Los padres pierden a sus hijos en
procedimientos expeditos en instalaciones remotas y cerradas del gobierno
Ryan Devereaux
Las posibilidades de que los
niños separados de sus padres, arrestados por cruzar ilegalmente a Estados
Unidos bajo la doctrina “tolerancia cero” del procurador general Jeff Sessions,
puedan hallar el camino de vuelta a sus padres son totalmente inciertas,
asegura un abogado que ha representado a niños en custodia de la ORR.
Dos fuentes que The Intercept
entrevistó en torno al programa de separación de familias del gobierno de
Estados Unidos, que hablaron manera anónima pues no están autorizados a dar
declaraciones a la prensa, coinciden en la ausencia de un sistema efectivo para
reunir a los padres con sus hijos.
En los casos en que un padre
manifiesta su deseo de ser deportado junto con su hijo, el Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, promete que
coordinará la reunificación, afirmaron, pero la agencia ha no lo ha cumplido.
“Nos van a dar una oferta de
reunificación que no sucederá”, dicen. En lugar de ello, los abogados se
enteran que un padre ya fue deportado cuando el procedimiento de reunificación
ya comenzó. “Simplemente no hay ningún compromiso para coordinar la expulsión o
la reunificación antes de la deportación. No parece haber ningún plan”.
El funcionario de alto nivel
de la DHS, que trabaja en asuntos de inmigración pero no está autorizado para
declarar ante la prensa, dijo de manera anónima que está de acuerdo con esta
postura. “Todo está en el aire”, dice a The Intercept. “No hay manera en que
esto pueda terminar bien. Siento que ahora que ya cruzamos este abismo no hay
un límite en qué tan lejos Trump y su gente querrán ir”.
Ante esta falta de claridad,
los abogados de los acusados involucrados en las causas judiciales que
provocaron las separaciones de familias han recurrido a magistrados federales
para su auxilio y, en algunos casos, los jueces están actuando.
En Tucson, desde que inició
la Operación Streamline, cada día más de 70 migrantes bajo acusación criminal
comparecen en audiencias grupales por cruzar la frontera ilegalmente. Con un
alza en dichos procesos de 71 por ciento en comparación con el año pasado, y
dado que las separaciones de familias se han vuelto algo rutinario, abogados
federales de defensa han comenzado a pedir a los jueces que ven sus causas que
tomen medidas inusuales a fin de incrementar las posibilidades de que los
padres se puedan reunir con sus hijos. “Una de las cosas que pedimos a los
jueces, y ellos han mostrado disposición a ello, es que nuestros clientes se
mantengan aquí, inclusive si ya recibieron una sentencia de tiempo cumplido y
son sujetos a ser deportados. Pedimos que los mantengan aquí a fin de que se
puedan reunir con sus hijos” dijo Molly Kincaid, una abogada federal, a The
Intercept. “Es mejor mantenerlos en custodia y reunirlos con sus hijos”.
De acuerdo con Kincaid, “la
mayoría de nuestros clientes que enfrentan este problema sólo son acusados de
una falta, se les acusa de un delito menor porque es su primera ofensa”.
Normalmente, dijo, las personas acusadas de una falta por primera vez se
declaran culpables, aceptan la condena y se les deporta rápidamente. Pero ahora
que tenemos a padres e hijos en escena, dijo, un mayor número de acusados dicen
que quieren quedarse en el país. “Es algo muy extraño porque eso es lo que
nuestros clientes quieren casi siempre, quieren pagar por el delito menor y
regresar a casa tan pronto sea posible. Pero, cuando tienes un hijo acá es obvio
que quedarse es lo más importante”, dice Kincaid.
Hasta ahora, los jueces
magistrados en Tucson parecen aceptar ese esfuerzo de los defensores. “En cada
caso en que un abogado solicita esa recomendación, nuestros magistrados la
están ofreciendo”, dijo a The Intercept Christina Woehr, una abogada federal de
Tucson.
A fin de reforzar las
recomendaciones, Kincaid también busca órdenes judiciales para que el gobierno
revele las ubicaciones de los menores en custodia. Cualquier mejora en la
transparencia será bienvenida, dijeron las dos abogadas.
A principios de junio,
Kincaid compareció ante el magistrado Bruce G. Macdonald en una audiencia de la
Operación Streamline. Su cliente, Cerafino Pérez Andrés, el padre de una menor
de Guatemala, había cruzado la frontera con su hija de 15 años cinco días
antes. Tras su arresto, la hija de Pérez Andrés fue procesada por el gobierno
y, ante Macdonald, Kincaid explica que su cliente no tenía la menor idea del
paradero de su hija. El fiscal federal Christopher Lewis, dijo a Macdonald que
la CBP y la Fiscalía de Estados Unidos no tienen “conocimiento o control de
dónde se ha ubicado a esos niños” y que la responsabilidad de los menores
pertenece a la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), que no tiene un
sistema para reportar el paradero de los niños que recibe en custodia por parte
de las agencias de la secretaría de Seguridad Nacional.
