PROTECCION BILATERAL

Protección bilateral :México y EU apoyan al cártel de Sinaloa: Anabel Hernández

Martín Durán

El cártel de Sinaloa no solo ha recibido protección de parte del Gobierno mexicano, asegura en entrevista con Ríodoce la periodista Anabel Hernández, autora del libro Los Señores del Narco, ahora se está documentando cada vez más, surgen más indicios y señales de que Estados Unidos hizo acuerdos con la cúpula de esta organización a cambio de ser informantes.

 De visita en Culiacán la semana pasada, en donde expuso algunas de las peripecias que pasó para conseguir la información de su libro que documenta esa relación narco-Gobierno, la reportera insiste:

 “Los narcos son narcos porque los protegen, porque se rodean de gobernantes y funcionarios corruptos y ahora de agencias gringas que negocian con ellos”

. —Has sido muy insistente en el tema “cártel de Sinaloa-Gobierno”, incluso con el caso del Vicentillo te has enfocado mucho, ¿sí es el cártel de Sinaloa el mimado de Estados Unidos?

 —De acuerdo a la investigación periodística que yo he hecho durante los últimos cinco años, está comprobado documentalmente que en México desde la llegada del gobierno de Vicente Fox, ha sido un cártel que ha contado con la protección de dependencias importantes como la Agencia Federal de Investigaciones o actualmente de la Secretaría de Seguridad Pública federal, incluso hay narraciones, imputaciones directas, de cómo estas dos dependencias actúan como brazo armado del cártel de Sinaloa, donde se hacen operativos ex profeso para perseguir y para amedrentar y detener a los enemigos del Chapo Guzmán.

Lo que a mí no me quedaba claro a lo largo de estos años, faltaba ahí una pieza importante de información: ¿que el Gobierno de Estados Unidos era tan ciego y estúpido como para no ver esta obvia y evidente protección?

Tenemos al Chapo Guzmán que sigue libre; tenemos que su cártel es el que ha ido obteniendo hegemonía en el país; tenemos que hoy la producción de marihuana y amapola en México, después de cuatro años de supuesta guerra contra el narcotráfico, se ha multiplicado en vez de disminuido, igual la protección de metanfetaminas; yo lo que siempre me pregunté como periodista es:

 ¿qué el Gobierno de Estados Unidos no lo sabe? Si esto yo lo sé, se puede comprobar documentalmente, ¿que ellos no lo saben?

—¿Entonces ha sido complaciente Estados Unidos?

 —Creo que no solo ha sido complaciente, sino que la protección al cártel de Sinaloa ha sido bilateral.

Habría que pensar ahora si fue de común acuerdo, si dijeron el Gobierno de México y EU:

“vamos a proteger al cártel de Sinaloa para controlar el mercado de las drogas, para controlar a grupos tan violentos como los Zetas, como el cártel del Golfo”, como una especie de controlar el mercado, apostándole a un solo cártel, pensando en esta lógica que repiten muchos funcionarios públicos: que es más fácil negociar con uno que con tres o cuatro cárteles.

Hoy está comprobado de que la DEA hizo acuerdos por escrito, permitiendo a integrantes de la cúpula del cártel traficar lo que sea, comprar la droga que sea, pertenecer a la organización criminal a cambio de ser informantes confidenciales.

 —El caso de Humberto Loya Castro…

—Ese es el caso, del licenciado Pérez (Humberto Loya Castro), que por cierto tiene su centro de operaciones aquí en Culiacán, junto con sus hermanos César y Jesús.

Anabel explica que Loya Castro es pieza fundamental en esta historia. A él se le dio inmunidad de parte del Gobierno de Estados Unidos a cambio de información. Y también fue este abogado quien supuestamente presentó al Vicentillo con agentes de la DEA en la Ciudad de México. Aparentemente, todo a espaldas del Gobierno mexicano.

 Por eso no es difícil pensar que México tampoco sabía del operativo Rápido y furioso.

—¿México sabía del operativo Rápido y furioso?

 —Eso es algo que tal vez nunca sepamos, lo que es un hecho y que ya está confesado por un funcionario de esta oficina de Armas, Tabaco y Alcohol, es que causalmente la gran mayoría de estas armas cayó en manos del cártel de Sinaloa; es decir, están por un lado los contratos (Loya Castro y DEA) y por otro lado casualmente llega la mayor cantidad de armas al cártel de Sinaloa, me parece que ya no es posible ver estas situaciones aisladas; me parece que es parte de una gran operación que se ha estado orquestando desde el Gobierno de Estados Unidos, cuando menos desde algunas agencias del Gobierno, me parece que el Congreso de Estados Unidos, así como está investigando el caso de Rápido y furioso, también tendría que investigar estos acuerdos de la DEA con miembros de la cúpula del cártel.

