Foto:
Eduardo Villa.- León Fierro al salir de prisión
Veinte
días en prisión, no minaron en lo absoluto las intenciones de Mexicali Resiste
por luchar por el agua. Al contrario, León Fierro considera que las detenciones
a los integrantes de los colectivos, solo avivaron la llama de la protesta
social. En tanto, en la PGJE consideran que la salida alternativa es una
aceptación indirecta de los hechos de los que se le acusa, y para el abogado
Juan Manuel Molina, representa un desprestigio para el Gobierno del Estado
“Luchar
por el agua no es delito”, es el slogan de una camiseta morada que un compañero
de trinchera, entrega a León Fierro Reséndiz cuando da sus primeros pasos fuera
de prisión. Un grupo de 30 personas lo espera en Calle Sur, afuera del Centro
de Reinserción Social (Cereso) de Mexicali, donde permaneció cautivo por 20
días.
Un
día después de la liberación, compañeros tienen un recuerdo nebuloso de esos 20
días; lucen relajados y sienten que ganaron una batalla, pero saben que la
guerra sigue. Fierro aprovecha unos instantes para conversar con ZETA mientras
recibe abrazos y muestras de cariño en el campamento Norte de Mexicali Resiste,
ubicado frente a las oficinas del Poder Ejecutivo en Centro Cívico.
“Ahora
tienes el look de Ricardo Anaya”, comentario que desata las risas de sus
compañeros, mientras bromean sobre el corte de cabello que le realizaron
durante su estancia en prisión, afirmando que 20 días en el Cereso no eran
suficientes para hacerlo cambiar de parecer en torno a sus ideales políticos.
De
las acciones de gobierno, narró en entrevista: “Los agravios que han hecho
deben pagarse con cárcel”, refiriéndose no solo a lo ocurrido con él, sino con
los actos hacia sus compañeros, los actos de corrupción, la Ley del Agua, las
APP, Constellation Brands, entre otras cuestiones que han puesto en el ojo del
huracán a la actual administración.
Manteniendo
el mismo discurso, el subprocurador Fernando Ramírez Amador, aseveró que nunca
se trató de una persecución política y que la apelación por la reclasificación
del delito continúa, pero no interpondrán recurso contra la resolución en la
audiencia de suspensión condicional del proceso, pues se trata de una medida
alternativa apegada a derecho.
De
hecho, afirmó que para otorgar esta medida es necesario aceptar el hecho
cometido, por lo que su liberación no es absolutoria en lo mínimo.
LA LUCHA POR EL AGUA NO SE DETIENE
Más
de 30 personas esperaban a las afueras del Cereso de Mexicali la liberación de
León Fierro, que se dio alrededor de las 1:00 pm. Previo al recibimiento, los
manifestantes golpeaban con piedras y palos las puertas y cercos metálicos que
rodean la prisión, exigiendo la salida inmediata de su compañero. De pronto,
algunos comenzaron a tocar tambores y aquello se convirtió en una fiesta donde
esperaban al actor principal.
Foto:
Eduardo Villa.- León Fierro abrazando a su hijo
Para
el activista, su detención provocó que diversos colectivos en favor de los
derechos humanos- tanto nacionales como internacionales- voltearan a Baja
California nuevamente, tejiendo nuevas redes y fortaleciendo sus planes de
acción.
De
hecho, para las 3:00 pm del miércoles 23 de mayo, su liberación fue trending
topic en la red social Twitter, además de que medios de comunicación de todo el
mundo replicaron la historia.
Acompañado
de varios de sus compañeros, incluyendo Jorge Benítez, León Fierro comenta que
pretenden emprender nuevas acciones contra la instalación de la planta
cervecera Constellation Brands, a la cual denunciarán por corrupción en Estados
Unidos. También pretenden abrir y reforzar expedientes contra el gobernador
Francisco Vega de Lamadrid y sus funcionarios.
Sobre
la próxima Ley del Agua que pretende emitir el sector empresarial, el activista
advirtió que es prácticamente la misma que la abrogada en febrero de 2017, por
lo que esperan nuevas movilizaciones en busca de combatirla, pero esperarán
hasta tenerla en sus manos para iniciar. Mientras, trabajan en compañía de
diversos colectivos en realizar talleres en todo el municipio en busca de recabar
información para proponer una nueva Ley que, más que “ciudadana”, será
“popular”, pues beneficiaría a las personas más vulnerables.
