El gobierno de EU ha provocado
intencionalmente miles de casos de menores sin acompañante, hundiéndolos en el
ya de por sí abrumador sistema de la burocracia federal
Ryan Devereaux
El programa de la
administración de Donald Trump de separar sistemáticamente a los niños
migrantes de sus padres crece a pasos agigantados, confirmaron algunos
funcionarios del gobierno de Estados Unidos el martes 18 de junio. Bajo la
doctrina “tolerancia cero” del procurador general Jeff Sessions, las
autoridades de Estados Unidos recibieron la orden de procesar legalmente a
todos los individuos arrestados por cruzar ilegalmente las fronteras, sin
excepción alguna, incluyendo a las personas que buscan asilo y a los padres que
llegan con niños pequeños.
Las consecuencias son ya
históricas y catastróficas pues el gobierno de Estados Unidos provoca
intencionalmente miles de casos de menores sin acompañante, separando sus casos
de los de sus padres y los está hundiendo, solos, en el ya de por sí abrumador
sistema de la burocracia federal.
En una llamada telefónica con
reporteros, algunos funcionarios de alto rango de las agencias responsables de
estas acciones, señalaron que ya son miles las familias que han sido afectadas
por estas medidas. Agregaron que no existe una guía uniforme en la frontera
para establecer reglas sobre cómo los oficiales de migración deben manejar los
casos que atañen a poblaciones sensibles como los de personas que tienen bebés
o niños pequeños. Lo que se hace es que los jefes de la Patrulla Fronteriza de
las diferentes estaciones manejen los casos a “discreción”. Estos funcionarios
explican que estas acciones tienen como finalidad la “disuasión”.
Brian Hastings, el jefe
interino de operaciones para el cumplimiento de la ley de la Patrulla
Fronteriza, indicó a algunos reporteros que del 5 de mayo de 2018 al 9 de junio
de 2018, un total de 2,235 familias, que suman 4,548 personas, fueron
arrestadas en la frontera sur. “El total de niños que se quedaron bajo cuidado
de la agencia a causa de esta iniciativa”, señaló, fue de 2,342, mientras que
el total de adultos que fueron acusados durante este período fue de 2,206.
“Todas las consideraciones y
políticas humanitarias se están aplicando. El jefe de campo actúa a discreción
en cada uno de los nueve sectores de la frontera del suroeste para que se
proceda adecuadamente en los casos sensibles, entre los que se incluye a los
adultos que viajan con niños pequeños”, sostuvo Hastings. “Los comandantes
pueden hacer determinar sus casos a discreción”.
Cuando se le preguntó si eso
significa que no hay un criterio establecido o una guía para actuar en los
casos de separación de niños de sus padres, Hastings contestó: “Correcto”.
Explicó que “los comandantes (…) generalmente” consideran que los niños menores
de 5 años son de “tierna edad”. Hastings no pudo dar cifras sobre el número de
menores de 5 años que su agencia haya separado de sus padres.
Steve Wagner, secretario
asistente interino de la Administración de Salud y Servicios Humanos para Niños
y Familias, que supervisa la Oficina para la Reubicación de Refugiados (ORR,
por sus siglas en inglés), que a su vez es responsable de los niños que el
gobierno toma bajo custodia, mencionó que su agencia espera que el programa
impida que los padres entren al país sin autorización. “Esperamos que las
nuevas políticas tengan un efecto disuasivo”, dijo. “Realmente esperamos que
los padres dejen de traer a sus hijos en este viaje tan peligroso y que no
entren ilegalmente al país, así es que estamos preparados para aumentar nuestra
capacidad cuanto se requiera. Esperamos que esto no sea necesario en el
futuro”.
Wagner no tiene cifras sobre
el número de familias que se hayan reunido después del proceso de
enjuiciamiento bajo el nuevo programa de la administración. Poco después de la
llamada, McClatchy, citando algunos datos federales, reportó que “la
administración Trump probablemente ha perdido la pista de casi 6,000 niños
migrantes que viajan solos, miles de casos más de los que se reportó a los
legisladores el mes pasado”. La semana pasada, el gobierno aseguró que había
separado a 1,995 niños de sus padres de abril hasta mayo. Este martes 19, la
Patrulla Fronteriza dio a conocer una cifra algo mayor: 2,342, de mayo a junio.
A principios de mes, The Intercept reportó que al menos 1,358 niños habían sido
separados de sus padres desde octubre de 2017 hasta mediados de mayo.
Aunque no hay cifras exactas,
debido a las diferentes fechas que se han manejado en diferentes medios, se
puede hablar de que el número de niños migrantes que la administración Trump ha
separado de sus padres es de más de 3,700… y sigue creciendo.
El jefe adjunto de Aduanas y
Protección Fronteriza (CBP) que supervisa a la Patrulla Fronteriza dijo al
testificar frente a legisladores, que él calcula que el gobierno seguirá
separando alrededor de 650 familias cada dos semanas en un futuro próximo.