 —¿Crees que haya armado la guerra entre los cárteles Estados Unidos en México, proveyendo armas? —El narcotráfico es un gran negocio, en otras épocas, en el caso Irán Contras, cuando la CIA pactó con Pablo Escobar Gaviria y con Miguel Félix Gallardo, de permitirles el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de que ellos financiaran a la Contra nicaragüense, está comprobado que el narcotráfico puede financiar guerras, puede financiar la política exterior de un país tan poderoso como Estados Unidos.

Me parece ilógico pensar que a EU le conviene en algún sentido generar un caos en su país vecino, me parece una conspiración demasiado compleja como para pensar que eso les convenga, me parece que ha habido un plan para controlar el jugoso mercado de las drogas y para sacar la mayor ganancia de ellos.

—¿No ves en la inclusión de la DEA que ha estado muy presente, a raíz de lo que se publicó en el New York Times, de que el papel de Estados Unidos ya cambió en México?

 —Sí, pero es una presencia que busca estabilidad, no desestabilización. El problema es que buscando la estabilidad, armando como se ha visto principalmente a un cártel y no al otro, sin querer ha generado la desestabilización, la gran pregunta es: ¿mandan las drogas para fortalecer a un cártel y generar una especie de monopolio y que a través de él se controle el mercado de las ganancias, o es con la finalidad de desestabilizar? Yo no creo que sea con la finalidad de desestabilizar.

 —Entonces ¿qué vemos?, ¿Estados Unidos quiere también el negocio?

—Ha intervenido en el negocio del narcotráfico y ha sido beneficiario de eso en otras épocas como el caso Irán-Contras, yo no descartaría que de alguna u otra manera, en una época de recesión, se requieren recursos para financiar guerras o para financiar operaciones de política exterior.

—¿Hay una doble moral en los gringos?

 —Por supuesto que la hay, por supuesto que hay una perversión en eso, ni George Bush ni Obama podían presentarse al Congreso ni alardear en contra de la violencia en México cuando ellos evidentemente han sido partícipes de esa violencia al alentar el fortalecimiento de un cártel y estar propiciando la cacería de los otros cárteles.

 —¿Cómo ves el tema de la Iniciativa Mérida, es una intromisión directa de los Estados Unidos para entrar a México?

—Creo que el asunto de la Iniciativa es uno que no le ha servido de nada a México; yo no sabría decir si el Gobierno de Estados Unidos ha ganado algo o no con esto, el hecho es que no nos ha beneficiado nada, ni se ha podido controlar el narcotráfico, ni se ha podido controlar la corrupción de los funcionarios públicos, en el Ejército, ni en la Secretaría de Seguridad Pública federal ni en las secretarías estatales; me parece que es un programa que al contrario ha servido para fortalecer al crimen organizado.

 —¿En qué forma?

—Parte de la documentación que tengo, es que la Iniciativa Mérida fue el equipamiento del centro de operaciones de la Policía Federal en Ixtapalapa, hay declaraciones ministeriales en donde funcionarios públicos de la SSPF pusieron al servicio del cártel de Sinaloa parte de esas herramientas de “inteligencia”, pagados con recursos del Plan Mérida.

 Ahora los narcotraficantes no tienen que hacer sus propias intervenciones telefónicas, porque gracias al mejoramiento del equipo técnico de la Policía Federal ahora tienen a sus empleados que lo hacen por ellos.

 —¿Cuál ha sido el papel de Calderón?, lo vimos recientemente en la ONU echando en cara a Estados Unidos el tema de las drogas…

—Creo que el papel de Calderón ha sido muy triste, por un lado no puede estar reclamando el tráfico de armas de allá a México, porque quien controla las aduanas no es el Gobierno de EU, quien permite la entrada de armas es el propio Gobierno federal, se olvida Felipe Calderón que él como Poder Ejecutivo es el encargado de la Secretaría de Hacienda, responsable de la Policía Fiscal, de las aduanas, entonces me parece que hay un discurso falso, hipócrita.

Por otro lado, anda recriminando el alto consumo de drogas que hay en el otro lado, como si esa fuera la única causa de lo que pasa en México; los norteamericanos llevan drogándose desde hace muchas décadas y nunca habíamos vivido esta historia, lo que está pasando en el país es que el consumo de drogas interno ha crecido en por lo menos un 200 por ciento en los últimos cinco años.