EN EL CERESO VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS
El
reclamo más agresivo que emitió León Fierro al salir de prisión y durante la
conversación con esta casa editorial, fueron los constantes actos de violación
a los derechos humanos que se cometen al interior del Cereso, como lo es el
vivir con 33 personas en una habitación de 3×4, donde en algunas ocasiones no
hay luz eléctrica y el baño está expuesto, además del penetrante olor a
excremento que se percibe en cada celda.
Fierro
Reséndiz narró las primeras horas desde su detención hasta el último día en prisión,
afirmando que el día de su captura, los agentes no se identificaron ni
presentaron órdenes, por lo que en un principio temió que se tratara de un acto
fuera de la Ley, pero la situación se calmó cuando fue llevado al Cereso.
Ahí
fue desvestido en dos ocasiones -acto que realizaron cada vez que iba a
audiencia-, una de ellas en el mismo Centro de Justicia, donde hasta sus
genitales fueron revisados. Agregó que las primeras horas fueron de terror y no
se calmó hasta que comenzó a escuchar los gritos y consignas provenientes del
exterior de la cárcel.
Luego
de la primera audiencia, donde se leyó la acusación en su contra, Fierro
Reséndiz fue trasladado nuevamente al penal, bajo la acusación de homicidio en
grado de tentativa. Ahí compartió celda con 33 personas, al lado de asesinos,
ladrones de autos, narcotraficantes e incluso personas con terribles problemas
psiquiátricos, pues sus arranques de ira eran constantes e inexplicables.
“Las
primeras horas fueron las más difíciles”, aseveró el activista, quien denunció
que muchos de los internos estaban descalzos y en ropa interior, pues su
familia no realizaba un pago para vestirlos; de esa manera podían durar días y
hasta semanas, pues nadie respondía por ellos.
Fue
hasta después de la maratónica audiencia de vinculación a proceso donde la
jueza Ruth Esperanza Álvarez determinó reclasificar el delito a lesiones
calificadas, pero mantener la prisión preventiva, cuando fue cambiado a una
sala aislada.
Y
es que durante los primeros siete días, León mandó varios escritos y denunció
constantes abusos de derechos humanos de los que eran víctimas tanto él como
sus compañeros internos. Luego de la presión social y de los escritos que
realizó, responsabilizando al gobernador por lo que le pasara a él y a su familia,
lo movieron a una celda aislada para evitar una posible agresión por parte de
otros internos. Sin embargo, esto no mejoró el panorama para los otros
prisioneros que siguen padeciendo abusos.
Dentro
del penal, comentó que hasta los mismos custodios les pedían que explicara los
motivos de la lucha por el agua, y al igual que los internos, estaban de
acuerdo con él y reclamaban los actos abusivos de los que fueron víctimas por
parte de policías o autoridades. Por ello ahora incluirá el derecho de los internos
como uno de sus motivos de lucha.
Agregó
que antes de las audiencias le impedían observar su expediente judicial, lo que
-a su juicio- le impedía debida defensa, ya que quería comprender lo que pasaba
a su alrededor y poder aportar algo a sus abogados en caso de ser necesario.
Sobre
el discurso que realizó al término de la audiencia de vinculación -el cual fue
utilizado para mantenerlo en prisión-, el vocero de Mexicali Resiste dijo que
en alguna ocasión escuchó a Francisco Rueda Gómez, secretario general de
Gobierno, decir las mismas palabras sobre su persona y la agrupación.
“Fue
como si estuviera escuchando a Francisco Rueda mientras hablaba la juez”, por
lo que no le queda la menor duda que la decisión de mantenerlo preso fue
realizada directamente desde la oficina del tercer piso del edificio del Poder
Ejecutivo. Según él, eso quiere decir que no importaba la destacada
intervención de sus abogados, ese día no saldría de prisión por órdenes de
arriba.
Sin
embargo, reconoció que el caso programado por Rosales y sus compañeros de
despacho, y la presión social que permaneció en todo el país durante 20 días,
fue suficiente para que lo dejaran en libertad.
En
un mensaje al gobernador, expuso que espera se haga justicia y que si llega a
caer en prisión, que sea en una celda donde se respeten sus derechos humanos
fundamentales.
