Ahora, César Lizárraga, ex presidente de Guaymas y denunciado
en múltiples ocasiones por presuntos desvíos de recursos públicos y que además
mantiene en la zozobra financiera al Municipio, lo nombra Director de Obras de
Infraestructura Educativa…
REDACCIÓN / DOSSIER POLITICO
Hermosillo, Sonora (DP).- El gobernador Guillermo Padrés
nombró al ex alcalde de Guaymas, César Lizárraga, un ex presidente municipal
señalado por la actual administración por presuntas ilegalidades y desvío de
millones de pesos del erario público, en un cargo dentro del Nuevo Sonora.
Ahora, César Lizárraga, ex presidente de Guaymas y denunciado
en múltiples ocasiones por presuntos desvíos de recursos públicos y que además
mantiene en la zozobra financiera al Municipio, lo nombra Director de Obras de
Infraestructura Educativa.
El mandatario hace un mes, realizó otros 4 cambios en su
Gabinete donde destacan los ex alcaldes Alejandro Zepeda Munro y José Ángel
Hernández, quienes dejaron en “quiebra” a Puerto Peñasco y Nogales, respectivamente,
según lo declarado hace 3 semanas por el tesorero del Estado, Mario Cuen
Aranda.
Por supuestos desvíos de recursos, tráfico de influencias,
actos de corrupción y malos manejos de recursos federales etiquetados a
programas definidos, ex titulares del Ayuntamiento de Guaymas, en especial los
exalcaldes Mónica Marín Martínez y César Adrián Lizárraga Hernández, fueron
llamados a comparecer ante el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de
Guaymas y la
Comisión Especial Plural de Entrega- Recepción.
Ambos ex presidentes municipales han sido llamados a
comparecer ante Contraloría y también para responder por irregularidades
encontradas mediante el proceso Entrega-Recepción por parte de la Comisión Especial
Plural, órgano ante el cual ya comparecieron tanto la ex alcaldesa Mónica Marín
como el ex Tesorero, Carlos Dueñas Rivera.
A partir del pasado lunes 12 de noviembre la ex contralora
Iveth Guerrero Padrés; el ex director de Desarrollo Social, Víctor Flores García;
la ex oficial mayor, Alma Delia Silva Carrillo y la ex alcaldesa Mónica Marín
Martínez, se han estado presentando ante la Contraloría Municipal para
responder por los posibles fraudes que se investigan en el programa social de “cemento
barato”, en perjuicio de cientos de guaymenses.
Sin embargo, los ex funcionarios se han guardado el derecho
de reserva para responder los cuestionamientos verbales y todos, solicitan
plazo de 5 días hábiles para responder por escrito.
Por millonarios desvíos federales del programa Subsemun en el
tema de seguridad pública, el ex tesorero municipal, Carlos Dueñas Rivera; la ex
administradora de la Dirección de Seguridad Pública, Claudia Matzumilla Concle,
de nuevo la ex alcaldesa Mónica Marín Martínez, el ex contralor Carlos Cortés y
el ex alcalde César Adrián Lizárraga Hernández, fueron requeridos para rendir
su declaración.
Contrario al resto de los que han sido llamados, Lizárraga
Hernández decidió evadir toda responsabilidad ante los guaymenses, no acudiendo
a los llamados de la Contraloría, violando así la ley de responsabilidades.
Los funcionarios estatales ocupan la Subsecretaría Técnica
del Ejecutivo y la Dirección Administrativa de la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE) el resto de la administración, movimientos anunciados en la víspera del Tercer Informe de Gobierno
de Padrés Elías el próximo lunes 15.
Además de estos cambios, el Gobernador Padrés también dio a conocer
que Francisco Villanueva ocupará el cargo de subsecretario de Gobierno en
sustitución de Luis Fernando Rodríguez quien a partir de hoy ocupará la
representación del Gobierno del Estado de Sonora en la
Ciudad de México.