 Hoy las organizaciones lo que se están peleando, el gran pastel, no es el comercio hacia Estados Unidos, si no la violencia la tuviéramos del otro lado de la frontera; ese es un mercado interno estable que si uno ve los porcentajes prácticamente no se ha movido, más que décimas porcentuales en el crecimiento, el gran mercado que potencialmente ha ido creciendo a una gran velocidad, es México, Centroamérica y el mercado europeo, eso es lo que se están disputando, por eso la guerra en el país es de calle a calle, palmo a palmo, porque se están disputando el mercado interno que el Gobierno federal ha permitido que crezca.

 Develan otra operación encubierta de EU para armar al cártel de Sinaloa Receptor contento Miguel Ángel Vega Estados Unidos tiene años armando al cártel de Sinaloa, incluso mucho antes de la operación encubierta Rápido y furioso, y generalmente lo ha hecho mediante la compra ilegal de armas de fuego que traficantes adquieren en tiendas de Arizona para posteriormente pasarlas a México por la frontera con Nogales o Ciudad Juárez.

Thomas Mangan, agente especial de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), confirmó al diario New York Times hace un par de años, que era el cártel de Sinaloa quien generalmente se beneficiaba de esas transacciones, aunque ese comentario entonces no trascendió hasta que estalló el escándalo de Rápido y furioso.

Esa revelación, junto a una serie de operativos encubiertos de la ATF, coincidieron con el incremento en el número de ejecuciones y muertes violentas ocurridas en México de 2006 a la fecha, particularmente en Sinaloa, territorio del cártel que supuestamente adquiría los artefactos de fuego, y en donde el número de muertes alcanzó la cifra récord de 2 mil 251 en el 2010.

Así también, con desplazamientos expansionistas del cártel de Sinaloa a territorios de Baja California, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, entidades donde la violencia también se disparó.

“Efectivamente, se investigó esa situación y se encontraron a varios dueños de tiendas que vendían armas a grupos criminales en México y que hoy enfrentan cargos por conspiración”, comentó a Ríodoce Tracy Schmaler, vocera del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

Receptor Abierto; preámbulo de Rápido y furioso Rápido y furioso significó apenas una parte del gran caudal de omisiones que la ATF encabezó desde mediados de 2008 hasta finales del 2010 y que significó el ingreso ilegal de miles de armas a México. Antes, esa agencia federal lanzó un operativo encubierto llamado Receptor Abierto, que permitió la entrada de más de 500 armas a territorio mexicano, entre ellas AK-47 y R-15.

Al igual que Rápido y furioso, Receptor Abierto fue diseñado supuestamente para dar con los grandes traficantes de armas de Estados Unidos a México, por lo que agentes estadounidenses acordaron que se dejaran pasar un número determinado de armas de fuego a territorio mexicano con la intención de ubicarlas posteriormente.

Pero como ocurriera con Rápido y furioso, la ATF terminó perdiéndole la pista a todas las armas que entraron bajo ese operativo y hasta la fecha se desconoce cuál fue el fin de todas ellas, aunque como en el operativo posterior, pudieron haber terminado en Sonora, Sinaloa, Baja California y Chihuahua.

 “Todas las líneas apuntan a gente como George Iknadosian, un proveedor de Arizona que surtía de armamento al cártel de Sinaloa en el 2007”, comentó Mangan.

Dos años después, sin embargo, los cargos contra Iknadosian habrían de ser retirados, siendo entonces cuando el DOJ presentó cargos contra varios compradores de armas.

 Tampoco se reabrió a pesar de que una de las armas vendidas al cártel de Sinaloa fue recuperada cuando fue aprehendido en Culiacán Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo, en enero de 2008.

El arma era una pistola .38 Súper y fue vendida en Arizona por Iknadosian. De acuerdo con funcionarios de alto nivel del DOJ, Receptor Abierto fue un operativo que se condujo en la administración de George Bush de 2006 a finales del 2007, luego de que agentes de la ATF recibieran información de que “gente sospechosa” compraba armas en masa.

 Según se explica en reportes gubernamentales en poder de Ríodoce, los agentes de la ATF colocaron rastreadores electrónicos en las armas para posteriormente dejarlas en manos de los traficantes, a lo que los compradores, al darse cuenta, las guardaban durante un tiempo hasta que la batería del rastreador se descargaba, generalmente 48 horas después, entonces procedían a introducirlas en territorio mexicano.

