Los foros sobre paz y
seguridad, a partir de los que el próximo gobierno de Andrés Manuel López
Obrador comenzará a construir su estrategia de seguridad, comenzaron en Ciudad
Juárez con un catálogo de buenas intenciones que van a llevar, ante la
ingenuidad demostrada, a la creación involuntaria de un narcoestado. Las líneas
generales que buscan ser legitimadas a partir de esta serie de encuentros
durante los dos próximos meses y una eventual consulta popular, están ancladas
en el otorgamiento de una amnistía a quienes están metidos en el negocio del
narcotráfico, como lo propuso López Obrador en diciembre pasado durante una
visita al Istmo de Tehuantepec.
En esa gira, dijo que “se van
a explorar todas las posibilidades y no descarto que se someta a discusión que
se consulte al pueblo sobre la posibilidad de una amnistía para lograr la paz.
Ya no queremos la guerra, queremos la paz en el país”. La propuesta surgió,
confiaron cercanos al Presidente electo, como varias de sus grandes frases, a
partir de lo que le gritaban los asistentes a sus mítines. Una señora en
aquella región istmeña pidió que le dieran amnistía a narcotraficantes, de
donde tomó la idea y la ventiló. Varios de sus asesores de comunicación e
imagen le recomendaron que corrigiera rápidamente esa afirmación por las
consecuencias que tendría, pero López Obrador, muy a su estilo, apretó el
acelerador. Durante los siguientes meses fue ratificando la idea central, pero
matizando el alcance que tendría la amnistía de marras.
Días después en
Quechultenango, Guerrero, la prensa que lo acompañaba le preguntó sobre la amnistía.
“Vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía, siempre y cuando
se cuente con el apoyo de las víctimas y los familiares de las víctimas”,
respondió. “No descartamos el perdón. No hay que olvidar, pero sí se debe
perdonar si está de por medio la paz y la tranquilidad de todo el pueblo”. El
utilitarismo de John Stuart Mill en toda su extensión, con el bien mayor por
encima de todo. Cuando la prensa le pidió especificaciones y si la amnistía
incluiría a los jefes de los cárteles de las drogas, abundó: “Vamos a
plantearlo. Lo estoy analizando. Lo que sí les puedo decir es que no va a
quedarse ningún tema sin ser abordado, si se trata de garantizar la paz y la
tranquilidad”.
Sus afirmaciones provocaron
repudio en la sociedad política. Tras el primer debate presidencial, Alfonso
Durazo, a quien propondría más adelante como su Secretario de Seguridad Pública
Federal, trató de explicar lo que su jefe político quiso decir. “López Obrador
ha propuesto un proceso de paz y de reconciliación nacional, no un pacto con el
crimen organizado”, afirmó. “Sin proceso de pacificación y reconciliación no
habrá punto de inflexión en los niveles de violencia que definen la tragedia
del país”. La pregunta era y sigue siendo: ¿qué quiso decir Durazo?
Lo que posteriormente varios
miembros del equipo de transición explicaron, es que no se trataría de
amnistiar a todos, sino a algunos. Amnistía habría para niños y campesinos, no
para criminales, sin explicar si esa subcategoría perdonaría a sicarios, que
también hay menores y campesinos, o no. Este juego de palabras, obviamente, es
sarcástico, pero sirve para subrayar las deficiencias conceptuales e
informativas en las que se encuentran López Obrador y su equipo de seguridad.
Durazo resaltó el desconocimiento generalizado en la inauguración del foro en
Ciudad Juárez, donde anunció que van a desarrollar una estrategia de Estado, no
sólo de gobierno, para dar resultados en el corto plazo. “Proponemos construir
una receta mexicana para la pacificación de nuestro país (y) por difícil que
parezca buscaremos y encontraremos el entendimiento de todos los mexicanos para
construir la paz”.
La “receta mexicana” es
vieja. Una estrategia de Estado la propuso el Presidente Felipe Calderón en
2009, pero aquél plan integral sólo vio cumplimentada la parte de la lucha
policial y militar contra los cárteles de las drogas, porque el resto del
Estado -paradójicamente salvo el caso de Juárez, donde la participación de
gobierno, empresarios y sociedad civil frenó la violencia-, fue negligente en
su trabajo. El Presidente Enrique Peña Nieto también la planteó, pero a
diferencia de Calderón, no hizo nada de importancia salvo capacitar y armar a
grupos de autodefensa, incluidos a miembros de los cárteles del Pacífico y
Jalisco Nueva Generación, para exterminar a Los Caballeros Templarios.
La gran novedad en el
planteamiento del nuevo gobierno es la amnistía a los narcotraficantes, fórmula
para la reconciliación. El único que la planteó, pero como ex Presidente, fue
Vicente Fox en 2011. No hay ningún Estado en el mundo, que no sea considerado
un narcoestado, que haya optado por una amnistía a narcotraficantes, que en sí
es un pacto con el crimen organizado. El trueque es dejar de combatir a las
organizaciones criminales, si estas dejan de sembrar muertos en el país. Es
decir, si se ponen de acuerdo los cárteles y reparten territorios y acuerdan
impuestos de paso de drogas, para que el negocio florezca en climas estables
exentos de violencia. Eso, por supuesto, reduciría la tasa de homicidios
dolosos, acabaría con la ley de la selva y la zozobra social. Se implantaría la
Pax Narca de López Obrador.
El costo sería que como en el
gobierno de Fox, los cárteles regresaran al control pleno de territorio
mexicano y gobernaran por encima del Estado. No puede ser este el objetivo de
López Obrador, quien debe tomarse muy en serio el fenómeno de la seguridad para
que no se diga, como hoy, que su gobierno será de ocurrencias.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/ 08/08/2018 | 04:00 AM)
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