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Foto:
Jorge Dueñes
Grupos
de traficantes de personas siguen operando en el Ejido Jacume en Tecate, pese a
la aprehensión de algunos “polleros”. Juez federal en Tijuana concedió un
amparo a otro de los presuntos criminales para anular la orden de captura en su
contra. Además de mexicanos y centroamericanos, peruanos y brasileños han sido
víctima de los traficantes de indocumentados, a quienes cobran 7 mil dólares.
Tiendas y otros negocios en El Hongo y Jacume son fachada del ilícito comercio
humano
Joao
y Manoel, dos brasileños originarios de Belo Horizonte, dejaron su hogar en
diciembre de 2014 para buscar el sueño americano. Sin dinero, contrataron a
unos “polleros”, a quienes pagaron con la entrega de su casa valuada en 70 mil
reales, unos 30 mil dólares de la época. Les condujeron hasta el municipio de
Tecate, Baja California, los cruzaron a Estados Unidos por Jacume y la “migra”
los detuvo apenas adentrados en Jacumba, California, para deportarlos.
Así
como ellos, infinidad de centroamericanos, sudamericanos, sobre todo mexicanos,
han sido víctimas de traficantes de personas que les cobran mucho dinero para
introducirlos al otro lado de la frontera y los abandonan a su suerte, a
sabiendas del endurecimiento de las políticas migratorias y sobrevigilancia del
país vecino que les atrapa como si fuesen moscas en papel pegajoso.
Para
nadie es un secreto que desde hace varias décadas el Ejido Jacume, en Baja
California, es la última parada de los migrantes de diversas nacionalidades que
pretenden ingresar a la Unión Americana, aunque autoridades justifican que la
actividad se ha reducido paulatinamente. El poblado tecatense vive con el
estigma de “paraíso pollero”.
Puestos
de alimentos y tiendas de abarrotes, son la fachada del verdadero negocio de
grupos criminales en Jacume, donde en 2015 fueron identificados los comercios,
las guaridas y al menos 23 de los más importantes traficantes de seres humanos,
cuyos datos fueron proporcionados a las procuradurías de ambos lados del muro,
por informes rendidos por oficiales de Enlace Binacional de la Patrulla
Fronteriza de EU.
Testimonios
obtenidos en noviembre de 2011 por la Procuraduría Federal en San Diego, cuando
arrestó a ocho traficantes de personas que operaban en territorio americano,
permitieron conocer el perfil de los criminales mexicanos, pero hasta 2015
solicitó la colaboración de la Procuraduría General de la República (PGR) en
México para seguir la pista de los cabecillas de la más importante organización
delictiva en esa especialidad en Baja California.
Un
operativo policial que irrumpió en Jacume en marzo de 2017, culminó con la
detención de ocho de los traficantes, pero otro número importante de los
señalados pudo escapar. A principios de enero de 2018 fue detenido otro de los
miembros del clan, quien contaba con orden de aprehensión por los delitos de
tráfico de personas y delincuencia organizada; ya tenía antecedentes penales
porque doce años antes intentó introducir 130 kilos de marihuana por la garita
de Tecate.
Otros
de los implicados, que se saben buscados por las autoridades, han promovido
juicios de amparo con éxito, como Martín Cruz Ramírez, beneficiado por la
protección de la justicia federal hace unos días, para que le sea retirada la
imputación por delincuencia organizada y se analicen los elementos del delito
de tráfico de personas.
MODUS OPERANDI
Los
huecos de la prolongada pared de lámina, la colocación de una escalera para
brincar el cerco o una caminata por el cerro de “La Chichi”, son los métodos
más recurridos para que los migrantes pisen suelo extranjero y lleguen en unos
cuantos minutos al “pueblo fantasma” de Jacumba, abandonado ante la disminución
de visitantes mexicanos con los que antes realizaban actividades comerciales.
Quienes ahí habitan ya no son del todo amistosos y dan los pitazos a la
“migra”.
