En Puebla, el homicidio se instaló como
patrón sistemático de persecución. Los asesinatos de Manuel Gaspar Rodríguez y
Adrián Tihuilit –el 14 y 31 de mayo de este año, en Cuetzalan del Progreso y
Zacapoaxtla, en la sierra nororiental– son el epílogo de una larga historia de
agresiones en contra de activistas y defensores de derechos humanos. En 2012,
Frumencio Solís Cruz y Antonio Esteban Cruz fueron asesinados en Cuetzalan. A
partir de ahí, el crimen, avalado por una profunda impunidad, no se detuvo.
Pero nada frenó la resistencia. Ni esta
amenaza constante de muerte y silencio. Las comunidades indígenas continúan con
su trabajo de oposición a los megaproyectos de desarrollo, como hidroeléctricas
y mineras a cielo abierto. Quieren respeto a su derecho constitucional de ser
consultados sobre cualquier tipo de obra que pueda amenazar su
autodeterminación, sus territorios y los recursos naturales de sus entornos.
Edmundo Velázquez Vargas
Ciudad de México, 12 de julio
(SinEmbargo).– No sólo están amenazados los recursos naturales, el futuro de
poblaciones enteras o las tierras consideradas sagradas por los pueblos
originarios; los activistas que han tomado como bandera la protección del medio
ambiente y luchan contra los llamados “proyectos de muerte” ahora son víctimas
de una cacería en Puebla.
En menos de un mes asesinaron
a dos activistas en la región de Cuetzalan, Adrián Tilihuit y Manuel Gaspar
Rodríguez, que encabezaban la lucha en contra de la empresa Gaya S.A de C.V.,
que trabaja en la construcción de dos plantas hidroeléctricas que se
beneficiarán del agua del río Apulco.
Gerardo Pérez Muñoz,
representante de la Asamblea de Afectados Ambientales Capítulo Puebla, calcula
que existen alrededor de 64 defensores amenazados en las regiones de Ocotepec,
opositores a la empresa Living Water International; Cuetzalan, donde se
confrontan con la empresa hidroeléctrica Gaya S.A de C.V, y en Pahuatlán,
territorio amenazado por el gasoducto Tula-Tuxpan, megaproyecto de TransCanada.
Tras el asesinato de Tilihuit
y Gaspar en Cuetzalan, los activistas de Pahuatlán han preferido prevenirse y
tomar en serio las amenazas que comenzaron con pedradas a sus puertas. Ahora
hacen sus reuniones en domicilios secretos y evitan informar abiertamente
cuándo realizarán sus próximos eventos, explicó Oliveria Montes Lazcano, una de
las voceras del Consejo de Pueblos Originarios de Puebla e Hidalgo, encargada
de articular a los pobladores involucrados en la lucha en contra del Gasoducto
Tula-Tuxpan.
Cuetzalan protesta por el asesinato del
líder activista Manuel Gaspar, perpetrado el 14 de mayo pasado. Foto: Especial
Puebla, un cementerio de activistas opositores a los megaproyectos.
Foto: Especial
DOS EJECUTADOS EN CUETZALAN
En mayo de este año, la
pesadilla resurgió. El día 14 fue encontrado sin vida dentro de un motel de
Cuetzalan, Manuel Gaspar Rodríguez, el dirigente del Movimiento Indígena
Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP) quien era objeto de amenazas por
encabezar la oposición a la instalación de una hidroeléctrica en la región.
El hallazgo del cuerpo
ocurrió alrededor de las siete de la mañana en uno de los cuartos del motel
Quetzal, ubicado en el libramiento del municipio, a un costado del Centro de
Convenciones.
Los empleados del lugar
acudieron a la habitación para pedir que fuera desalojada y al no tener
respuesta, entraron y descubrieron el cuerpo de un hombre. El piso de la
habitación se encontraba manchado de sangre, como si la víctima intentara
defenderse y presentaba varias heridas hechas con arma punzocortante, estaba
desnudo y en el suelo.
