Este jueves, en la conferencia matutina
del Presidente, se anunció que tres funcionarios de Pemex fueron removidos de
sus cargos en la Empresa Productiva del Estado para someterse a una
investigación, luego de su supuesta triangulación de dinero público entre
dependencias, empresas e instituciones educativas.
Al mismo tiempo, Irma Eréndira Sandoval,
titular de la Secretaría de la Función Pública, anunció una serie de acciones
para detectar las omisiones que permitieron esos actos, así como auditorías
aleatorias para detectar casos similares.
Ciudad de México, 31 de enero
(SinEmbargo).- Fueron tres los funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) que
habían logrado quedarse en la empresa a pesar del cambio de gobierno. Los tres,
anunció Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública
(SFP), habían participado en el caso conocido como la “Estafa Maestra”. Ellos
tres firmaron 25 convenios de Pemex con instituciones públicas de educación
superior entre 2012 y 2018, fecha en que se detectó la triangulación de
recursos públicos.
En la conferencia matutina de
este jueves, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se daría a
conocer un dictamen acerca de funcionarios que fueron contratados en Pemex. “No
vamos a tolerar nada que tenga que ver con corrupción, ni siquiera aceptar
sospechas. El mandato que tenemos es acabar con la corrupción y la impunidad”, añadió.
Sandoval dijo que derivado de
estos actos la SFP emprendería varias acciones. Anunció que se iniciaron tres
investigaciones para detectar probables inconsistencias en el patrimonio de los
tres funcionarios; que se encontraron cuatro investigaciones archivadas” por
falta de elementos” y que ahora el órgano interno de control de la SFP iniciará
investigaciones para saber si hubo omisiones o negligencias; se auditará al
órgano interno de control de Pemex Exploración y Producción; habrá auditorías
aleatorias a convenios similares y se comenzarán a presentar denuncias a la
Fiscalía General de la República (FGR).
Estos son los tres
funcionarios de alto rango a los que se les inicia una investigación que
termina en la separación del cargo en la administración de López Obrador que
cumple apenas dos meses.
Pero para la titular de la
SFP, este es el camino para la instauración de una ética pública, más que para
llegar a funcionarios de primer nivel. Se trata de Miguel Ángel Lozada Aguilar,
director general de Pemex Exploración y Producción (PEP); Héctor Salvador
Salgado Castro, actual subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de
Pemex-PEP, y Luis Galván Arcos, quien es gerente de Operación y Control
Financiero, Procesos Industriales y Logística.
Agregó, en entrevista con
SinEmbargo, que ahora se optará por el camino de la no simulación.
Ante la pregunta del
diagnóstico que el nuevo Gobierno tiene de los órganos internos de control, que
son los encargados de prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas
corruptas de una dependencia, Sandoval señaló que desde la Coordinación General
de Órganos de Vigilancia y Control, del que está a cargo de licenciado Daniel
García Cortés, actualmente se realizan los cambios correspondientes.
“Cuando nos arrojan
emergencias, urgencias de cambio de titulares de órganos de control y en
general, de hacer las escrituras necesarias para que no solamente se cumpla
formalmente con las tareas encomendadas, sino que se salgan de la zona de
confort en la que han estado los órganos internos de control, porque ahora sí
vamos a poner exigencias de corresponsabilidad. Si no se les revisa bien, si
hay omisiones, negligencia o conductas irregulares de parte de los
verificadores, de los auditores, van a tener también su castigo”, comentó.
A dos meses de ocupar las
oficinas de la SFP, Sandoval sostuvo que encontraron dinámicas de “mucha
simulación” en algunos, aunque no en todos.
Consideró que en este momento
están las mejores condiciones para interponer denuncias si hay que hacerlo
porque hay fiscal, voluntad total del Presidente y de todo su gobierno.
“Y tenemos también la convicción
de la verdadera transparencia democrática expansiva que necesitábamos en el
país. La transparencia de aparador y de buenas maneras, simuladora, que
prevaleció en el régimen pasado, está siendo hoy eclipsada por una
transparencia democrática que tendrá de la mano la austeridad republicana”,
agregó.
Sobre si la SFP investiga el
mal manejo de recursos en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu) en la administración de Rosario Robles Berlanga, Irma Eréndira
precisó: “Estamos en las investigaciones. Ya se radicaron aquí en la SFP a
nivel central. Se le dará el cauce legal de atención expedita, profunda y
verdadera que corresponde a este nuevo gobierno”.
