Reporte Índigo
México, DF.- Los diputados sepultaron el jueves a la SSP de
Genaro García Luna. Fueron seis años de una Policía que devoró 400 mil
millones de pesos y que dejó una herencia de 70 mil muertos. Lo peor del
sexenio de Calderón yace ya bajo la tierra
En 2006 Felipe Calderón recibió un país socialmente convulso tras la estrecha victoria electoral, y un territorio nacional en donde durante décadas incubaron organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Heredó un escenario en el que un problema de seguridad pública rápidamente evolucionó a uno de seguridad interior, convirtiéndose de esta manera en una amenaza nacional.
La violencia exorbitante se incrementó y se esparció por diversas zonas del país.
Fueron las consecuencias de políticas públicas fallidas durante las dos administraciones previas. Acciones que el Gobierno ejecutó sin apuntar, y de oportunidades que no supo aprovechar.
También fue el resultado de un mal diagnóstico, que ante la urgencia de legitimarse como Presidente de la República, tuvo que realizar de botepronto con una mirada miope.
Esto impidió que Felipe Calderón y su equipo diseñaran una estrategia integral de seguridad interior que abarcara un esfuerzo multidimensional para combatir la problemática que alimenta el crecimiento del crimen organizado en nuestro país.
El Gobierno federal implementó una estrategia de gobierno para tratar una complicación de Estado. Mientras que la complejidad y diversidad de los factores en torno a la gran problemática en materia de seguridad ameritaban una lectura de estadista.
Una que incluyera a los tres Poderes de Gobierno, a la sociedad civil y sí, ante todo el apoyo obligado de actores internacionales.
Sin embargo, la personalidad impulsiva de un presidente que llegó por la puerta trasera, llevó a que el propio Mandatario fuera sometido por el juicio de los expertos en su gabinete, por las voces extranjeras y por el cálculo político de su partido.
Agobiado por las consecuencias, que no se esperaba en los primeros años de su gobierno, el “presidente del empleo” se quedó petrificado y renunció a escuchar las voces que desde todos los rincones del país exigían un golpe de timón en la estrategia.
ESTRATEGIA MILITARIZADA
Son muchos los que aseguran que el Presidente recibió el mismo consejo de diferentes personajes, uno que eventualmente sería un parteaguas en esta guerra: no sacar al Ejército a las calles.
El Presidente lo hizo. Y el problema no está en haber sacado a las mujeres y hombres en uniforme para combatir un cáncer que las policías locales y la Policía Federal eran incapaces siquiera de mirar de frente. El problema fue la manera en que lo hizo.
Lo cierto es que no cabe duda que la mayoría de la sociedad se siente más segura con el Ejército y Marina patrullando las calles.
El inconveniente entonces radica en que analizando lo acontecido durante el sexenio de Calderón, y la estrategia que ha seguido –para unos tenaz, para otros necia– nos lleva a concluir, con fundamento en una premisa básica y un poco de sentido común, que el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México no están capacitados ni facultados legalmente para efectuar labores de seguridad pública.
Es cierto que el fin de las Fuerzas Armadas es preservar la soberanía del país promoviendo la paz y tranquilidad, y hacerle frente a cualquier amenaza extranjera o doméstica.
No menos cierto es el hecho de que el papel de las Fuerzas Armadas en una operación de seguridad interior debe ser delimitado en un marco legal de tiempo, acción y facultades.
Este apartado estuvo ausente durante los primeros cinco años y medio del mandato del Presidente.
Por ejemplo, no fue sino hasta el pasado 23 de abril, después de cinco años de guerra, que el Gobierno federal dio a conocer una serie de protocolos para las fuerzas federales, con el fin de garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos y delimitar el actuar de los efectivos.
Tuvieron que contabilizarse 70 mil muertos, miles de demandas de violación a derechos humanos, y cientos de recomendaciones de la CNDH para que el equipo de seguridad nacional de Los Pinos diseñara, o imitara, un protocolo indispensable para combatir lo que ahora los expertos en seguridad nacional denominan una insurgencia criminal.
Y aún así, el marco de tiempo en que el personal militar habría de regresar a los cuarteles, nunca fue establecido.
Destinar grandes presupuestos al sector de la defensa nacional no era el problema. La Sedena recibió más de 220 mil millones de pesos durante el sexenio y la Semar 84 mil millones de pesos.
El desarrollo de las capacidades militares y defensa de las Fuerzas Armadas es algo en que todo país emergente debe contemplar e invertir.
La oportunidad de que las capacidades tecnológicas de defensa se desarrollaran, fueron frustradas por la intrínseca necesidad de mantener al cuerpo militar con recursos para combatir una guerra no obligada para su participación.
El problema de seguridad pública era responsabilidad de aquellos civiles encargados de la misma, es decir de la policía.
El experimento de la Policía Federal Preventiva, Agencia Federal de Investigaciones y Policía Federal sólo se logró consolidar en los últimos años de los sexenios panistas.
Siempre inmersos en pugnas con otras instancias de seguridad y procuración de justicia, envueltos en controversias, escándalos mediáticos y protagonismos, la Policía Federal de García Luna desaparecerá el próximo 1 de diciembre, habiendo gastado más de 70 mil millones de pesos durante el sexenio.
En estos seis años de “lucha” contra el crimen organizado han sido muchos los actores políticos, expertos en seguridad, catedráticos y diplomáticos los que argumentan que el común denominador que ha faltado para lograr mayores resultados ha sido el uso propio y eficaz del sistema de inteligencia mexicano.
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