La ingobernabilidad, la
corrupción y la impunidad, fomentan la descomposición del tejido social, y no
es que Baja California o específicamente Tijuana hayan sido alguna vez ejemplo
de pureza, o demarcaciones libres de crimen, pero la elasticidad e involución
que están viviendo valores como la solidaridad, la cooperación, la unidad, el
respeto, la justicia, son cada vez más evidentes.
La imagen que encabeza esta
columna corresponde al asesinato de Adrián Ramírez Gilbert, de 23 años. Lo
mataron apenas el 5 de mayo en la zona de La Presa, su cuerpo cubierto con una
cobija yace sobre la calle y a corta distancia, la gente come hamburguesas…
platican.
Hace pocos meses también se
hizo pública la fotografía de una mujer que barría el frente de su casa,
mientras al lado yacía un cadáver cubierto con una manta.
Años atrás destacó el retrato
de unos preparatorianos que entre risas y emocionados, captaban con sus
teléfonos celulares el cadáver de un joven acribillado.
El problema es que este tipo
de escenas se han vuelto parte del cotidiano. Y no se trata de ser
conservadores o moralistas, tampoco de rasgarse vestiduras y pedir que todos
los ciudadanos guarden luto por cada muerto, menos cuando es sabido, hay dos y
hasta cinco asesinatos al día, pero no puede dejar de notarse cómo se reducen
los niveles de sensibilidad y se amplían exponencialmente los niveles de
tolerancia, por un lado a los criminales, y por el otro a los funcionarios,
sean los ineficaces o los corruptos, que parecen no preocuparse ni ocuparse de
cumplirle a la comunidad, a menos que surja un reclamo social.
Las leyes, las normas de
convivencia son permanente y fácilmente violentadas, irrespetadas y no hay consecuencias.
En muy pocos casos este tipo
de conductas son sancionadas. Luego las autoridades justifican las matazones
con el argumento de que son asesinatos entre delincuentes, y parecieran estar
de acuerdo en que un civil le quite la vida a
otro con el que tiene un pleito,
o con el que está en competencia económica.
En medio de esta
tergiversación de la concepción de la justicia, la descomposición social escala
niveles, ya no se trata de criminales que surgen de la descomposición social,
como aseguran los políticos, personas que delinquen “por necesidad”, de bajos
recursos, sin acceso a educación o un
trabajo medianamente remunerado, producto de gobiernos ladrones y políticas
sociales fallidas.
Cuando la ingobernabilidad y
la impunidad alcanzan niveles que ninguna sociedad debería tolerar, se llega al
punto en que son esos rasgos de la descomposición social, los que producen otro tipo de criminales.
Jóvenes o adultos, educados,
estables económicamente, con apoyo familiar que cometen faltas o delitos a
pesar de conocer las consecuencias, porque creen que como la mayoría de los
criminales, no serán castigados, porque viven en medio de una sociedad donde
los delincuentes y los delitos de todas clases son tolerados.
Empresarios y funcionarios
que en Ensenada humillan y maltratan a un indigente; en Tijuana un joven que
acompañado de amigos humilla, amenaza, lastima y aterroriza a un consumidor de
drogas; otro muchacho que fotografía a un menor de edad con su pene y lo sube a
redes sociales; niños de preescolar que detallan cómo un maestro de inglés los
hacía jugar a los encuerados y los tocaba.
Un adolescente estudiante que
mata a un sujeto porque lo contrataron por redes sociales; la joven Anastasia
Lechtchenko Masney, detenida por el asesinato y descuartizamiento de su madre y
hermana; y recientemente una pareja de estudiantes universitarios con
excelentes promedios académicos, ella en Derecho y él en Medicina, formalmente
presos por haber golpeado, ahorcado, asfixiado e inyectado sustancias mortales
a otra joven que también estudiaba para ser doctora.
Esta otra inseguridad, esta
otra violencia, también tiene que ser combatida, la insensibilidad como
mecanismo de defensa está demostrando que no es opción.
La semana pasada, con
manifestaciones públicas y pacíficas, padres, familiares, amigos, maestros y
compañeros universitarios de la joven Eneyda Ramos pusieron el ejemplo y
dejaron claro que permanecer callados no es la solución.
¿Cuántos asesinatos,
extorsiones y robos violentos más hay que tolerar antes de alzar la voz? Sin la
participación, sin la presión de la sociedad organizada, los gobiernos no van a
mejorar, ni sus estrategias fallidas de recomposición social, ni la ausencia de
justicia.
Hoy, los ciudadanos
comprometidos, los consejos ciudadanos de seguridad y demás organismos con
representación social están obligados a reclamar, a proponer y hacerse
escuchar, a dejar de funcionar como
artículos decorativos que los gobiernos usan para validar acciones que
no terminan de resultar.
(SEMANARIO ZETA/ Foto: Cortesía / Para
Empezar / Rosario Mosso Castro/ Lunes,
16 mayo, 2016 12:00 PM)
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