 Al perder el rastro de las armas, la agencia quedaba sin elementos para presentar cargos criminales contra quienes resultara responsables, hasta que en el 2009, dos años después de concluirse la investigación, el DOJ descubrió que la ATF había solapado el trasiego de armas a México durante Receptor Abierto.

 El caso fue retomado y fue entonces que la agencia decidió presentar cargos, aunque solo contra los traficantes de armas que entonces actuaron como enlace entre los compradores y los cárteles.

Entre los acusados está Carlos Armando Celaya, Gregorio González, Ricardo Méndez, Rodrigo Contreras, Siria Valencia, Rigoberto Estrella y Emmanuel Castro.

“Es un proceso que se mantiene vigente, pero que sigue su curso, incluso, muchos de esos acusados ya se han declarado culpables”, explicó el funcionario a Ríodoce.

Castigar a los culpables

La noticia de un nuevo operativo similar que permitió introducir armas a México no pareció indignar tanto a los legisladores como en su momento hizo Rápido y furioso, cuyas armas cobraron la vida de Brian Terry, agente de la Patrulla Fronteriza, aunque sí solicitaron que se llegara al fondo de todo hasta dar y castigar a los culpables.

 Lamar Smith, presidente del Comité Judicial del Congreso de Estados Unidos, comentó en un boletín enviado a Ríodoce que debían investigarse ambos casos hasta llegar al fondo de todo, pero insistió en nombrar a un fiscal especial a definir si el procurador general de Justicia, Eric Holder, mintió al Congreso cuando dijo que él no supo de Rápido y furioso sino hasta mayo del 2011.

“El señor Holder dice que fue un operativo iniciado y dirigido por agentes de la ATF, pero hay documentos que parecen afirmar lo contrario”, expuso Smith.

Por su parte Darrell Isa, congresista del distrito 48 en California, consideró necesario investigar ambos casos para conocer quién los autorizó, pero evitar que sea el DOJ para no provocar conflictos de intereses.

“Urgimos al Departamento de Justicia que transfiera esos casos a un fiscal imparcial, al menos que lo hagan por respeto a las familias de las víctimas que han muerto por culpa de sus omisiones”, dijo el legislador republicano.

EU sabía desde hace tiempo La existencia de Receptor Abierto fue descubierta mediante una serie de correos electrónicos entregados por la administración de Barack Obama a investigadores del Congreso y funcionarios del Departamento de Justicia que discutieron ambos operativos desde octubre del año pasado.

Los cargos presentados por el DOJ ante los acusados confirman que ese departamento sí sabía que se permitió la entrada de armas a México a través de Receptor Abierto, pero que desconocían el operativo de Rápido y furioso.

 “Jason Weinstein, fiscal especial de la División Criminal del DOJ, mencionó ambos casos en un correo electrónico fechado en octubre de 2010 y aparentemente mostraba preocupación de que ambos casos se traslaparan”, señaló uno de los reportes entregados al Congreso, según documentos del DOJ.

El reporte fue dirigido a James Trusty, jefe en funciones de la Sección de Crimen Organizado y Pandillas del Departamento de Justicia, quien respondió que no sería sorpresivo si se descubriera que “un montón de armas estadounidenses estaban siendo usadas en México”.

 Tanto en el operativo de Receptor Abierto como en Rápido y furioso se leen los nombres de George Gillett y William Newell como agentes a cargo de las investigaciones.

 Newell, que fue nombrado agregado de la ATF a la embajada estadounidense en México, fue relevado antes de ocupar la posición. Calderón: made in USA

Desde que Felipe Calderón llegó al poder, en el 2006, miles de armas estadounidenses han sido introducidas a territorio mexicano con anuencia de Estados Unidos, quien por una parte exige un alto al fuego, pero por otro lado surte armamento a los cárteles mexicanos, particularmente al cártel de Sinaloa.

Entre Rápido y furioso y Receptor Abierto, el Gobierno estadounidense ha reconocido más de 2 mil 500 armas que ha dejado entrar a territorio mexicano, cuando su trabajo es evitar que eso ocurra, y todo bajo la administración de Calderón.

Nueve de esas armas han sido aseguradas en Sinaloa luego de enfrentamientos entre grupos criminales, según documentos del DOJ.

 El Gobierno de México por eso ha exigido castigo a los responsables de todas esas omisiones, pero lo máximo que ha logrado es el cese del exdirector de la ATF, Kenneth Melson, el pasado 30 de agosto.

Nadie más ha resultado culpable. Tanto el Congreso como el Senado de Estados Unidos realizan una serie de interrogatorios y entrevistas con funcionarios de alto nivel del DOJ, no obstante hasta el momento los resultados siguen siendo los mismos.