Por su parte, el jefe de la
Patrulla Fronteriza en el sector más ocupado del país está presionando a sus
agentes para que aumenten los arrestos y las acusaciones todavía más, y declaró
al Washington Post este fin de semana que la agencia todavía no ha alcanzado el
100% que le pide la administración, pero que están trabajando para lograrlo.
Para alcanzar ese objetivo,
será necesario acabar con la creciente oposición política y pública a los que
se enfrentan las acciones de la administración. Pero, aunque mañana mismo se
diera fin a la tolerancia cero, ya miles de familias han sido separadas y la
pregunta sigue siendo la misma: ¿Se ha implementado algún mecanismo para
asegurar que esos padres recuperen a sus hijos?
Para los abogados y
activistas, la respuesta hasta el momento es: no. En una serie de entrevistas
que se realizaron la semana pasada, los defensores federales públicos y los
abogados que trabajan dentro del sistema de la detención de migrantes y en las
garitas en Arizona, así como los prestadores de cuidados para los niños
migrantes en el país, y algunos funcionarios de inmigración de Estados Unidos,
coincidieron unánimemente al criticar el sistema, o la falta de él, para reunir
a los niños migrantes con sus padres.
Dona Abbott es directora de
servicios para refugiados de Bethany Christian Services, una importante
organización que ayuda a colocar a niños bajo el cuidado de la Oficina de
Reubicación de Refugiados
(ORR) en hogares provisionales. Basada en su experiencia de más de 40 años
tratando con niños en casos de violencia o de la persecución, mencionó que no
existe un sistema para reunificar a las familias que se pueda criticar o
alabar. Señala que lo que existe es una lista interminable de preguntas que la
gente que lidia con las consecuencias de la separación de las familias ha
tenido que responder sola: ¿Cómo lograr que los niños cuyos padres fueron
deportados se reúnan de nuevo? ¿Podemos reunirlos antes de que los deporten?
¿Qué quiere el padre? ¿Qué considera el padre que es mejor para el niño? “Tan
sólo encontrar al padre ya es un reto”, explica Abbott.
NO HAY LUGAR EN EL SISTEMA
En ocasiones las agencias que
realizan los arrestos entregan a los niños a la ORR con información para
identificarlos, dice Abbott, pero a veces no. De nuevo, explica, no hay un
sistema. “Hay muchas familias y muchos niños afectados, muchos”, dice. Además,
a
Ninguna de las agencias que
tratan con menores no acompañados, y que la administración está haciendo que
aumenten cada vez más cada semana, se les consultó o se les advirtió de la
“tolerancia cero” que iba a adoptar el gobierno federal a partir de principios
de abril.
“No tuvimos la oportunidad de
hacer preguntas y de hablar de cómo trabajaría el sistema”, dice Abbott.
“Normalmente hay que hacerlo”.
En la actualidad, la solución
del gobierno para los padres a los que se les quitaron los hijos es una línea
de ayuda 1-800. Esto también representa un problema, dice Abbott, porque los
padres en detención normalmente no tienen acceso a teléfonos. “Nos estamos
dando cuenta de que lo que tenemos que hacer es llamar a los centros de
detención”, explica. Por ejemplo, Abbott cuenta el caso de una niña de 8 años
al cuidado de Bethany Christian.
“La separaron de su mamá hace
una semana y lo que hacemos es hablar a todos los centros de detención”,
explica. “¿Tienen a alguien con este nombre?” preguntan. “Al número 1-800 no se
ha llamado porque la madre no ha tenido permiso para hacer la llamada y no
estamos seguros de en dónde pueda estar”, dice Abbott.
Para los niños pequeños,
resulta crítico saber en dónde están sus padres, dice Abbott.
“Cuando tienes 8 años, una
semana es mucho tiempo”, dice. “¿No sabes si mi mamá está bien?” El asunto de
las separaciones inducidas por el estado, que involucra a hombres uniformados y
con pistola, agrega, puede ser más terrible para los niños de áreas de Centroamérica
y México en donde la línea entre crimen organizado y fuerzas de seguridad no
existe, y el propósito del viaje al norte era precisamente para escapar de esos
escenarios.
Abbott cita el caso de un
niño de 10 años que cuenta la historia de ver a su padre esposado antes de que
los separaran. “Ese momento resulta aterrador para alguien que proviene de un
país en donde se ha reportado una y otra vez que la policía es corrupta”,
explica Abbott.
El problema de este niño en
especial está relacionado con otra difícil situación que surgió en casos
recientes, agrega Abbott: los agentes en el campo, específicamente los agentes
de la Patrulla Fronteriza, que deciden quién puede pedir asilo y quién no. “Al
parecer la Patrulla Fronteriza tiene mucha independencia y autonomía en sus
decisiones”, dice Abbott.
“En el caso de este pequeño
de diez años, al parecer no pasó nada más que los agentes no consideraron que
fuera un caso de asilo y lo deportaron inmediatamente, pero no reportaron a su
hijo, no se aseguraron de que se fueran juntos. Así es que ahora estamos tratando
de reunirlos. Y el niño es indígena, lo que aumenta los problemas”.