FISCALÍA VOLVIÓ A QUEDAR EN RIDÍCULO:
ROSALES
Para
el abogado Fernando Rosales, la fiscalía volvió a cometer tremenda pifia, pues
no solo se reclasificó el delito de homicidio en grado de tentativa a lesiones,
sino que se logró la libertad de Fierro Reséndiz a través de una lucha
jurídica.
Acorde
con Rosales, la audiencia de suspensión condicional de proceso es una figura
que puede utilizarse siempre y cuando se cumpla con tres puntos: que el delito
no tenga una pena aritmética de cinco años, que no exista una oposición fundada
del ofendido y que no se haya sometido anteriormente a una suspensión de este
tipo.
Al
descubrir que cumplía con todas las características, decidieron presentar el
escrito para solicitar el criterio de oportunidad, donde se presentaron todas
las pruebas ya referidas y se justificó que el imputado podía llevar su proceso
en libertad siempre y cuando pagara una multa de mil 889 pesos -según un perito
externo- por las lesiones de 2 y 10 centímetros del oficial, quien cabe
señalar, no se presentó a la audiencia.
De
hecho, el agente Édgar Manuel Tapia Castro -quien en 2013 fue objeto de una
recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por detención
arbitraria-, ya ni siquiera trabajaba en la dependencia, por lo que no habían
podido localizarlo.
El
Ministerio Público argumentó que uno de los motivos por los que dejó el trabajo
fue el daño moral que sufrió tras ese incidente, pero el juez Fernando Serrano
desestimó los señalamientos, debido a que durante cinco meses de expediente, no
pudo acreditar dichas afectaciones.
En
todo el país no existe una persona en prisión por una lesión de 2 y 10
centímetros, por lo que es una vergüenza que la situación haya llegado hasta
ese punto, pues representa un terrible descrédito para la Procuraduría General
de Justicia del Estado (PGJE), por lo que exigió el cese inmediato del fiscal
David González Guerra o del subprocurador Fernando Ramírez Amador.
LEÓN FIERRO ESTÁ A PRUEBA: PGJE
Por
su parte, el subprocurador Fernando Ramírez Amador se dijo insatisfecho por la
decisión del juez, pero la consideró apegada a derecho, por lo que no
interpondrán un recurso de revisión.
El
funcionario de la PGJE agregó que la situación del activista de Mexicali
Resiste no es parte de una persecución política, sino un hecho meramente
jurídico, por lo que actuarán de manera objetiva ante su libertad.
Para
recibir este beneficio, se debe aceptar el hecho consumado, por lo que
indirectamente es aceptar la culpabilidad. Sin embargo, no se trata de un
juicio abreviado donde en verdad habría una sentencia, sino de una medida
alternativa que Rosales pudo solicitar desde el mismo instante que se vinculó a
proceso.
“La
defensa esperó varios días para hacerlo, bueno, es parte de su estrategia”,
afirmó el funcionario estatal, para agregar que de ninguna manera hubo una
sentencia absolutoria, sino que prácticamente Fierro se encuentra a prueba.
PRETENDEN ATARLO DE MANOS: MOLINA
Para
Juan Manuel Molina, abogado penalista, la detención de León Fierro fue una
medida precipitada y un error jurídico, ya que se avivó la lucha de los
colectivos y finalmente quedó en libertad antes de culminado el proceso
electoral.
De
forma llana, el jurista citó que la intención de la fiscalía era atarlo de
manos durante el proceso electoral, pues ahora deberá tener cuidado, pues la
mínima infracción puede echar abajo la suspensión condicionada del proceso, lo
que lo llevaría nuevamente a prisión.
Sobre
su opinión ante la liberación, aseguró se trata de una forma de salir menos
raspado, pues la presión nacional y política a su partido era demasiada, por lo
que trazaron la línea para que lograra su libertad.
“Te
podría decir que fue intencional, trazaron el camino para que saliera, pues
mantenerlo preso iba a causar un daño moral, no fue accidente que eso pasara”,
planteó el abogado, quien para concluir, refirió que se invierte demasiado
tiempo persiguiendo activistas y no investigando delitos que afectan a la
ciudadanía.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA /
EDUARDO VILLA LUGO/ LUNES, 28 MAYO, 2018 01:00 PM)
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