“EP1” QUIERE REGRESAR A BC

Foto: Archivo

 El ex jefe de células del CAF exige ser enviado al CERESO de Tijuana o al Hongo en Tecate,  para estar cerca del lugar donde se encuentra su proceso penal. En febrero, un juez federal le negó esa posibilidad y el capo ahora combate el fallo mediante un juicio de amparo. Gustavo Rivera Martínez y/o Carlos Herrera Ávalos ha sido un reo conflictivo en el penal Altiplano, donde ha protestado las acciones de la autoridad penitenciaria para controlarlo, en tanto llega la fecha en que habrá de ser extraditado a los Estados Unidos

El presunto narcotraficante Gustavo Rivera Martínez “El EP1”, preso en un penal de máxima seguridad en el Estado de México, solicitó su traslado a una prisión de Baja California. Como la petición le fue negada, ahora promueve un juicio de amparo para lograr su propósito.

Desde hace más de ocho años, el otrora poderoso jefe de células del Cártel Arellano Félix, se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez.

Rivera Martínez, cuyo nombre real es Carlos Herrera Ávalos, está clasificado como un recluso subversivo. Desde el primer día y a la fecha, ha combatido todo tipo de determinaciones de las autoridades judiciales y penitenciarias, a través de amparos.

Su principal batalla es contra la extradición hacia Estados Unidos de América para juzgarlo por distribución de drogas y asociación delictuosa, que ha frenado en más de una ocasión.

Sin embargo, el resto de sus esfuerzos se han encaminado a luchar en diversos tribunales contra la falta de una adecuada atención médica a sus padecimientos gastrointestinales, la no implementación y uso de altas tecnologías de control penitenciario en su persona, y salir del penal federal de máxima seguridad.

Fue a principios de 2016 cuando, a través de sus defensores el “EP1” promovió un incidente no especificado para ser trasladado del Altiplano a uno de los reclusorios de mediana seguridad de Baja California.

El argumento del capo fue que no reúne las características de peligrosidad para estar en una cárcel de máxima seguridad y que requería estar una prisión próxima al sitio donde se encuentra radicada la causa penal que le mantiene preso.

El 7 de febrero, el Juez Primero en Materia de Procesos Penales Federales en la entidad negó el traslado.

El juzgador señaló en sus razonamientos que no existe violación constitucional, pues el reo ya no se encuentra a disposición de una autoridad jurisdiccional, sino de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Hace unas semanas, los abogados del “EP1”, encabezados por Aydee Guadalupe Hernández Alvarado, presentaron una demanda de amparo en contra de la resolución del juzgado bajacaliforniano.

El juicio de amparo 1084/2016 fue radicado en el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México.  

DETENCIÓN Y EXTRADICIÓN

Carlos Herrera Ávalos se encuentra internado en el Altiplano desde el 12 de marzo de 2008, cuando se autorizó su ingreso en cumplimiento a una orden de detención provisional con fines de extradición internacional.

Desde el 4 de diciembre de 2003, el Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en Ciudad de México emitió el fallo (procedimiento de extradición 7/2003).

El mandamiento judicial, formulado con base en la solicitud del gobierno de los Estados Unidos de América, fue librado en contra de Gustavo Rivera Martínez alias “Gus Martínez”, alias “Check”, alias “Pancho”, alias “Lorenzo”, alias “Gus Rivera”, alias “Ernesto”, alias “Fidel”, alias “P-1”. La orden de captura señalaba como destino del extraditable el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Ciudad de México.

Por eso cuando fue detenido y enviado al CEFERESO Número 1 en Almoloya de Juárez, Estado de México, “El EP1” protestó.

Fue su primer amparo, de los más de cincuenta promovidos hasta ahora.

“Yo no soy Gustavo Rivera Martínez, yo soy Carlos Herrera Ávalos”, alegaba en su defensa. “Tenían que enviarme al Reclusorio Oriente, no a un penal de máxima seguridad”, ha insistido durante estos ocho años.

Una vez consumada la detención del presunto mafioso, el 8 de mayo de 2008 -mediante nota diplomática número 722- la Embajada de los Estados Unidos de América en México realizó la petición formal de extradición en contra del supuesto Rivera Martínez.

