Foto: Agustín Reyes
El incremento constante en el número de
homicidios que se han estado perpetrando en la ciudad, aunado al hecho que los
familiares no están reclamando los cuerpos, ha provocado que hasta el 6 de
septiembre de 2017, 581 cuerpos hayan sido destinados a la fosa común, en el
olvido de todos. En el propio Semefo y la PGJE, señalan que la cifra de
cadáveres que van a la fosa es mucho menor y que el proceso de liberación se
lleva a cabo de forma “normal”. Sin embargo, aceptan que el exagerado número en
homicidios es un problema latente
Cada semana, alrededor de 15
o 18 cuerpos bien acomodados en cajas de aserrín comprimido, salen de las
instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) directamente hacia la fosa
común, ubicada dentro del Panteón Municipal Número 12, en la colonia Valle Redondo de la delegación
La Presa. La escena es tan común y frecuente, que quienes los preparan y los
entierran ya lo ven como algo ordinario y rutinario, ante el creciente número
de homicidios dolosos que se presentan cada día en la ciudad.
De acuerdo con datos
oficiales del Semefo, hasta el día 6 de septiembre han registrado en Tijuana
581 cuerpos que se han ido a la fosa común, mientras que hasta el 11 de
octubre, el Registro Civil, instancia que otorga el permiso de inhumación para
ser depositados en la fosa, registró 666 casos de cuerpos que han terminado en
ese sitio.
La mayoría salen porque sus
familiares no los reclaman por temor a represalias de sus homicidas y de la
propia autoridad, por desinterés, debido a que ya no tenían una relación
cercana entre sí o porque son originarios de otros estados y pierden la
intención de poder recuperarlos ante los lentos y dificultosos procesos, sobre
todo porque además de tener que cumplir con una considerable lista de
requisitos, todavía se tienen que trasladar hacia Tijuana, cumplir con todo el
proceso y hacer un gasto funerario.
Personal responsable de
preparar los cuerpos y de llevarlos a la fosa común, así como el encargado del
Panteón Municipal, aseguraron a ZETA que hasta inicios de octubre ya llevan
alrededor de 900 destinados a este sitio, un promedio de 80 o 100 cada mes, la
gran mayoría víctimas de homicidio por arma de fuego u objetos punzocortantes,
aunque otro porcentaje deriva de accidentes automovilísticos y otros menos por
enfermedades.
Sin embargo, las autoridades
de las dependencias antes señaladas, consideran que aunque efectivamente uno de
los problemas en ese sentido es el creciente número de homicidios en la ciudad,
la cantidad de cuerpos -con cifras indistintas entre sí- que han ido a la fosa
común es mucho menor a la que mencionan los trabajadores. Además, afirman que
los procesos no afectan para que los cadáveres sean reclamados y entregados a
los familiares.
INNEGABLE DECIR QUE NO LES ESTÁ AFECTANDO EL ELEVADO
NÚMERO DE HOMICIDIOS
Para el subprocurador de
Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE), José María González, es “innegable” decir que con tanto homicidio en la
ciudad –hasta el 19 de octubre eran mil 379 en Tijuana- no les esté afectando
en este tema, puesto que como bien lo dijo a este Semanario, “no es lo mismo
entregar tres o cuatro cuerpos a entregar siete u ocho cuerpos en un solo día”,
promedio diario que están liberando a Semefo para ser llevados a la fosa común.
Fotos: Agustín Reyes.- Personal de
Semefo y la PGJE depositan 18 cuerpos en la fosa común.
Situación en la que también
incide de manera considerable el factor de que los familiares no están
compareciendo para la petición de los cuerpos, es decir, no los están reclamando
y eso significa que en promedio un 45 por ciento del total de los cuerpos por
homicidio doloso se han ido a la fosa común en lo que va del año.
Los motivos por los que
considera que no se están reclamando, son coincidentes con los señalados por
trabajadores de las funerarias y de Semefo, el primer factor debido a que las
familias no muestran interés en sus consanguíneos, al no haber lazos de unión
entre ellos.
Además, por temor, pero en
este caso no por posibles represalias, sino porque a los familiares de las
víctimas que tienen como móvil el narcomenudeo y la delincuencia organizada,
que oscila entre el 85 y 90% de todos los cuerpos, se les cuestiona a qué se
dedicaban sus seres queridos y, ante el temor de ser interrogados, optan por
dejarlos.
En los casos cuando se priva
de la vida a una persona que se dedicaba al narcomenudeo, y que probablemente
tenían un punto de venta o eran distribuidores de droga, sucede que si en su
casa tienen más mercancía, lo más probable es que algún familiar continúe con
ese pequeño negocio, por ello muchas veces “ya no le mueven al tema”, porque
eso implicaría la intervención de la Policía y dejan que se vayan a la fosa
común.