“Espero, sin embargo, que
usted pueda solicitar que al menos le proporcionen esa información”, Macdonald
le dijo a Lewis, de acuerdo con un audio de la diligencia que obtuvo el Arizona
Daily Star. “Puedo averiguarlo, pero no hay un mecanismo de parte del ORR para
que lo puedan reportar”, dijo el fiscal.
“Bueno, en ese caso le pido
que les solicite que le den esa información”, dijo el magistrado.
Cosme López, un vocero de la
Fiscalía de Estados Unidos, refiere que las palabras del juez no constituían
una orden. “Creo que el punto de inflexión en este caso es la ORR”, dijo López
a The Intercept, minimizando el papel que el Departamento de Justicia (DOJ, por
sus siglas en inglés) desempeña en la separación de las familias. “Nuestro
papel no ha cambiado mucho en realidad”; dice. “No tenemos nada que ver con los
niños o su detención. Nuestro rol es tan diminuto ni siquiera es divertido”.
Literalmente, el DOJ no aprehende ni procesa a los menores. Sin embargo, el
papel del DOJ en la separación de las familias no es “diminuto”. La separación
de las familias es la consecuencia de la iniciativa de “tolerancia cero” que
inició Jeff Sessions, el titular del Departamento de Justicia.
Este cambio en las
prioridades de aplicación de la justicia está en el centro del escándalo
nacional en que se ha convertido el tema de la separación de las familias en la
frontera con México. El DOJ está tan involucrado como lo están las demás
agencias de aplicación de la justicia.
Kincaid y Woehr, de la
defensoría federal, señalan que las recomendaciones de permanencia que ofrecen
los jueces en los casos de sus clientes difícilmente constituyen una solución
momentánea. Ellos describen esa medida como un curita con el que se pretende
contener el debido proceso y el enorme daño emocional causado a las familias
migrantes. “Es una terrible decisión la que tienes que hacer como padre”, dice
Woehr. “¿Quieres estar en una detención indefinida esperando que te reúnan con
un hijo de quien no sabes su paradero? ¿O quieres pedir que te deporten y dejar
que el caso de inmigración de tu hijo se desahogue en nuestro sistema?” De
acuerdo con Woehr, “el tema con el que nos topamos al pedir que el gobierno
revele la ubicación de los menores es que el ICE nos diga: ‘Bueno, ellos ya no
están bajo nuestra custodia, ahora están bajo la custodia de la ORR, así que no
tenemos manera de saber su ubicación’”. Esto, refiere la abogada, representa un
relevo en la responsabilidad de “encontrar la ubicación de los menores para
informar a nuestros clientes detenidos o deportados, lo cual empeora la de por
sí terrible situación que ellos enfrentan”.
“Es algo kafkiano. Es una
pesadilla”, afirma.
Kincaid está de acuerdo con
Woehr. “Es algo con lo que lidiamos ahora; queremos seguir los casos con
nuestros clientes para ver si se están dando las reunificaciones, para ver si
de hecho ellos permanecen en Estados Unidos durante el proceso o si simplemente
los están deportando de manera inmediata, dejando a sus hijos acá, el cual es,
obviamente, el peor escenario para nuestros clientes”. Y agrega: “Puedo afirmar
que toda esta situación es un misterio para nosotros”.
Ambos abogados rechazan los
argumentos de la administración Trump de que los migrantes afectados por la
separación de sus familias traen a sus niños a Estados Unidos para explotar
lagunas en el sistema y, con ello, poder entrar al país. “No lo acepto, para
nada”, dice Kincaid. “Nunca he escuchado eso de ningún cliente”, afirmó Woehr.
En referencia a las experiencias que le han contado sus clientes, Kincaid dijo
que “es en realidad algo que va más allá de la desesperación”.
La pelea por la reunificación
Más allá del horror de ver a
padres separados de sus hijos, los abogados dijeron que la situación actual
cuestiona el debido proceso y genera enormes dudas. “Los padres que son
ciudadanos de este país cuando enfrentan un proceso que pudiera terminar sus
derechos paternales… en realidad tienen muchos derechos”, señala Kincaid. Sin
embargo, en el caso de los migrantes, los padres pierden a sus hijos en
procedimientos expeditos en instalaciones remotas y cerradas del gobierno. Y
queda la cuestión de determinar el castigo para sus crímenes cuando el crimen
es una falta menor y el castigo es la pérdida indefinida de tu hijo. “Enfrentas
un día en custodia como tu sentencia, pero, caray, como una consecuencia
colateral de tu condena, podrías perder a tu hijo por un año, tal vez”, dice
Woehr en referencia a la situación actual.
Por ahora, los defensores
públicos se enfocan en la reunificación, si bien se trata de una campaña que
ellos no hubieran querido abordar. “Estamos peleando por la reunificación
ahora, pero creo que lo mejor que pudiera suceder es regresar a la discreción
en el proceso en la que simplemente no hay cargos en estos casos… no deberíamos
estar en esta situación en la que tenemos separación de familias”, dice
Kincaid.