De la declaración jurada, rendida por Peter Ko, fiscal auxiliar para el Distrito Sur de California, se desprende que el extraditable pertenece a la organización delictiva de los hermanos Arellano Félix y era el encargado del contrabando de cocaína y marihuana de México hacia su país.

Los cargos contra el “EP1” dentro de un proceso superveniente en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California son asociación delictuosa para importar marihuana y cocaína, y asociación delictuosa para su distribución. La SRE concedió la orden de procedencia de extradición el 5 de noviembre de 2014.

  

PADECIMIENTOS EN PRISIÓN

La estancia del ex colaborador del CAF ha sido un tanto accidentada en el penal federal del Altiplano, donde en 2011 los servicios médicos le diagnosticaron una mala absorción intestinal que motivó una dieta especial.

Además, tuvo problemas urológicos y en su dentadura. Los galenos del centro carcelario recetaron al interno el suplemento alimenticio Ensure.

El suministro del producto se acordó por un tiempo determinado. Sin embargo, Carlos Herrera pretendía que se le proporcionara de manera permanente y promovió diversos amparos contra los médicos del CEFERESO Número 1.

Argumentando la constante pérdida de peso corporal, el reo consiguió que en una ocasión le volvieran a dotar del suplemento.

 También obtuvo mejores dietas tras alegar la “afectación a su derecho a la salud, al haberle dejado de suministrar el tratamiento prescrito para la mala absorción intestinal que padece, consistente en doble ración de alimentos y suministro de multivitamínicos”.

Las resoluciones dictadas en diversos juicios de garantías permitieron al “EP1” ser atendido por las áreas de traumatología, medicina interna, dermatología, oftalmología, psiquiatría, odontología y medicina general.

Otros de sus reclamos no prosperaron porque no pudo probar su certeza, como cuando señaló como actos reclamados “comunicación escasa con mi familia, en atención a que me dan una llamada cada quince o veinte días, restringiéndome la comunicación con mi esposa e hijos, lo cual es una grave afectación a mi núcleo familiar, toda vez que el suscrito no tengo calidad de procesado o sentenciado, simplemente soy custodiado”.

También peleó jurídicamente actos de restricción a su libertad ambulatoria, ya que dijo, permanecía encerrado las 24 horas del día, sin tener actividades de deportes, biblioteca, ludoterapia ni bajar al comedor.

Le molestaba que la luz de su celda estuviese encendida permanentemente. 

 FUERA TECNOLOGÍA

El prisionero se hizo famoso entre sus compañeros de encierro en 2012, cuando se opuso a que le fueran tomadas las muestras de ADN (prueba genética molecular del Ácido desoxirribonucleico), y de la grabación de su voz.

Herrera Ávalos obtuvo un amparo en contra de dicho procedimiento de las autoridades penitenciarias. La acción del “EP1” motivó que otros reclusos le imitaran, lo que retrasó la implementación de todo un proyecto gubernamental que alimentaría el Sistema Único de Información Criminal, una base nacional de consulta obligatoria, sobre personas indiciadas, procesadas o sentenciadas, en la que se incluye su perfil criminológico, medios de identificación, recursos y modos de operación.

El 13 de enero de 2012 se había autorizado el ingreso de personal y equipos especializados adquiridos por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) para capacitar a los servidores públicos del Área Médica en la toma de muestras de ADN y así apoyar el Registro Nacional de Información Penitenciaría (RNIP) y alimentar el SUIC.

Las autoridades penitenciarias -que informaron verbalmente a todos los presos sobre el inminente levantamiento de información biométrica- justificaron ante el juez de amparo que se trataba de una medida y herramienta necesaria “para cumplir con los fines de prevención y persecución del delito, ejecución de sentencias, así como el fin de la reinserción social”.

El Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México falló en favor de Carlos Herrera Ávalos y le concedió la protección de la justicia porque la orden de tomar las muestras referidas se hizo de manera verbal.

“Por su naturaleza, transgrede directamente la constitución, toda vez que se carece de mandamiento escrito es el que se funde y motive esa pretensión”, resolvió el juez.

En otra ocasión, en noviembre de 2015 “El EP1” fue castigado por rehusarse a subir al escáner corporal adquirido por el sistema penitenciario federal para prevenir la posesión de armas, objetos o sustancias prohibidas por parte de los internos cuando son conducidos a los locutorios para entrevistarse con sus abogados.

