El Presidente electo Andrés
Manuel López Obrador acudió a la Secretaría de la Defensa para hacer las paces
con el General Salvador Cienfuegos. Le ofreció una disculpa por las declaraciones
que hubieran lastimado a las Fuerzas Armadas y acordaron tener una relación
fluida. El General Secretario Cienfuegos le expresó la institucionalidad
castrense con el Jefe del Ejecutivo, pero trascendió que las suspicacias sobre
los propósitos de López Obrador no desaparecieron. Tiene razón. El equipo del
Presidente electo está convencido que la desaparición de los normalistas de
Ayotzinapa en Iguala hace casi cuatro años, fue un crimen de Estado realizado
por militares.
La persona que será la encargada
por parte del gobierno de llevar la batuta en la investigación del Ejército es
Alejandro Encinas, quien sustituyó a López Obrador en la Jefatura del Gobierno
de la Ciudad de México cuando participó en su primera campaña presidencial, y
es el Subsecretario de Gobernación designado para Derechos Humanos. Encinas
elaboró una ruta de trabajo de 100 días, que inició el 15 de agosto, para
construir el andamiaje que permita al próximo gobierno iniciar con fuerza y
rapidez una ambiciosa política que enfoque en Guerrero la política de defensa
de los derechos humanos.
El plan incluye el envío de
una iniciativa de Ley tan pronto como inicie el nuevo gobierno, para la
creación de una Comisión de la Verdad en Guerrero, que revise la historia de
las violaciones a los derechos humanos en los últimos 60 años. El objetivo es
que se escarbe en la historia la guerra sucia en los años 60’s, donde murieron
los dos líderes guerrilleros icónicos, Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas,
quien estudió en la normal de Ayotzinapa, y en los 70’s, donde de acuerdo con
la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad Histórica de la Fiscalía
Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado en un informe
divulgado en 2006, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó operaciones de
contrainsurgencia en Guerrero, asemejada a las guerras de baja intensidad, para
eliminar a la guerrilla o a “los sospechosos de ser subversivos”.
De acuerdo con el plan del
futuro gobierno, la Comisión de la Verdad investigará las matanzas en Aguas
Blancas en 1995, El Charco en 1998, y Ayotzinapa en 2014, además de los
asesinatos de 12 dirigentes sociales en esta década, que incluye a varios donde
estuvo involucrado, de acuerdo con testimonios en la PGR, José Luis Abarca,
quien era Alcalde de Iguala la noche del 26 de septiembre cuando la policía
municipal privó de su libertad a 43 normalistas de Ayotzinapa y se los entregó
a Guerreros Unidos. Aunque la Comisión de la Verdad que será creada abarcará
tantos casos que difícilmente podrán agotarlos durante todo el sexenio, es lo
que sucedió en Iguala en donde hay un interés particular.
Varios padres de los
normalistas, sus abogados, así como organizaciones de derechos humanos en
Guerrero y expertos internacionales, están convencidos de que la desaparición
de los normalistas fue un crimen de Estado, operado por los jefes militares en
la entidad a través del Batallón 27 de Infantería que se encuentra en Iguala,
bajo el mando de la 35 Zona Militar, que la noche del 26 de septiembre
observaron la agresión a los normalistas y no intervinieron. Miembros de ese
Batallón fueron señalados en los meses previos a ese crimen en las reuniones
del Grupo de Coordinación de Guerrero, presidido por el CISEN, por tener
presuntos nexos con Guerreros Unidos, la organización de narcotraficantes que
tiene control mayoritario en Tierra Caliente, pero nunca se procedió a
investigarlos. Incluso, las minutas de esas reuniones oficialmente no existen.
Aunque el énfasis será en los
soldados, también se revisará el papel de la Policía Federal, que tenía una
participación limitada en Iguala, y la Marina, que aunque no tiene presencia en
esos municipios, opera en el corredor del cercano municipio de Arcelia hacia el
estado de México, donde eliminó a las bandas de
secuestradores en Valle de Bravo. La Marina tiene en Acapulco una de las
tres sedes de sus comandos de élite, entrenados por los SEALs estadounidenses,
y responsables de los operativos quirúrgicos contra criminales.
Encinas está trabajando en la
organización de una reunión de los padres de los normalistas con el Presidente
electo, pero el armado de las organizaciones a las que quiere involucrar en
este nuevo proceso incluye a instituciones internacionales abocadas a la
defensa de los derechos humanos y, de manera significativa, al gobierno de
Estados Unidos, quizás porque a lo largo de su investigación sobre Guerreros
Unidos y sus operaciones de narcotráfico en Chicago, se enteraron de su
involucramiento en la desaparición de los normalistas.
El nuevo gobierno quiere
documentar la participación de las fuerzas de seguridad federal en el crimen
contra los normalistas, con lo cual podrían armar un caso de desaparición
forzada desde la cima del Estado Mexicano, que podría colocar en el centro de
una acusación ante tribunales internacionales al Presidente Enrique Peña Nieto.
Esa ruta será difícil de construir jurídicamente, y quizás nunca alcance el
objetivo deseado. Sin embargo, una Comisión de la Verdad para Guerrero que
revise seis décadas de violencia política y violaciones a los derechos humanos,
puede tener un valor mucho más grande del que Encinas prevé.
Guerrero es galvanizador de
la conflictividad social en el país, por donde se cruzan todas las variables
del autoritarismo mexicano y la ingobernabilidad, cuya revisión sistemática nos
puede ayudar a conocer mucho más no sólo de lo que sucedió en esa entidad, sino
de lo que el sistema político mexicano produjo en este país.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
Twitter: @rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA
PALACIO/ 19/09/2018 | 04:04 AM)
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