FOTOS: cortesia
Pescadores de El Golfo de Santa Clara
esperaban desde hace cinco meses los permisos federales para poder salir a
pescar curvina golfina y, cuando se enteraron que no habría licencias esta
temporada, salieron a quemar vehículos de CONAPESCA. La inconformidad social
por el tema de la curvina sigue latente y se suma al final de la vigencia del
programa federal de compensación por la veda en la zona protegida que llega
hasta el sur de San Felipe
La respuesta violenta fue inmediata la noche del miércoles 8 de
marzo, apenas los pescadores del Golfo, localizado en Sonora, en los límites
con Baja California, se enteraron que el Gobierno Federal no había validado ni
emitido el Estudio de Impacto Ambiental que dicen les cobraron y les
prometieron; estudio que han solicitado de manera reiterada desde octubre de
2016 y que les permitiría salir a pescar curvina golfina.
La problemática por la falta
de dinero, la frustración por las limitaciones de la actividad laboral y el descontento se manifestaron en
una turba de pescadores que salió a incendiar vehículos de la Comisión Nacional
de Pesca (CONAPESCA), al menos siete pick-ups y tres pangas quedaron consumidas
por el fuego.
Ya en plena rebeldía,
residentes de este poblado bloquearon el acceso que comunica con San Luis Río
Colorado para evitar la llegada de agentes de Seguridad Publica.
Una semana antes, estos
pescadores habían hecho un llamado
público cuando salieron a bloquear la vialidad que da salida hacia Puerto
Peñasco.
La gota que derramó ese
colmado vaso fue la información que recibieron de sus representantes el 8 de
marzo, quienes estaban en la Ciudad de México para sostener varias entrevistas
con la petición de que se emitiera el Estudio de Impacto Ambiental pendiente
desde octubre pasado.
Ante la negativa, los pescadores causaron daños materiales en
las instalaciones federales en el Golfo, mientras elementos de la Secretaría de
Marina resguardaron la integridad de empleados de PROFEPA y CONAPESCA para
evitar que fueran agredidos.
Protestas en el golfo de
Santa Clara
De acuerdo a la versión del
alcalde sanlusino Enrique Reina Lizárraga, cerca de la una de la madrugada del
jueves 9 de marzo, la tensión social había disminuido en las calles del
poblado.
Sin embargo, las autoridades
se preparan para más manifestaciones de molestia social porque los problemas en
esa comunidad de pescadores apenas empiezan.
Vedas, compensaciones
insuficientes y estudios de impacto ambiental
Los trabajadores del mar
justifican su frustración ante las “largas y ausencias de respuesta” de la
autoridad en que la posibilidad de
pescar curvina golfina solo dura dos meses – febrero y marzo- y ya se perdió la
mitad.
Explican que el tema es solo
una parte del enrome problema económico de la comunidad, ya que dentro de un
mes finaliza el Programa de Compensación implementado por el Gobierno Federal
desde mediados de abril de 2015, mediante el cual se estableció una veda total
en lo que ahora llaman Zona Restringida, que va desde el Golfo hasta el sur del
puerto de San Felipe.
Durante esos 24 meses los
pescadores de ambas zonas han estado recibiendo una compensación federal, pero
está por concluir y no se sabe qué pasará con ese programa, el cual no ha
funcionado y cuya prohibición solo ha servido para fomentar la pesca furtiva de
totoaba, que de acuerdo a las áreas de inteligencia de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, es encabezada por los cárteles de la droga, por
lo menos en la zona que corresponde a Baja California.
La mencionada veda está justificada por el Gobierno Federal en el
objetivo de proteger de la extinción a la vaquita marina, especie que habita
solo en la parte norte del Golfo de California y en peligro de extinción.
De acuerdo a datos oficiales,
hace dos años quedaban cerca de 120 especímenes, hoy solo sobrevive la mitad.
Aún se desconocen los
resultados positivos de esta prohibición, sin embargo, en los poblados de
pescadores afectados, desde el inicio han manifestado que sus percepciones
económicas y su vida han sido afectados porque las compensaciones resultan
insuficientes, por debajo de lo que ellos ganarían si los dejaran trabajar, y
no llegan a todos los pescadores reales.