Del
lado mexicano, en el polvoriento Ejido Jacume, cuya topografía irregular es
todo un atractivo para el uso y competencias de vehículos todo terreno, de dos
y de cuatro ruedas, viven poco más de 300 familias y aunque no todas se dedican
al ilícito negocio de la trata de personas indocumentadas, viven con esa
etiqueta social. Por eso muchos mexicanos y extranjeros buscan “polleros” de
esa localidad, al creer que son más expertos y efectivos que los de otros
cruces fronterizos. Incluso se estima que cuentan con lazos internacionales con
otras organizaciones delictivas.
En
2015, las pesquisas de los oficiales de Enlace Binacional de la Patrulla
Fronteriza de Estados Unidos determinaron que la red de reclutadores tiene sus
tentáculos en Tijuana, Tecate y Mexicali, quienes contactan a los aspirantes a
migrar a Estados Unidos con los “polleros” de Jacume, quienes ofrecen sus
servicios de cruce por entre 6 mil y 7 mil dólares, de los cuales se cobran mil
por adelantado. El resto se liquida por los indocumentados o sus familiares en
el destino final, que suele ser Orange, Pomona, Santa Anna, o Los Ángeles,
California, entre otros.
Los
“polleros” dan la indicación que deben comprar un celular de la compañía
Movistar, hospedarse en algunos de los tres hoteles más céntricos de Tijuana y
verse con los contactos bajo el gran arco de metal o en el parque frente a la
iglesia, para abordar un autobús de la línea Suburbaja, a un costado de los
referidos hoteles, con destino a la comunidad de El Hongo, municipio de Tecate.
Una
vez en la entrada del poblado, se recomienda a los viajeros llegar al Oxxo del
lugar para que compren algunas provisiones y esperar a los anfitriones en la
taquería El Chiquilín. Otro de los puntos de espera es el puesto de Tacos Javi
en el mercado Hermanos Tapia. Los “polleros” llegan por sus clientes en
camionetas cerradas y los trasladan a Jacume por 300 pesos.
En
el ejido, los migrantes son llevados a casas o terrenos en cuyos patios tienen
“trailas”, donde pasan una o varias noches retenidos hasta que las condiciones
sean propicias para ser enviados a Estados Unidos, generalmente en un horario
de entre tres y seis de la mañana. Al cruzar el cerco, un “poste”, como llaman
a los vigilantes fijos que están apostados en la parte alta de un cerro, se les
guía a través de un teléfono celular.
Los
migrantes caminan entre 40 y 60 minutos hasta llegar a un punto cercano a
Jacumba, donde pasarán por ellos los llamados “caballos” o “levantones”, que
son personas que viven del lado americano y se encargan de transportar a grupos
de tres o cuatro indocumentados hasta una casa de seguridad en Los Ángeles,
para después entregarlos a familiares que están al pendiente y responden como
fiadores de la operación. Se trata de camionetas minivan, exprés o vehículos
familiares.
Los
propios parientes de los migrantes, primos, padres o hijos, son involucrados
durante el camino del migrante al realizar funciones de “antena”, que consiste
realizar vigilancia móvil para reportar la posición de las patrullas de
migración y los cambios de horarios. También se llegan a convertir en “postes”
o “levantones” y reciben un pago o bonificación de 500 dólares.
INVESTIGACIÓN EN MÉXICO
La
investigación de la PGR ante la denuncia de autoridades norteamericanas se
centró en corroborar la información, indagar los posibles nexos de la
organización criminal con el narcotráfico y la posible protección o impulso de
algún tipo de servidor público mexicano. Así se iniciaron las pesquisas en
Tijuana, donde se ubicaron los puntos referidos a agentes de la Patrulla
Fronteriza por algunos migrantes deportados.