Hace 7 semanas, el 22 de septiembre, ante la grave crisis financiera
por la que atraviesan más del 60 por ciento de los Municipios de Sonora, el
tesorero del Estado, Mario Cuen Aranda, pidió a los nuevos Alcaldes que
denuncien las arcas vacías y el endeudamiento público a la Contraloría estatal
a fin de iniciar con las investigaciones.
En esa oportunidad, el tesorero dijo que “los Presidentes
Municipales entrantes deben denunciar el daño patrimonial por violar las leyes
y por lo tanto deben de proceder en consecuencia denunciando esas irregularidades
ante la Contraloría estatal, pero aquí cada ayuntamiento tiene que decidir
según sea el caso”.
Destacó que el Municipio con mayores problemas financieros es
Puerto Peñasco, y de hecho son más, pero hasta este momento los alcaldes que
llegaron a trabajar a estos municipios son los únicos que se han acercado al
Gobierno del Estado a solicitar rescate financiero, por lo que se avizora un
panorama oscuro al finalizar el año y la implementación de nuevos impuestos en
Sonora, dijo el funcionario estatal.
“Piden el apoyo al Gobierno estatal porque están llegando y
se van encontrando con sorpresas, adeudos de nóminas, adeudos con proveedores,
no están todos los bienes que dicen que están en los Municipios”, apuntó.
Informó que algunos presidentes municipales de las pasadas
administraciones, incluso, se acercaron al Gobierno para que los apoyaran con
recursos para el pago de los últimos adeudos por lo que se les parte del Fondo
de Participación Municipal… pero no les fue suficiente.
“A algunos municipios se les adelantó el 50 por ciento de sus
participaciones, pero ni así les alcanzó a los nuevos alcaldes; los ayuntamientos,
la mayoría, no se encuentran con finanzas sanas, tienen adeudos de sueldos, de
proveedores, de gasolina, con la Comisión Federal (de Electricidad)… todos
ellos están ejerciendo una presión muy fuerte sobre los nuevos alcaldes, hay Ayuntamientos que los recibieron a oscuras,
sin luz porque se las cortaron”, aseguró.
El 18 de abril, el entonces diputado local Ulises Cristopulos
Ríos, aseveró a Dossier Político que “es evidente que el Gobierno del Estado
está en quiebra, pues una gran cantidad de proveedores ha manifestado de manera,
algunos discreta y otros de forma abierta ante los diputados, que tienen el
problema de adeudos muy fuertes del Gobierno del Estado.
Hay obras que no se concretan, apoyos que no llegan, y una
gran cantidad de proveedores a los que se les deben fuertes cantidades. Esto indica
una situación muy compleja en cuanto a la capacidad económica del Gobierno del
Estado”.
Como se recordará, la calificadora de deuda Standard& Poor’s
comentó en su momento que, de continuar el excesivo gasto corriente del Gobierno,
el Estado podría caer en una calificación crediticia a la baja. Ahora, unos meses
después, Fitch Ratings ya dio al estado una calificación crediticia negativa.
Por su parte, el 23 de abril del presente, el entonces
diputado federal Miguel Pompa denunció a este medio
“un grave desorden financiero” del Gobierno de Sonora, al
acusar que mantiene adeudos con transportistas locales, de realizar descuentos
a trabajadores del Estado.
Explicó que el desorden financiero ha tenido un impacto
directo en las actividades productivas del agro sonorense y ha polarizado a la sociedad
en temas como el agua, el transporte, la educación, la seguridad pública y la
procuración de justicia.
Hay un desorden fiscal importante en Sonora que no ha salido
totalmente a flote porque el gobierno federal lo
solapa, hay problemas
que están descalabrando las actividades económicas
locales y son una muestra de la irresponsabilidad política y técnica del
gobierno estatal.
“Ya hay un déficit importante de pagos; hay incertidumbre en
las elecciones locales por falta oportuna de recursos para materiales, no se liberan
a tiempo las prerrogativas; empezaron a descontar de los sueldos de los
trabajadores de la salud, la procuración de justicia está en riesgo y el transporte
público está también paralizado”, criticó el priísta en esa ocasión.
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