jueves, 22 de diciembre de 2016

DETENIDOS POR LAVADO, LIGAN A BELTRÁN; VINCULADO A KIKO Y A OBRAS MULTIMILLONARIAS


El nombre de Fernando Beltrán, conocido empresario, concesionario del Gobierno y promotor de box se encuentra ligado a empresas que son beneficiadas por la administración que encabeza Francisco Vega de Lamadrid.

Más allá de su amistad, que es de dominio público, una red de relaciones y sospechas aterrizan en el arresto del regidor del PAN Luis Torres, y once personas más, todos presuntamente ligados al empresario, sea por afinidad familiar o relaciones laborales.

Al menos en los contratos de obras públicas que ha recopilado una investigación realizada por ZETA, más de mil 774 millones de pesos en obras públicas en Baja California, han sido o serán ejercidas por tres empresas (todas relacionadas entre sí) y vinculadas a Fernando Beltrán Rendón, concesionario del Gobierno del Estado y cercano amigo del gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid y del secretario de Finanzas, Antonio Valladolid.

Para tener una referencia, esa cantidad es superior a la que ejercerá la Procuraduría General de Justicia del Estado en todo el año 2017 (mil 675 millones, uno de los ramos con mayor presupuesto).

Aunado a las inconformidades de empresarios de la construcción, señalando al gobierno del Estado como benefactor de la empresa URBACA que adquirió un contrato de más de 474 millones de pesos para un acueducto en Mexicali que abastecerá a una cervecería extranjera, la detención de un regidor panista colocó a Beltrán y sus relaciones en medio de la sospecha.

La detención de Luis Torres Santillán, regidor del PAN en Tijuana y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el pasado viernes 16 de diciembre en Estados Unidos se desprendió de una investigación de la DEA (Agencia Anti Drogas en el vecino país) y por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

Sobre Luis Torres y otro grupo de tijuanenses, entre ellos la esposa y el hijo de Jorge Escalante Martínez, ex presidente de COPARMEX (2012-2014) y nombrado presidente del Comité Directivo del Museo El Trompo, pesan varios cargos por de lavado de dinero, delitos que se definen como las operaciones ilegales con dinero de procedencia ilícita para que simulen actividades legales y sean reconocidas por el sistema financiero. ESTE ES UN

EXTRACTO DEL REPORTAJE LA EDICIÓN IMPRESA DE ESTA SEMANA, QUE YA SE ENCUENTRA EN CIRCULACIÓN…

(SEMANARIO ZETA/ ISAÍ LARA BERMÚDEZ Y INÉS GARCÍA RAMOS / MIÉRCOLES, 21 DICIEMBRE, 2016 06:25 PM)


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