Se
comprobó la ubicación de un primer hotel en el cruce de las avenidas Revolución
y Madero, en la zona Centro, del que se describieron las características en la
averiguación previa. Con unas 40 habitaciones pequeñas, cuyo hospedaje oscila
entre los 200 y 400 pesos, con baño compartido. Ahí observaron un grupo con
tres personas con mochilas a la espalda. También observaron a un costado la
terminal de autobuses Suburbaja.
Lo
mismo sucedió sobre la avenida Coahuila entre las calles Coahuila y California,
donde está otro de los hoteles recomendados por los traficantes de personas,
una construcción de cinco niveles. En tanto que sobre la Avenida Revolución,
casi esquina con Artículo 123, se ubica el arco metálico referido en la
denuncia. En la calle Tercera y/o Carrillo Puerto, entre 5 de Mayo (Avenida F)
y González Ortega (Avenida G), frente a la iglesia de San Francisco de Asís,
avistaron el Parque Teniente Guerrero.
En
Tijuana concluyó la comprobación de la existencia de los lugares señalados en
la calle Ensenada entre el Bulevar Agua Caliente y la calle Brasil, en la
colonia Madero, donde se localiza el tercero de los hoteles que sirven a los
migrantes previo a su traslado al ejido. En la comunidad Luis Echeverría (El
Hongo) fueron visitadas las taquerías y
el mercado, donde agentes federales siguieron a “polleros” durante tres días
hasta Jacume.
En
el ejido se advirtieron los movimientos de los traficantes que iban y venían
con personas en sus camionetas, cambiándoles de domicilio. Las primeras paradas
las hacían en tiendas de abarrotes para que los viajeros compraran provisiones.
Dichos negocios son atendidos por madres o esposas de los miembros de la
organización criminal, incluso en los terrenos del fondo instalan las casteas
para que los migrantes pernocten.
Además
de declarar, los deportados originarios de Oaxaca, Puebla, Nayarit, Jalisco,
Michoacán, Guatemala y hasta Perú que en diferentes fechas cayeron en las
garras de los “polleros” de Jacume, fueron interrogados por el Ministerio
Público federal. Deseaban saber si se trataba de narcotraficantes y pertenecían
a algún cártel. Todos negaron conocer o haber escuchado sobre el tema, solo se
dieron cuenta que eran consumidores de droga.
En
uno de los casos, uno de los indocumentados que estaba en una de las casas vio
llegar una patrulla de la Policía Municipal (presuntamente de Tecate). En el
sitio encendió las torretas luminosas y uno de los oficiales bajó para
preguntar por uno de los “polleros” a un joven que estaba cerca. Uno de los
criminales habría dicho “no salgan, esto lo arreglo yo” y, acercándose al
policía le entregó un billete de 500 pesos y se retiró en su unidad. No se
proporcionaron datos del número de la patrulla para identificarla.
LOS “POLLEROS”
Las
investigaciones permitieron corroborar la identidad de 23 de los traficantes de
personas y los domicilios donde albergaban a los migrantes para internarlos de
forma ilegal en Estados Unidos, obteniendo lucros indebidos. El Ministerio
Público Federal adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico
de Menores, Personas y Órganos (UEITMPO), de la Subprocuraduría Especializada
en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), obtuvo de un juez de
Distrito de Procesos Penales Federales, las órdenes de aprehensión solicitadas.
El
28 de febrero de 2017 se ejecutaron órdenes de cateo en 12 inmuebles de Jacume,
donde elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron
ocho de las órdenes de captura por su probable responsabilidad en la comisión
de los delitos de tráfico de personas y delincuencia organizada.
Los
detenidos fueron Cornelio “N”, Artemio “N”, Santos “N”, Manuel “N”, Juan José
“N”, Adrián “N”, Juan “N” y Javier “N”, internados en el Centro de Readaptación
Social “La Mesa” de Tijuana, algunos de ellos posteriormente enviados al penal
de El Hongo.
