Álvaro Delgado
Más aún, de acuerdo con la propia Vázquez Mota, García Luna tiene un cómplice
en esta conducta delincuencial: Alejandra Sota Mirafuentes, vocera de la
Presidencia de la República, y también, portavoz en materia de seguridad del
gobierno de Felipe Calderón.
Luego de que este mismo lunes 26 presentó la denuncia de hechos Agustín
Torres Ibarrola, coordinador de Redes Sociales de la campaña de Vázquez Mota y
quien fue grabado en una conversación con ella, las investigaciones de la
Procuraduría General de la República (PGR) deben determinar la responsabilidad
de ambos funcionarios, si actuaron por su cuenta o si se los ordenó su jefe.
Si Calderón no sabía del espionaje y la difusión que de esa ilícita actividad
hacen García Luna y Sota Mirafuentes mediante filtraciones, como acusa Vázquez
Mota en la conversación con Torres Ibarrola obtenida ilegalmente, es algo muy
grave, pero si lo efectúan con su aval es todavía peor, porque conciente actos
delictivos a sabiendas.
Es cierto, no sorprende y en todo caso es un elemento más que explica la
impunidad con la que ha actuado García Luna a lo largo del sexenio, como el caso
de la ciudadana francesa Florence Cassez, que cuatro de los cinco ministros de
la Primera Sala acreditaron la conducta delictuosa de ese funcionario favorito
de Calderón.
No extraña, por eso, el silencio de los implicados y el presuroso afán de
Javier Lozano, uno de los portavoces del Partido Acción Nacional (PAN), de
culpar del espionaje al PRI, partido en el que militó hasta 2006 y cuyas
prácticas conoce muy bien, pero sobre todo de encubrir a García Luna, prototipo
de la delincuencia desde el poder: “Estoy aquí para defenderlo”.
Y añadió: “Yo sí le tengo respeto y afecto, y consideración a Genaro García
Luna, y creo que si el presidente de la República le ha brindado su confianza es
porque es un hombre leal a la institución a la que sirve, al país para el que
trabaja y al presidente que lo nombró.”
Es sabido que Lozano no actúa por sí solo ni tiene criterio propio y que si
defiende a García Luna es porque lo mandó su jefe, sobre todo cuando es Vázquez
Mota la que lo acusa, como queda claro en la grabación dada a conocer este lunes
por el portal La silla rota, en la charla con Torres Ibarrola –por cierto
sobrino de Calderón– al final del último debate con Ernesto Cordero y Santiago
Creel.
“Vamos a ganar, ¿y luego qué vamos a hacer?”, dice Vázquez Mota en una
expresión muy reveladora también de su verdadera estatura política, y enseguida
le comparte a su colaborador: “Como nos están grabando, mándale un saludo a
Alejandra Sota”.
Poco después, la candidata del PAN insiste en que la conversación está siendo
grabada –“los dos les mandamos saludos a Alejandra Sota y a Genaro García
Luna”–, y enseguida hace imputaciones inequívocas: “Un saludo cariñoso para
Genaro García Luna, que nos graba en lugar de grabar al Chapo. Y un saludo muy
amoroso a Alejandra Sota, que filtra todas nuestras llamadas telefónicas.
¡Pinche Sota!”.
La acusación, entonces, está hecha y la Constitución, en su artículo 16,
establece: “Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará
penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las
mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad
federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad
federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier
comunicación privada.”
El Código Penal Federal, en el artículo 177, señala: “A quien intervenga
comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le
aplicarán sanciones de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa.”
De manera que, si hay voluntad, la PGR puede investigar y dar con los
responsables que, conforme a lo que dice Vázquez Mota, son García Luna y Sota
Mirafuentes, como deben hacerlo los abogados que ella contrató: Germán Martínez
y Fernando Gómez Mont.
La otra opción es que la acusadora, candidata presidencial del PAN, quede
como una falsaria…
Apuntes
Hace tres semanas, el 5 de marzo, en este espacio se informó de la demanda
que el abogado Pedro Leblic, en representación de decenas de padres de familia,
presentó ante los tribunales de España contra la organización secreta El Yunque,
debido a que viola el artículo 22.5 de la Constitución de ese país, que prohíbe
“las asociaciones secretas y de carácter paramilitar”.
Pues bien, un juez civil
ha decidido admitir la demanda, una decisión inédita que permitirá conocer el
nivel de penetración de ese entramado ideológico que opera, también, en otros
países.
En México, mientras tanto, los juramentados hicieron valla y cantaron
loas a Joseph Ratzinger, el Papa que dio la comunión a un sujeto que la historia
juzgará por las matanzas que propició…
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