Foto: Enrique Botello.- Gilberto Hirata
Chico, ex presidente municipal de Ensenada
Queda imposibilitado para ocupar cargos
públicos por diez años junto al ex tesorero Samuel Jaime Aguilar, al tener
denuncias penales abiertas por desvíos millonarios durante las últimas
administraciones, que han dejado a Ensenada una deuda de 3 mil millones de
pesos de la que no ha podido salir
El ex alcalde de Ensenada,
Gilberto Hirata Chico, fue inhabilitado por Sindicatura Municipal por diez
años, lapso en el cual no podrá ejercer cargos públicos, convirtiéndose en el
primer ex presidente municipal en recibir una inhabilitación en Baja
California.
Lo último que se supo de su
vida política fue que en abril rindió protesta como delegado especial del
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
en Cuernavaca, Morelos.
La sanción por diez años
también va dirigida a su entonces tesorero Samuel Jaime Aguilar por
“desaparecer” de las cuentas 68 millones de pesos del Ramo 33.
En total, Sindicatura abrió
14 investigaciones de las cuales cinco están resueltas, tres quedaron en
amonestación por no atender observaciones de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) y dos inhabilitaciones.
No obstante, la ASF puede
absolver a los ex servidores públicos obligándolos, a resarcir el daño
ocasionado al patrimonio de los ensenadenses.
La síndico procuradora Karina
Castrejón Bañuelos explicó que el 1 de agosto de 2018, el jurídico resolvió
inhabilitar a Hirata Chico y a Jaime Aguilar por cinco años, por mal uso de 31
millones de pesos del Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad
(Fortaseg).
En este caso la penalidad fue
de cinco años porque ambos ex funcionarios argumentaron que con el dinero
pagaron nómina, pero al final devolvieron el recurso.
Sin embargo, en un segundo
procedimiento, la sanción se elevó a 10 años porque nunca reintegraron los 68
millones de pesos a cuentas del Ramo 33 correspondientes a 2016 y tampoco se
ejecutaron las obras.
LAS OPCIONES DEL EX ALCALDE
De acuerdo con el jurídico,
Hirata dispone de 15 días para recurrir a la sentencia ante tribunales.
En ese lapso, Óscar de la
Peña Hernández, abogado particular de Gilberto Hirata, puede promover un
recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que suspenda la
sanción y no quede inscrita.
Tanto diputados del Congreso
de la Unión como el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, están enterados de
los asuntos y de ellos dependerá el seguimiento a las denuncias penales y la
inhabilitación.
LAS CASTIGADAS DE PELAYO
Uno de los expedientes
desahogados en la pasada administración fue el de María de Guadalupe Beltrán
Rocha y María Elena Espinoza Sánchez, tesorera y auxiliar de la misma
dependencia, respectivamente.
Ambas ex funcionarias,
inhabilitadas, asumieron la responsabilidad de una declaración hecha por el ex
alcalde Enrique Pelayo Torres a los medios de comunicación.
“Usamos dinero del Ramo 33
para pagar nómina”, fue lo que dijo desde su oficina en el cuarto piso de la
Casa Municipal.
Pelayo no imaginó las
consecuencias de esa declaración y se le vino una serie de líos legales con dos
denuncias penales interpuestas por empresarios de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex) y el ex síndico, ahora secretario del
Ayuntamiento, Iván Barbosa Ochoa.
Ambas denuncias no han
prosperado y, si no inhabilitó a Pelayo en la pasada administración, fue porque
las “Lupitas” declararon que actuaron de acuerdo a sus atribuciones.
No obstante, el presidente
municipal es responsable de la Hacienda pública, “si bien administrativamente
no lo inhabilitamos, sí lo hicimos penalmente”, argumentó Barbosa.
Las querellas se
interpusieron por los delitos de abuso de autoridad y desvío de recursos del
Ramo 33. En lo administrativo
encontraron irregularidades en el Subsidio para la Seguridad de los Municipios
(Subsemun), Ramo 33 e Issstecali.
Ambos expedientes están en el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, debido a que se inconformaron con la
resolución.
LAS DENUNCIAS PENALES
La Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE) Zona Ensenada
no tiene avances respecto a las denuncias penales interpuestas en contra de
Enrique Pelayo Torres. A solicitud de ZETA para saber el estatus de las
querellas, la subprocuradora Norma Alicia Velázquez Carmona se abstuvo de
responder a los cuestionamientos.
En tanto Gilberto Hirata
Chico y Samuel Jaime, también fueron denunciados por la vía penal por
Sindicatura Municipal.