Horas después se confirmó que
el cuerpo correspondía al líder activista del MIOCUP. Al respecto, la organización envío un
comunicado condenando el homicidio e informaron que Manuel Gaspar había
recibido amenazas de muerte vía telefónica por desconocidos y fue citado por la
Procuraduría General de la República (PGR) por la lucha que dieron comunidades
contra la imposición de una de las subestaciones eléctricas.
“Exigimos una investigación
seria, eficaz e imparcial, acorde con el derecho de las víctimas a conocer la
verdad y obtener justicia. El fiscal tiene la obligación de agotar todas las
líneas de investigación para esclarecer los hechos”, exigió el MIOCUP en su comunicado.
El segundo activista
asesinado fue Adrián Tilihuit. Desapareció el miércoles 30 de mayo. Su cadáver
fue encontrado con un disparo en la cabeza, a diez metros de un automóvil
Chevy, en el fondo de un barranco en la zona de Zacapoaxtla, población a 20
minutos de Cuetzalan.
Según versiones de los
activistas de la sierra nororiental, el miércoles no volvió a su casa y
comenzaron su búsqueda hasta que dieron con un vehículo al fondo de la cañada y
el cuerpo del activista a unos metros.
Tilihuit apoyó a los
indígenas de San Juan Tahití en el movimiento que se opone a la instalación de
la empresa Gaya S.A. de C.V. en la zona del río Apulco para comenzar con la
construcción de plantas hidroeléctricas
Junio de 2014. Integrantes de
la Coordinadora Plan de Ayala, Movimiento Nacional, protestan por el asesinato
de su compañero Antonio Esteban Cruz, dirigente regional del Movimiento
Independiente, Obrero, Campesino, Urbano y Popular en la Sierra Norte de Puebla
ocurrido el pasado 4 de junio en el paraje “El Rincón”, a orillas del río
Apulco, municipio de Cuetzalan, Puebla. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro
ANTONIO ESTEBAN: UNA EJECUCIÓN PREVIA
El MIOCUP ha sido una
organización constantemente acosada. A los dos homicidios les precede uno más,
perpetrado en 2014 en la misma región.
Antonio Esteban Cruz, quien
desde entonces lideraba la oposición a la entrada de Gaya SA de CV, fue
asesinado la mañana de este miércoles 3 de junio del 2014, con cuatro balazos.
En un comunicado emitido en
ese entonces, el MIOCUP y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento
Nacional (CNPA-MN) acusaron a los gobiernos estatal y federal de estar
implicados en el homicidio de este luchador social, quien también fue uno de
los principales coordinadores del Encuentro Nacional Indígena y Campesino “En
defensa de la tierra y el territorio”, realizado en marzo del 2014 en
Cuetzalan, una de las primeras asambleas que informaban sobre el “proyecto de
muerte”.
A partir de este encuentro, refirieron
las organizaciones, se conformó el Frente Indígena y Campesino de México
(FICAM) para defender la tierra como un bien colectivo de los pueblos y exigir
respeto al derecho a la consulta ante las autorizaciones que ha hecho el
Gobierno federal de megaproyectos, minas e hidroeléctricas.
EL TERRITORIO DEL GASODUCTO TULA-TUXPAN
Oliveria Montes Lazcano se
enteró del asesinato de los dos activistas de Cuetzalan cuando se encontraba en
una gira por Europa para dar a conocer las acciones de la lucha contra el
Gasoducto Tula-Tuxpan.
A su regreso a tierra
mexicana, su preocupación es evidente y han redoblado medidas de seguridad.
Para realizar la entrevista con SinEmbargo, Oliveria Montes solicitó primero
acudir a un territorio cercano a Pahuatlán, pero de ya ahí confirmó su verdadera
ubicación por temor a que cualquier mensaje sea interceptado para localizarla a
ella y sus compañeros.
La joven de 28 años de edad
es una de las líderes voceras del movimiento que se ha encargado de dar la
lucha en contra del Gasoducto Tula-Tuxpan en los municipios de Tenango de
Doria, Pahuatlán y Tlacuilotepec.
