Se harán estudios técnicos para determinar el grado de riesgo al que están expuestos testigos o víctimas de un delito. Además, se llevará un registro de personas que decidan colaborar únicamente con fines estadísticos.
Enrique Méndez y Roberto Garduño México, DF. La Cámara de Diputados aprobó hoy el decreto que expide la Ley Federal para la Protección a Testigos, que incorpora las figuras de personas protegidas y testigo colaborador que ofrezcan información o estén en riesgo al haber sido testigos de un delito de delincuencia organizada, y que por esa razón formarán parte de un programa de protección a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR).
El dictamen, que contó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, crea un Centro Federal de Protección a Personas, que estará a cargo de realizar estudios técnicos que determinen el grado de existencia de riesgos para testigos o víctimas de un delito.
Dicho centro estará obligado además a llevar un registro de las personas que voluntariamente decidan sumarse al programa de colaboración y/o protección únicamente con fines estadísticos debido a que su identidad se considerará reservada, de acuerdo a la Ley Federal de Acceso a la Información Pública.
Al hablar en favor del dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño (PRI), afirmó que se trata de una ley histórica, moderna y novedosa, que acabará con la discrecionalidad en la adopción de medidas de protección a víctimas o a integrantes de la delincuencia organizada que deciden aportar información, a cambio de resguardo.
El priísta refirió en la tribuna que en el sistema de justicia internacional, el primer caso de protección a un testigo ocurrió en 1963, cuando Joseph Valachi rompió el código de silencio de la mafia italoamericana y cooperó para atestiguar en contra del capo Vito Genovese.
Al respecto, en las consideraciones del dictamen se señala: cuando Valachi compareció ante una comisión del congreso de Estados Unidos, lo custodiaron 200 alguaciles, porque había rumores de que la mafia había puesto un precio a su cabeza de 100 mil dólares.
La diputada Dolores Mazares (PRD) sostuvo que con esta ley se terminará con el uso político de protección a testigos. “No olvidamos el agravio a militantes y servidores públicos surgidos del PRD, a quienes se les acusó falsamente de pertenecer al crimen organizado, se les encarceló y finalmente se les liberó”.