Lic. Laura Karina Castrejón Bañuelos,
síndico procurador de Ensenada
La primera, por abuso de
autoridad, se presentó en octubre de 2016 con número 0201-2016-10594, con
relación al ejercicio del Ramo 33 del período 2015. Se recibieron 81.3 millones
de pesos, documentando que para el pago de nómina y honorarios, se ejercieron
16.7 millones de pesos.
Otra más por cuotas no
pagadas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali) de enero de
2011 a abril de 2015. El número de caso es 0201-2016-11125 por abuso de
autoridad, en contra de Enrique Pelayo Torres, María Guadalupe Beltrán Rocha y
María Elena Espinoza Sánchez, tesorera y auxiliar, así como al ex primer edil
Gilberto Hirata Chico y el ex tesorero Samuel Jaime Aguilar.
El expediente
0201-2016-10773, iniciado en noviembre de 2016, por abuso de autoridad, fue una
transferencia de recursos por el orden de los 20.6 millones de pesos para el
pago de aguinaldos de policías y funcionarios que se destinó a usos distintos
“por la indebida disposición de los fondos públicos de una cuenta a otra”,
señala el documento.
La última es por peculado y
abuso de autoridad por el desvío de un préstamos de BANSI por 665 millones de
pesos, de los cuales 204.7 millones
fueron para pagar sueldos.
NOVELO APORTÓ LAS PRUEBAS
“Yo hice mi trabajo de
presentar las pruebas de los diferentes desvíos y seguimos atendiendo los
asuntos de la administración pasada”, declaró el alcalde de Ensenada, Marco
Novelo Osuna, sobre la inhabilitación de su antecesor.
“Cuando inicié la
administración, contraté gente especializada en auditoría y los resultados los
presentamos ante la ASF, y la PGJE tiene el dictamen del procedimiento”.
Han transcurrido un año y
ocho meses, y la actual administración carga con las secuelas.
Indicó que no superan la
retención de 53 millones de pesos por parte del Servicio de Administración
Tributaria (SAT) en diciembre de 2017 y la deuda por mil 300 millones de pesos
con el Issstecali.
“Ahí la llevamos, no nos está
fallando la nómina y con eso va bien”, afirmó Novelo, y confía en que el caso
de Hirata no quedará en inhabilitación, sino que está en manos del Estado
resolver el problema que dejó.
— ¿Cómo ha afectado esto su desempeño?, cuestionó
ZETA.
“Mucho, porque, por ejemplo hoy,
los retirados están pidiendo su dinero de 2014, 2015 y 2016. Mientras que el
SAT está reteniendo 12.3 millones de pesos que no se pagaron, también tenemos
las obras del Ramo 33 que se pagaron y no se construyeron, por lo que la gente
está muy molesta. Además, somos de los municipios más endeudados de México”.
LOS DELITOS
32/2017. No
cumplir ni vigilar la correcta inversión de recursos municipales provenientes
del FAIS 2014. Monto total: 79.691
millones de pesos.
31/2017. No
supervisar la administración del recurso desviado: 35.656 millones de pesos.
26/2017. No
cumplir ni vigilar la correcta inversión de recursos municipales provenientes
del FAIS 2015. Total de recurso desviado: 16.720
millones de pesos.
36/2017.
Otorgamiento de 96 ascensos a elementos policiales adscritos a la Dirección de
Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California.
No vigilar ni cumplir con las
disposiciones aplicables en el ámbito de su competencia, mismo que regula el manejo
del crédito autorizado mediante Decreto 196 por la XXI Legislatura para
financiamiento y/o restructuración de la deuda pública con BANSI. Total de
recurso desviado: 262.1 millones de
pesos.
41/2017. No
cumplir ni vigilar la correcta inversión de recursos municipales provenientes
del FAIS o RAMO 33 por 89.6 millones de
pesos.
42/2017. No
vigilar la administración correspondiente al fondo federal Archivo Histórico
2016 por un millón de pesos.
43/2017. No
vigilar la administración correspondiente a Programas Regionales de Desarrollo
2016 por un millón de pesos.
44/2017. No
vigilar la administración correspondiente a Programas Regionales de Desarrollo
2016 por 3.5 millones de pesos.
03/2018.
Incumplimiento a la normalidad relativa a la aplicación del Fondo para el
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece del
ejercicio fiscal 2016 por 26.5 millones
de pesos.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / LORENA LAMAS/
LUNES, 13 AGOSTO, 2018 01:00 PM)
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