Los aciertos de la
organización provocaron dos suspensiones definitivas de los cinco amparos que
promueven contra la obra que tenía que ser entregada a inicios del 2018 por la
empresa TransCanada y que pone en peligro a casi 500 poblaciones indígenas.
Los activistas en contra del
Gasoducto Tula-Tuxpan ya son amedrentados. Hombres armados han pasado se pasean
por sus domicilios, y han recibido todo tipo de mensajes a través de personeros
de las autoridades municipales que apoyan la instalación del proyecto en
Pahuatlán.
“A los compañeros van y les
apedrean sus casas, los han amenazado. Están sobre ellos. Hay muchas presiones
de parte de los operadores locales y de las autoridades que sirven como apoyo a
las transnacionales, el problema es que ellos viven ahí”, comentó Raymundo
Espinoza, el asesor legal del Consejo de Pueblos Originarios de Puebla e
Hidalgo.
“TENEMOS QUE DOMINAR EL MIEDO”
Para Oliveria Montes, el
miedo es natural pero que no puede frenarlos.
“Sí ha habido amenazas. Nos
han amenazado tocándole las puertas a los compañeros diciendo que los van a
desaparecer, que no se metan. Aventándole piedras a las casas de los
compañeros, escuchando disparos afuera de las casas, ha habido amenazas de
muerte. Sí ha habido muchas amenazas en nuestro entorno, pero eso no nos puede
inmovilizar porque no estamos en una lucha vacía estamos luchando no solamente
por nosotros y por el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos”, dijo.
— ¿Han caído dos activistas en Cuetzalan por oponerse
a proyectos de muerte? ¿Tienen miedo?
—El miedo es natural que se
tenga; sin embargo, lo tenemos que dominar. El miedo no nos tiene que
inmovilizar porque es lo que buscan las empresas y el Gobierno. Buscan
inmovilizarnos. No reaccionar y no defendernos. Y estamos en todo nuestro
derecho de defendernos. El miedo no nos tiene que dejar manipular ni
inmovilizar, debemos ser dominantes de ese miedo.
La activista señaló que no
hay vuelta atrás. La lucha se mantiene y en parte, el viaje a Europa y la
reunión con los activistas que pelean contra la colocación del proyecto MidCat,
un gasoducto similar que afectará zonas de España y Francia, los ha vuelto más
visibles ante las organizaciones internacionales.
“Lo que ellos nos dicen es
que sigamos luchando, que no nos desesperemos, que no nos derrotemos, que nos
van a apoyar dando visibilidad y apoyo a nuestra lucha”.
La resistencia por el medio ambiente y
la forma de vida en Cuetzalan, Puebla. Foto: Especial
LA PERSECUCIÓN DEL GOBERNADOR MORENO VALLE
La represión de activistas en
Puebla es una puesta en escena conocida. Durante su sexenio los opositores a
megaproyectos, Enedina Rosas, José Luis Flores y Abraham Cordero fueron
perseguidos.
El 6 de abril del 2014,
quince patrullas de la Policía Estatal detuvieron a la comisaria ejidal de San
Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas Vélez, de 60 años. Presidía una reunión entre
comisarios ejidales donde se firmaba la negativa a que sus tierras fueran
utilizadas para la construcción de las obras relacionadas con el Gasoducto
Morelos.
La detención de Enedina fue
violenta y con exceso en el uso de la fuerza. En ese entonces, el Gobierno de
Rafael Moreno Valle Rosas –a través de la entonces Procuraduría General de
Justicia del estado– tenía en sus manos una denuncia por robo agravado y
obstrucción de obra en contra Enedina Rosas. Fue presentada por empleados de la
empresa Bonatti, filial italiana que tiene el encargo de llevar a cabo las
obras del gasoducto en el Proyecto Integral Morelos y que actualmente no puede
laborar para TransCandada en la zona de Pahuatlán y Tlacuilotepec.
A Enedina se le acusó de
robar “de manera violenta” dos celulares a empleados de Bonatti y fue
encarcelada. Estuvo en el penal de Atlixco hasta el 2 de octubre del 2014 y
después fue trasladada a su casa en prisión domiciliaria por su delicado estado
de salud.
