La
controvertida reforma judicial, que consensuada y corregida iba a presentarse
ante el Senado, está en entredicho. El presidente Andrés Manuel López Obrador
cambió de opinión el miércoles por la mañana, antes de ir a Querétaro a
conmemorar la Constitución, y dentro del gabinete se espera su cancelación. No
se ha dado explicación clara del porqué, y varios funcionarios se sorprendieron
por la decisión, después de haber trabajado el paquete de iniciativas la
Fiscalía General, la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de la
Presidencia. La decisión del presidente parece, de concretarse en los próximos
días, eminentemente política.
La
reforma preparada por el fiscal Alejandro Gertz Manero, provocó polémica y una
airada protesta por la violación de los derechos humanos que pretendía
normalizar y legalizar, junto con la restauración del poder en el ministerio
público ante lo que consideraba como fracaso del sistema penal acusatorio.
Gertz Manero nunca estuvo de acuerdo con el sistema, desde que empezó a ser
planteada en el gobierno de Felipe Calderón, así como durante el proceso que
fue llevado a cabo por el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuyo gasto
incontrolado e ineficiente en la Secretaría de Gobernación para la capacitación
y consolidar el cambio, nunca se dio. La posición de Gertz Manero siempre fue
pública, y por la coyuntura que se le abrió en la actual administración y
empoderado por una autonomía sin para consolidar lo que antes era una barrera
infranqueable, marchó sobre todos para alcanzar su objetivo, argumentando que
el Ejecutivo no podía impedirlo.
Tres
imponderables, jurídicos y de la política real, se le atravesaron. El primero
fue que la Fiscalía no puede presentar iniciativas de Ley; el segundo fue el
reclamo dentro del gabinete que había sido pasado por alto, y el último, el
presidente. Para quienes valoran las garantías individuales y los derechos
humanos, son buenas noticias que la Ley Gertz, que las vulneraba, si las
señales desde el despacho presidencial se mantienen inalterables, no vaya a
caminar. También, que en la decisión salomónica de conciliar los deseos de la
Fiscalía con el resto del gobierno, se evite una mini reforma. El presidente
quiere cancelarla en su totalidad, con lo que también evitaría que el encono y
la confrontación se acentuaran dentro de su equipo de trabajo, al decidirse por
una reforma que no recogiera a plenitud las propuestas de Gertz Manero, quien
está muy enojado por lo que sucedió al frustrarse la presentación de su
reforma. No hay fecha para una nueva reforma judicial, pero se podría pensar
que no se cruzaría con el proceso electoral del próximo año. López Obrador
tiene demasiados fierros calientes sobre la estufa para añadir uno más que
afecte lo que sí le preocupa, los votos.
La
valoración de cancelarla ha sido unilateral, pero no se puede entender sin el
contexto y el ánimo con el que anda el presidente últimamente. Funcionarios
federales apuntaron el enojo que carga el presidente desde hace unas semanas
ante el escenario complejo y difícil que está enfrentando, donde las cosas no
están saliendo como deseaba. Las perspectivas económicas lucen oscuras para sus
proyectos y programas, y no habrá manera de cambiar la inercia porque no habrá
inversión privada. No tendrá recursos suficientes para el Tren Maya, ni para la
refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, o para otras grandes
obras de infraestructura. Los inversionistas desconfían de López Obrador y
consideran que no hay garantías jurídicas para la inversión, que la toma de
decisiones en una persona conlleva enormes riesgos en el diseño y la ejecución.
La
agencia calificadora Moody’s explicó como uno de los factores por los que como
otros 10 bancos y consultoras han recortado la expectativa de crecimiento a uno
por ciento para este año, es la gobernanza, que tiene que ver con la relación
entre gobernantes y gobernados. Esto significa que lo que se ve en el exterior
es que la forma como López Obrador está gobernando, excluyendo a dos terceras
partes del país, difamándolos, atacándolos, hostigándolos y amenazándolos con
los recursos del poder que causan el mayor terror, la Unidad de Inteligencia
Financiera y el SAT, que sólo lleva a una tensión en el sistema, a
confrontaciones institucionales y, eventualmente, a una profundización de la
ruptura del consenso nacional. Otra es cómo toma las decisiones.
Eurasia,
otra consultora internacional, ha señalado que la toma de decisión en su
gobierno, que depende casi en su totalidad y exclusividad de él, implica un
riesgo por los enormes márgenes de error que entraña. Desde hace un año Eurasia
ha venido alertando sobre la centralización de las decisiones, que reduce los
márgenes de maniobra para sus colaboradores. “Como quedó claro con la
cancelación del proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México”, señaló en un
reporte en enero de 2019, “tomará decisiones basadas en sus creencias y
preferencias personales, con asesores moderados que tienen una influencia
limitada”. La experiencia en el primer año de gobierno confirmó el diagnóstico.
En
el caso de la reforma judicial, a partir de lo revelado por funcionarios
federales, ha seguido el mismo camino. Ni consultó a nadie de su equipo, ni lo
pasó por un proceso previo de deliberación. El miércoles por la mañana comenzó
a plantear la posibilidad, que tomó desprevenidos a todos. Pero nadie dijo
nada. Si López Obrador quiere cancelar la reforma judicial, lo hará. Sus
consideraciones no atraviesan, como ninguna de sus decisiones, salvo cuando se
le convirtieron en un problema insalvable, por cálculos político-electorales.
La reforma judicial se contaminó demasiado por los atropellos a la libertad, y
se ha convertido en una papa política demasiado caliente. Un problema más, no
lo necesita el presidente.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter:
@rivapa
(EJE CENTRAL / ESTRICTAMENTE PERSONAL/
RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 7 DE FEBRERO DE 2020)
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