El
27 de marzo siguiente, en las inmediaciones del municipio de Tecámac, Estado de
México, se logró cumplimentar orden de aprehensión contra un miembro más del
grupo criminal. Y el 8 de enero de 2018, fue capturado Marcial “N” alias “El
Negro”, uno de los principales dirigentes de la organización, quien ya había
estado preso en 2006 cuando intentó introducir 130 kilos de marihuana a Estados
Unidos por la garita de Tecate.
Marcial
“N”, quien contaba con cuatro órdenes de aprehensión adicionales, está
identificado al lado de “El Cora”, “El Grande”, “El Chaparro”, Quintero “N”,
Javier “El Boni” y Martín Cruz Ramírez, como los más importantes miembros de la
empresa delictiva que opera en Jacume.
AMPARO
A MARTÍN
En
el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en
el Estado de Baja California, se acaba de conceder el amparo y protección de la
justicia federal al presunto “pollero” Martín Cruz Ramírez, para que quede sin
efecto la orden de aprehensión dictada en su contra por tráfico de personas y
delincuencia organizada, para que se aclare si hay forma de probar la presunta
participación del imputado en ambos ilícitos.
El
juez de amparo estimó que no son suficientes como prueba la denuncia de 24 de
septiembre de 2014, firmada y ratificada por oficiales de Enlace Binacional de
la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, como tampoco lo son los informes de
fechas 3 de febrero, 19 de marzo, 18 de noviembre y 7 de diciembre, todos de
2015, 5 y 25 de enero de 2016, firmados por las propias autoridades
norteamericanas, algunos con rúbrica legalizada por el cónsul de México en San
Diego, California.
Además,
el juzgador estima que hubo pifias del juez de la causa: “También es verdad que
no se examinaron de manera detallada cada uno de los medios de prueba en lo
individual, a fin de obtener los indicios que se estimaran pertinentes de cada
elemento convictivo, de tal manera que se cumpliera con la debida motivación y
determinar, si en realidad se acredita o no, el antisocial de tráfico de
personas, en lo que corresponde al aquí quejoso.
“Se
consideró que no se encuentran acreditados los elementos del delito de
delincuencia organizada, menos la probable responsabilidad del quejoso en su
comisión”, agregó el emisor del fallo protector.
Según
el jurisconsulto, los delitos de delincuencia organizada y tráfico de personas,
son figuras delictivas autónomas y de naturaleza distinta, por lo que no pueden
demostrarse íntegramente con el mismo material probatorio, como se refirió en
la orden de aprehensión.
Una
denuncia ciudadana permitió al Consejo de Seguridad y a la fiscalía, avanzar en
la investigación de dos asesinatos esta semana. El de cinco personas maniatadas
y acribilladas al interior de una metalera-picadero en la colonia Magisterial
el 12 de mayo, y el de un chofer de Uber, cometido la madrugada del día 14 en
la colonia Lázaro Cárdenas, ambos en Tijuana.
“¿Dónde
están las armas?”, preguntó violento “El Toño”, cabecilla de los
narcomenudistas en la colonia Magisterial, segundos antes había entrado a la
metalera acompañado de dos hombres encapuchados, todos iban armados.
Cristal
Vega (23 años), Bertha Domínguez (54 años), Leticia Montoya (36 años), Carlos
Montoya (36 años) e Isaías Ruiz, todos adictos, lo escucharon porque de acuerdo
a los residentes de la zona, ya estaban acostumbrados a seguir sus órdenes. En
medio de los montones de basura en la escena, los aludidos señalaron un punto
del cual los recién llegados extrajeron armamento, sin embargo, pese a haber
obtenido sin problema lo que buscaban, decidieron maniatarlos y asesinarlos
para después darse a la fuga en un automóvil sedán blanco.
ROBO TERMINA EN HOMICIDIO Y CUERPO
CARBONIZADO
La
tarde del 13 de mayo, tres ladrones de autos dedicados al robo violento y una
menor que residen en la colonia Lázaro Cárdenas decidieron salir de juerga,
fueron a un bar de la Avenida Revolución y se amanecieron en un prostíbulo de
la Zona Norte. Pasada la una de la madrugada para regresar a sus casas,
pidieron el servicio Uber -no lo hicieron a través de la plataforma digital- al
chofer de 27 años identificado como Alán C.
