Como jefe de Morena y
candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador fue ligero al hablar sobre
la seguridad, el fenómeno más lacerante en la sociedad, y ofreció soluciones
milagrosas para solucionar problemas estructurales en corto plazo. Pecó de ingenuo
e incluso ignorante sobre este tema, y llegó a plantear como modelo a seguir
algunos que, se puede afirmar, no entiende. El punto de partida de su
argumentación y el llamado a la reconciliación a través de una convocatoria
pública nacional, puede rastrearse a un mitin en Chihuahua el primero de
octubre del año pasado, donde dibujó su propuesta que, dijo, replicaría el
modelo que llevó la paz a Colombia.
A lo que se refirió
someramente López Obrador fue al Plan Colombia, creado por los presidentes Andrés
Pastrana y Bill Clinton en 1999, que buscaba atender las causas sociales y
económicas del fenómeno, iniciar un diálogo con las guerrillas de las FARC y el
ELN para otorgar amnistías y lograr su reinserción social y política, y
desarrollar una estrategia para combatir al narcotráfico con batallones
militares antinarcóticos.
Esta última parte no se
manejó en Bogotá, sino desde Washington, dirigida por el General Barry
McCaffrey, el zar de las drogas de la Casa Blanca. Los críticos al Plan dijeron
que se institucionalizó la intervención estadounidense en Colombia, lo que
conociendo la animadversión de López Obrador hacia Estados Unidos, sólo se
puede entender el uso de ese ejemplo a su desconocimiento del mismo, que
también se aprecia en su falta de información actual sobre el incremento de la
violencia y del narcotráfico en esa nación.
Pero las palabras electoreras
siempre buscan tocar música para los votantes. De manera regular, López Obrador
aseguraba en campaña que la guerra contra el narcotráfico se acabaría a la
mitad de su sexenio, pero que “en muy poco” tiempo se reduciría la violencia,
atendiendo las causas económicas del fenómeno y “haciendo el bien”, sin “apagar
el fuego con el fuego, (ni) enfrentar la violencia con la violencia”, porque
“si así fuese nos quedaríamos tuertos y chimuelos”.
Consecuente con sus dichos,
ordenó foros de consulta para la reconciliación del país y regresar la
seguridad, de donde saldría la estrategia de seguridad del próximo gobierno.
Los foros sirven políticamente, porque la seguridad ha sido debatida y
diagnosticada en México durante varios lustros, y envolverán lo que el nuevo
gobierno está preparando para el arranque del sexenio.
Los colaboradores de López
Obrador saben que las declaraciones del Presidente electo fueron sólo palabras,
que para tener los resultados que reviertan los índices de criminalidad y
restablezcan la seguridad colectiva, no bastarán los 36 meses de plazo
prometido. Pero al mismo tiempo, necesitan que la ciudadanía empiece a ver
acciones concretas que apunten en ese sentido, y les permitan ganar espacio de
maniobra política. Para ello, existe un plan sobre el que están trabajando los
detalles, que divide al país en tres campos de acción: las tres grandes
capitales, la Ciudad de México y sus municipios conurbados, Guadalajara y
Monterrey; los destinos turísticos de la Riviera Maya, Los Cabos y Puerto
Vallarta, y 254 zonas en el país de alta criminalidad.
Este plan implica el
desplazamiento de lo que le denominan “células” que integrarán mil elementos de
seguridad, compuesta cada una por soldados, marinos y policías federales, a los
cuales se les añadirá una nueva figura de policías ministeriales, pero
adscritos a la nueva Secretaría de Seguridad, y no a la PGR, donde actualmente
están, además de policías estatales. Soldados y marinos no formarán parte de
una misma “célula”, sino que encabezarán las suyas, donde el militar de más
alto rango será el responsable, y reportará al Secretario General de Gobierno
de cada entidad, quien informará al Gobernador para que este haga lo mismo
directamente con el Secretario de Seguridad federal y este, a su vez, lo haga
con el Presidente.
Esta arquitectura requiere de
un funciograma nuevo al que existe en la actualidad, donde no existen unidades
que sólo atiendan una zona en específico, como pretende este nuevo modelo de
aplicación inmediata en las 254 zonas de alta peligrosidad, que son los
polígonos que se han identificado en el país, a partir de insumos como el
historial de incidencia delictiva, los censos de población, los indicadores
sobre gobernanza y las encuestas ciudadanas sobre la seguridad.
También requerirá de la
creación de una policía ministerial dentro de la Policía Federal, que se
asemeja en sus posibilidades judiciales al FBI en Estados Unidos, pero no sería
lo mismo, pues a diferencia de ese organismo que trabaja en apoyo a las
policías locales -salvo cuando atrae los casos al convertirse en casos de
índole federal-, estas células estarían por encima de las autoridades locales,
cuyas fuerzas de seguridad están subordinadas al mando militar.
Este modelo que se pondrá en
operación en el arranque del nuevo gobierno no puede considerarse una política
pública, sino una estrategia de intervención rápida y eficaz contra la
delincuencia. Se espera genere acciones de alto impacto ante la sociedad, con
lo cual se cumplen dos objetivos: mostrar que el nuevo gobierno comenzó a dar
los resultados prometidos -aunque en realidad sean de poco alcance para el
objetivo final de López Obrador-, y le dará el espacio para que las acciones de
fondo puedan ser instrumentadas y tengan su periodo de madurez para que rindan
frutos. Si se hace bien, no será una acción cosmética ni demagógica. Y con algo
concreto y eficiente, habrá iniciado el nuevo gobierno.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/05/09/2018 | 04:03 AM)
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