En Baja California Sur –una de las
entidades con el mayor número de terrenos irregulares–, un litigio en el que
están implicados empresarios como Gina Diez Barroso Azcárraga, prima del
presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, funcionarios de la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y compañías inmobiliarias lleva ya
15 años. Los abogados de Ramón Orozco Burgoin, quien fue despojado de un predio
de 293 hectáreas en aquella entidad, dice que el conflicto pudo resolverse en
tres años, pero las autoridades lo dejaron crecer. El afectado incluso murió en
marzo pasado y ahora la interesada en ese terreno es precisamente la empresaria
Diez Barroso Azcárraga.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
El procedimiento de enajenación de un predio rústico de 293 hectáreas ubicado
en el corredor turístico de Los Cabos, a unos kilómetros del Aeropuerto
Internacional de esa zona turística –considerada como uno de los polos de
desarrollo regional más importantes del país–, debió resolverse en tres años,
pero se ha prolongado por más de tres lustros.
En la historia del despojo en
torno a esa superficie conocida como Las Brisas de San Cristóbal, en la costa
de Cabo San Lucas Baja California Sur –y las irregularidades subsecuentes–, se
conjugan los intereses empresariales de Gina Diez Barroso Azcárraga, prima del
presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, la negligencia o
complicidad de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (Sedatu) en la entidad y a nivel federal, así como los de los
gobiernos municipal y estatal, que han apoyado a poderosas compañías
inmobiliarias.
Baja California Sur es una de
las entidades con mayor número de problemas de regularización de lo que antes
se llamaban “terrenos nacionales”. De acuerdo con expedientes consultados por
Proceso, el solicitante original de la propiedad de Las Brisas, Ramón Orozco
Burgoin, inició en 2002 el trámite de titulación de esos “terrenos nacionales”
ante la desaparecida Secretaría de la Reforma Agraria.
Expuso que el predio lo
obtuvieron sus abuelos desde 1914 por su apoyo a la Revolución Mexicana;
incluso entregó documentos a las autoridades para comprobar la presunta
posesión de esas tierras, que tienen acceso al mar y cuyo valor catastral se
cotiza en varios millones de dólares. El que acredita la propiedad de Orozco
Burgoin corresponde a un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 31 de julio de 1987, hace más de tres décadas.
En 2004, dos años después de
que Orozco Burgoin inició su trámite, la empresa Las Demasías promovió una
acción similar con un predio colindante, pero sin acceso al mar. El propósito
era apoderarse del predio de Orozco Burgoin y derivó en varios actos jurídicos.
La inmobiliaria falsificó firmas y documentos para justificar la cesión de
derechos ante la autoridad municipal, que se prestó a ese fraude.
De acuerdo con el Registro
Público de la Propiedad, el Consejo de Administración de Las Demasías
–constituida en octubre de 2004– lo integran Enrique Ricardo Gómez de Orozco
González, presidente; Juan Alejandro Muciño Labastida, tesorero; Gina Lorenza
Diez Barroso Azcárraga, protesorera; Ricardo Lara Marín, secretario, y Abraham
Franklin Silverstein, prosecretario.
Meses después de la
constitución de Las Demasías, Héctor Martín Ojeda de la Rosa publicó su libro
Baja California Sur ante la corte gringa, en el que asevera: “Otro par de
tiburones de las especulaciones mercantiles se entrevistaron con el gobernador
de Baja California Sur, Narciso Agúndez, del Partido de la Revolución
Democrática, para presentarle un proyecto en el mismo lugar, en el mismo
terreno, con diferente escritura y clave catastral, pero con las mismas
coordenadas geográficas” que el predio de Orozco Burgoin.
Los desarrolladores aludidos
por Ojeda de la Rosa eran Ernesto Coppel, de la firma Pueblo Bonito, y Luis
Bulnes, de Solmar & Playa Resorts, quienes se entrevistaron con el entonces
gobernador.
Con un título de propiedad
falso y con el apoyo del perredista Agúndez, los empresarios inmobiliarios
tomaron indebidamente la mitad del predio que nos les correspondía, con lo cual
despojaron a Orozco Burgoin y su familia bajo el pretexto de una supuesta
cesión de derechos.
La denuncia por despojo fue
presentada por los abogados del afectado en 2009, quienes acusan a Jesús Rubio
Ruiz, abogado de la inmobiliaria, de presentar ante la Secretaría de la Reforma
Agraria un documento con la firma falsa de su cliente, Orozco Burgoin –en la
que éste presuntamente cedió los derechos de su propiedad–, así como de cometer
otras irregularidades dentro del proceso administrativo, según lo descubrió el
topógrafo Jacinto Romero.