“Aquí la gente está muy
enojada, no sabemos qué es lo que va a pasar”, comenta una de las pescadoras,
quien acusa, no les otorgaron el Estudio de Impacto Ambiental, aun cuando lo
cobraron en el permiso.
“El Golfo está triste, está
solo, hay pangas quemadas en el parque, carros quemados en otras partes. El
gobierno prácticamente nos estuvo viendo la cara, diciéndonos que nos iban a
dar el Estudio de Impacto Ambiental y no
nos dio nada”, explica la mujer dedicada la pesca, quien prefiere omitir su
nombre.
Según los residentes del
pueblo, hace dos semanas algunos pescadores -ya desesperados- salieron al mar,
pero luego no podían vender la curvina porque no tenían el documento federal.
“El pueblo prácticamente está
de luto, haga de cuenta que con la curvina todos nos alivianamos”, sostiene una
fémina dedicada a la pesca.
DEL RECHAZO AL ESTALLIDO
Sunshine Rodríguez, presidente de la
Federación de Cooperativas Ribereñas del Puerto de San Felipe, explica el
antecedente:
“Tuvimos llamadas de acercamiento antes de
este estallido social. Lo que pasó es que uno de los representantes del Golfo
ya iba en camino, (de regreso) ya nos habían dado la negativa por parte de las
autoridades”.
El líder de los pescadores en
San Felipe hablo del retraso burocrático que impidió a los pescadores tener los
permisos para ganarse el sustento, a pesar de que los representantes de los
trabajadores del mar llevaban cinco meses presionando.
PANGAS DE CONAPESCA QUEMADAS
“Lo que pasó es que tardó
mucho INAPESCA en dar el nombre del arte de pesca -tipo de red específico para
la pesca de curvina-, por lo que el Manifiesto de Impacto Ambiental tardaría
hasta sesenta días en emitirse. Y es que la temporada de pesca de curvina es de
solo dos meses y ya va a la mitad, solo quedan tres mareas por aprovechar”.
Aparte hay un contexto más
adverso que tiene que ver con la conclusión del Programa de Protección a la
Vaquita Marina, que incluye una veda total en la zona protegida de la Reserva
de la Biosfera -virtualmente toda la
parte norte del Golfo de California, hasta el sur de San Felipe- con estudios
que aún no han concluido.
“Hay que recordar que cuando
más vale el pescado es ahora en la cuaresma, ahorita es cuando tiene un valor
real que nos convenga, ya después se desploma el precio”, justificó.
Rodríguez agrega que no
pueden entrar a pescar a la zona de amortiguamiento sin el Manifiesto de
Impacto Ambiental, pero para obtenerlo, les tuvieron que otorgar un permiso
nuevo.
“Yo no puedo solicitar un
Manifiesto de Impacto Ambiental si no sé con qué voy a pescar”.
Asegura que desde octubre de
2016, el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) ya tenía el nombre del tipo de
red, pero “no lo soltó” hasta enero pasado.
Dice que en seis días la
autoridad sacó los permisos -trabajando horas extra- porque supuestamente había
un acuerdo de que sacando los permisos “podríamos meter la solicitud del
Manifiesto de Impacto Ambiental, el cual saldría en cuatro o cinco días, sin
embargo, quien tomó esa decisión y dijo eso, hoy lo desconoce, aunque lo
tengamos en minuta nosotros”, dice Sunshine en referencia a funcionarios de
INAPESCA que, hasta la tarde del miércoles 8 de marzo, les dieron la respuesta
negativa.
“Hay mucha arbitrariedad
dentro del sector pesquero, ésta es la punta del iceberg porque realmente han
fallado con el programa de compensación, han abandonado el programa, dejando a
la deriva a mucha gente, no sabemos qué está sucediendo con las cuentas, han
dado de baja a cientos de personas y no han dado altas, no sabemos qué está
sucediendo con ese dinero. Todo eso está haciendo que el estallido social se venga
imparable”, considera el líder de los pescadores en San Felipe.
