino meterse con maquinaria y trabajadores a la zona en que se realizaría la obra.

El trayecto El Salado-El Álamo lo ganó Medif apareciendo en el primer lugar de la lista de propuestas. Su planteamiento de 38 millones 599 mil 921 pesos con 32 centavos aparentemente no fue superado por otras cuatro empresas que se animaron a concursar: Construcciones Eléctricas y Urbanas Mira, Cooperativa de Producción Borquin Construcciones, Construcciones José y Constructora Gusa.

Aun cuando es una de las obras más grandes hechas con recursos del megacrédito, la participación de constructores fue poca. “Hubo miedo a entrarle, desde la misma Secretaría de Obras Públicas nos alertaron que había un peligro real, latente”, dice uno de los empresarios que evitaron tomar parte en la licitación.

No es la única licitación que ganó Medif. También logró la pavimentación con concreto asfáltico del camino Badiraguato-Otatillos, tramo Badiraguato-El Palmar, con una inversión de 55 millones 581 mil 28 pesos con 78 centavos. En este caso concursó en cuarto lugar y obtuvo la obra compitiendo con otras ofertas, como la de Constructora y Arrendadora López S.A. de C.V. que planteaba hacerla con 4 millones 237 mil 424 pesos con 82 centavos menos.

De igual forma se le adjudicó la pavimentación de 9 kilómetros del camino Concordia-Cacalotán, tramo Mesillas-Cacalotán, con una inversión de 54 millones 949 mil 545 pesos con 60 centavos. En este caso su propuesta era la sexta y última, desplazando el ofrecimiento de compañías como Construcciones José S.A. de C.V. que haría la misma obra pero con un millón 749 mil 154 pesos con 94 centavos más barata, de acuerdo con datos de la licitación SDUOP-C-LP-PAV-066-2012.

Reparto sospechoso

Existen otros casos que han prendido las luces de la sospecha en el Consejo Ciudadano para la Vigilancia y Transparencia de Sinaloa, pues abren la posibilidad de que la licitación y asignación de obra estén orientadas a privilegiar intereses privados, al margen de lo que establece la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.

Sobresale el hecho de que la empresa Administradora de Edificaciones S.A. de C.V. haya conseguido la pavimentación con concreto hidráulico del bulevar Benito Juárez, en la ciudad de Navolato, pese a que ocupó el doceavo lugar al presentar su propuesta. Hará la obra con 9 millones 267 mil 971 pesos con 11 centavos, contra la postura que participó en primer lugar con 188 mil 801 pesos con 20 centavos menos.

Pero la misma empresa también concursó por “trabajos a nivel base impregnada, guarniciones y banquetas en mil 260 metros del bulevar Agustín Melgar, de Navolato”, con una inversión de 12 millones 337 mil 385 pesos con 15 centavos. Su planteamiento se ubicó en el lugar 20 pero como por arte de magia saltó al primer lugar, desplazando a Proyectos y Construcciones GFI, que propuso hacer la obra con 635 mil 580 pesos con 24 centavos menos.

La firma Agregados, Maquinaria y Construcción participó en el doceavo lugar para una obra de guarniciones y banquetas en la comunidad de Villa Ángel Flores, municipio de Navolato, ganando extrañamente la licitación aun cuando la propuso 340 mil pesos más cara que Real El Diez S.A. de C.V. que aparecía en primer lugar.

En el caso de Cabsingh Constructora S.A. de C.V. ganó la licitación para edificar el puente bimodal sobre el río Tamazula, en Culiacán, a pesar de que concursó en el tercer y último lugar. Para estos trabajos propuso gastar 15 millones 920 mil 786 pesos con 65 centavos, es decir 977 mil 31 pesos con 12 centavos más que Haggen Construcciones, que encabezaba las propuestas.

En infinidad de obras licitadas providencialmente las empresas saltaron al primer lugar al hallarse en los últimos sitios, con presupuestos mucho más altos. La descalificación de los no privilegiados se hizo en forma arbitraria: “no considera que el presente año es bisiesto, presenta año anormal”, dice una de las razones estipuladas en el contrato SDUOP-CAP-PUENTE BIMODAL-098-2012.

Las licitaciones las sancionaron Carlos Ramón López Castro, director de Normatividad y Contratos; Dionisio Sánchez Félix, director de Control y Seguimiento da la Obra Pública; Armando Trujillo Sicairos, jefe del Departamento de Licitaciones y Contratos, y José Luis Ulloa Miranda, jefe del Departamento de Seguimiento de Contratos. Todos ellos son funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.


Los últimos serán los ganones

Resulta atípico —“pero sobre todo cínico, aborrecible”— que los gobiernos causen daños patrimoniales a las finanzas públicas con tal de pagar favores políticos o beneficiar a sus compadres y amigos, critica el ingeniero Marco Antero Boucieguez, auditor de obra pública.

Supervisor desde hace 20 años de obras de gobierno en el Distrito Federal y el Estado de México, señala que en los procedimientos para concursar y asignar proyectos que se realizan con recursos públicos es altamente sospechoso que entre 20 posturas o más gane la última y se desechen las primeras.

“Del lugar uno al cinco es lo normal. Cualquiera que dentro de ese orden gane una licitación no tiene porqué generar dudas. Es el rango que denota un correcto manejo de las licitaciones que durante décadas se han prestado para actos de corrupción”, agrega.

Recomienda que el gobernador o los presidentes municipales, y de ser posible los congresos estatales, garanticen que los funcionarios que sancionan las convocatorias o licitaciones de obras sean de probada honestidad y no caigan en corruptelas.

“Los servidores públicos ven esta área como una mina de oro. Con los porcentajes que cobran por beneficiar a tal o cual empresa, con ganancias que obtienen violentando las características o calidad de los trabajos a ejecutar o siendo socios o trabajadores de las constructoras que ganan, ellos se echan muchos millones a la bolsa”, afirma.

Especializado en el Politécnico Nacional en auditoría de obras, Antero Boucieguez señala que en varios estados se han establecido candados legales para acabar con la costumbre de que en las licitaciones que hace el Gobierno “los últimos sean los ganones”.

Solamente entidades que se aferran a la opacidad, a la transa, continúan con esquemas que favorecen y toleran la asignación de obras a cuates, amigos o socios, puntualiza.


Yo debo… que otros paguen

Según el corte del 10 de diciembre de 2012, el Gobierno de Sinaloa había formalizado y contratado los siguientes créditos, dentro de los 2 mil 600 millones de pesos que el Congreso del Estado le autorizó a adquirir en deuda:

Banco    Monto    Plazo para pagar

Banorte    1,339 millones    20 años
Banamex    500 millones    20 años
Bancomer    339 millones    20 años

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