En su más reciente aparición
ante los medios de comunicación, Enedina Rosas indicó que se encuentra con
mejor salud y tranquila. Ella, como muchos de los comisarios ejidales de la
zona de Atlixco, mantenían reuniones y asambleas informativas desde el 2012,
fecha en que su patrimonio fue amenazado por la empresa Bonatti, que entraba
poco a poco a intervenir en tierras de la zona sin los permisos
correspondientes.
Mayo de 2014. Resguardados por el
Ejército Mexicano, la Policía Federal y Estatal, maquinaria y tubería arribaron
a distintas comunidades del Valle de Atlixco de Puebla con lo que oficialmente
se dio inicio a la instalación del gasoducto Morelos. Foto: Hilda Ríos.
Cuartoscuro
El segundo caso fue Juan
Carlos Flores, vocero del Frente de los Pueblos en Defensa del Agua y la
Tierra, quien participa activamente desde el 2009 coordinando acciones
informativas y asesorando legalmente a los vecinos de tierras afectadas por
mega proyectos emprendidos en los estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala.
Tras la detención de Enedina
Rosas, fue aprehendido Juan Carlos el 7 de abril del 2014, Juan Carlos Flores
Solís a la salida de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Puebla (CEDHP).
Contra Juan Carlos Flores
existía un proceso por motín, despojo, ataques contra la infraestructura
hidráulica y extorsión, por lo que no alcanzó libertad bajo caución por
tratarse de delitos graves y fue enviado al penal de San Pedro Cholula.
Sin embargo, el activista
dejó la prisión el 23 de enero del 2015, a casi diez meses de permanecer en
prisión, por encabezar la oposición al gasoducto del Proyecto Integral Morelos.
Este proyecto implica un
ducto de 30 pulgadas de diámetro que recorrerá unos 160 kilómetros por las
faldas del Popocatápetl y a través de unas 60 comunidades campesinas de
Morelos, Puebla y Tlaxcala, y transportaría a diario nueve mil millones de
litros de gas natural.
El 21 de febrero del 2018, un
juez federal ordenó suspender la construcción y el financiamiento del gasoducto
de la compañía Autoabastecedora de Gas Natural, obra que habría de servir a
instalaciones de los parques industriales de Cuautla y Cuernavaca, así como a
dos centrales termoeléctricas en la localidad de Huexca, municipio de
Yecapixtla.
Abraham Cordero, fue un
tercer activista detenido en tiempos de Rafael Moreno Valle, identificado como
uno de los principales opositores del Arco Poniente.
El proyecto del Arco Poniente
fue originalmente propuesto en la administración del exgobernador Mario Marín
Torres. Desde ese entonces Abraham Cordero ya se encontraba organizado con
gente de la zona de San Martín Texmelucan.
Aunque el proyecto fue finalmente
pospuesto y jamás finalizó en la administración marinista, con el gobierno de
Rafael Moreno Valle se dio la modificación del trazo, puesto que se necesitaba
para la construcción del gasoducto que integra el Proyecto Integral Morelos en
su conexión al estado de Puebla y Tlaxcala.
Fue entonces que se retomó el
trabajo y los pobladores de la zona de San Martín Texmelucan y otros municipios
de la zona, en su mayoría situados en tierras de labriego, conformaron el
frente de Pueblos de la Sierra Nevada.
El 8 de abril del 2014,
Abraham Cordero fue detenido mientras lo acompañaba su esposa Obdulia García,
quien denunció que fue llevado por agentes ministeriales quienes lo acusaron de
robo de cable de cobre, sin embargo de último minuto la entonces Procuraduría
General de Justicia en Puebla informó mediante un comunicado que se le
achacaban otros delitos contra funcionarios públicos, amenazas y privación
ilegal de la libertad.
Fue hasta el 2 de octubre del
2014 que Cordero fue liberado del penal municipal de Atlixco, donde pasó seis
meses en una pequeña celda.
No hay comentarios:
Publicar un comentario