Ciudad de México, 18 de mayo
(SinEmbargo).- Organizaciones de la sociedad civil exigen justicia tras la
tortura y asesinato de Manuel Gaspar Rodríguez, defensor de derechos humanos,
quien se oponía a megaproyectos en algunos municipios del estado de Puebla. Sus
compañeros de lucha sospechan que el ataque pudo venir de alguna de las
empresas y/o ayuntamientos donde el activista se manifestaba.
Manuel tenía 37 años de edad,
fue maestro y coordinador en el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe),
tras ser despedido se integró de tiempo completo al Movimiento Independiente
Obrero, Campesino Urbano y Popular, organización perteneciente a la
Coordinadora Nacional Plan de Ayala–Movimiento Nacional (MIOCUP-CNPA-MN) en
2013, recordó su compañero Daniel Zúñiga Maldonado, en entrevista para
SinEmbargo.
“Consideramos que sí hubo
varios grupos y varios intereses económicos afectados por la movilización y el
activismo que realizó nuestro compañero. Nosotros señalamos que muy seguramente
ese es el fondo del porqué ha sido asesinado. Pudo ser la Presidencia Municipal
de Cuetzalan, la empresa Minera Autlán o bien la Comisión Federal de
Electricidad por la cancelación de la subestación eléctrica”, dijo.
El pasado 14 de mayo, Gaspar
Rodríguez, quien también era integrante del Centro de Derechos Humanos Antonio
Esteban (CDHAE AC), fue hallado sin vida con tres lesiones en el cuerpo,
provocadas por arma blanca y con evidentes signos de tortura, en el hotel/motel
Quetzallin, en Cuetzalan del Progreso.
“Fue cruelmente asesinado […]
por medio de tres lesiones ocasionadas por un cuchillo que originó perdiera el
93 por ciento de sangre, aunado a lo anterior, tenía quemaduras en pecho y
hombro, así como piquetes en rostro y cabeza, también cortadas en varias partes
del cuerpo. Lo anterior indica que fue gravemente torturado antes de morir, de
acuerdo con Zúñiga Maldonado.
En marzo, el Centro Mexicano
de Derecho (Cemda) dio a conocer que de julio de 2016 a diciembre de 2017, hubo
88 ataques en contra de personas defensoras de los derechos humanos ambientales
en México. Además, durante dicho periodo se dio un incremento en el número de
homicidios que hasta entonces llegó a 29.
En el “Informe sobre la
situación de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México,
2017”, la organización ambientalista concluyó que la situación de riesgo y
amenaza para defensores ambientales en el país continúa siendo una constante
“cada vez más preocupante”, sin que el Estado mexicano implemente las acciones
“necesarias, contundentes, ni de relevancia” para generar una política integral
de protección para ellos.
“México es un lugar más que
hostil para los defensores de derechos humanos […] Nuestro país vive una
situación muy difícil y preocupante, el Estado no sólo no colabora con los
defensores de derechos humanos, obstaculiza su trabajo y lo criminaliza”, dijo
Violeta Alcántara, compañera de Manuel en la CDHAE AC, en entrevista para este
medio.
En el mismo sentido, Zúñiga
destacó que “el país es uno de los más peligrosos para los defensores de
derechos humanos y para el ejercicio periodístico. El Estado obstaculiza su
labor, los hostiga y los criminaliza”.
Además de condenar el
homicidio del activista, sus compañeros de lucha afirman que había sido
amenazado de muerte varias veces.
“Le decían literal que le
iban a partir la madre, que se cuidara porque lo iban a matar”, narró Violeta,
quien recuerda a Manuel como un defensor comprometido con la lucha por
salvaguardar los derechos de los mexicanos.
Tanto Alcántara como Zúñiga
señalaron que Manuel y otros compañeros habían denunciado públicamente un
“constante hostigamiento”; sin embargo, recriminaron, el Gobierno mexicano, fue
omiso y no atendió las exigencias de establecer medidas cautelares ni inició
investigación alguna en relación al tema.
DEFENSOR DEL MEDIO AMBIENTE
Desde el CDHAE AC, Gaspar
Rodríguez impulsó la lucha para lograr clausurar un relleno sanitario
convertido en basurero, ubicado en el municipio de Cuetzalan del Progreso,
Puebla. Desde 2015, recuerdan los activistas, las autoridades municipales a
cargo de Oscar Paula Cruz, se negaron a cerrarlo a pesar de los señalamientos
de un mal manejo por parte de las dependencias ambientales.
No obstante, tras la
movilización de las comunidades, a finales de abril finalmente se anunció la
clausura del basurero ubicado en la comunidad de Cohuatichán y de acuerdo con Alcántara
en marzo pasado dejó de operar.
Gaspar también se opuso al
proyecto minero “El Aretón”, de la empresa minera Autlán, que actualmente tiene
el permiso de explotación denegado, según Zúñiga. En su momento, el activista
denunció que el proyecto que buscaba extraer oro provocaría impactos en
recursos naturales, medio ambiente y salud en el municipio de Tlatlauquitepec.
Además, la activista Alcántara
recordó que en enero pasado, Manuel fue citado a comparecer ante la
Procuraduría General de la República (PGR), ya que la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) lo denunció por intentar detener la construcción de una
subestación eléctrica también en Cuetzalan del Progreso, incluido en el
Programa Pueblos Mágicos de México, desarrollado por la Secretaría de Turismo.
EXIGEN JUSTICIA
A través de la plataforma
Change, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala- Movimiento Nacional lanzó la
petición “Verdad y justicia para Manuel Gaspar Rodríguez, asesinado el 14 de
Mayo en Puebla” en la que exige “castigo a los asesinos materiales e
intelectuales” de su compañero de lucha. Asimismo, desplegó una carta abierta
en la que demanda una investigación “seria, eficaz e imparcial” que atienda “el
derecho de las víctimas a conocer la verdad y obtener justicia”.
Además, el Movimiento
Estudiantil Progresista urgió a los tres niveles de Gobierno trabajar en el
esclarecimiento “inmediato” del homicidio y sanciones para los responsables.
La criminalización de la
lucha social en nuestro país se ha vuelto una práctica sistemática de los
gobiernos, tanto federales, estatales y municipales. A lo largo del país vemos
como diferentes defensores de derechos humanos, activistas y dirigentes
sociales que luchan por la defensa de su cultura, la defensa de la tierra y el
territorio, y por mejores condiciones de vida para sus comunidades han sido
víctimas de estas prácticas, prácticas que se llevan a cabo en estados con una
tendencia fascista.
“El Movimiento Estudiantil
Progresista repudia el mísero asesinato del camarada Manuel Gaspar […] Manuel
se había desenvuelto como uno de los principales dirigentes y luchadores
sociales que reivindicaban la defensa de la tierra, territorio y medio ambiente
en la Sierra Norte de Puebla, en contra de los proyectos de muerte que en esta
región se pretendían imponer sin consultar a las comunidades”, señalaron a
través de un comunicado.
(SIN EMBARGO/ IVETTE LIRA/19 DE MAYO 2018)
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