Esta semana, el titular de la
Sedatu, Román Meyer, informó que su administración turnó a la Secretaría de la
Función Pública observaciones por mal manejo de recursos que implican a Rosario
Robles.
Las observaciones fueron
halladas durante el periodo de entrega-recepción, dijo en conferencia de
prensa.
“Nuestras observaciones se
entregan al Órgano Interno de Control, indistintamente del área. En nuestras
áreas sí tenemos observaciones que nos hizo en relación a la entrega-recepción
de la Secretaria (Robles)”, explicó. “Las hemos ya entregado, asimismo, al
Órgano Interno de Control para que, a su vez, haga la solicitud correspondiente
a la maestra Robles”.
Sobre las revisiones de
patrimonio precisó que es la Dirección General de Investigaciones de la SFP la
encargada de realizarlo. Primero se hizo una pre evaluación patrimonial que
arrojó datos que indicaron al necesidad de darles seguimiento a estos tres
funcionarios, uno más profundo para deslindar responsabilidades y tener la
posibilidad de que se pudieran revisar conductas irregulares en esta evolución
patrimonial que básicamente es buscar si hubo o no enriquecimiento ilícito.
“En general estas investigaciones
han tomado meses porque en el pasado siento que no había la suficiente voluntad
política. Ahora como todos los mexicanos sabemos, para el Presidente de la
República es un eje central el combate a la corrupción. Nosotros desde los
primeros días de nuestra administración en la SFP firmamos un convenio de
colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera y evidentemente siempre
hemos estado muy de la mano, dispuestos a colaborar con las instancias
judiciales”, señaló Sandoval, que con base en eso, prevé que los tiempos se
acorten y a tener resultados de estas investigaciones de evolución patrimonial
de forma más rápida.
Finalmente, sobre la
selección aleatoria de casos similares, explicó que se tomarán los convenios
con características similares a los ya señalados.
“Vamos a buscar los convenios
riesgosos o que pudieran haber significado un daño al patrimonio del erario
público. De manera aleatoria vamos a hacer una muestra mucho más robusta para
estudiar qué pasó en estos años y sobre todo cómo evitar que ocurran este tipo
de abusos de autoridad y de abuso de recursos. Lo que queremos es desentrañar
los modus operandi para que no vuelva a pasar, y no solamente con Pemex
Exploración y Producción, sino buscar con ayuda de los auditores de Pemex otras
filiales para verificar posibles casos de malversación de fondos e
irregularidades”, señaló.
El pasado 24 de enero, López
Obrador dijo que los tres funcionarios de Pemex que habrían participado en la
“Estafa Maestra”, como lo publicó Animal Político, serían investigados por la
Función Pública. “En efecto tienen ustedes razón”, le dijo a la reportera
Nayeli Roldán, “hay 3 funcionarios que, sin declararlos culpables estuvieron
involucrados de una o de otra manera en este proceso, la llamada Estafa Maestra.
Por lo mismo se les pidió información, entregaron notas informativas los tres,
argumentando que no tenían ellos responsabilidad”.
Por la mañana, la Secretaria
dijo a reporteros que este modus operandi de convenios celebrados al amparo del
artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, dispersaba los recursos recibidos a través de subcontrataciones
de las subcontrataciones, más allá de los límites establecidos, lo cual era
contrario no sólo a la normativa contractual de los convenios de referencia,
sino en primer lugar a lo establecido en el artículo 134 constitucional que
señala a la letra: “Cuando las licitaciones a que haga referencia el párrafo
anterior no sean idóneas, las leyes establecerán las bases, procedimientos,
reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia,
eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para
el Estado”.
Por lo que los convenios
firmados por los ingenieros Lozada Aguilar, Salgado Castro y Galván Arcos con
la Universidad Popular de la Chontalpa, el Instituto Tecnológico Superior de
Comalcalco, al permitir la subcontratación, elevar precios y no asegurar las
mejores condiciones para el estado, contravinieron lo establecido en el
artículo 75 de la Ley de Pemex y a lo dispuesto en el Artículo 134.
(SIN EMBARGO/ DANIELA BARRAGÁN/ 31 DE ENERO 2019)
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