En lugar de instalar un
sistema que reuniera a los niños con sus padres, la administración ha tomado
una nueva medida que podría disminuir esta probabilidad. A principios de mes,
McClatchy reportó que la ORR tenía un nuevo acuerdo con el Departamento de
Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en el que la agencia
compartiría huellas digitales y realizaría revisiones de migración de los
cuidadores potenciales que quisieran tomar en custodia a los niños.
“No sólo es el padre”,
explica Abbott. “La nueva regla es que todos en la casa, todos los adultos de
la casa, tienen que proporcionar sus huellas digitales, y esas huellas, todas
esas huellas digitales tienen que entregarse al DHS para que se realice una
investigación criminal. Eso quiere decir, probablemente, detención y
deportación”.
Según McClatchy, hasta ahora
“el porcentaje de menores no acompañados que son reclamados por sus padres cayó
de 60% de hace cuatro años a 41% en 2017, cuando aumentaron estas ofensivas”.
Abbott piensa que van a seguir sucediendo cosas similares todo el tiempo.
“No puedo concebir que no
aumenten las dificultades para los patrocinadores si no se sienten seguros para
venir a reclamar a alguien de su familia”, agrega.
ACUSACIONES FALSAS DE SEPARACIONES
En una conferencia de prensa
telefónica la semana pasada, algunos funcionarios de asuntos públicos de
agencias de la administración Trump responsables de separar a los niños
migrantes de sus padres, defendieron sus acciones señalando que no tienen otra
opción y argumentando, falsamente, que la ley ordena esas separaciones.
Exigiendo que no los nombraran, en su intento por “corregir la información”,
los voceros culparon a los medios de reportar irresponsablemente.
En especial declaran que el
gobierno federal no está separando a los niños de sus padres y niegan que las
agencias de gobierno mientan para separar a los niños de sus padres para no regresarlos
nunca. Abbott dice que ambos argumentos son falsos.
En primer lugar, dice, el
gobierno definitivamente ha separado a los bebés de sus padres. “En la
actualidad la edad promedio de los niños que cuidamos es de 7, pero tenemos
niños de 8 meses y hasta de 17 años”, dice. En segundo lugar, Bethany Christian
cuidó a una niña de 6 años, que al igual que su madre, habló de que utilizaron
el pretexto de un baño para separarla de su madre.
“Le dijeron a su madre:
‘Vamos a bañarla’, y se la llevaron y nunca la regresaron. La pusieron en un
hogar provisional. Estoy segura de que algún funcionario de migración pensaba
que con eso se aliviaba el trauma de la separación, los llantos y los gritos,
pero no puedo imaginar lo que esa mamá pensaba”, dice Abbott.
“Tal vez lo que quiere decir
el gobierno es que “No vamos a condonar sistemáticamente”, dice Abbott, pero el
hecho permanece: “Lo hemos oído directamente de una madre y de su hija”.
La implementación caótica de
“tolerancia cero” está provocando todo tipo de experiencias parecidas a ésta,
señala Abbott, y el público apenas escucha una fracción. Cuenta otra anécdota
de un niño que llegó a Bethany Christian con un cinturón en las manos.
“Con sus manos agarraba un
cinturón de adulto enrollado”, explicaba Abbott. “Nosotros sólo nos
preguntábamos, ‘¿De qué se trata esto?’ Cuando logramos quitarle el cinturón de
las manos, lo desenrollamos y en él venía escrito el nombre y el número de teléfono
de su padre”.
Para Abbott, la presencia del
número mandaba un claro mensaje. “El papá en un último momento de
desesperación”, se dijo: ¿Qué puedo mandar con mi hijo para que le indique a
alguien en dónde encontrarme?”
“Así es que lo escribe en el
cinturón”, dice. “Tenemos tantos niños con historias parecidas de separación
que todo indica que hay algo de caos. Más que algo, es realmente caótico”.
Abbott no es la única a la que le preocupan estos asuntos.
Dos fuentes que The Intercept
entrevistó en torno al programa de separación de familias del gobierno
(incluyendo a un abogado que ha representado a niños en custodia de la ORR y un
funcionario de alto nivel de la DHS que trabaja en asuntos de inmigración)
hablaron de manera anónima pues no están autorizados a dar declaraciones a la
prensa. Ellos también se refirieron a la ausencia de un sistema efectivo para
reunir a los padres con sus hijos.
El abogado, refutando las
declaraciones de la administración, sostuvo que el gobierno de hecho separa a
los padres de sus hijos, incluso cuando esas familias se presentan en puertos
de entrada legítimos. “Sí estamos viendo eso”, dijeron las fuentes a The
Intercept.
Asimismo, añadieron, la
aseveración del gobierno—ofrecida en una conferencia telefónica con un grupo de
reporteros la semana pasada—de que no está separando pequeños de sus padres,
simplemente no es cierta. “Están errados”, nos dijeron. “Sí hemos visto bebés”.
Traducido por Graciela González
(EJE CENTRAL/ Ryan Devereaux( JUNIO
2018)
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