El sicario aseguró que el aparato era dañino para su salud. Debido a la sanción, Herrera Ávalos promovió un nuevo juicio de amparo ante un juez federal de la Ciudad de México, argumentando “todo por la negativa de subir a una máquina RADDPRO SECURPASS, en dicho centro federal, que está comprobado científicamente, ocasiona perjuicios a la salud”.

El juez se declaró incompetente por cuestiones de territorialidad y el asunto fue derivado a un Juzgado de Toluca, pero el quejoso no respondió a algunos requerimientos de la autoridad judicial y se tuvo por no presentada la demanda de amparo.

 Ahora “El EP1” insiste en ser trasladado a un penal de mediana seguridad en Baja California, y entre las opciones se apuntan el Centro de Reinserción Social “Lic. Jorge A. Duarte Castillo” y el CERESO El Hongo, en Tecate. La determinación se conocerá en próximas semanas.

LA SEGUNDA CAMIONETA CON DROGA EN CASINO CALIENTE

La noche del martes 2 de agosto, cuando elementos de la Policía Comercial asignados al Casino Caliente reportaron una camioneta abandonada dentro del estacionamiento, ya había detenidos en el sitio, y se sabía que en su interior se encontraban diversos paquetes de droga.

Todo inició con el ingreso de una grúa al estacionamiento del hipódromo con dos trabajadores que se aparcaron a un lado de la camioneta tipo van de color café, con placas del Estado de California, Estados Unidos, y en sus puertas el logotipo de The Salvation Army.

Al ver las maniobras para llevarse el carro, dos policías comerciales se acercaron y percibieron el fuerte olor a marihuana, luego se asomaron y vieron los paquetes.

En ese momento llegan una mujer y un joven que dicen ser los dueños de la camioneta, muestran una llave y la abren, los agentes comerciales al confirmar la presencia de la droga aseguran a la mujer, el joven y los dos gruyeros y llaman a la Policía Municipal; también se presentan elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y del Ejército Mexicano. ZETA fue testigo de que una mujer y dos hombres más fueron subidos en dos patrullas dentro del estacionamiento del casino.

Ante la presencia de más de media tonelada de marihuana, los asegurados fueron entregados a la PGR, donde los dos hombres que iban en la grúa, afirman haber recibido una llamada donde les solicitaban un servicio de traslado porque el auto se había descompuesto.

Dieron el número de teléfono, el nombre con que se identificó el cliente, las descripciones y direcciones que recibieron, y fueron liberados.

La mujer y el joven que traían las llaves y dijeron ser los propietarios e intentaron mover el vehículo, quedaron detenidos y serán judicializados.

Los investigadores consideran este hecho como extraño: “Si los detenidos sabían que tenía droga y vieron que había policías, está raro que se acercaran y dijeran que era de ellos. Y los de la grúa también debieron decirles donde debían entregar la camioneta cargada”.

Este Semanario buscó a The Salvation Army tanto en Tijuana como en California. En Tijuana, el mayor Andrés Saldaña mencionó que la camioneta no pertenece  a esa zona de la organización, pues tiene placas de California.

Mientras que el área estadounidense, el departamento de comunicación informó que corrieron las placas 4Y0W861 en sus bases de datos, sin encontrar datos del vehículo, ni en México, ni en el Oeste de Estados Unidos.

El mayor Saldaña reflexionó que los que viven del narcotráfico buscan cualquier forma para trasladar su mercancía, y no le resultaría extraño que los delincuentes hayan conseguido el logotipo de la organización.

Desestimó que esto les resulte en un más sencillo tráfico de la droga, pues hasta ellos son objeto de rigurosas revisiones en las fronteras.

Hace poco más de un año, el viernes 22 de mayo de 2015, también fue encontrada una camioneta con droga dentro del estacionamiento del casino propiedad del ex reo de El Hongo, Jorge Hank Rhon.

Aquel día, quien se identificó como asistente personal de Hank y asesino liberado del cofundador de ZETA, Héctor Félix, también aseguró que el vehículo había sido abandonado.

(SEMANARIO ZETA/ Reportajez/ Investigaciones Zeta/ Lunes, 8 agosto, 2016 12:15 PM)