PAPELEO: PROBLEMA MENOR, PERO NO MENOS SIGNIFICATIVO
Aunado a estas dos
situaciones, los trabajadores de las funerarias y el propio Semefo manifiestan
que “un problema menor, pero no menos significativo” que también genera que más
cuerpos terminen en la fosa común, es el hecho de que la tramitología para
solicitar la recuperación de un cuerpo muchas veces se torna engorrosa y
problemática, sobre todo para quienes son originarios de otros estados del país
e inclusive para quienes radican en Estados Unidos.
Las trabas devienen sobre
todo cuando se tiene que hacer la identificación de un cuerpo, porque tienen
que acreditar que sean de línea directa, es decir, padres o hermanos en primera
instancia, o ser de segunda o tercera generación: tíos, abuelos, primos o
inclusive amigos.
Además, estos trabajadores
refieren que los plazos para realizar los trámites muchas veces no les alcanzan
y los familiares prefieren dejar de lado la recuperación de los cuerpos de sus
seres queridos.
Situación que refutó el
propio subprocurador de Investigaciones Especiales de la PGJE, quien aseguró
que aunque no es la primera opción, cualquier familiar los puede reclamar y
recibir, para ello se verifica y comprueba la relación de parentesco que se
tenga con la víctima, proceso que se hace de manera ágil y que con la prueba de
necropsia, en dos días máximo se puede solicitar el cuerpo.
En el caso de las personas
que viven en otra parte del país o fuera de este, se les aplica el derecho de
no re-victimizar a los cuerpos, es decir, a quienes la solicitan, se le da una
prórroga para poder llegar a la ciudad a realizar los trámites correspondientes
y reclamar el cuerpo.
HAY EXCEPCIONES QUE DEMORAN EL PROCESO
Para que un cuerpo pueda ser
liberado a un familiar se establecen 15 días para que comparezcan y puedan
reclamarlo, de no hacerlo durante ese periodo, se realiza la necropsia y Semefo
envía una relación de carpetas de investigación al Ministerio Público, en la
que se informa sobre los cuerpos que tienen en ese momento y el propio MP les
contesta diciéndoles cuáles sí y cuáles no se pueden ir a fosa común; una vez
que Semefo cuenta con las órdenes de liberación, se llevan a las oficinas de
Registro Civil para expedir los permisos de inhumación de los cuerpos.
Personal de Semefo prepara
cuerpos para llevarlos a fosa común.
José María González, de
Investigaciones Especiales de la PGJE, sostiene que existen algunas excepciones
para llevar a cabo el proceso de liberación de cuerpos, ya sea hacia la fosa
común o de entrega a los familiares, los cuales pueden retrasar los procesos;
una de estas excepciones es el caso de los cuerpos putrefactos y los
calcinados, porque con esos se espera el dictamen de ADN de cada uno para poder
reconocerlos; el proceso tarda entre tres semanas y hasta dos meses.
Otra excepción es la que
marca el Código Nacional que entró en vigor recientemente y que considera la
prohibición de las cremaciones, es decir, que los cuerpos a los que se les
privó la vida de forma intencional no se les puede cremar, por consecuencia,
cuando la familia no conoce esa disposición y lo pretendían cremar, una vez que
se les informa, tardan unos días en pensar qué quieren hacer y por ende,
algunos dejan que los envíen a la fosa por el elevado costo del entierro.
INSTALACIONES DE SEMEFO, OTRO GRAN PROBLEMA
“A reserva de lo que ellos
puedan manifestar”, José María González resaltó que otro de los problemas que
tiene la PGJE con el propio Semefo, y que deriva en todas estas circunstancias
antes comentadas, es el reducido tamaño de las instalaciones con que cuentan,
lo cual se debe a que ya llevan varias décadas sin crecer ni ampliar sus
espacios.
Ejemplo de ello es que si el
Ministerio Público libera 10 o 15 cuerpos un día, al siguiente llegan otros 10
o 15 más, y el ciclo así se repite, por lo cual atribuye que se ha tenido
cierta problemática en ese sentido y genera una acumulación, como ya se
documentó en este Semanario en pasadas ediciones.
Debido a esta problemática,
ambas instituciones se han reunido en varias ocasiones para poder llegar a
acuerdos y así solventar la situación, en ese entendido la propia PGJE ha
estado proveyendo tanto personal como transporte a Semefo para que puedan
llevar los cuerpos a la fosa común.
En el afán y el propósito de
poder tener una respuesta para saber la opinión y postura de las autoridades
del Semefo, durante un par de semanas se buscó de manera reiterada y constante
tener una entrevista con el coordinador en la ciudad u obtener algún
posicionamiento en su caso.
Sin embargo, a pesar de las
promesas de agendar una entrevista y de mandar la información solicitada, hasta
el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta alguna por parte de los
intermediarios.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA MANUEL AYALA LUNES, 23 OCTUBRE, 2017, 12:00
PM)
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