SUMA DE IRREGULARIDADES
Durante la administración de
Enrique Peña Nieto, los abogados de Orozco Burgoin enfrentaron una serie de
negligencias e irregularidades por parte de la Sedatu, sobre todo cuando
Rosario Robles estuvo al frente de la dependencia federal: los siete tomos del
historial del predio se “quemaron” en el trayecto debido a un accidente del
servicio Mex Post.
Así lo confirma un documento
fechado el 19 de enero de 2016, firmado por Luis Armando Bastarrachea, director
general de la Propiedad Rural, quien le comentó a Orozco Burgoin que “diversa
información y documentación” que esta dependencia envió mediante el servicio de
Mex Post de Correos de México los días 15 y 16 de octubre (de 2015) se perdió
porque “el vehículo en el que se transportaba esta documentación sufrió un
siniestro con pérdida total”. En este envío “se encontraba el expediente” de su
caso.
Los abogados presentaron una
denuncia ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de
Datos para que interviniera en el caso. El organismo dedicado al acceso a la
información los remitió a la Sedatu para que el trámite continuara sin
problemas. En enero de 2016 incluso se reunieron con Rosario Robles, quien
mandó a llamar a Bastarrachea. El funcionario nunca mencionó la pérdida del
expediente.
Dos meses después, el
delegado de la Sedatu, José Alberto Hernández, debió realizar los trabajos de
medición del terreno, pero no pudo hacerlos porque, dijo a los abogados de
Orozco Burgoin, presuntamente había gente armada en el predio, según le informó
un empleado de la empresa Callisto, que estaba en posesión del predio.
Consultados por Proceso, los
litigantes recuerdan que les llamó la atención la actitud de Hernández, sobre
todo porque él estaba facultado para llamar a la Armada de México, el Ejército
o a la Procuraduría General de la República para que, en caso de haber gente
armada, desactivaran la potencial amenaza.
Comentan que Hernández no
sólo no hizo la llamada, sino que tampoco intentó ver el otro acceso al predio.
Simplemente, dicen, aceptó la versión del representante de Callisto y se
desistió de hacer los trabajos de medición del terreno. Añaden que se trató de
una maniobra del delegado de la Sedatu para que esa firma –ahora denominada
Vizcaya– presentara un amparo para impedir los trabajos topográficos.
En abril de 2016 los abogados
de Inmobiliaria Las Demasías, quienes se apropiaron del predio de 293
hectáreas, presentaron un amparo directo (el 188/2016) e interpusieron otros
dos.
En agosto de ese año la
Sedatu autorizó la medición y el avalúo del terreno, pero hubo otra triquiñuela
legal, según los abogados de Orozco Burgoin: el Instituto de Administración y
Avalúo de Bienes Nacionales (Indaabin) pretendió cobrar casi 9 millones de
pesos por ese trabajo.
De acuerdo con el documento
del Indaabin, consultado por Proceso, “debido a las características del servicio
solicitado se realizará un estudio de mercado para determinar el monto a pagar.
Una vez autorizado ese monto por la Secretaría de Hacienda, se le notificará el
mismo”. Era el avalúo más caro en la historia del Indaabin, advirtieron los
abogados de Orozco Burgoin.
El 7 de noviembre de 2017, la
propia Sedatu informó a Óscar Olmedo Meneses, apoderado legal de Orozco
Burgoin, que los honorarios que se debían cubrir para el avalúo ascendían no a
9 millones, sino a 334 mil pesos.
Los apoderados legales del
afectado sostienen que con esas y otras triquiñuelas la Sedatu no ha querido
notificarles el resultado del avalúo.
Explican que en marzo pasado
falleció Orozco Burgoin, cansado de esta larga batalla jurídica, de la
persecución en su contra y de la serie de intereses que se confabularon para
despojarlo de su predio.
No sólo no recuperó su
propiedad, sino que ahora la empresaria Gina Diez Barroso Azcárraga ha
cabildeado en la Sedatu y en Los Pinos para alargar el litigio.
La abogada Cinthya Rubio,
apoderada legal del fallecido Orozco Burgoin, afirma a Proceso que han ido
ganando en los tribunales los amparos interpuestos por la empresa Las Demasías,
pero el juez se empecina en postergar la resolución final, lo que lleva ya dos
años.
Este reportaje se publicó el 5 de agosto de 2018 en la
edición 2179 de la revista Proceso.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ JENARO VILLAMIL/ 9
AGOSTO, 2018)
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