El impacto de la “tolerancia
cero” y la separación familiar se vuelve tan difícil de resolver, sobre todo en
cuestión de la reunificación, debido a que una enorme cantidad de los
involucrados en esto son niños pequeños, que apenas gatean, y bebés; todos y
cada uno con su propio caso de inmigración… y sin padres que nos ayuden.
Con tres oficinas y unas 70
personas en su staff, el Proyecto Florencia ha sido el único recurso de
representación legal para personas en los centros de detención de Florida por
casi 30 años. Desde enero, la organización ha documentado 350 casos de separación
familiar y sus abogados resienten los efectos que les deja representar a
clientes muy jóvenes. “En nuestro programa de menores solíamos trabajar con
unos chicos guatemaltecos de 16 o 17 años, chicos sin acompañantes, dice a The
Intercept Lauren Dasse, la directora ejecutiva del proyecto. “Ahora, vemos
niños mucho más chicos. Muchos de nuestros clientes son muy jóvenes y han sido
separados de sus padres”.
Entre estos clientes, dice
Dasse, hemos tenido a una niña ciega de 6 años a quien separaron de su madre,
así como otros infantes en etapa prelingüística, no verbales, y bebés y niños
con discapacidad. La dificultad de manejar los casos individuales de
inmigración de estos menores no acompañados y reunirlos con sus padres es
enorme, dice Dasse. “Es el reto más grande que me ha tocado ver”, asegura. “Y
he escuchado lo mismo de colegas en esta práctica que se han dedicado tanto a
la defensa de inmigración y defensa criminal por mucho tiempo; que el mayor
reto al que se han enfrentado es preparar a un inconsolable menor de 4 años
para su audiencia de asilo… solamente imaginen eso”.
Pero no se trata sólo de los
niños pequeños, dice Dasse. “También tenemos a una cliente mayor, de unos 13
años, quien se siente culpable de que hayan detenido a su padre puesto que su
papá salió con ella del país para mantener a salvo a ambos”, explica la
activista. “Ella está en una posición en la que tiene que tomar decisiones de
adulta, con nuestra representación. Ella no debería estar en esa situación en
la que tiene que pensar en su caso de asilo en este momento puesto que tiene a
su padre, a diferencia de los menores sin acompañante con los que hemos
trabajado por 20 años”.
Para Dasse hay una “tormenta
perfecta” por lo que ha ocurrido los meses previos que “ha provocado que hacer
nuestro trabajo y pelear por los casos sea más difícil”. Ella teme que la
combinación de las iniciativas del gobierno de Trump tiene la intención de
incrementar el tiempo que las personas pasan en detención para que mejor opten
por abandonar sus casos, inclusive si se trata de peticiones legítimas de
asilo. “Todo apunta a tener detenciones prolongadas, por lo que las personas
sentirán una mayor presión y abandonar sus casos”, dice Dasse. El funcionario
del DHS que entrevistó The Intercept está de acuerdo con esto y añade que el
mensaje que manda la administración Trump parece ser que “si no estás dispuesto
a que te separen de tus hijos, entonces pasa seis meses o más en detención y
sufre la humillación y un completo desfase en tu vida… luego de lo cual en
realidad no necesitarás pedir asilo”.
En respuesta a esta ofensiva,
el Florence Project está ampliando su staff y construye un equipo de respuesta
rápida para manejar las separaciones familiares. Debido a la enorme falta de
transparencia del gobierno, gran parte del trabajo implica revisar volúmenes de
transcripciones de la Operación Streamline en búsqueda de padres a quienes les
hayan quitado sus hijos. “Eso nos lleva muchísimo tiempo. Se tarda mucho y es
urgente y es una emergencia que nos ocupa a todos”, dijo. Los riesgos no
podrían ser mayores, explica Dasse. “Se está provocando un trauma
inconmensurable, enorme, el cual dejará secuelas de por vida en estas personas.
Nunca he visto nada como esto”.
Abbott, la directora del área
de servicios a refugiados de Bethany Christian Services, secunda esos
sentimientos. “Yo he trabajado con menores sin acompañantes desde 1977”, dice,
“He trabajado 40 años en asistencia social y nunca he visto algo como esto. Es
muy sistemático”. Normalmente, explica Abbott, los niños con los que trabaja
han llegado solos por alguna razón. Escapan, por ejemplo, de una guerra, o de
un desastre natural, o alguna otra crisis que los lleva a enrolarse en el
sistema sin sus padres. Pero lo de ahora es diferente. En el contexto que vemos
en Estados Unidos, dice, “la gente consigue llegar a algún punto en el que
piden asilo y luego son separados”.
“Esto se hace a propósito”,
dice. “No es parte del caos de haber tenido que dejar tu vida atrás. Esta es
una separación con un motivo luego de que llegaste a la frontera y pediste que
te pusieran a salvo. Honestamente, nunca he visto que tengamos que utilizar a
los niños como un elemento de disuasión”.
Traducido por Graciela
González.
(EJE CENTRAL/ RYAN
DEVEREAUX/JUNIO 2018)
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