Sobre el Programa de
Compensación -instaurado en abril de 2015 por dos años- no tienen ninguna
información:
“Ni siquiera nos hemos
sentado a platicar el tema. Antes mandaban por nosotros, nos pagaban los vuelos
para que viniéramos a hacer las negociaciones a México, y ahora ni siquiera nos
contestan los teléfonos las autoridades competentes. Esto es solo un pedacito
de lo que tiende a venirse, no sabemos nada”, cita Sunshine Rodríguez entrevistado
vía telefónica desde la Ciudad de México.
“INAPESCA no tiene un solo
arte de pesca que nos puedan decir, con esto van a pescar. Cómo puede ser
posible que estemos jugando con la vida de miles de familias y esta gente salga
con este tipo de cosas”, comenta en alusión a los funcionarios del Instituto.
Como si no fuera suficiente,
Sunshine Rodríguez menciona que recientemente les habían dado permiso para la
pesca de callo de hacha, pero ahora se los tienen cerrados, congelados por lo
que llaman “Marea Roja” y, aunque se han realizado hasta cinco estudios –todos negativos, la Ley marca que con tres
son suficientes-, no se los han abierto para la pesca.
“Nos están bloqueado por
todos lado”, asume el líder de los pescadores de San Felipe. Para evitar mayores
afectaciones a su ya de por sí lastimada economía, difícilmente podrán salir a
pescar en esta temporada.
En la opinión de la diputada
federal Nancy Sánchez Arredondo, los pescadores de curvina golfina de San
Felipe y Golfo de Santa Clara deben recibir una compensación económica y, a
través de un comunicado, informó que el miércoles 8 de marzo presentó en la
Cámara de Diputados un punto de acuerdo proponiendo que se otorgue tal
compensación.
ZETA solicitó entrevista con el delegado de la Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) en Ensenada, pero no respondió al
llamado.
AUTORIDADES DENUNCIAN A PESCADORES
La postura oficial se dio a
conocer a través de un comunicado la tarde del jueves 9 de marzo, el cual se
publica completo a continuación:
“La Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA) presenta denuncia penal contra quien resulte
responsable de las agresiones físicas a
inspectores federales, la destrucción de 4 vehículos oficiales así como
el robo de una embarcación de esta dependencia, en el poblado del Golfo de
Santa Clara, Sonora.
“Lo anterior, como resultado
de los hechos ocurridos contra 10 servidores públicos de la PROFEPA y LA
Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) así como 18 oficiales de la
Comisión Nacional de Pesca, la noche de ayer miércoles en aquel poblado por un
indeterminado grupo de personas que además quemó un total de 15 vehículos
oficiales.
“De acuerdo al primer reporte
oficial, 3 inspectores de la PROFEPA que fueron golpeados, lograron salir del poblado
junto con otros dos compañeros y consiguieron resguardarse en la cabecera
municipal aledaña de San Luis Río Colorado, Son.
“El recuento de los bienes
dañados de PROFEPA son 2 camionetas, 01 lancha y 01 cuatrimoto, incendiadas.
Además, del robo de una lancha asegurada. También, fueron quemadas 8 camionetas
y una lancha de la CONAPESCA; así como dos lanchas de la CONANP.
“El grupo agresor justifico sus acciones ante
la falta de emisión de autorizaciones en materia de impacto ambiental para
realizar la actividad pesquera en dicha región, por parte de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
Es de resaltar que de acuerdo
a la SEMARNAT la solicitud en cuestión fue ingresada por los pescadores el día
22 de febrero del 2017, a
solo unos días de iniciar la pesca de curvina golfina; lo anterior, refleja la
irresponsabilidad con la actuaron los líderes de este gremio al solicitar
tardíamente la autorización.
“Toma relevancia que las
acciones aplicadas en la región del Alto Golfo por las distintas dependencias
del gobierno federal, entre ellas la PROFEPA, se han enfocado primordialmente a
combatir la extracción ilegal del pez totoaba, problema que los mismos
pescadores han denunciado, por lo que la situación de la autorización de
impacto ambiental era ajena a las competencias de esta Procuraduría.
“Finalmente, la PROFEPA
mantendrá la inspección y vigilancia en la región y dará seguimiento a que el
Ministerio Público Federal dé curso a las investigaciones y sancione a los
responsables”.
(SEMANARIO ZETA/ Edición Impresa /Sergio
Haro Cordero /Lunes, 13 marzo, 2017 12:00 PM)
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