En
el camino se drogaron con cristal y pastillas psicotrópicas, al llegar a la
zona donde viven, en total estado de intoxicación, lo atacaron para quitarle el
auto, lo bajaron y lo golpearon en la calle.
Después
lo “picaron” y lo dejarían por muerto en un lote baldío, con unas ramas encima,
pero regresaron como si hubieran escuchado algo. Uno de ellos fue por un
machete y lo usaron contra la víctima, en algún punto entre la una y las seis
de la mañana llevaron el cadáver a una meseta ubicada en Calle Años Luz esquina
con Avenida Lázaro Cárdenas de la colonia del mismo nombre y le prendieron
fuego; ahí lo encontraron las autoridades poco antes de las ocho de la mañana
del 14 de mayo.
“Siempre
se roban los focos y traen carros robados a la calle”, “Todo el tiempo andan
drogados y dando problemas”, “Son rateros, ya los han detenido”, “A uno de ellos le mataron al papá hace dos
años, y desde entonces a cada rato decía que le gustaría saber qué se siente
matar”, fueron algunos de los comentarios de los vecinos.
Los
sospechosos del homicidio fueron detenidos al día siguiente por una multa de
tránsito mientras circulaban en el auto robado, pero fueron liberados porque no
los habían relacionado con la muerte del chofer, por lo que la solicitud de
orden de aprehensión se encuentra en proceso de obtención y ejecución.
En
lo que va del año, mil 074 personas han sido asesinadas violentamente en Baja
California, 852 de ellas en Tijuana, municipio que ya acumula 98 muertes
violentas entre el 1 y el 17 de mayo.
EJECUTADO 1000 “HACÍA TRABAJOS” PARA PGR
Avanza el expediente por el homicidio de John
Brayan Velázquez, la víctima del asesinato número mil cometido en Baja
California en 2018.
De
acuerdo a los primeros reportes de inteligencia compartidos entre el Grupo
Coordinación este hombre nativo de Los Ángeles, California, con residencia en
el fraccionamiento Santa Fe de Tijuana, había sido detenido en varias ocasiones
por elementos de la Policía Estatal Preventiva por delitos menores relacionados
con estupefacientes; en cada ocasión refirió “hacer trabajos” para la
Procuraduría General de la República (PGR), a fin de tener indulgencia. La
mencionada colaboración fue confirmada en su momento por agentes operativos de
la corporación referida.
El
cuerpo de Velázquez, quien en algún momento tuvo como ocupación principal la de
conductor de camiones de carga, fue maniatado, estrangulado y abandonado dentro
de un auto la mañana del 9 de mayo en las inmediaciones de un hotel en la Zona
Río Tijuana.
También
como alguien que “hacía trabajos para la PGR” fue referido Gyula Haraszti Vera, propietario de una
empresa de grúas y ex policía federal
asesinado a balazos y en ataque directo el 4 de mayo en Cenaduría Concordia,
sobre la Calzada Tecnológico en la
delegación
Centenario, con la misma arma que el 9 de abril mató a Abel Cisneros en la
colonia Hacienda del Colorado.
Un
tercer ejecutado que “hacía trabajos para la PGR” fue reportado en la semana
que concluye: se trata del sujeto asesinado a golpes la mañana del 13 de mayo
en la colonia Arboledas en la delegación La Mesa.
Al
interior del Grupo Coordinación están revisando la relación que podrían tener
estas muertes con la investigación de inteligencia que realizan de un supuesto
incumplimiento de funcionarios corruptos para regresar un cargamento de cocaína
incautado en Tijuana durante el primer bimestre del año.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / LUIS
CARLOS SÁINZ /LUNES, 21 MAYO, 2018 01:00 PM)
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